La crisis continúa. De neoliberalismo, democracia y política transformadora en Perú

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Anahí Durand[1]

Los hechos vinculados al caso Lava Jato han revelado el nivel de corrupción de las principales fuerzas políticas que se tur­nan el poder en el Perú hace 27 años. Desde el fujimorismo y su partido Fuerza Popular, pasando por Alejandro Toledo, el APRA de Alan Garcia, Ollanta Humala, Kuczynski y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, todos engrosan la lista de acusados de recibir millonarios sobornos de la empresa Ode­brecht, sea para favorecer contratos y licitaciones o financiar sus campañas electorales. El gobierno como mero trampolín para el beneficio privado y el Estado como maquinaria de ne­gocios y componendas. Como diría el viejo Gonzales Prada: “donde se pone el dedo brota la pus…” y estos meses no ha dejado de brotar.

En ese marco, la salida de Kuczynski y la juramentación de Martin Vizcarra como nuevo presidente, es ante todo un epi­sodio de una crisis de implicancias más profundas y desen­lace abierto. El fujimorismo, el APRA y las fuerzas conserva­doras que hoy dominan el escenario político institucional se esfuerzan por recomponerse, haciendo cuenta que aquí no paso mucho. Pretenden presentar un escenario de norma­lidad donde la salida de PPK del sillón presidencial, es todo cuanto se necesita para continuar el juego político. Pero, más allá de sus esfuerzos, es más probable que la crisis no se so­lucione con un mero recambio y la democracia neoliberal, instalada por el Fujimorismo y continuada por los sucesivos gobiernos, continúe mostrando sus límites. Ello en medio de una población indignada, pero con una gran desafección, que se movilizó masivamente contra el indulto ilegal, pero a la vez mantuvo un malestar de baja intensidad ante el último pro­ceso de vacancia que derivó en renuncia. En tal sentido, ana­lizamos la actual situación de crisis a partir de sus implican­cias para la democracia neoliberal heredada de la transición del 2000, los realineamientos en los actores políticos, y sobre todo desde las posibilidades que pueda abrir a una propuesta transformadora y de protagonismo popular.

La democracia neoliberal en crisis

Hace 25 años Alberto Fujimori instaló a sangre y fuego el régi­men neoliberal en el país. La Constitución de 1993 selló el pac­to político empresarial y, fiel a los mandatos del consenso de Washington, redujo el Estado al rol promotor de la actividad privada favoreciendo la corrupción, vulnerando derechos y empobreciendo la vida cotidiana. Además, sentó las bases de un sistema político cerrado y personalista, liquidando la opo­sición social y política, empoderando la élite conservadora y permitiendo la convivencia con el narcotráfico y otras econo­mías ilícitas. Todo ello pudo lograrse en el marco del proceso de “pacificación” post conflicto armado interno y con el am­plio respaldo de las fuerzas armadas, grupos empresariales y la comunidad internacional.

La caída del fujimorismo, impulsada por movilizaciones po­pulares, pero también avalada por la pérdida de apoyo de los Estados Unidos y grupos de poder nacional, dio lugar a una “transición” plagada de continuidades. Del 2001 en adelante ninguno de los presidentes que ejerció el poder desmontó el andamiaje neoliberal instalado, básicamente porque com­partían dicha plataforma. La debilidad de las organizaciones sociales y la debacle de la izquierda, abonaron a la superficia­lidad de los cambios; no se revisó el festival de privatizacio­nes, los dueños de los medios de comunicación mantuvieron sus canales de TV, las reformas al sistema electoral fueron cosméticas y continuó vigente la lesiva legislación laboral. Peor aún, se reforzó la “gubernamentalidad” neoliberal, en­tendida como la implementación de una economía del poder, que administra y coloniza distintas esferas de la vida institu­cional, comunitaria y subjetiva de las sociedades y las perso­nas[2] (Foucault 2006). La transición democrática Paniaguista continuó e incluso reforzó el neoliberalismo, precarizando a los sectores populares bajo promesas de éxito para los “em­prendedores” debilitando los lazos sociales y favoreciendo una lógica que instala la hegemonía del mercado y favorece el clientelismo político.

