La batalla por el Valle de Tambo: movilización, conflicto y represión estatal

Descargar PDF aquí

José Antonio Lapa Romero1Sociólogo de la UNMSM.

La obediencia del gobierno al mandato de facto de la clase empresarial al otorgar la licencia de construcción del proyecto Tía María, ha abierto un campo político conflictivo que envuelve ya varias semanas a los ciudadanos y ciudadanas del Valle de Tambo, quienes viven una movilización permanente, resistencia, enfrentamiento y represión es­tatal. Los llamados al diálogo por parte del gobierno han fracasado y, al mismo tiempo, el despliegue del aparato coercitivo estatal para imponer el “imperio de la ley” ha producido permanentes enfrentamientos entre la pobla­ción y la policía (sus tanquetas y helicópteros). La decision y la insistencia en la legalidad/legitimidad de la licencia, ha tenido el efecto político de escalar el conflicto, intensi­ficar la violencia y la represión, y polarizar cada vez más la lucha política entre quienes defienden los intereses em­presariales y quienes defienden los intereses de la población del Valle de Tambo. Así, nos encontramos inmersos en una disputa política que requiere una solución urgente por parte del gobierno.

Razones de vida versus “razones” de dinero

El Valle de Tambo ha estado envuelto durante más de 10 años en permanente lucha, movilización, resistencia, violencia empresarial y represión estatal (años 2011 y 2015). Ahora, se encuentra ante un tercer conflicto que sigue teniendo su origen en la contradicción entre los sectores sociales agrarios, que quieren seguir viviendo de la agricultura, y de otro lado la empresa y el Estado, que vuelven a imponer el proyecto minero al aprobar la licencia de construcción. La razón económica del pueblo del valle es una razón de vida simple de explicar: 59 % de los ciudadanos y ciudadanas se dedican a la actividad agrícola, 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agra­ria, y el valle tiene una estructura socioeconómica de 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros: una economía agraria que da vida (siendo el río Tambo la columna vertebral), intensa movilidad social y bienestar. Razón de vida que se constituyó en razón política legitimada el 28 de setiembre del 2009, cuando se dio la consulta ciudadana que trajo como resultado más del 90% de oposición al proyecto Tía María, y que sigue siendo el consenso de la mayoría en el Valle de Tambo.

De otro lado, la “razón” del dinero o de negocios, está relacionada a que Southern tiene más de US$ 700 millones invertidos en el proyecto Tía María –US$ 361.5 millones hasta el 2015–, hecho que presiona a la empresa a concre­tar su inversión dado el efecto financiero negativo que tendría sobre sus acciones, y tiene compromisos de in­versión por US$ 8,000 millones que ha usado para presio­nar (y chantajear). Su interés ha sido obtener la licencia de construcción delivery, con ayuda de poderosos aliados como la CONFIEP y la SNMPE, y el gobierno y el Estado pro empresarial.

La empresa publicita permanentemente sus supuestos beneficios a partir de US$ 1,400 millones de inversión, sin decir, como es obvio, que va a recuperar dicho monto a través de los mecanismos tributarios que le son “legalmente” permitidos, que tiene contrato de estabilidad tributa­ria que le permitirá incrementar sus ganancias y que su capacidad de empleo local es tremendamente pobre (600 empleos locales según su mismo EIA). Además, la riqueza que generará se concentrará fundamentalmente en la empresa y la puesta en operación del proyecto va a generar efectos económicos y sociales negativos claramente previsibles: inflación local e incremento del costo de mano de obra que afectará a la economía agraria, imagen negativa y afectación a los precios de productos agrícolas por estar en una zona minera que en el sentido común es sinónimo de contaminación, incremento del costo de vida, incre­mento de la conflictividad, fragmentación social, etc.

La empresa ha obtenido la licencia de construcción que ha desatado el conflicto actual en base a presión, contan­do con ayuda estatal que no ha obtenido la licencia social en los más de 10 años que viene operando en la zona; por ello, ha tenido que inventarse dicha licencia, comprando la participación de personas foráneas en los talleres y audiencias, en el marco de la aprobación del EIA del 2014, fa­bricando supuestas encuestas que mostrarían que más del 50 % apoyaría el proyecto minero en la provincia de Islay, y deslegitimando la oposición al proyecto relacionándolo con terrorismo antiminero, genes terroristas y el radica­lismo de una minoría. Es decir, por donde se lo mire este proyecto minero ha avanzado (y sigue avanzando) en la formalidad del procedimentalismo estatal, con complici­dad y ceguera del Estado, con una legitimidad inventada en base al asistencialismo y clientelismo minero, inven­tando supuestas mayorías que han sido minorías bajo su control, y con mucha violencia que ha generado fracturas sociales en la sociedad y los corazones de la población del Valle de Tambo.

Un reciente comunicado de fiestas patrias por parte de la empresa hace referencia a un inventado “compromiso” de “postergar el desarrollo del proyecto en busca de un clima social más favorable”. Esto es un sinsentido e insulto a la memoria colectiva, dado que por la licencia de construc­ción la población del Valle está sometida nuevamente a una permanente violencia y represión estatal. Dicha si­tuación muestra un país que se gobierna obedeciendo el mandato empresarial, y un estado de derecho vaciado de contenidos, que garantiza el interés privado empresarial y vulnera los derechos básicos de las poblaciones locales.

