¿Qué pasó con el Fujimorismo? La montaña rusa de Fuerza Popular

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Luis García1Politólogo por la Pucp. Fue asistente de investigación en el IEP.

Desde la época de la transición a la democracia, la cade­na de acontecimientos para el fujimorismo no había sido tan vertiginosa. Bastaron trece meses: entre diciembre de 2017 y enero de 2019 la figura máxima del fujimorismo, el ex dictador Alberto Fujimori, fue indultado, liberado, internado en una clínica y vuelto a encerrar; la lideresa del partido, Keiko Fujimori, quien por años gozaba del aplauso popular, descendió a los subsuelos de la desapro­bación pública (y para más señas, también terminó encar­celada); el fiscal de la nación Pedro Chávarry, respaldado por la bancada fujimorista, conspiró contra los fiscales anti-corrupción, los destituyó, les devolvió sus puestos para renunciar finalmente a inicios de este año. Y como trasfondo de esta bajada a pura gravedad, la bancada de Fuerza Popular pierde 21 congresistas, la mayoría absoluta y la Presidencia del Congreso, después de ser, a mediados del 2016, la fuerza política más organizada del parlamen­to. ¿Cómo entender el descalabro de Fuerza Popular? ¿Y, frente a éste, hasta dónde podemos llegar con nuestras ex­pectativas de cambio social?

El revés de Fuerza Popular debe entenderse como la culminación del reacomodo entre las fracciones de derecha que han gobernado el país por casi dos décadas. Desde el regreso del fujimorismo a la dinámica política, la élite económica (y tecnocrática) defensora del modelo neoliberal fue siempre ambigua con éste. Con innegables mati­ces, durante el gobierno de García y Humala, empresarios, funcionarios en el MEF y líderes de opinión de derecha asumieron al fujimorismo y a su bancada como fuerza de parachoque frente a cualquier asonada “izquierdista”. Este consenso tácito fue puesto a prueba ante la alternati­va del “gobierno tecnocrático” de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la elección de 2016: mientras algunos, más jóve­nes, sacaban a lucir sus carteles “democráticos”, rechazan­do la candidatura de Keiko Fujimori, otros, como el em­presario minero Roque Benavides, aún no ocultaban sus simpatías noventeras. Después del triunfo de PPK, volvie­ron las voces de reconciliación para asegurar la goberna­bilidad, ante un típico conflicto Ejecutivo-Legislativo. Sin embargo, Fuerza Popular quiso imponer las condiciones, interpelando y censurando a ministros como Jaime Saave­dra; luego, los procesos de vacancia presidencial mostra­ron a una bancada fujimorista sin contemplaciones por la estabilidad, ya no solo política, sino, (¡más grave aún!), macroeconómica.

Ante los ojos de estas élites, con la renuncia de PPK, en marzo de 2017, el fujimorismo culminó su transformación del “mal menor” al “mal innecesario” (Alberto Vergara dixit). Aunque los principales medios de comunicación, vinculados a grupos de poder económico, ya habían destapado y difundido sus vinculaciones con el narcotráfico, las investigaciones en torno a Odebrecht llevaron a escándalos enmarcados en el discurso de la “lucha contra la co­rrupción”. Ciertamente, los grandes medios ampliaron y “rebotaron” las denuncias de periodistas independientes o genuinamente institucionalistas. Es bajo estas circuns­tancias que los escándalos políticos, que se siguieron uno tras otro, fueron cada vez más difíciles de manejar: Los in­centivos para permanecer en la organización disminuye­ron, amén los cambios en las reglas electorales, ante una opinión pública cada vez más reacia a apoyar la práctica política fujimorista.

