¡Paro Agrario! Abandono del agro y movilización campesina

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Javier Alarcón[1]

Mientras en Lima despedíamos el 2017 movilizándonos con­tra el indulto, en los Andes los productores de papa recibían el 2018 con movilizaciones y bloqueos en cinco departamentos. Luego serían los productores de maíz y arroz en San Martín, y entre las demandas aparecían otras exigencias, como el cie­rre de DEVIDA, viejo reclamo de las organizaciones cocaleras de las que hace tiempo no se escuchaba noticias.

Se han barajado varias explicaciones sobre los orígenes de la movilización campesina. La más popular, que generó una breve euforia nacionalista, fue la que indicaba que la impor­tación de papa pre cocida estaba afectando a la producción nacional. Luego, analistas más informados indicaron los efectos de las lluvias sobre los calendarios agrícolas, la coin­cidencia de las cosechas de Costa y Sierra, en fin, la evidencia o la ratificación de la ausencia de, ya no digamos de cualquier atisbo de planificación, palabra que provoca urticaria entre la alta burocracia estatal peruana, sino del cumplimiento de la tarea básica que hasta el más liberal exigiría de cualquier Estado: Un buen servicio de información.

Frente a todo eso, la solución fue en el caso de la papa, el ofre­cimiento de la compra de la producción, en dos movimientos: Una primera oferta, de compra por los gobiernos regionales, estableciendo un fondo tope, y la segunda, un ofrecimiento de compra de volumen por cada productor. En el caso del maíz se ha propuesto una medida similar, consistente en el pago de un sobre precio.

Y luego de eso… silencio. Los productores se han seguido mo­viendo, las reuniones han continuado, pero el tema salió de la visibilidad pública. Mientras la carretera central, en el punto neurálgico de La Oroya, no esté bloqueada, pareciera que el tema ya no importa más. Asimismo, parece que nadie está in­vestigando para determinar quienes fueron responsables de las muertes ocurridas durante las movilizaciones.

Pero hay mucho más. Llama la atención en particular lo di­fuso de la información sobre el proceso de movilización. Una acción coordinada en varios departamentos no surge espon­táneamente. Lo que sabemos con certeza es que los grandes gremios agrarios nacionales no han sido los principales pro­motores de esta medida.

Dejando de lado las rocambolescas “explicaciones” de los ser­vicios de seguridad, que con más macartismo que inteligen­cia acudieron al viejo recurso de terruquear a algún dirigen­te, la explicación más plausible es que fueron los “mayoristas” quienes recurrieron a las redes sobre las que sustentan su negocio, para promover la movida. Al parecer, esas redes fue­ron útiles para iniciar la movilización, pero luego el proceso las rebasó. Sucesivos actos de desconocimiento de los líderes participantes en las negociaciones, la exigencia de cada blo­que movilizado para que sean los dirigentes locales quienes participaran en las negociaciones, son un síntoma de ello.

Este episodio de movilización campesina plantea otros cues­tionamientos: por un lado, evidencia que las transforma­ciones del agro y las sociedades rurales andinas no están recibiendo la atención necesaria. Por otro, muestran la insu­ficiencia de las políticas planteadas desde el Estado, y tam­bién de las propuestas de actores políticos y de las iniciativas promovidas por los programas privados de promoción del desarrollo.

Crisis agraria, modernización y economía campesina

En los últimos veinte años, se ha impuesto un discurso hege­mónico que, de manera esquemática, plantea que la situación de exclusión y pobreza de agricultores y campesinos, sólo es posible de superar fomentando su “modernización” desde un enfoque de mercado, lo que implica el incremento de la pro­ductividad, la mejora de la calidad de los productos, la articu­lación a cadenas productivas, en especial a aquellas vincula­das a la agro exportación.

Para quienes no puedan articularse a este tipo de iniciativas, quedan los programas sociales, desde las transferencias con­dicionadas y distintos tipos de subsidio, hasta aquellas ini­ciativas, como Haku Wiñay, que buscan ser mecanismos de tránsito entre los programas asistenciales y los programas de fomento productivo.

Durante la huelga, un productor declaraba en televisión y planteaba la crítica más precisa a los programas de fomen­ to productivo. Palabras más o menos, decía: “Nos proponen asociatividad, yo me asocio con mi vecino, con mi compadre, pero no están todos. Acá queremos que la ayuda llegue a to­dos, hasta el último que está allá en el cerro”

En sus palabras, reclamaba lo que debe ser la característica central de políticas enfocadas en los derechos: La universali­dad. Las políticas deben beneficiar a todos y todas; los progra­mas estatales de fomento productivo llegan a unos cuantos, sea por criterios de focalización en base a mediciones de po­breza, sea por mecanismos de autoselección al exigir asocia­tividad.

