Un órdago para el fujimorismo

Descargar aquí
Diego Lazo Herrera[1]

El presidente Martín Vizcarra le ha lanzado un órdago al fujimorismo, despercudido de su pasividad, ha acometido a la mayoría parlamentaria con una propuesta de reforma estructural del Congreso y del sistema de justicia. En una democracia delegativa y sumamente restringida como la peruana, los referéndums son mas bien poco frecuentes. La derecha intelectual orgánica, a la que Hildebrandt lla­ma “comisarios del fatalismo liberal”, venía poniendo el grito en el cielo ante la posibilidad de la consulta. No vaya a ser que a Vizcarra se le ocurra escuchar a la calle y termine preguntándole a la gente qué quiere, anduvieron advirtien­do. Mala pata para para ellos, Vizcarra ha considerado pre­guntarle a la gente sobre el retorno a la bicameralidad, la reelección de congresistas, la reforma del sistema judicial y sobre la financiación de partidos. Apuesto a que Martín Santívañez, el columnista de Correo que representa a la derecha tradicional y monárquica, tan retardataria y de afectadas peroratas, debe estar mordiéndose la mano de pura rabia.

Claro que la reforma propuesta por Vizcarra es insuficien­te. Sin embargo, no se podía pedir más a un presidente de formación apristona, que llega inicialmente a la vice­presidencia de la mano con un representante de la otra derecha, la financiera, la del neoliberalismo “progre”. La propuesta de consulta popular puede interpretarse como positiva si se mira como un gesto de distanciamiento del fujimorismo, que parecía acogotar a Martín Vizcarra gra­cias a la gavilla parlamentaria que tiene la señora K senta­da en el hemiciclo.

Es evidente que una propuesta verdaderamente audaz hubiese sido convocar a una Asamblea Constituyente. Re­cordemos que desde la Constitución Vitalicia de Simón Bolívar, los procesos constituyentes en el Perú han servido para legitimar o para finalizar dictaduras. El primer re­feréndum que convocó a los peruanos fue precisamente uno para votar a favor o en contra de lo que Alberto Borea llama despectivamente “el documento de 1993”, que sirvió para consolidar el régimen de Alberto Fujimori; mientras que la carta de 1979 fue la partida de defunción del gobier­no de Morales Bermúdez. ¿Acaso no sería harto prudente tener una constitución nacida para fortalecer esta demo­cracia incipiente?

Los referéndums casi siempre han sido un espejo que sirve para reflejar la situación política del momento. El de oc­tubre de 2005 –la primera elección en la que votó el que suscribe– estuvo lejos de ser una consulta sobre la conformación de macrorregiones. De facto sirvió de magna encuesta que hizo oficial el rechazo al decepcionante go­bierno de Alejandro Toledo.

Fue precisamente Toledo el que dilapidó, con sus frivoli­dades, el capital político para hacer lo que no pudo el Go­bierno de Transición por falta de tiempo, o quizás por falta de voluntad. Faltó una profunda reforma constitucional que terminara de desmontar al fujimorismo institucional. Quedó inconclusa la transición y no se le cortaron todas las cabezas a aquella Hidra de Lerna, que en menos de dos décadas se regeneró para parir la crisis que vivimos por estos días.

La trama de corrupción judicial que estamos viviendo en estas semanas no responde solamente a la ambición des­medida de algún juez, congresista o consejero del CNM, tampoco se reduce a la voraz vocación de poder de la seño­ra K, que pretende construir una organización omnímoda para capturar la totalidad del Estado. Ésta es la reedición de una vieja estructura de corrupción sostenida por nue­vos intereses.

En la década de los noventa, era Montesinos el hombre que lo resolvía todo; el que impedía publicar libros incómodos para estrellas de televisión, el que barría los inconvenien­tes de los Lucchetti para instalar una fábrica en pleno refu­gio ecológico, el que hacía “donaciones” al hijo del patriar­ca pepecista para apoyarlo en su miraflorina campaña a la alcaldía. Hoy no está el doctor Montesinos, ha sido re­emplazado por pueriles gestores de intereses en su mismo estilo, los Camayo, los Hinostroza, los Mendoza; quienes hacen de portavoces de la marea naranja cuando sienten que son atacados por la “prensa caviar”, los que acuden al llamado de Fujimori después de su ilegítima liberación, los que trasladan los favores que necesita la “Fuerza N° 1” o uno de los bandos en las guerras intestinas del APRA.

Son las instituciones fujimoristas que no se tocaron, que se defendieron desde la alcazaba constitucional de 1993, las que están albergando a estos personajes. En definitiva, se trata de la misma corruptela de siempre, con nuevos protagonistas. Sally Bowen describió con precisión esta vocación fujimorista por someter al sistema de justicia. Para justificar el autogolpe, se prometió también reformar el Poder Judicial; sin embargo, Fujimori atacó la institucio­nalidad de la administración de justicia. Creó un Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y otro para el Ministerio Públi­co, controlado el primero por un marino en calidad de se­cretario ejecutivo y el segundo a las órdenes de la inefable Blanca Nélida Colán. Así pues, al año ya tenía Montesinos el control total de los jueces y fiscales. Solo un tercio de los magistrados era titular, la estabilidad del resto dependía de estos consejos y claro, de lo dóciles que fueran para con el régimen. Bowen lo resume así “si un fiscal mostraba seña­les de independencia injustificada, era simplemente reempla­zado, por la misma Colán, con otro que comprendiera mejor el sistema. Métodos de control, listas de jueces más vulnerables ante la presión, inestabilidad permanente y frecuente rotación eran las herramientas de esta manipulación”[2] (Bowen, 2000, pág. 325).

“Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometien­do un error” dice un esmirriado Vladimiro Montesinos, en el teaser de ‘Caiga quien caiga’, la película donde Miguel Iza personifica a la eminencia gris de Alberto Fujimori. Aquella frase de Napoleón, bien podrían repetir las fuer­zas democráticas tras las pírricas victorias de Salaverry y Chávarry. Tan solo unos días después y ya aparecían en las pantallas los rostros desencajados de los fujimoristas al saber que habían perdido la brida que pretendían impo­nerle a Vizcarra. Sin embargo, queda claro que la consigna fujimorista es no retroceder ni un centímetro, retener el poder a cualquier costo. Hay que tener claro que Fuerza Popular no se resignará sino hasta percibir el olor a cha­muscado, tal como sucedió el año 2000. Este referéndum no establecerá las condiciones para una segunda derrota del fujimorismo, pero podría encausar la indignación para tener el empujón final que nos saque del túnel. Recorde­mos que no se derrotó a Alberto Fujimori en la elección del 2000, fue la indignación popular que se desató tras ese ominoso resultado, lo que desencadenó su caída y la de sus socios.


[1] Bachiller en derecho, militante del Nuevo Perú, ex coordinador del Grupo Impulsor Regional Arequipa.

[2] Bowen, S. (2000). El Expediente Fujimori. El Perú y su Presidente 1990-2000. Ed. Monitor, Lima.