La crisis desatada por el caso Odebrecht ha puesto en jaque judicial a los principales actores políticos del sistema y has­ta puede llevar a reformar aspectos institucionales, pero lo que todavía es incierto es si profundizará el agotamiento de la hegemonía neoliberal. No olvidemos que, pese a su vigen­cia, distintos actores sociales no han cesado de cuestionar al modelo, sea en protestas socio ambientales en los Andes y la Amazonía, o en masivas protestas de jóvenes contra proyec­tos de ley que consagran la semi esclavitud laboral. Desde el ámbito político electoral también se han expresado impug­naciones al neoliberalismo; el 2011 fue Ollanta Humala quien aglutinó electoralmente el descontento, y el 2016, la irrupción de Veronika Mendoza y el Frente Amplio demostraron que un sector, básicamente popular y sur andino, seguía incon­forme y dispuesto a explorar otras alternativas. Asimismo, si bien esta crisis no se ha expresado en masivas protestas calle­jeras, si ha revelado un malestar en la población que podría sumar al rechazo a la derecha neoliberal. Por ello, más allá de los deseos de los defensores del stablishment, la crisis y sus repercusiones pueden continuar, forzando realineamientos en los actores políticos

(Anti) fujimorismo y tecnocracia; ¿realineamientos post crisis?

Sin duda, uno de los grupos sacudidos por la última crisis es el fujimorismo, y con este también el denominado “anti fujimorismo”. No olvidemos que, si bien el régimen político neoliberal sobrevivió a la transición del 2000 con bastante éxito, el fujimorismo que lo instaló no salió incólume, gene­rando un fuerte rechazo en un sector de la población. La úl­tima década, mientras Keiko Fujimori concentraba un 30% de aceptación, un porcentaje similar la rechazaba, truncando sucesivamente sus posibilidades de llegar al gobierno. El “anti fujimorismo” se configuraba como un campo amplio de ne­gaciones y contraposiciones, donde a un extremo se ubican quienes, como Vargas Llosa, critican sobre todo el irrespeto fujimorista a la institucionalidad democrática y en el otro, quienes cuestionan el sistema neoliberal instalado en los 90, como Verónika Mendoza.

Justamente, es muy probable que los escasos 40 mil votos que le dieron el triunfo a Kuczynski, provinieran de quienes bus­caban cerrarle el paso al fujimorismo. Incluso la izquierda se sumó a esta evaluación, reconociendo, con justificadas razo­nes, que Keiko era el “enemigo principal” para la democracia. Pero si bien era de prever que la derecha tecnócrata empresa­rial coincidiría con la derecha mafiosa encarnada en el fuji­morismo en materia económica, no era tan previsible la tensa relación política que marcó el breve período PPKausa. Pese a que Kuczynski decidió no incomodar al fujimorismo como estrategia de sobrevivencia, el afán hegemonista naranja y su desesperación por librarse de las investigaciones de Odebre­cht, impulsaron la arremetida fujimorista. La primera vacan­cia demostró la debilidad de PPK y también su torpeza, pues para conservar el poder, nue­vamente apeló al fujimorismo, indultando al patriarca a cam­bio del apoyo de Kenji y diez congresistas que lo siguieron. En ese momento, ambas partes consiguieron lo que querían: PPK pudo conservar el cargo de presidente y Kenji obtuvo la libertad de su padre Alberto Fuji­mori y un mayor margen de maniobra en el parlamento. Pero en perspectiva, el indulto debilitó más todavía a PPK, agre­gando calle a una crisis hasta entonces parlamentaria, pues miles de jóvenes junto a organizaciones políticas y sociales se movilizaron protestando contra el indulto en distintas ciuda­des del país.

La renuncia de Kuczynski en marzo para evitar la vacancia ante la evidencia de compra de congresistas grabados al me­jor estilo fujimontesinsta, fue el colofón final de este breve intento del lobbismo y la tecnocracia local por dirigir direc­tamente los destinos del país. El fujimorismo también queda golpeado, demostrando no ser más el bloque cohesionado al que muchos temían. Los pleitos dinásticos entre Keiko y Ken­ji, y el silencio de Alberto, completan el cuadro de una familia en decadencia que de seguro perderá algo de aprobación en un sector del pueblo que por mucho consideraron un coto se­guro. Tampoco el “anti fujimorismo” se salva, pues el desastre del gobierno de Kuczynski fuerza a replantear la elección del mal menor y ha decantado las posiciones al interior del cam­po político. Probablemente, los sectores más institucionalis­tas, junto a la maltrecha tecnocracia, buscaran realinearse tras la figura de Vizcarra, resguardando en lo posible la de­mocracia neoliberal heredada del 92. Pero la izquierda y en general los sectores críticos al statu quo no tendrían por qué seguir esa pauta… por el contrario, podrían dar pasos hacia salidas transformadoras desde y para los desfavorecidos del modelo.

