La lucha que no cesa. Un diálogo sobre el movimiento de derechos humanos en el Perú

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Anahí Durand, Francisco Soberón[1]

Vivimos tiempos de arremetida negacionista, donde acto­res políticos como el Fujimorismo, aliados a sectores de las fuerzas armadas y policiales, pugnan por reescribir la his­toria reciente, atacando el Lugar de la Memoria o “corri­giendo” los textos escolares. Le pregunto a Pancho lo que muchos nos preguntamos: ¿Qué se hizo mal o no se hizo? Su respuesta enfatiza la responsabilidad de los gobiernos que siguieron a la transición, pues poco a poco fueron de­jando de lado las recomendaciones de la CVR: “Toledo fue el primero que reculó, metió el concepto de reconciliación sin explicar nunca qué significaba o qué aportaba… primero inclu­yó la reconciliación y después abandonó las recomendaciones. Ya en el segundo gobierno de García casi todo fue retroceso”. Frente a ello, hubo un preocupante repliegue en la lucha política, como si no hubiera quedado claro que en el país la defensa y reivindicación de los derechos humanos es tam­bién una disputa permanente.

Parte de ese retroceso se expresa también en las dificulta­des de las organizaciones de derechos humanos para com­batir con fuerza la narrativa que hoy pretende imponerse como oficial, señalando que no hubo un conflicto armado sino sólo “terrorismo”. Según sus voceros las violaciones a los derechos humanos fueron simples “excesos”. Pancho es muy enfático al respecto: “Cada vez más escucho a los po­líticos decir que por parte de las fuerzas armadas y policiales sólo hubo excesos. Eso no fue así, el Informe Final dice bien cla­ro que en determinados momentos y territorios del país hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, nunca seña­la la teoría de los excesos”.

Recorrer la trayectoria de luchas del movimiento de dere­chos humanos puede ayudarnos a conocer mejor el esce­nario actual de disputas en torno al sentido de nuestra his­toria reciente. Se trata de un movimiento que se construyó en la lucha por defender la vida y dignidad de las personas en momentos de violencia, pero también en el esfuerzo por afirmar una sociedad capaz de vivir en paz y democra­cia. Nadie mejor que Pancho para dialogar sobre sus prin­cipales hitos, lecciones y desafíos, pensando fundamental­mente en la experiencia de las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Los orígenes

Los primeros esfuerzos por responder organizadamente los problemas de derechos humanos ocurrieron en la dé­cada de los 60’. Se trataba de apoyar casos derivados de los conflictos sociales y políticos, incluyendo la defensa a dirigentes como Hugo Blanco y Héctor Béjar detenidos en el Frontón. Fueron campañas de solidaridad intensas y con participación básicamente de la izquierda. En ese entonces también cobró fuerza el trabajo de la iglesia ca­tólica bajo la influencia de la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres. Este trabajo incluía a los ONIS, un movimiento de sacerdotes, laicos misioneros y misioneras, todos progresistas muy comprometidos. De ahí surgió la cantera que luego constituiría iniciativas de defensa de los derechos humanos en todas las diócesis del país; principalmente el sur andino y la Amazonía.

Sin duda, el hito más importante en el desarrollo del mo­vimiento de derechos humanos de esa primera etapa, fue la defensa a los miles de trabajadores despedidos que dejó el paro nacional del 19 de Julio de 1977 contra la dictadura de Morales Bermúdez. Esos despidos masivos llevaron a que los dirigentes pastorales que trabajaban en el Servicio Episcopal de Asistencia Social (SEAS), armaran una red de activistas y comunicadores sociales por la reposición de los despedidos. También, en paralelo, distintos partidos de izquierda como el MIR y Vanguardia Revolucionaria, consiguieron articular una plataforma amplia de defensa de los trabajadores. Fue un esfuerzo amplio que demostró a la dictadura la capacidad de solidaridad y respuesta de la sociedad organizada y dejó una experiencia acumulada decisiva para, años después, enfrentar el proceso de vio­lencia.

Enfrentar dos fuegos: el estallido del conflicto armado interno

La década de los 80 significó el inicio del conflicto armado y con él una terrible violencia que atravesó toda la socie­dad peruana. En ese contexto, la Cámara de Diputados del Congreso constituyó la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Javier Diez Canseco, con el apoyo externo de valiosos activistas. En 1982 Pancho Soberón y otros colegas fundan la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) como continuidad del trabajo que ya realizaban en apoyo a la labor parlamentaria. Fue una primera etapa centrada en difundir información y tomar contacto con iniciativas que se expandían en algunas regiones del país, una etapa fundacional dura y signada por el horror que se desataba y expandía rápidamente.

