Los conservadores y PPK: ¿Una alianza en el horizonte?

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Fátima Valdivia del Rio[1]

Considerando tres escenarios políticos recientes, en este texto intento evidenciar el conservadurismo del presente gobierno, mostrando también por qué considero que hay una falta de compromiso con los derechos sexuales y reproductivos (a pesar de los esfuerzos de muchas servidoras públicas en estos años).

Escenario 1

Con justa razón, todas las alertas se han disparado después de escuchar el mensaje de 28 de julio de PPK. Entre otros temas, el Presidente decidió enfatizar su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual, resaltando dos iniciativas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: La Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer. No suena nada mal. Acto seguido, la recién nombrada Ministra de la Mujer dio una entrevista en un canal del cable donde, con muy poco tino, hizo una serie de comentarios que deja-ron serias dudas en torno a su conocimiento sobre el feminismo y su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.

Escenario 2

Es terriblemente preocupante que haya una creciente ola conservadora en el Perú, con cada vez mayor poder económico y adquisitivo, con acceso y rebote en medios de comunicación, con acceso a espacios de poder y de toma de decisiones, y con un grupo cada vez mayor de adeptos. Tomemos como ejemplo las últimas investigaciones de OjoPúblico sobre el financiamiento de los grupos conservadores, o sobre la compra del Coliseo Amauta por parte de un grupo evangélico. En ambos casos, las investigaciones presentan información que conducen a preguntar –como mínimo– de dónde obtienen esos montos tan grandes. No deja de generar suspicacia pensar que sostengan que han sido obtenidos solamente con diezmos.

Escenario 3

En una entrevista brindada al diario El Comercio el pasado 16 de julio, el presidente Kuczynski mencionó los planes que ha pensado para la modernización del Estado. Una de las ideas que reveló estar barajando es la futura fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIMP), en un nuevo ente a denominarse como Ministerio de la Mujer, Familia e Inclusión Social.

Nadie se opone a la modernización del Estado, menos quienes nos enfrentamos cotidianamente a sus burocracias en sectores como salud y educación (por citar un par de ejemplos). Pero la eficiencia y modernización del Estado no puede lograrse a costa de un enfoque erróneo acerca de la violencia que vivimos. El proceso de modernización del Estado significa sobre todo la atención a los cambios en las relaciones de poder al interior de las sociedades y la emergencia de nuevas prácticas sociales. La lógica liberal moderna privilegia al sujeto y su emprendedurismo por sobre la protección estatal, privilegiando acciones individuales sobre políticas estatales, acciones le-gales muy concretas sobre políticas públicas nacionales. Es innegable que se han conseguido algunos avances en materia de igualdad de género, pero no podemos dejar de identificar estos avances como lo-gros aislados de personas (feministas muchas ellas) sumamente comprometidas, que han puesto todo su esfuerzo en conseguirlo. Es decir, la responsabilidad política de los procesos tiene que estar a cargo del gobierno en su totalidad y no en unos cuantos individuos con una clara apuesta por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Cómo enfrentar esta arremetida si no es con una apuesta política desde el Estado? Seguir apostando por el camino liberal del individuo y sus capacidades solamente genera mayor inequidad. Quienes no puedan acceder a educación, información, salud de calidad, no estarán en las mismas condiciones para luchar contra la inequidad (y contra la violencia cotidiana). El proceso globalizador ha traído consigo cambios en el modelo de sociedad, cambios en los modelos tradicionales de familia y cambios en las demandas de la sociedad civil. Sin embargo, el Estado no toma en cuenta esta diversidad o las narrativas de mujeres que viven en violencia para la formulación de políticas públicas nacionales, que logren permear todas las instancias del Estado, y que no sean simplemente leyes aprobadas (con mu-cho esfuerzo, sin duda alguna). Otro aspecto importantísimo a tomar en cuenta, y que debería estar en la cabecera de todas las reuniones del gabinete de ministros, es que la ciudadanía está en permanente construcción. Se trata de un concepto dinámico y complejo, que se construye en relación permanente con el Estado.

Pero aparentemente, lo que no podemos manejar como sociedad, ni legislar como Estado, son los cambios en la sociedad. Si algo nos ha demostrado el movimiento conservador alrededor de #conmishijosnotemetas es que buscan poner en jaque al Estado, manteniendo el orden social tal como está, manteniendo sus privilegios y no permitiendo que los cambios que hay en todas las sociedades sean amparados legalmente, enseñados en la escuela como sujetos de derechos y que tengan un pleno re-conocimiento de esos derechos.

Entonces, algunas recomendaciones finales. El Estado y sus instituciones forman parte del orden de género en una sociedad. Es decir, forman parte de aquello que las ciencias sociales denominan construcción social, y que podemos denominar también como estructura social. Este orden va más allá de los individuos, pero se basa en las relaciones intersubjetivas a nivel social, económico, político y cultural. En la medida en que se basa en estas relaciones inter-subjetivas, necesariamente se va a encontrar atravesado por múltiples voces, todas ellas dependiendo del lugar identitario que ocupan las personas en la sociedad: Por clase, etnia, raza, opción sexual, identidad de género, etcétera. Entonces, si el Estado es parte de este orden social, y este orden social se encuentra atravesado por estas múltiples voces identitarias, ¿no debería éste centrar todas sus políticas a la ciudadanía y estas múltiples demandas?

Un Estado y un gobierno que optan por un enfoque liberal sobre las demandas de la sociedad civil, no están incorporando el género en términos políticos. Es decir, el concepto género –políticamente– nos permite analizar de qué manera las instituciones sociales y las relaciones de poder organizan a una sociedad, y nos permite entender cómo las relaciones de poder generan inequidades en el acceso a derechos.

Es en un escenario así donde los derechos sexuales y reproductivos terminan convirtiéndose en un botín de guerra, pues esperamos que el gobierno apueste por nuestros derechos. Esperamos un gobierno que nos incluya en sus políticas, y no solamente con gestos para el mensaje de medio año. Un real compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, no pasa solamente por aprobar que funcionen un par de programas fundamentales, o mencionar en un discurso la solidaridad con nuestras luchas. Nosotras vamos por todo. No solamente aborto por violación, sino aborto libre, seguro, gratuito y sin causales. Una ley de identidad de género. Que las alarmantes cifras de violación sexual disminuyan, hasta desaparecer. Que diariamente no desaparezcan nuestras niñas. Que mujeres migrantes (indocumentadas o no) puedan acceder a todos los servicios que ofrece el Estado peruano. Que se haga justicia a las mujeres esterilizadas contra su voluntad.


[1] Antropóloga experta en género, sexualidad y políticas públicas. Activista en derechos sexuales y reproductivos.