Kuczynski y la República Empresarial

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Francisco Durand[1]

Cuando la clase propietaria privada que maneja las principales actividades económicas de un país, las más rentables y oligopolizadas, se organiza individual, gremial y políticamente para dirigir el Estado, y por su intermedio, la sociedad, logrando tener altos y permanentes niveles de influencia, se forma un régimen político empresarial. Esta naturaleza del poder, debido a la entrada de Kuczynski, el hombre de las trasnacionales, al gobierno, se hace hoy más evidente.

Brevemente, podemos argumentar que en la historia republicana del país han existido varias “repúblicas” elitistas de larga duración. La primera fue la República Guanera (1840-1879), que llegó a su máxima expresión cuando la burguesía comercial guanera tomó finalmente control del Estado con Manuel Pardo (fundador del Partido Civilista y consignatario), desplazando a los caudillos militares que surgieron en las guerras por la independencia. Luego de la Guerra del Pacífico (1879-1883), que puso fin a este régimen, y generó una crisis larga hasta 1895, se reorganizaron las nuevas burguesías en torno al azúcar y el algodón. La oligarquía agroexportadora retomó el control del Estado, siendo dirigida por José Pardo, hijo de don Manuel, quien encabezó el segundo civilismo y fundó la República Aristocrática. Desde 1919, durante el oncenio de Leguía (bajo gobiernos elitistas civiles y militares conservadores, algunos elegidos, otros apoyados por los militares, o fruto de golpes), esta forma elitista de mandar, que se reforzó con exportaciones petroleras, mineras y pesqueras (mayormente controlada por transnacionales) se agotó finalmente en los años 1960 gracias a la democratización de la política y las exigencias de reformas y medidas nacionalistas. Pero el periodo influenciado por las masas no ha durado mucho, habiéndose reconstituido el poder elitista sobre nuevas bases a partir de 1990 y continuado hasta la actualidad en la elección del 2016.

El régimen que tenemos por delante es una República Empresarial. Se formó a partir de 1990 con el decenio de Fujimori (el nuevo Leguía), cuando la derecha económica sin partido logró engarzarse con el gobierno y reprivatizar las bases económicas extractivas, fortaleciendo los centros financieros e industriales privados. Los mineros y banqueros, y los constructores coludidos con el Estado, al dinamizar las obras públicas interrumpidas en la crisis de los 80s, tuvieron que renovarse políticamente con las fugas de Fujimori y Montesinos el 2000. La vuelta a la democracia el 2000, sin embargo, fue manejada hábilmente, en tanto las nuevas élites del poder corporativas nacionales y transnacionales lograron gobernar indirectamente con presidentes y partidos de distinto nombre que mantuvieron (hasta hoy) un común interés en desarrollar la economía de mercado y fortalecer a los oligopolios. En las elecciones del 2016, con el gobierno de PPK, asumen directamente el poder, pero en un contexto más volátil.

Expliquemos esta situación para ver cómo salimos de ella. Esta República Empresarial, que ahora asume un manejo directo debido al origen y carácter de PPK y sus aliados exhibe cierta precariedad política, pero se sostiene por el apoyo del bloque económico nacional-internacional que está detrás, así como por la acción de los poderes fácticos nacionales (destacando la prensa concentrada) e internacionales, quienes influyen sobre los partidos políticos mayoritarios, donde destaca el fujimorismo. Una razón por la cual la República Empresarial quedó temporalmente reforzada a principios del siglo XXI fue la larga bonanza exportadora que experimentó el país entre el 2002 y el 2013, que coincide –punto importante– con el regresó a la democracia electoral.

La República Empresarial que hoy lidera el inversionista internacional PPK y su equipo tecnocrático-empresarial (reflejo de las nuevas elites del poder) tiene además la ventaja de contar con el apoyo del poder mediático privado, expresado en un grado extremo de manejo noticioso en manos de dos grupos de poder: El Comercio, con predominio en prensa escrita y TV (que es un remanente de la Republica Guanera que ha logrado mantenerse desde esa época en manos de la familia Miró Quesada por varias generaciones), y RPP (en manos de la familia Delgado Parker, que formó su conglomerado al aparecer la radio y la TV en los años 1940) .

Pero no solo es lo que sucede en la cúpula del poder económico, político y mediático lo que explica la relativa fuerza y larga continuidad de la Republica Empresarial. Tal manera de ver los procesos y las estructuras de mando es insuficiente y de este diagnóstico más amplio es que deben prepararse los programas y las narrativas alternativas.

Debemos tomar en cuenta lo que pasa en el conjunto de la sociedad, para mirar otros aspectos que vinieron juntos como parte de un mismo plan en 1990, y que, vistos como un todo, explican la continuidad de la República Empresarial. Este nuevo régimen se mantiene en esta relativa estabilidad debido a la desorganización y debilidad política de las mayorías sociales, cuyas causas son complejas. Este resultado de conjunto, que favorece a las elites corporativas del poder es en parte resultado de la gran crisis de la década de 1980 y la guerra interna, antes de Fujimori. Pero se refuerza y se hace permanente con su gobierno a partir de 1990 y el golpe de 1992, cuando, junto a las privatizaciones y la apertura del mercado, vienen por decreto leyes laborales hechas a la medida de las grandes empresas y se re-instauran practicas anti sindicales que hacen difícil la sindicalización y la protesta. Con ello el pivote histórico de la movilización social organizada desde la época de los anarquistas desde principios del siglo XX quedó debilitado.