¿Salidas transformadoras? Darle un curso de la crisis

Por ahora, la juramentación del presidente Martín Vizcarra y del gabinete liderado por Cesar Villanueva, cuenta con el res­paldo más o menos explícito de las principales agrupaciones políticas y podría estabilizar en algo la movida coyuntura na­cional, pero está lejos de clausurar la crisis. Las investigacio­nes del caso Lava Jato seguirán confirmando la podredumbre en la clase política empresarial, y el Fujimorismo con Keiko a la cabeza continuará presionando al ejecutivo desde la ma­yoría parlamentaria que mantiene. A esto se agregan los in­tereses corporativos que presionan al Estado para favorecer sus intereses, como ocurre con las iglesias evangélicas o los dueños de universidades privadas. Todo ello en medio de un latente malestar e indignación ciudadana, expresado en un 58% de peruanos que apoyaron la vacancia[3], pero que a dife­rencia de lo ocurrido contra el indulto, no se expresaron esta vez en masivas marchas de rechazo.

Los grupos políticos de izquierda, matices más o menos, han insistido en denunciar una crisis de régimen y la necesidad de realizar cambios de fondo, que abarcan desde reformas urgentes a las reglas de juego electoral hasta la promulgación de una nueva Constitución. En medio del opaco consenso neoliberal, los planteamientos de las izquierdas irrumpen desordenando el escenario y preocupando a las élites, pero sin movilización popular y sin el compromiso de un sector importante de organizaciones sociales, pierden resonancia y potencial destituyente. Justamente, para lograr cambios de fondo hace falta fuerza en explicitar la crisis y remarcar lo decadente del régimen, poniendo en evidencia la captura del Estado por los poderes privados y la burda manipulación del marco democrático a favor de grupos de poder, tal como lo hizo la CONFIEP al invertir su dinero para levantar sus can­didatos o embarrar a los candidatos que pudieran amenazar sus intereses.

Orientar la crisis hacia una salida transformadora, requie­re entonces afirmar un momento destituyente que permi­ta avanzar en consolidar un nuevo poder constituyente, no como pasos mecánicos, pero si como procesos que manten­gan capacidad de denuncia, afirmen propuesta programática y levanten una nueva narrativa. Esto incluye también afir­mar nuevos ejes de antagonismo, recreando en la conciencia y accionar de los sujetos, otros discursos de impugnación al orden imperante, orientando el conflicto, denunciando la do­minación neoliberal y proyectándose hacia la construcción de nuevas relaciones de poder[4]. Hay la oportunidad de mover los ejes del antagonismo (anti) fujimorista a otro signado por la contradicción viejo orden constitucional injusto/nuevo or­den democrático y de justicia social, o pacto político empre­sarial/pueblo organizado, que aportarían sustantivamente a propuestas transformadoras.

La crisis continúa y todavía el régimen está desnudo; la de­recha neoliberal, sea en su variante lobista o fujimorista, se ha mostrado tal cual, sin respetar la institucionalidad, el sis­tema de justicia y mucho menos a la población. Asistimos a un momento clave, que bien podría derivar en la construc­ción de una nueva hegemonía político cultural que dispute y gane para las mayorías un sentido común favorable a nuevas reglas de juego y una nueva Constitución. Si algo traen las crisis es contingencia, lo que puede pasar puede también no ocurrir y, aunque para muchos sea improbable un desenlace favorable al campo popular, nada está dicho. Históricamente los grupos de poder en el Perú han sido hábiles en encontrar salidas que no alteren sus privilegios y pueden hacerlo ahora, limpiándose entre ellos y dando algo de aire a Vizcarra como pieza de recambio. Pero esta crisis puede generar oportuni­dades inéditas de acumulación y construcción política y en esa línea hace falta comunicar con fuerza qué orden se busca destituir, cual construir y con quienes. Podemos conformar­nos con un escenario de estabilización con algunos cambios legales o podemos insistir en abrir un nuevo ciclo, un proceso Constituyente donde los protagonistas sean los millones de peruanas y peruanos excluidos de derechos y bienestar que merecen (merecemos), una vida digna y un horizonte más emancipado.


[1] Socióloga. Docente de la UNMSM e integrante del Comité Editorial de Ojo Zurdo.

[2] Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: FCE, 2006.

[3] Encuesta IPSOS 12 de marzo, www.elcomercio.pe La misma encuesta señalaba que un 76% desaprobaba la gestión de PPK y un 80% desaprobaba la gestión del Congreso.

[4] Modonesi, Massimo 2010, Subalternidad, antagonismo, autonomía, Marxismo y subjetivación política. Buenos Aires: CLACSO/Prometeo Libres.