Pero allí no se agotan las limitaciones de estos programas. Una familia campesina maneja diversos cultivos, en parcelas distribuidas en varios pisos ecológicos. Más aún, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, y a la composición de la fa­milia, asignan su recurso más valioso, la fuerza de trabajo, a una cartera de actividades agropecuarias y no agropecua­rias. La construcción de caminos, el comercio, el transporte de bienes, la venta de fuerza de trabajo femenino en el trabajo doméstico, son algunas de las muchas actividades a las que se dedican las familias. Ningún programa se plantea este com­plejo escenario como el referente de su acción.

Los programas estatales, y muchos programas privados, se enfocan en intensificar un solo cultivo, o una sola crianza. La limitada respuesta a estas propuestas se explica achacándo­les la responsabilidad a las propias familias campesinas: “No están organizados”, “no quieren organizarse”, “no quieren participar”, “no saben”, “no entienden”, son frases habitual­mente esgrimidas como explicación de los pobres resultados alcanzados.

Pero la acción de los campesinos movilizados en enero mos­tró no solo su capacidad de organización y acción colectiva. Sus demandas evolucionaron rápidamente del pedido de mejores precios a la exigencia de “declarar en emergencia al agro”. La respuesta de los guardianes del modelo, quienes ale­garon que el marco legal no permitía declarar en emergencia a un sector productivo por situaciones de mercado, muestra la potencia disruptiva de las demandas campesinas: atender sus demandas implica revisar los límites constitucionales im­puestos a la acción estatal en la década fujimorista.

Movilización campesina y posibilidades de cambio

Las movilizaciones agrarias de inicios del presente año no son sólo las más importantes movilizaciones campesinas de los últimos años. Evidencian el fracaso de las políticas im­pulsadas desde los años 90’, orientadas a beneficiar a la gran agricultura de exportación en Costa y Selva principalmente, cuyo éxito se construyó en base a los subsidios públicos en in­fraestructura productiva, facilidades tributarias, legislación laboral que niega derechos a jornaleros y jornaleras; y otras medidas de apoyo.

Asimismo, mostraron el agotamiento de la agenda promovi­da en el lustro pasado desde la sociedad civil, que se enfocó en iniciativas legales orientadas teóricamente a fomentar la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. Leyes, regla­mentos, estrategias, largamente debatidas y aprobadas con sinnúmero de resistencias, en particular de los funcionarios del MEF, así como inversión dispersa y sin norte en infraes­tructura de riego, que no han logrado ningún cambio de fon­do en beneficio de productores y productoras agrarios, en especial de los Andes.

El tema de fondo es que otra política agraria necesita otro Estado, y otro marco constitucional. Avanzar en ese camino, exige renovar las formas de articulación y representación del mundo agrario, y renovar las propuestas programáticas. La rearticulación organizativa y de la representación del mundo agrario y rural plantea varios retos y desafíos. Por un lado, la experiencia muestra que las organizaciones clásicas (centra­les campesinas, federaciones agrarias, etc.) no han logrado incorporar eficientemente la dimensión productiva en su ac­ción y sus demandas. El hecho que la producción sea familiar, y que las familias desplieguen diversas estrategias producti­vas, dificulta la agregación de demandas.

Por otro lado, la pluriactividad implica un continuo despla­zamiento de los integrantes de las familias en territorios am­plios y disímiles. El modelo de organizaciones basadas en el territorio se muestra insuficiente para enmarcar la multipli­cidad de las demandas y necesidades que pueden surgir de esta situación. Es importante en esa línea un enfoque territo­rial más amplio que ubique las distintas dinámicas económi­cas de las comunidades y las familias, atendiendo sus posibi­lidades de articulación y atención.

Pero la movilidad de las poblaciones rurales plantea también nuevas oportunidades de acción. El mundo rural está cada vez más integrado al urbano, los límites son difusos, las redes viales y las comunicaciones generan nuevas condiciones. Los campesinos son, al mismo tiempo, habitantes urbanos. Es en estos espacios de interacción donde podrían estar las opor­tunidades para construir nuevas coaliciones que permitan renovar la agenda agraria y las articulaciones organizativas necesarias para lograr ser mayoría. Una mayoría que haga de la producción y el acceso a los alimentos el eje de una nueva agenda común.


[1] Militante del Movimiento Nuevo Perú, consultor en temas de sociedad y economía rural.