La frontera entre Colombia y Ecuador: migración silenciosa de comunidades afrocolombianas

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Angela Yesenia Olaya Requene1Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la misma institución. Durante el 2018 fue investigadora visitante en el Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center at Harvard University. Articulo producto de la tesis doctoral: “Vivir entre fronteras: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador. Memoria de los nuevos paisajes y reconfiguración territorial”.

En las últimas cuatro décadas la presencia de grupos armados en la frontera que Colombia comparte con Ecuador por el Pacífico sur colombiano, municipio de Tumaco, ha generado masivos flujos de migración forzada y búsqueda de refugio de miles de personas y familias afrocolombia­nas hacia territorio ecuatoriano. La disputa de tierra y territorios entre los grupos armados con fines al control y de­sarrollo de la cadena productiva del narcotráfico (cultivo, procesamiento y tráfico de drogas) ha tenido repercusiones en sus lugares, en la conformación de nuevas estructuras económicas vinculadas con las economías criminales, en los nuevos lugares de reproducción de patrones sociocul­turales, en la organización del trabajo rural, en las redes vecinales y de parentesco, y en la reconfiguración de los paisajes locales como “espacios del terror”.

En la zona fronteriza con Ecuador han hecho presencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -ahora disidencias-, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), neoparamilitares y en los años recientes carteles del narcotráfico colombianos y mexicanos, manteniendo un cruce de fuego constante en la disputa por el control de tierras y territorios con fines a los cultivos ilícitos. La presencia de grupos armados se explica por el abandono del Estado a esta región, ya que les ha permitido controlar los territorios y ejercer acciones de violencia contra las comunidades en total impunidad. Según el Centro Latinoameri­cano para el Desarrollo Rural (2017), en este lugar persisten los niveles más altos de pobreza y subdesarrollo estructu­ral del país, contexto que facilita la incursión e instalación de grupos armados y la movilización de sus economías ile­gales (drogas, armas, secuestros, tráfico de personas y com­bustibles) y deja a las comunidades locales a merced de las actividades ilícitas (principalmente narcotráfico).

Para los pobladores locales la participación “voluntaria” o forzada en las economías del narcotráfico muchas veces es la única alternativa real que tienen para sobrevivir en sus espacios rurales. O se dedican a los cultivos ilícitos y se los venden a los grupos que controlan los territorios, o son desplazados, o se unen a los miles de colombianos que han cruzado las fronteras nacionales huyendo de las violencias armadas. Las economías de subsistencia de las familias tratan de sobrevivir en medio de una espacialidad atiborrada de cultivos ilícitos en territorios que persisten históricas desigualdades sociales; generando un progresivo empobre­cimiento de los territorios y transformando el significado histórico que las comunidades han construidos sobre sus territorios en experiencias cargadas de miedos, angustias y vivencias en la guerra.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, un promedio de 400 personas afrocolombianas al mes ha cruzado la frontera entre Colombia y Ecuador en el 2016, huyendo de los horrores de la guerra. En el 2017 al menos 1.500 personas en Tumaco se vieron obligadas a desplazar­se debido a combates de grupos armados (Ocha 2017). En el 2018 el 90% de los miembros del Resguardo Indígena Awá de Inda Guacaray (451 personas) se encontraban en situación de desplazamiento forzado, a la vez que 648 personas afrocolombianas fueron desplazadas en la zona urbana del municipio (Ocha 2018). Sin embargo, fue en la década de los 90 hasta el 2004 donde se registró el mayor número de afrocolombianos solicitantes de refugio en Ecuador, con un promedio de 1.300 y 1.400 personas al mes. Es impor­tante resaltar que pese a los esfuerzos de organismos in­ternacionales como la ACNUR, para visibilizar las trayec­torias de las personas que huyen de las violencias armadas en la zona fronteriza con Ecuador, el Estado colombiano cuenta con un débil registro sobre los flujos de migración forzada con alcance trasnacional. Esta situación dificulta visibilizar los efectos del conflicto armado y el narcotráfico en estas poblaciones, así como el desarrollo de medidas de reparación y no repetición, a las víctimas en el país.

Analizar los efectos de la migración forzada transfronte­riza en el contexto del conflicto armado implica compren­der a cabalidad los sentidos y significados que le atribuyen las comunidades afrocolombianos a sus territorios. Dado que, los efectos de los desplazamientos forzados, despojo de tierra y territorios, y la búsqueda de lugares de refugio transitorio o de asentamiento en más de 60 años de con­flicto armado, han suscitado procesos de desarticulación del tejido social comunitario y territorial en gran parte de estas comunidades. Convirtiendo la espacialidad de sus te­rritorios en testigos físicos de la guerra y el destierro. En los últimos años veredas como el Congal, Bocana Nueva y Cacagual han reducido notablemente su población como consecuencia de las confrontaciones armadas. Otras vere­das como San Jacinto y la Barca han desaparecido a conse­cuencia de las inundaciones y desbordamientos de ríos y mareas que amenazan frecuentemente la zona fronteriza al ser una región de alta pluviosidad y donde se carece de medidas de contingencia y planes de reubicación de la po­blación veredal. Es recurrente que las personas y familias experimenten desplazamientos interseccionales; es decir, se han visto obligados a desplazarse tanto por las inunda­ciones y desbordamientos de ríos como por los constantes desplazamientos forzados ocasionados por los grupos armados.

