La Política Nacional de Vizcarra: nuevo gobierno, las mismas viejas recetas

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Catherine Eyzaguirre1Economista. Asistente de Docencia del Departamento de Economía PUCP. Coordinadora en temas económicos del despacho de la congresista Marisa Glave.

El 2018 estuvo marcado por la crisis política. Entre renuncias presidenciales, prisiones preventivas y un referéndum, poco se ha discutido respecto de la situación económica que atraviesa el país. La desaceleración de la economía peruana ha golpeado los márgenes de utilidad del empresariado. Su preocupación los ha llevado a exigir al gobierno reformas para dinamizar la economía a su medida. Así, el último día del año el presidente Vizcarra promulgó la Política Nacional de Competitividad y Pro­ductividad (PNCP), elaborada por el Consejo Nacional de Competividad y Formalización, espacio conformado úni­camente por representantes de siete ministerios y Roque Benavides en representación de CONFIEP.

La Política de Competitividad puede ser analizada desde varias aristas. En este artículo revisaremos el diagnóstico de la economía peruana que la política propone. Cuestio­namos tres aspectos 1) que se hable de crecimiento como un fin en sí mismo; 2) el argumento de rigidez laboral en un mercado laboral con altísimos niveles de informalidad y 3) la falta de un enfoque de género para combatir las bre­chas de oportunidades que existen en el mercado laboral entre hombres y mujeres.

¿Qué propone la PNCP?

La Política Nacional de Competitividad plantea como objetivo general “la generación de bienestar para todos los peruanos sobre la base de un crecimiento económico sostenible con enfoque territorial”. Pocos podríamos discrepar con esta premisa. Sin embargo, para lograrlo elabora un diagnóstico bastante cuestionable de la economía peruana y traza objetivos prioritarios en función a ellos. Dado que esta Política es solo el punto de partida para la elaboración de un Plan Nacional de Competitividad, resul­ta importante analizar y debatir el diagnóstico propuesto que será luego traducido en políticas públicas que nazcan desde el Ejecutivo.

El argumento que sustenta la PNCP es bastante simple: sin crecimiento económico el Perú no podrá seguir reducien­do los niveles de pobreza existentes ni se podrán generar más empleos dignos. Este crecimiento económico está li­gado a la productividad que es definida como la manera en la que se combinan y usan los principales factores de producción en la economía: el capital y el trabajo. Si estos se asignan correctamente las economías lograrán buenos resultados.

Según la PNCP, el factor que presenta mayores problemas de asignación en el Perú es el trabajo. Que el 70% de la fuerza laboral haya sido absorbida por el sector empresa­rial de menor productividad es el reflejo de esta mala asig­nación de factores que nos han llevado al enfriamiento de la economía. Se señala como perjudicial el “enanismo empresarial”; la proliferación de pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores con muy poca productividad y que representan el 75% del total de empresas en el Perú. Para salir de esta situación y evitar mantenernos en el estancamiento, la Política de Competitividad establece que se debe “conti­nuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de los noventas, las mismas que son imprescin­dibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p. 7. PNCP, 2018).

Entonces, teniendo como premisa fortalecer el modelo económico impuesto por el gobierno de Alberto Fujimori, e identificando como uno de los principales problemas la mala asignación de la fuerza laboral y el capital, se perfi­lan nueve objetivos prioritarios y lineamientos de política. Estos objetivos se trazan en los siguientes ejes temáticos: infraestructura, capital humano, innovación y tecnología, finanzas, laboral, regulación estatal, comercio exterior, institucionalidad y ambiente.

De políticas de diversificación productiva a crecimiento eco­nómico como un fin en sí mismo

Los años de bonanza económica en el Perú terminaron. Crecer a costa de la exportación de commodities presenta un tipo de dinámica fluctuante y altamente dependiente a choques externos (Mendoza y Collantes, 2017). Con los precios del cobre a la baja, nuestra economía se desacelera, la recaudación tributaria cae y la inversión pública también.

Esta tendencia se hacía evidente desde finales de 2012, cuando los precios internacionales empezaron a decrecer. Ante el fin del superciclo de commodities se han ensaya­do recetas más innovadoras. En 2014, se promulgó el Plan Nacional de Diversificación Productiva. El Plan identificó que los años de crecimiento económico no habían sido suficientes para mejorar los indicadores de productividad, las altas tasas de empleo informal, la desigualdad de ingresos, los bajos niveles de innovación, la debilidad institucional y poca diversificación de la canasta exportadora centrada en recursos naturales. Ante el nuevo escenario internacional de bajos precios, la economía peruana debía diversificarse e impulsar nuevas actividades productivas que sirvan de motores al crecimiento y disminuyan la vul­nerabilidad a las condiciones externas. El objetivo: “sofisti­car la estructura productiva del país” para lograr mejorar nuestros niveles de productividad.