Esto último, el rechazo cada vez más contundente al fujimorismo electoral, fue de la mano de una cobertura generosa con las manifestaciones en las calles. Las marchas “antifujimoristas” ocuparon las planas de diarios del gru­po El Comercio, que usualmente tienden a criminalizar la protesta social. Dicho esto, la apuesta mediática por resaltar el rechazo desde las calles hacia cualquier atropello del fujimorismo también ha tenido su correlato en la opinión pública. Resulta innegable que en las marchas y plantones resaltan el impulso de organizaciones de la sociedad civil, entre colectivos, agrupaciones de izquier­da, estudiantes y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si miramos, en cambio, a la opinión pública que apoya este rechazo al fujimorismo, podemos brindar otro diagnóstico: el antifujimorismo también puede eng­lobar, dentro de un discurso anticorrupción, otro tipo de exigencias, acaso menos democráticas o progresistas. En ese sentido, el triunfo (momentáneo) del antifujimorismo también puede enmarcarse en el discurso de eficiencia por encima de la política, expresado en una demanda generalizada de cierre del congreso. No olvidemos que el fujimo­rista, antes que todo, es un congresista, un político tan es­candalosamente corrupto como obstruccionista.

En suma, estamos ante una nueva correlación de fuerzas apoyada, de un lado, por un sector de la población que compra una lucha constante hacia los políticos en el Congreso; y, del otro, por una élite empresarial y tecnocrática  que saluda, por fin, el reinicio de las reformas por las que votaron en el 2016. De esta manera, a comienzos del 2019, la política peruana volvió a la “normalidad”: un ejecutivo garantista del modelo, y un legislativo reactivo, aunque sin fuerza para paralizar la continuidad del aparato del Esta­do. Aplaudido en la CADE, Vizcarra preside por el momen­to un gobierno sin mayor “ruido político”, amparado en la firma de decretos legislativos. Mientras tanto, las últimas iniciativas del Ejecutivo, como el referéndum, debilitaron por completo a la oposición. Sin darnos cuenta, Vizcarra consiguió lo que había perseguido, sin éxito, Alan García en su segundo periodo: estabilidad macroeconómica más apoyo popular.

Si este es finalmente el diagnóstico, ¿qué queda para quie­nes no son beneficiados por el modelo o luchan contra una profundización del neoliberalismo en Perú? ¿Qué nos dice la fractura, primero, y el declive, luego, de uno de los sec­tores de derecha?

Por un lado, el debilitamiento de Fuerza Popular es una buena noticia. No solo porque podríamos dejar atrás un pasado autoritario y mafioso, sino porque “libera” la representación de amplios sectores de la población, la cual debe ser ahora disputada. Segundo, porque con el declive del fu­jimorismo, la izquierda y las fuerzas progresistas pueden –por fin– trazar los términos de la lucha política, antes de ser sometidos al vaivén del clivaje fujimorismo-antifuji­morismo. (Estos términos incluso pueden adaptarse a los nuevos tiempos, y plantear la cuestión del cambio de modelo menos en clave extractivista que en laboral).

Por otro lado, debemos considerar que la fractura de la derecha podría ser solo circunstancial. El contexto internacional ha cambiado: el retroceso de los gobiernos de izquierda en América Latina, la caída del precio de los minerales y una moderada recesión ha disipado el clima de conflictividad social que determinaba el apoyo o no al modelo neoliberal por parte de los actores políticos. Si este contexto cambia, y la política extractiva toma un nuevo impulso, reiniciando el ciclo de protestas socioambien­tales, es posible que la derecha vuelva a unirse: Si bien Fuerza Popular parece llegar al límite de sus fuerzas orga­nizativas, no es posible negar que el fujimorismo pueda re­ciclarse bajo otros liderazgos, como el de Kenyi Fujimori, quien podría ser llamado a ser el nuevo “mal menor”.

En esa línea, la coyuntura que colocó a Martín Vizcarra al frente de la opinión pública antifujimorista también podría variar. La pugna entre Vizcarra y su bancada po­dría derivar en información que luego se transforme en un inevitable escándalo político. Al jugar con un discurso “anticorrupción”, se corre el riesgo de decepcionar a una opinión pública proclive a una respuesta populista: lo cual puede plantearse como una oportunidad tanto como una amenaza para las fuerzas de izquierda.

Ya lo había dicho Carlos Iván Degregori: la política perua­na es una montaña rusa. Por ahora, el declive de Fuerza Popular representa muy bien la metáfora de Carlos Iván; parte de una dinámica de ascensos lentos y caídas rápidas, pero, sobre todo, con el vagón en piloto automático, siem­pre orientado a la derecha.


[1] Politólogo por la Pucp. Fue asistente de investigación en el IEP.