“Postcorreísmo” a marchas forzadas

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David Chávez1Sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.

En el Ecuador existe prácticamente un consenso acer­ca de que el actual escenario político era absolutamente imprevisible. A pesar del fortalecimiento de las derechas en los últimos años que condujo a una estrecha victoria electoral del correísmo en la última presidencial de 2017 en medio de denuncias de fraude del candidato perdedor, el correísmo –en su peor momento político- logró derrotar a las derechas. En ese momento era imposible imaginar que se vendría la traición de un sector del partido de go­bierno (Alianza País) que provocaría un precipitado y ra­dical viraje político.

Pocas semanas después de asumir el cargo, Lenín Moreno mantenía “diálogos” con todos los que habían sido enemi­gos políticos del correísmo, luego activó una serie de ma­niobras para partir el bloque de gobierno en el parlamen­to, dividir el movimiento político y quedarse con el control de él. En pocas semanas, un tipo de política de trastienda que no se había visto en mucho tiempo otra vez se volvía moneda común en el Ecuador. En esos primeros meses un hecho decisivo fue poner bajo sus designios a la Contralo­ría General del Estado, la instancia que se encarga del con­trol de la administración pública. Para eso utilizó el caso Odebrecht, el ex Contralor fue parte de la trama y huyó del país, esto sirvió para que el gobierno ponga una nueva au­toridad que sería la punta de lanza de su estrategia política encaminada a la destrucción del correísmo. Nada nuevo bajo el sol, en la historia política del Ecuador siempre se supo que tener a la Contraloría permite ejercer presión sobre toda la estructura estatal.

Una parte esencial de esa estrategia fue su pacto con las empresas de comunicación. Pocas veces en la historia del Ecuador se ha visto un blindaje mediático como el que tiene el gobierno de Moreno. Esto llega al ridículo, no es poco frecuente encontrar que los titulares de prensa repi­tan casi literalmente las expresiones oficiales del gobier­no y reproduzcan sus comunicados como noticia. O no es excepcional que si aparece algún escándalo del gobierno, pase totalmente desapercibido. Tampoco es raro que ante las medidas económicas antipopulares que ha venido to­mando los titulares sean del tipo “el país ahorrará…”. De esas paradojas fascinantes de la política, las derechas repi­tieron obsesivamente que Correa había instalado un “esta­do de propaganda”, ahora sostienen que hemos recupera­do la “libertad de expresión”.

El pacto con los medios sirvió muy bien para crear un “ambiente mediático” que construía la imagen de una gigantesca corrupción en el gobierno de Correa y de que More­no se había convertido en el paladín de la lucha contra la corrupción. En el mismo sentido se apuntaló la figura del autoritarismo del gobierno anterior. Todo eso sirvió muy bien para llevar adelante una de las propuestas centrales del candidato de derechas derrotado en 2017: una consulta popular que haga posible “descorreízar” el Estado. A todas luces se buscaba una legitimación electoral de la traición política de Moreno y de la nueva hegemonía de las dere­chas. Lo consiguieron con creces, en promedio obtuvieron el 65% de los votos. Sin embargo, al parecer les quedó un mal sabor de boca, la idea de que Correa y los correístas habían sido sepultados no era cierta, con todo en contra Correa alcanzó alrededor del 35% de los votos, lo que lo convierte fácilmente en una de las principales fuerzas políticas del país. Sin embargo, los intentos del correís­mo por inscribir un nuevo partido han sido bloqueados sistemáticamente con los más inverosímiles argumentos. Esta es quizá la muestra más clara de que la democracia ecuatoriana, contrariamente a lo que afirma el régimen y sus aliados, ha sido severamente debilitada. Se aproximan elecciones seccionales, para participar en ellas el correís­mo debió “pedir prestado” un partido ya inscrito y mante­ner la decisión en secreto hasta el día en que inscribieron candidaturas.

La consulta popular fue capital para la estrategia de Mo­reno, le permitió tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es la instancia de Estado que nomina a casi todas las autoridades. Cometiendo un sinnúmero de atropellos e ilegalidades descabezaron el Estado, llevando a cabo lo que llamaron una “purga anti­correísta”, y nombraron a viejos políticos que resucitaron gracias a las negociaciones del gobierno. Cada vez fue más visible que el Partido Social Cristiano, un tradicional par­tido de derechas, era el principal beneficiario de los “diálo­gos” de Moreno.