A ello se añade el efecto de la actual estructura del empleo. El modelo primario-exportador es intensivo en capital, es decir, genera poco empleo directo. Hay desarrollo pero no crece realmente la clase obrera industrial, y le resulta difícil organizarse. Sin embargo, cabe señalar que surgen nuevas formas de protesta por los efectos del extractivismo, aunque siendo intermitentes y no llegando a ser nacionales. La caída de los sindicatos y las huelgas, y el aumento de “conflictos socio-ambientales” regionales, dificultan acciones unificadas con sentido político alternativo. Ante la falta de alternativas formales de empleo, la mayoría de trabajadores se emplean en las PYMES, la informalidad y las economías delictivas (o se van del país, proletarizándose en otros espacios) y, cuando hay recursos, en los gobiernos regionales y locales. Todo ello debilita estructuralmente y organizativamente al pueblo y lo hace más propenso a prédicas y prácticas clientelistas.

Debemos también tomar en cuenta el efecto de la nueva ideología de la República Empresarial, cuya idea central, además del anti estatismo, es que somos “un país de emprendedores”. Por lo tanto, todos, en principio, apoyamos la iniciativa privada y el esfuerzo individual. Esta ideología (reforzada con la expansión del mercado y la aparición de una cultura empresarial de masas), se ha difundido con programas millonarios y el apoyo de muchos actores. Algún efecto ha tenido, sobre todo en el periodo de la bonanza, que generó una momentánea prosperidad. Esta ideología al mismo tiempo brinda legitimidad a los grupos de poder nacionales y las nuevas transnacionales al ser presentados como ejemplo de éxitos empresariales y ocultar su posición monopólica, así como el abuso de mercado a que da lugar. Finalmente, otro problema es la dispersión política de la izquierda y las dificultades de recambio generacional, cuyas causas los lectores conocen mejor y sobre las cuales no vale la pena ahora discutir en detalle.

Esta situación de conjunto, viendo tanto en la cúpula como en la base de la pirámide social, nos indica que estamos ahora frente a una élite poderosa y cohesionada, y una sociedad de masas con mayoría urbana, nuevas formas de extractivismo territorial y consumo nacional, dispersas. Por lo tanto, predomina una forma de dominación que podemos llamar un nuevo triángulo sin base. Este término se utilizó para explicar la forma de dominación tradicional u oligárquica, y que hoy, en una sociedad más “moderna”, vuelve a cobrar sentido al haberse reconstituido el poder elitista, y sentado las bases para un regreso al extractivismo corporativo y financiero-industrial con predominio transnacional.

A pesar de su fuerza, varios factores hacen que la legitimidad lograda se comience a erosionar. Destaca ciertamente el fin de la bonanza exportadora, que coincide con un mayor activismo sindical nacional en ciertos gremios (educación, salud). Otro factor es el estallido de escándalos de corrupción (Lava Jato, Panama Papers) que envuelven a grandes constructoras con la clase política que ha gobernado desde el inicio de la República Empresarial, demostrando la colusión existente entre grandes empresas y altos funcionarios de varios gobiernos. Finalmente, en la elección del 2016, a pesar del costo que significó para las izquierdas la alianza inicial con Humala, y su rápida cooptación por las élites corporativas, se han podido recuperar espacios de representación, establecer vínculos con el pueblo en ciertas zonas y regiones y, a pesar de los desencuentros, ganar presencia política. El hecho que el gobierno sea dirigido por un gerente transnacional, quien encabeza un gabinete con alta presencia empresarial-tecnocrática elitistas y que esté envuelto en prácticas colusivas (como lo demuestra el caso del aeropuerto de Chinchero y sus lobbies) desnuda la verdadera naturaleza del manejo del Estado.

La cuestión que se plantea en este escenario, donde tanto la protesta callejera como la propuesta política y la acción parlamentaria deberían converger, es llegar a un punto de acumulación de fuerzas. Pero, llegado a ese punto, no basta plantear un nuevo gobierno y programas sociales redistributivos. Debemos tomar en cuenta las actuales estructuras del poder. Ese probable gobierno alternativo va a ser opuesto por élites poderosas con bolsillos profundos y manejo mediático. Aún si llegara a gobernar, cabe preguntarse si un gobierno alternativo puede superar la República Empresarial. Esos programas alternativos no darán resultado mientras no se enfrente el problema de desoligopolizar la economía, neutralizar el poder político empresarial y mediático y reconstituir las organizaciones sociales.


[1] Sociólogo, profesor de ciencia política en la Universidad de Texas y en la PUCP. Entre sus últimos libros se encuentran: Los doce apóstoles de la economía peruana (2017), y Cuando el poder extractivo captura el Estado (2016).