Por su parte, las economías extractivas han configurado una espacialidad de la frontera nada más para la movili­dad de capital en deterioro de los recursos naturales y las formas de organización socioterritorial de las comunida­des. Sumado a ello los yacimientos de oro y las fuentes de hidrocarburos (petróleo) en el Pacífico sur, motivan un au­mento en la presencia de grupos armados que se involu­cran en la explotación de los recursos naturales, como for­ma no sólo de financiación de sus actividades ilícitas, sino también como un medio de incrementar su poder. En la frontera colombo-ecuatoriana grupos armados han incur­sionado en actividades económicas extractivas (cultivos de palma africana y explotación maderera) lo que agudiza más la disputa por el control de territorios y su población. Líderes de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y Bajo Mira y Frontera han denunciado ante la Unidad de Restitución de Tierra la expropiación y compra ilegal de sus territorios por parte de empresas palmeras que, duran­te 1995 y 2005, estuvieron vinculadas con el narcotráfico y la financiación del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las prácticas de legibilidad migratoria en Colombia desconocen el impacto de la migración forzada con alcan­ce transnacional en este territorio. La frontera es visible cuando el gobierno ejecuta acciones militares en su lucha contra el narcotráfico o bajas a las disidencias de las FARC negando los rostros y trayectorias de la población migran­te. Una cuestión resulta insoslayable en los procesos de cruce fronterizo: la salida constante de mujeres, jóvenes y adultos que dejan el país en busca de mejores condiciones de vida. En estas personas el peso central del fenómeno mi­gratorio sigue descansando en la ausencia de expectativas y oportunidades para crear un proyecto de vida en nues­tro país. Los orígenes de esta migración también se dan en el escenario de las profundas desigualdades sociales en la región. No obstante, los flujos de migración se ensamblan además con las violencias armadas, los despojos y economías del narcotráfico, que no son el fin último; constituyen tan sólo el eslabón de un gran proceso de nuevas trayecto­rias y construcción de territorios de las personas afroco­lombianas. Estos escenarios transforman abruptamente a la frontera en una “espacialidad de las violencias” que re­configura los contextos comunitarios, las redes familiares y los vínculos de las personas con los lugares.

Se requiere entonces, trabajos articulados entre el Estado, organizaciones sociales, comunidades y academia para construir una cartografía del conflicto armado en la fron­tera colombo-ecuatoriana, con el objetivo de mapear los lugares del despojo, las trayectorias de los desplazamientos y migraciones forzadas, y los nuevos arraigos territoriales más allá de la frontera nacional. Este sería un punto de partida para conocer desde las voces de las comunidades las trasformaciones que han experimentado en el contexto del conflicto armado y construir medidas de reparación colectiva a las víctimas. Teniendo en cuenta, además, que la migración forzada de afrocolombianos ahora incluye nue­vas trayectorias: Chile. Este país el nuevo escenario para la llegada de cientos de afrocolombianos provenientes de Tumaco, Buenaventura y Barbacoas que huyen de la pobreza y el conflicto en Colombia.

Fuentes:

Caracterización territorios PDET Pacífico-FIDA. Centro La­tinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) (2017). Recuperado en: https://rimisp.org/wp-content/files_mf/ 1514264326FIDA_Caracterizacio%CC%81nPDETPACIFI­CO_2017.pdf[15 de noviembre de 2018].

– Una guerra sin edad: Informe nacional de reclutamien­to y utilización de niños, niñas y adolescentes en el con­flicto armado colombiano. Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Recuperado en: http://www.centro­dememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2018/ una_guerra-sin-edad.pdf

Colombia-Desplazamiento masivo Tumaco, Nariño, Ofici­na de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Nacio­nes Unidas (2017) https://www.humanitarianresponse. info/en/operations/colombia/document/colombia-des­plazamiento-masivo-tumaco-nari%C3%B1o-flash-up­date-no-1-13102017. [15 de noviembre de 2018].


[1] Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la misma institución. Durante el 2018 fue investigadora visitante en el Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center at Harvard University. Articulo producto de la tesis doctoral: “Vivir entre fronteras: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador. Memoria de los nuevos paisajes y reconfiguración territorial”.

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