El principal resultado de todo esto ha sido una sustancial recomposición de la disputa hegemónica que tuvo lugar en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Durante esa etapa el bloque político del correísmo logró una especie de “ventaja hegemónica” sobre un heterogéneo bloque opositor, ventaja que se legitimó principalmente a través de sucesivas victorias electorales (catorce en total). El de­terioro de esa legitimidad, provocado principalmente por los impactos de la crisis económica mundial de 2014-15 y el fantasma de la corrupción, hicieron posible que esa “ven­taja” dejara de estar en la cancha del correísmo y pasará al bando contrario. La novedad fue el mecanismo, no se trató de un triunfo electoral como en la Argentina, tampoco de un “golpe parlamentario” como en Paraguay y Brasil, lo opción fue muy novedosa y creativa: un “caballo de Troya” al interior del movimiento de gobierno. Poca duda cabe de que la pieza fundamental en ese cambio del balance de fuerzas entre esos dos bloques fue Moreno y la facción de AP que lo apoya.

Cierto sector progresista afín al correísmo suele repetir que el gobierno de Moreno metió al país en una máqui­na del tiempo y lo retrotrajo a la época de oro neoliberal: los años 90. Es curioso contrastar esta afirmación con una frase que así parte de la propaganda gubernamental en los años de auge del gobierno de Correa: “¡el pasado no volve­rá!” Todo indica no solo que el pasado volvió, sino que lo hizo de modo muy fácil, a Moreno y sus aliados políticos les tomó aproximadamente un año para producir un ca­taclismo en la ventaja hegemónica de la Revolución Ciu­dadana. ¿Cómo explicar ese retorno? Todo parece indicar que el “viejo país” que el correísmo creyó haber derrotado no se fue nunca y constituyó el soporte político fundamen­tal del bloque en oposición.

Las explicaciones apuntan a los factores que tiempo atrás hicieron que la coyuntura favorable al correísmo empeza­ra a cambiar. En primer lugar, un acelerado proceso de derechización de importantes sectores de la población, especialmente de las clases medias urbanas; en segundo lugar, una muy temprana ruptura en el bloque de apoyo a AP que derivó en un enfrentamiento “a muerte” del correísmo con las izquierdas tradicionales, lo que hizo que estas últimas se alineen con el bloque de derechas para combatir al co­rreísmo. En tercer lugar, el aparecimiento de una “nueva derecha” que alcanzaba expresión política en nuevos mo­vimientos y partidos. En cuarto lugar, un factor decisivo, la contraposición al gobierno por parte del sector empre­sarial tradicional expresado en las organizaciones gremia­les. Y, por último, el rol del “partido mediático”, las empre­sas comunicacionales, que hizo posible la articulación de las dispersas fuerzas del bloque opositor.

En 2014 fue evidente la consolidación del bloque de oposición. En ese año se desarrollaron elecciones seccionales y el correísmo recibió su primera derrota electoral. Si bien el partido de gobierno incrementó su presencia en alcal­días y prefecturas (gobiernos de provincia), perdió la ma­yor parte de las grandes ciudades que antes estaban bajo su control. El caso con mayor resonancia fue Quito, donde un joven político de las nuevas derechas, perteneciente a la clase media-alta, asesorado por el inefable Jaime Durán Barba, obtenía una contundente victoria sobre el candida­to de gobierno, militante de izquierda y académico exper­to en temas urbanos. Al cabo de unos años el derrotado alcalde sería uno de los primeros en abrazar la “nueva fe” y traicionar a Correa.

Pero resulta sorprendente este mal resultado si se tiene en cuenta que apenas un año atrás, en la elección presi­dencial y parlamentaria, el correísmo conseguía la más aplastante de sus victorias electorales. El partido de go­bierno obtuvo el 56,9% de votos frente al representante de las nuevas derechas, el banquero Guillermo Lasso, que tan solo conseguía el 22,8%, al tiempo que el resto del bloque opositor se dividía un exiguo 20% de los votos. El PRIAN y el PSP no alcanzaban ni el 10% y las izquierdas opositoras el 3%. En esa misma elección el correísmo conseguía un apabullante bloque parlamentario de 100 representantes de 137.