Movilización, conflicto y represión estatal

La población del Valle de Tambo y Arequipa está envuel­ta en un tercer conflicto, donde vienen predominando la violencia y represión estatal. En 2011 y 2015 esto trajo como consecuencia 8 ciudadanos fallecidos, cientos de heridos, cientos de denunciados y decenas de procesados. Actualmente ya hay decenas de heridos, varios detenidos (aunque ya liberados pero que serán investigados), muje­res agredidas y una población sometida a la violencia de Estado. Así, la violencia empresarial ha sido sustituida por la represión estatal de más de 600 efectivos de las fuerzas policiales, que vienen enfrentándose con la población y sectores agrarios movilizados en el Fiscal, Cocachacra, Mollendo, y Matarani (punto estratégico para la llegada de la producción de concentrado de cobre del corredor mine­ro). La situación se ha extendido a la Joya, Majes, Arequipa y se proyecta al conjunto del Sur. El 5 de agosto, al iniciarse un paro indefinido, se supo que la policía sería acompaña­da por el despliegue de efectivos militares. Entonces, fren­te al diálogo frustrado el gobierno y el Estado simplemente vienen imponiendo la fuerza bruta.

Nuevamente es claro un patrón de actuación estatal que en este tercer conflicto deja ver a un gobierno (y un primer ministro) claramente apegados a los intereses empresa­riales de Southern, insistiendo en que el conflicto es por inquietudes o dudas no resueltas de manera suficiente. Un Estado legitimador de las “razones” de dinero propias de la empresa. Al mismo tiempo se trata de un gobierno pobre de entendimiento, dado que continúan sosteniendo que en el conflicto de Tía María, “estamos hablando de un proyecto que no está comenzando a construirse y que no va a comenzar a construirse hasta que el diálogo absuelva todas las inquietudes que puedan haber, es decir, están reaccionando ante algo que no existe (…), de una manera absolutamente prudente se dice acá hay una licencia pero no se va a comenzar a construir hasta que las personas puedan estar tranquilas de que se trata de un proyecto que no les va a afectar”2CUARTO PODER. Entrevista a Salvador del Solar. 22 de julio de 2019. Consulta: 30 de julio de 2019 https://www.youtube.com/watch?v=96o-NcZfbcs. Mientras que casi en paralelo, como ha sido permanente, un funcionario de Southern da como fe­cha probable de inicio de producción el 2022 y manifiesta: “tenemos un entorno de proyecto mucho mejor que el que hemos tenido en años anteriores», claro sin decirnos que ese “mejor entorno” es a gusto del cliente (una pequeña mi­noría que los apoya porque mantienen o mantendrían una relación económica presente o futura), tremendamente frágil, sin mayor legitimidad, inventada y olvidando la res­ponsabilidad que tiene en toda la violencia generada.

Así, las declaraciones del primer ministro y el ministro de economía respecto a la licencia de construcción, muestran el consenso en el gobierno que es el consenso empresarial: “La expectativa es que no se dé marcha atrás. Lo que ha pasado es un trámite administrativo. Ahora lo que corres­ponde al Ministerio de Energía y Minas (MEM) es aceptar esa petición, evaluarla y demostrar que la decisión que se tomó es la correcta. Lo que queda es demostrar que se hizo en el marco de la ley”3GESTION. MEF: “La expectativa es que no se dé marcha atrás en el proyecto Tía María”. 30 de julio de 2019. Consulta: 31 de julio de 2019. Es decir, se muestra claramente que los intereses de la empresa son los intereses del gobierno, y el Estado termina legitimándolos con frases como: “es un proyecto bueno para el país”, “todo se hizo en el marco del cumplimiento del procedimiento”, y que ahora lo resol­verían los canales de la institucionalidad pro-minera del MEM. Todo ello ignorando la complejidad del conflicto, el escalamiento que viene cobrando y que no se va a resolver con más policías, militares y probable estado de emergen­cia (como de seguro les encantaría a los gremios empresa­riales) sino con la decisión del gobierno para mirar más allá de los intereses empresariales. Aunque es cierto que ello es como pedirle peras al olmo.

Entonces, la obediencia al interés, presión y chantaje económico empresarial ha volcado a la población del Valle de Tambo y al gobierno a un tercer conflicto donde el Estado viene mostrando su rostro autoritario y represivo (y donde por arte de magia ha desaparecido la empresa y ha aparecido el Estado para defender sus intereses). Junto a ello, se viene configurando un campo político cada vez más polarizado entre quienes defienden al Valle de Tambo y quienes defienden los intereses empresariales. Este escenario seguirá polarizándose y endureciéndose, lo cual requiere la urgente respuesta política del gobierno, anulando la licencia de construcción que podría ayudar a abrir diálogo, y resolviendo efectivamente el problema con la cancelación del proyecto minero que ha generado y seguirá generando violencia en la población del Valle de Tambo.


[1] Sociólogo de la UNMSM.

[2] CUARTO PODER. Entrevista a Salvador del Solar. 22 de julio de 2019. Consulta: 30 de julio de 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=96o-NcZfbcs>

[3] GESTION. MEF: “La expectativa es que no se dé marcha atrás en el proyecto Tía María”. 30 de julio de 2019. Consulta: 31 de julio de 2019 <https://gestion.pe/ economia/mef-expectativa-marcha-proyecto-tia-maria-274549-noticia-2/?ref=gesr>

Revisa todo el contenido de la revista aquí