Estos acercamientos, y lo rápido que el conflicto escaló en violencia y represión, reforzaron la idea de que era nece­sario un mayor nivel de articulación. Es así que en 1985 se desarrolló el Primer Encuentro Nacional de Derechos Hu­manos en la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de la Avenida Abancay. A ese primer encuentro asistieron activistas y organizaciones de sociedad civil de Ayacu­cho, Cusco, Puno, Junín, Ilo, Ica; miembros de la iglesia, también de APRODEH, el SEAS, COMISEDH y el entonces recién formado Instituto de Defensa Legal (IDL). Además, fue el primer deslinde claro con Sendero Luminoso, pues al Encuentro asistieron Martha Huatay y Alfredo Crespo, con la intención de convertir el espacio en un organismo que expresara los puntos de vista de Sendero. El rechazo fue unánime y ambos tuvieron que abandonar el evento.

Como resultado de dicho encuentro se constituyó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)1, conformada por SEAS, COMISEDH y APRODEH. En ese momento se inició un trabajo que ya no cesaría, pues las violaciones a los derechos humanos se hicieron lamenta­blemente cotidianos: “Sosteníamos la tesis de que la pobla­ción civil estaba amenazada tanto por Sendero como por el Estado. Fue un trabajo difícil, de formalizar denuncias que avanzaban lento y casi siempre eran archivadas, era más con­vertirnos en notarios de la muerte que otra cosa, hacíamos ha­beas corpus que no prosperaban… pero sobre la marcha apren­dimos y avanzamos”.

En ese marco, defender los derechos humanos era tam­bién enfrentarse a tensiones y problemas de seguridad. La Coordinadora de Derechos Humanos surgió cuando se iniciaba el gobierno de Alan García. Fueron los años de la masacre de los penales, los crímenes de Rodrigo Franco, las masacres de Accomarca y Cayara, y tantos otros que nos enfrentaron con la triste realidad de un país desangra­do. No obstante, como bien apunta Pancho: “A diferencia de otros países el conflicto armado estalló en una democracia, pero era una democracia tutelada, con estas trampas de los estados de emergencia y los comandos político-militares… Más allá de caracterizar el régimen político que tenía el país, lo real es que tuvimos que trabajar en un escenario totalmente hostil. La estrategia contrasubversiva fue la misma que aplicaron las dictaduras del Cono Sur, basada en la doctrina de seguridad nacional, acá todo se basó en eso, la presencia militar, las prác­ticas represivas, las operaciones encubiertas, las operaciones de inteligencia…”.

Podría decirse que teníamos un escenario más parecido al de Colombia… con la salvedad de que Sendero Luminoso no era la guerrilla colombiana. “Nosotros teníamos que es­tar prevenidos de lo que nos pudiera hacer Sendero, en cambio un defensor de los derechos humanos en Colombia no se tenía que preocupar de lo que podían hacerle las FARC, el ELN o el M19, que no atentaban contra activistas de derechos humanos. Sendero Luminoso fue una organización atípica, totalmente apartada de la guerrilla guevarista, con otro pensamiento doc­trinal”. Enfrentar al Estado y a Sendero costó la vida de muchos defensores de derechos humanos. A Ángel Esco­bar, presidente del CODEH de Huancavelica, fuerzas mili­tares lo secuestraron y asesinaron. Por parte de Sendero, asesinaron a María Elena Moyano, quien siempre apoyó toda iniciativa de la Coordinadora en Villa El Salvador. “Sin duda nos hemos equivocado… pero no fue fácil trabajar entre dos fuegos”, señala Pancho.

El fujimorismo, la transición democrática y la CVR

Con el Fujimorismo se produjo un cambio sustancial en la lucha contrasubversiva y, con ello, surgieron nuevas líneas de trabajo para el movimiento de derechos humanos. Si durante los gobiernos de Belaunde y García los crímenes fueron masivos, con Fujimori se implantó un patrón de represión y aniquilamiento selectivo, acompañado de pa­ramilitares como el Grupo Colina. Los casos del secuestro y desaparición de los estudiantes de La Cantuta y la ejecu­ción de diez vecinos reunidos en una pollada de Barrios Altos son quizá los más representativos. En contraparte, luego del autogolpe, se creó un escenario más favorable en el ámbito internacional para recibir las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre el copamiento de la institucionalidad democrática por parte de la dictadura.

El movimiento de derechos humanos incluyó así la agenda de defensa de la democracia. Esto se plasmó con fuerza en el informe elaborado por la Comisión Americana el año 1998, y fue decisivo para que la OEA demande la consti­tución de la Mesa de Diálogo que dio origen al proceso de transición, avivado después por los Vladivideos. Entre otras cosas, fue el momento para que se discutiera la posi­bilidad de crear una Comisión de la Verdad.

