Odebrecht y un cambio de rumbo

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Julio Arbizu[1]

La definición clásica de corrupción como el fenómeno que involucra a funcionarios públicos en el aprovechamiento de recursos estatales con un fin privado ha quedado, hace mucho, excedida por la realidad. La corrupción no siempre compromete recursos públicos, como lo demuestra, por ejemplo, el cohecho o la coima que se paga a un funcionario del Estado por alcanzar un servicio que es expresión de un derecho constitucional. El bien jurídico que se protege, a través del derecho penal, con la tipificación de los delitos de corrupción, no es el dinero de las arcas fiscales, sino el correcto funcionamiento de la administración pública, que puede, siguiendo el sentido inverso de nuestra premisa inicial, traducirse en la abdicación del Estado de garantizar derechos fundamentales. El dinero del pago de la coima sale del bolsillo de los ciudadanos y no será lo único -ni lo más importante- que estos pierdan en esa operación. Lo más grave será el deterioro o eliminación de sus derechos.

Ahora, ¿es la corrupción únicamente un problema de funcionarios públicos? Para responder a esa pregunta, habría que remontarnos al primer informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de junio de 2012. Si bien la data es de ese año (lamentablemente, el Observatorio que elaboraba los sistemas de información de la institución no se ocupa más de ellos), la recurrente visibilidad de algunos casos emblemáticos nos revela que la tendencia se ha mantenido, o acaso incrementado.

Como podemos advertir en el cuadro de la parte inferior, los dos delitos de comisión más frecuente entre los que conforman el catálogo de tipos de corrupción son los de peculado (30,6%) y colusión (15,7%). Es decir, los casos con estos dos delitos representan casi la mitad de los que ha debido enfrentar el Estado desde su subsistema de lucha anticorrupción.

Fuente: Observatorio de la PPEDC

El peculado por un lado es un delito que corresponde al funcionario público que, en su condición de administrador de fondos del Estado, sustrae o permite la sustracción del dinero o bienes que le fueron confiados, para beneficiarse él o un tercero. Podría entenderse que este delito es producto de un mal endémico de las administraciones públicas de los países de la región: un rasgo sintomático del Estado que recuerda las categorías de Weber sobre patrimonialismo y patriarcalismo, pero que se remonta a las formas de dominación del Estado colonial[2].

El caso es que el segundo delito más frecuente parece también tener un anclaje en ese esquema de dominación, que durante la Colonia se expresó nítidamente durante la dinastía de los Habsburgo[3]. Nos referimos a la colusión, que no es otra cosa que el acuerdo entre agentes privados y públicos para, utilizando el sistema de compras y adquisiciones del Estado, defraudarlo en favor de intereses ajenos a la administración pública.

La colusión trae a la mesa de discusión el protagonismo de los agentes privados en los esquemas de corrupción política en países como el nuestro. Las cifras que presentamos en este documento revelan, además, su vigencia actual como un factor a no dejar de tomar en cuenta. Pero si algo podemos constatar a simple vista es que la reducción del ámbito de la corrupción a las esferas de la administración pública no es más un planteamiento correcto.

Ahora, ¿podemos afirmar que esa relación entre “lo público” y “lo privado”, que excede por cierto a los protagonistas y alcanza a los bienes y los recursos que se explotan y por supuesto a los servicios básicos para los ciudadanos, traducidos en derechos y su vigencia, termina siempre en corrupción?

Definitivamente no. Pero podemos analizar cuáles han sido los planteamientos que han propuesto los gobiernos de los últimos años en nuestro país en esta materia y cómo esos planteamientos están asentados en un modelo de desarrollo específico. El modelo vigente en el Perú, que se fue gestando en los años noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori (y que vino acompañado de la instauración de una organización criminal en el poder), se ha mantenido vigente en los gobiernos siguientes: es decir, cuando se ha presentado el dilema de escoger entre la estabilidad económica y los derechos, nuestros gobernantes han preferido, siempre la primera. También, por cierto, han preferido un mercado sin controles eficaces, a un Estado que garantice que los ciudadanos y ciudadanas accedan siquiera a la información de cómo se toman esas decisiones.