¿Cómo se explica esta aparente contradicción? La dinámi­ca política de los 10 años de la Revolución Ciudadana es­tuvo marcada por el choque entre un viejo orden político que subsistía a pesar del intento por suplantarlo por uno nuevo. El punto central de ese cambio: la estructura del Estado. Quizá con mucha intuición el correísmo puso en el centro de su gestión lo que llamó “reforma del Estado”. Veamos qué significó esto con más detenimiento. El Esta­do ecuatoriano es un caso muy peculiar en la historia polí­tica de América Latina, siempre funcionó con la lógica de un Estado central muy débil sometido a los poderes loca­les. Por tanto, las élites nunca pudieron poner en marcha algo parecido a un “proyecto nacional”, sus proyectos habi­tualmente fueron de carácter regional y el Estado central fue constantemente utilizado como un instrumento para la distribución de esos poderes locales, ensayando siempre equilibrios inestables entre esos poderes. Una especie de “corporativismo de las élites” tan flexible que permitiría el ingreso de las izquierdas y las organizaciones sociales. Un sistema político curiosamente muy apto para la imposi­ción de la “gobernabilidad neoliberal” que requiere hacer saltar en pedazos cualquier centralidad estatal. Un peso abrumador de los vínculos personales y el beneplácito de los “señores” para acceder a la política.

El correísmo no fue el primer intento de romper ese cerra­do sistema político, pero si fue el más consistente por sus efectos, su duración y su amplia legitimidad democrática. Se proponía superar las viejas prácticas e instituciones del viejo Estado prebendario. Con ello ensayaba la cons­trucción de un Estado basado en la meritocracia y no en los lazos y las bendiciones de las élites o sus apellidos, un Estado con mediaciones institucionales para sus vínculos con los grupos de interés. Un Estado con mayor eficiencia y mejores servicios para todos, no solo para “el que tiene padrinos”. Pueden llover las críticas sobre cómo se imple­mentó ese nuevo modelo de Estado, pero lo de fondo era el proyecto promovido por el correísmo para superar el viejo orden político.

Vista en esta perspectiva general, la estrategia del “caba­llo de Troya” que ha sido Moreno no es otra cosa que la recomposición del viejo sistema político. Su vertiginosa recuperación proviene de una excelente lectura de los estrategas que instrumentalizan a Moreno: dinamitar la institucionalidad que impide controles directos por parte de los grupos de poder particulares y menoscabar toda centralidad del poder político.

Curiosamente Moreno ha sido el gran articulador del bloque de oposición porque logró poner a funcionar esos mecanismos de la vieja política en el más alto nivel de gobierno. Solo en un sistema político de centralidad débil y reparto permanente es posible tener una muy podero­sa coalición de empresarios, trabajadores, partidos de izquierda, indígenas, ecologistas, banqueros y empresas comunicacionales privadas. A cada quién su prebenda en función del tamaño de su poder. Pero lo esencial de la política de Moreno ha sido convertir a esa coalición an­ti-correísta en la base de legitimación de la destrucción de un proyecto nacional popular, el retorno de las políticas neoliberales y un cada vez más sólido alineamiento a las políticas regionales de los Estados Unidos.

En realidad Moreno ha instaurado un desgobierno, muy conocido en la política ecuatoriana, que disipa el ejerci­cio de poder en los personajes que representan los inte­reses corporativos. Para disimular el caos, nada mejor que el escándalo, algo parecido a un reality show político permanente. Esa ha sido la tónica de los casi dos años del gobierno de Moreno, muchos dicen que es el modus ope­randi de Durán Barba, una cadena de escándalos sosteni­dos mediáticamente con poco sustento para introducir de contrabando el programa de las derechas: desinstitu­cionalización y ajuste neoliberal. El proceso ha sido muy acelerado y tiene un signo desolador: se han desmantela­do rápidamente lo que fueron avances progresistas en la década correísta, pero no se han resuelto los que fueron sus problemas y límites, por el contrario se han agudizado. Tienen razón quienes dicen que volvimos al pasado, pero es más grave que eso, ese retorno ocurre con una muy fuerte legitimidad de las derechas y el viejo orden político en la población.


[1] Sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.