El Plan de Diversificación Productiva fue sin duda perfectible y estaba enmarcado dentro de los límites del modelo económico actual. Sin embargo, cumple con identificar que estamos insertos en una dinámica de comercio inter­nacional que hace vulnerable nuestra economía. Si quere­mos evitar la desaceleración de nuestra economía luego del espejismo de auge que traen los ciclos de altos precios, debemos cambiar la matriz productiva y fortalecer otras actividades productivas más estables. Esta premisa fue rá­pidamente descartada por el nuevo gobierno. El entonces ministro Bruno Giuffra aseguraba que tal diversificación se daría “de manera natural” al quitarle barreras burocrá­ticas al sector privado. El típico “laissez faire, laissez pas­ser” de la teoría económica neoclásica que propone un Es­tado de brazos cruzados ante la economía nacional y cada vez más pequeño.

La nueva PNCP de Vizcarra mantiene la línea trazada por PPK. Por un lado, no se hace referencia a metas de diversificación productiva, por más que se reconoce como un problema que el Perú se encuentre entre los países con me­nores índices de Complejidad Económica, lo que estaría li­mitando el grado de competitividad de nuestra economía. Por otro lado, se prioriza el análisis de dos factores de producción que estarían afectando la productividad: el capital y el trabajo. Si bien la falta de acumulación de capital sería explicada por factores externos, se hace mucho énfasis en la mala asignación de la fuerza de trabajo.

A lo largo del texto se asume que el crecimiento econó­mico nos llevará inherentemente a lograr cerrar brechas de pobreza y de informalidad, sin revisar críticamente lo poco que se avanzó respecto a estas dos problemáticas du­rante los años de bonanza económica. Además, dado que la PNCP no hace ningún cuestionamiento a la matriz pro­ductiva, se seguiría apostando por una dinámica de creci­miento dependiente de factores externos. Este tipo de cre­cimiento pierde de vista el mercado interno y lo debilita, ya que expande actividades no transables y hace cada vez más desigual la distribución de ingresos (Jimenez, 2015). Las teorías de crecimiento endógeno [Romer (1986) y Lu­cas (1988)], critican el crecimiento basado dependiente de factores externos y proponen un crecimiento que se fortalece en factores internos como el desarrollo tecnológico, el capital humano, el capital público y el aprendizaje en la práctica.

En un mediano plazo, crecer no basta si no genera mejores condiciones de vida en la gente. Sin un mercado interno fortalecido, sin una matriz productiva que genere valor agregado a lo que producimos y por lo tanto más empleos y una mejor distribución de los ingresos, ¿qué tipo econo­mía queremos hacer más productiva? ¿a costa de qué y de quienes vamos a hacernos más competitivos?

¿Rigidez laboral o miopía empresarial?

Dado que la PNCP identifica como uno de los principales problemas la asignación de la fuerza laboral, resulta relevante revisar su quinto objetivo prioritario: “Crear las con­diciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”.

Este objetivo está redactado de forma particular. Las estadísticas expuestas parecen no aportar a las conclusiones a las que se llegan. Se inicia afirmando que cuando los mercados laborales presentan un pequeño grupo de trabajadores con beneficios laborales y una mayoría que no, la productividad se ve perjudicada por la desmotivación de la fuerza laboral y la reducción de la inversión de las empresas.

Posteriormente se sostiene que el Perú presenta los costos laborales no salariales más altos de la región, si consideramos el régimen general de contratación vigente. Se señala con preocupación las implicancias de los ceses colectivos y los altos costos de indemnización por despidos injustifica­dos en el caso de contratos a plazo indeterminado. Según lo que se afirma en la PNCP, los altos costos laborales de despido traen como efectos negativos: “i) Un menor crecimiento de la productividad, ii) menor crecimiento del empleo y salarios, iii) mayor vulnerabilidad de las mujeres y jóvenes y iv) mayor informalidad”. ¿Que sustenta tales afirmaciones? El documento no lo explicita y afirma que los empresarios se verían obligados a realizar contratos a plazo fijo (temporales), en vez de contratos a plazo inde­terminado, para así reducir al mínimo los altos costos de despido.