Ya durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua la idea de una Comisión de la Verdad tomó cuerpo. Con el apoyo del ICTJ y Priscila Hayner el 2001 se realizó un Seminario Internacional sobre Comisiones de la Verdad, al cual asistieron representantes de Sudáfrica, El Salvador, Argentina y Chile. Se impulsó así un debate comparado que permitió evaluar y recoger lo mejor de cada Comisión, reconociendo también sus límites y particularidades na­cionales. En concreto, resalta Pancho: “Por ejemplo, de la ex­periencia en Sudáfrica recogimos las audiencias públicas, pero a diferencia de ellos que las usaron para escuchar la confesión de los perpetradores que querían favorecerse por la amnistía, la CVR en Perú cambió la tónica y las Audiencias fueron para escuchar a los que no tuvieron voz, fueron audiencias de todas las víctimas, de todos los actores. Por otro lado, la agenda aquí fue total: se acordó que todas las violaciones a los derechos hu­manos de todos los actores de la violencia eran igual de graves y debían investigarse por igual, no sólo las del Estado. La op­ción fue recoger principalmente la verdad de las víctimas”.

Vale resaltar el consenso logrado en ese tiempo. Era sin duda otro momento político: Alberto Fujimori había re­nunciado por fax, se habían descubierto los delitos de Montesinos, el Fujimorismo y sus aliados estaban total­mente a la defensiva. Las organizaciones de derechos hu­manos se comprometieron totalmente con el trabajo de la CVR, una labor ardua que durante tres años recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9,500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003 ante el presidente Alejandro Toledo. No obstante, desde el inicio fue recibido por los principales actores políticos con desconfianza, y sus recomendaciones aún no han sido implementadas.

La disputa abierta

Al cabo de varias décadas de lucha, el movimiento de de­rechos humanos sigue teniendo un rol protagónico en el escenario peruano, habiendo asumido durante los últimos años una firme defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. Se trata de un largo camino que no ha esta­do al margen de dificultades y problemas. No ha sido fácil actuar en medio de la disputa política de un país poscon­flicto que llevó a tomar posición ante el antagonismo entre Fujimorismo y anti-fujimorismo. Justamente, la decisión de cerrar el paso a un posible triunfo de Keiko Fujimori, hizo que sectores de izquierda y otros vinculados al mo­vimiento de derechos humanos optaran por respaldar la candidatura de Ollanta Humala. Como recuerda Pancho: “Creo que sí llegamos a ser condescendientes con Humala, por­que si bien denunciamos públicamente el caso Madre Mía que lo implicaba en violaciones a los derechos humanos mientras fue capitán en el Huallaga, en la confrontación de la segunda vuelta electoral nos sumamos a la campaña ‘Fujimori nunca más’ y prácticamente llamamos a votar por él, pasando por alto sus responsabilidades».

Además, no pueden negarse otras dificultades, como la bu­rocratización y dependencia de fondos de la cooperación internacional. Pero Pancho insiste en que el movimiento de derechos humanos es mucho más que algunas ONG que lo componen. Actualmente sigue en permanente dina­mismo, sumando actores relacionados al conflicto como los HIJOS, grupos feministas, colectivos GLBT, defensores del ambiente, entre otras organizaciones que impugnan al Estado y la sociedad demandando pleno reconocimiento ciudadano. Por eso, señala con optimismo “Yo tengo expec­tativa porque veo que hay mucha capacidad creativa de los y las jóvenes, por mi salud ya no asisto a marchas, pero he visto videos de la marcha contra el indulto, de las marchas de las mujeres, y me emociona no sólo que sean masivas sino tam­bién su capacidad creativa, eso es algo que nuestra izquierda acartonada de los 80 no tenía”.

La experiencia de la Coordinadora deja muchas lecciones útiles para asumir los desafíos y debates que se abren hoy en el mundo para la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo el tema de la universalidad y el avance del relativismo cultural. Pancho nos dice “En algún mo­mento me gustaría discutir con los cubanos, saber si en su nueva Constitución están dispuestos a revalorar los derechos civiles y políticos, o con los chinos sobre cómo entienden la po­sibilidad universal de la democracia. Además, qué dicen los nuevos grupos de izquierda en América Latina sobre violacio­nes a los derechos humanos por parte de gobiernos como Vene­zuela o Nicaragua”. Se trata sin duda de temas urgentes y necesarios de abordar en medio de la actual disputa por la memoria que se vive en el país. Y en medio de la crisis de época que nos interpela permanentemente sobre la posi­bilidad de construir un Perú Nuevo en un mundo nuevo.


[1] Anahí Durand es socióloga y miembro del Comité Editorial de Ojo Zurdo. Francisco Soberón “Pancho” es fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) ex presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y activista defensor de los derechos humanos.