En ese contexto no es casualidad que la corrupción tenga mayoritariamente una expresión en la que se encuentran el interés de los grupos de poder y el ejercicio de la administración pública. Deja de ser relevante para el análisis, aunque sí indiscutible, que ese modelo se sostenga sobre premisas básicas como la autorregulación del mercado, el flujo libre de capitales, las tasas de ganancia y la exacerbación de un individualismo salvaje que prontamente es identificado con el progreso. Y no es relevante porque lo que define a ese modelo de desarrollo es que su esencia ha cedido paso frente al auge del crecimiento, y que para la obtención de ese crecimiento lo más importante ha sido siempre destrabar las inversiones, y para ello ha sido necesario relajar los controles y pedirle al Estado la menor intervención, tanto para enderezar la balanza que siempre pesa más del lado de los colectivos vulnerables, como para diseñar sistemas de vigilancia y de rendición de cuentas. Tramitología le dicen algunos.

Ese modelo de desarrollo tiende a relativizar los derechos de los ciudadanos y a reemplazarlos por sentencias utilitaristas que usualmente confunden el valor de los derechos con la relación o el efecto que estos puedan tener respecto de la economía. La urgencia en su aplicación puede explicarse en una lógica rentista que no respeta a su paso ni la historia, ni el medio ambiente ni muchas veces la propia ley.

Frente a la aplicación de este modelo, ¿cómo se ha comportado el poder de turno con el sistema de justicia que, en última instancia, debería tender a la protección de los derechos que el modelo de desarrollo ensombrece? Con un interés desmedido en controlarlo. La experiencia del subsistema de lucha contra la corrupción de los años noventa trajo consigo una intensa reforma en el Poder Judicial, el Ministerio Público y las herramientas que le fueron provistas por un parlamento comprometido en el desbaratamiento de una organización criminal que había capturado al Estado. Durante el fujimorismo, el Poder Judicial se había convertido en una instancia de chantaje a dónde llegaban amenazados todos los enemigos del régimen y el Ministerio Público había pasado a ser el garante de la impunidad de los miembros de la banda de Fujimori y Montesinos.

La recuperación del sistema de justicia supuso el emprendimiento eficaz de una depuración de operadores que terminó en la investigación, el procesamiento y el castigo a los más altos representantes de la corrupción de aquella época. A casi diecisiete años del inicio de ese cambio de enfoque nuestro sistema de administración de justicia parece haber vuelto a representar una maquinaria funcional a ciertos esquemas de impunidad.

El mecanismo de designación y la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar, evaluar y destituir a los jueces y Fiscales no dejan dudas de que la primavera de un subsistema alerta y eficiente llegó a su fin y viene dando paso a un Ministerio Público y una judicatura cada vez con menos herramientas para hacer frente a criminalidad compleja.

Esta constatación se hace dramática si atendemos a las circunstancias actuales, en las que un nuevo escándalo de mega corrupción amenaza con desmantelar, una vez más, las estructuras de una relativamente joven clase política. La oscura presencia y el auge de Odebrecht en América Latina y valgan verdades, de muchas otras transnacionales a lo largo de este y otros continentes, revelan lo que argumentábamos líneas arriba: la panacea de la inversión privada sin controles, como modelo de desarrollo genera un terreno fértil en donde la corrupción crece sin medida ni contención, además de ir generando la profundización de una crisis que promueve el crecimiento de unos cuantos, en desmedro de los ciudadanos más vulnerables.

El Perú, por supuesto no es el único país de la región en que sucede esto. Un huracán de políticas neoliberales parece haber asentado su vórtice en esta parte del mundo. Algunos países incluso parecen haber avanzado algunos pasos más allá de la intromisión nociva de los intereses privados en las políticas públicas de los Estados. En Honduras, por ejemplo, la Asociación Global Witness ha publicado recientemente el estudio “Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta”, en el que se ocupa de relacionar las políticas de apertura a una inversión privada desmedida por parte del gobierno, con el ejercicio de la corrupción y, más allá, con el ataque a los defensores del medio ambiente, opositores a proyectos extractivistas de corte contaminador:

“Honduras se ve acuciada por una corrupción arraigada y por el interés propio sin escrúpulos de muchas personas que se aferran a las riendas del poder o que tienen influencia financiera o política. Hay cinco métodos de corrupción principales que se repiten en todos los casos que ha investigado Global Witness y que se usan para adquirir el acceso oficial a tierra, comparar o acallar a la oposición y, en última instancia, asesinar sin consecuencias a quienes se interponen en su camino. En primer lugar, las élites usan la influencia política para conseguir contratos lucrativos, obtener licencias oficiales y poner en funcionamiento sus proyectos (…). En segundo lugar, los procesos establecidos por la ley se pasan por alto rutinariamente sin consecuencias. Para que la mayoría de los megaproyectos pueda comenzar se necesita una serie de procesos y permisos. Sin embargo, como demuestra el caso de la presa de Agua Zarca, incluso cuando existe financiación internacional, se permite que las empresas los eviten, en busca de un beneficio rápido (…). Una tercera táctica es ofrecer cuantiosos sobornos a los activistas para mantenerlos en silencio. Cuando los sobornos no funcionan, quienes respaldan los proyectos recurren a la fuerza y a menudo consiguen apoyo militar para detener a los defensores. Un nefasto ejemplo de esta táctica es la implicación del ejército en el asesinato de Berta Cáceres y sus compatriotas. Por último, la impunidad es el oxígeno que el sistema judicial proporciona a los autores de estos delitos.”[4]

En algunos casos cuando decimos que la corrupción mata, no solamente nos referimos a la posibilidad de generar espacios de inequidad y de pobreza extrema que sean caldos de cultivo para diezmar a poblaciones vulnerables, sino que realidades cercanas nos demuestran que el modelo de desarrollo que nos propone el neoliberalismo puede desatar prácticas criminales para defender los privilegios que ese modelo les ha provisto siempre.

En Perú, el caso Odebrecht, muy similar a los que, en escalas menores ocurrieron en los gobiernos regionales durante el año 2014[5], no ha llegado a ese extremo, pero ¿vamos a esperar tranquilos sin cuestionar nuestro rumbo, hasta que eso pase? Con todas sus distancias, el caso Odebrecht nos vuelve a poner frente a la sensación de podredumbre que ya experimentamos al inicio del siglo. En esta ocasión, como entonces, las herramientas para combatir una corrupción asentada sobre poderosos intereses económicos son escasas y magras (el gobierno ha promulgado decretos edulcorados de muerte civil y de creación de una Autoridad de Autónoma de Transparencia que no tiene ninguna de las tres categorías que le dan el nombre). Se requiere de herramientas audaces y firmes, pero sobre todo de un Estado fuerte en su rol de proveedor y garante de derechos de los ciudadanos, controlando y cerrando las esclusas por donde se cuela la corrupción. Se requiere para ello un sistema de justicia renovado y una sociedad civil vigilante. Pero sobre todo se requiere volver a pensar en el ciudadano como centro del modelo de desarrollo.


[1] Abogado y ex Procurador Anticorrupción

[2] “Los conquistadores son portadores de la autoridad de la Colonia. Conciben al Estado como un conjunto de tierras, tributos, oficios, concesiones y honores, que son patrimonio real, aunque sean legítimamente revindicados por aquellos que han hecho posible la obtención de esos bienes”. Gina Zabludovsky, “Max Weber y la dominación patrimonial en América Latina”. En: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, p. 92.

[3] Sobre el particular se puede leer: Pietshmann, Horts. “Burocracia y Corrupción en Hispanoamérica Colinial”. En Nova Americana, 5. Torino, 1982, pp. 11-37. El autor hace un estudio pormenorizado de las posibles causas que produjeron la decadencia del envío de remesas a la corona española, sobre todo desde el Virreinato del Perú.

[4] Global Witness, “Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta”. Londres, 2017, pp. 28-29.

[5] Durante ese año, 19 de 25 Presidentes Regionales se encontraban procesados por presuntos delitos de corrupción. De ellos, varios terminaron en prisión. La ecuación de la corrupción en ese esquema se podría resumir de la siguiente manera: MEF exige ejecución de gasto para evitar entrar en una lógica de recesión, Gobiernos Regionales contratan con proveedores corruptos. Hay nulo control y mucha fluidez para la contratación. El resultado es previsible. Un caso emblemático de este modelo es el del Presidente Regional de Ancash, César Álvarez (actualmente preso por corrupción), condecorado por el Congreso de la República, por haber sido el mejor ejecutor de todos los gobiernos regionales.