Contrastemos lo señalado con las estadísticas que presen­ta INEI para 2016. Del total de la PEA ocupada el 46.7% son asalariados y el 36.9% de la PEA ocupada labora como independiente (autoempleada). Del total de ocupados asalariados sólo el 56% tiene algún tipo de contrato con su cen­tro de trabajo y el 44% restante no lo tiene. Y de ese total, el 29.9% cuenta con un contrato de plazo indefinido y el 58% un contrato a plazo fijo.

Es decir, del total de la población económicamente activa que está ocupada, sólo el 7.85% del total cuenta con un contrato de plazo indefinido. El grueso de la población, el 92% restante es independiente, trabaja sin contrato o trabaja a plazos fijos, siendo vulnerable a despidos injustificados. ¿De qué rigidez laboral estamos hablando si solo el 7.86% de la población que trabaja en el Perú cuenta con derechos laborales a cabalidad?

Resulta increíble leer un documento de Política Nacional que afirma que los culpables de que exista una mala asignación del factor laboral en el mercado sean los propios trabajadores por contar con “excesivos derechos labora­les”, por hacer demasiado costoso para los empresarios despedirlos injustificadamente y por contar con demasia­das vacaciones (como declaró el Ministro de Economía). En este contexto de empleo inestable para más del 90% de la población, el Estado no propone mejorar sus condi­ciones de vida, sino busca señalar con el dedo a ese por­centaje minoritario que sí ha logrado conseguir derechos laborales y hacerlos culpables de la mala asignación de re­cursos. Señalar como rígido un mercado laboral con tales características no resiste ningún análisis serio.

La PNCP, además, identifica como causantes a las consecuencias. El mercado laboral no se encuentra mal asigna­do porque existe un pequeño porcentaje de personas que cuenta con “excesivos” derechos laborales, sino porque la estructura productiva peruana no genera empleos. La oferta laboral no va a crear su propia demanda, así se pongan de por medio los pocos derechos laborales ganados.

No podemos obviar cómo está organizada nuestra matriz productiva. El principal motor de nuestra economía en es­tas décadas ha sido la minería. Esta actividad es intensiva en capital pero genera muy pocos empleos y tiene poco eslabonamiento con el resto de la economía (Loayza y Rigolini, 2016). Entonces, si el motor de nuestra economía es una actividad que genera pocos empleos- 1.33% del total de la PEA- no debería sorprendernos que el resto de personas, que no encuentran empleos formales dentro de los pocos que se generan, busquen empleos de sobrevivencia dentro de la economía informal o generen sus propios empleos a través de pequeñas empresas de baja productividad.

Una Política Nacional de espaldas a la mitad de la población

Finalmente, las tasas de crecimiento económico ignoran el aporte de la economía del cuidado. Los trabajos de cui­dados en el hogar no remunerados representan el 20% del producto bruto interno según INEI pero no son tomados en cuenta. La estructura patriarcal de nuestra sociedad ha llevado a que seamos las mujeres quienes asumimos principalmente esta labor. El 70% del trabajo de cuidados es asumido por mujeres. Así las mujeres utilizamos en promedio el 50% de nuestro tiempo en actividades domésticas no remuneradas mientras que los hombres solo el 24%, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para 2010.

Esta situación se agudiza más en las mujeres que son madres. Según la investigación de Lavado (2018) las mujeres madres ganan en promedio 300 soles menos que sus pares no madres. La razón es que las mujeres que son madres deben trabajar menos horas en el mercado laboral (32 horas en promedio), ya que otorgan 48 horas semanales extra al trabajo de cuidados en el hogar.

Otros factores como las brechas salariales entre hombres y mujeres (30% en promedio), el acoso laboral al que esta­mos expuestas y las preocupantes tasas de informalidad entre las mujeres que trabajan (78.4%) hacen urgente la necesidad de incluir políticas transversales que ayuden a combatir esta situación de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, la PNCP parece no caer en cuenta de esta situación y no propone medidas para enfrentarla.

Bibliografía

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1441/libro.pdf

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/mp_plan_nacional_de_diversificacion_ productiva_2014.pdf

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Politica_ Nacional_de_Competitividad_y_Productividad.pdf


[1] Economista. Asistente de Docencia del Departamento de Economía PUCP. Coordinadora en temas económicos del despacho de la congresista Marisa Glave.