Indulto Navideño: la impunidad del neoliberalismo

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Goya Wilson y Rafael Salgado[1]

Es difícil pensar en términos de crisis del neoliberalismo des­pués del «regalo navideño» otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al fujimorismo, el cual legitima las políticas neoliberales implementadas en los años 90. El indulto al dic­tador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, había sido públicamente des­estimado por el mismo Kuczynski y su entorno, e incluso se había negado en reiteradas ocasiones que existiese un pro­ceso en curso en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Aún ahora se sigue negando, y no es posible acceder al expediente porque el MINJUS se rehúsa a entregarlo a pe­sar de la solicitud de la Defensoría del Pueblo. La negativa a entregar los expedientes ha sido una práctica sistemática de las fuerzas armadas frente a las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué se intenta ocultar?

No es que estemos en contra de la categoría del indulto hu­manitario, es que nos queda claro que el indulto a Fujimori fue otorgado por razones políticas y no por razones humani­tarias. “Nadie debería morir en la cárcel”, dijo el ex presidente Ollanta Humala y estamos totalmente de acuerdo. Sin embar­go, en su gobierno y en todos los otros, casos como el de Jaime Ramírez Pedraza, que murió en la cárcel con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), son ejemplos de una realidad en la que un indulto político se reviste de humanitario, mientras otros mueren en prisión esperando un poco de humanidad.

El indulto como pieza de negociación política

Desde que Alberto Fujimori fue condenado, la posibilidad de un indulto humanitario al reo fue una constante en la políti­ca peruana. Cada crisis de los últimos gobiernos traía consigo un anuncio sobre un posible indulto. Tanteaban el escenario, mientras públicamente generaban un debate sobre su salud, las condiciones de su celda o sus visitas. En el gobierno de Humala se discutió esa posibilidad, intentándolo asociar con la reconciliación, como si el indulto fuese un paso necesario para esta, y no una medición de fuerzas entre grupos políti­cos buscando o reafirmando cuotas de poder. En esta ocasión, la crisis casi terminal de PPK devino en negociación política a espaldas de la ciudadanía, sellando un pacto de impunidad.

En diciembre último, el indulto a Fujimori estuvo ligado al proceso de vacancia impulsado contra Kuczynski por delitos de corrupción, al hacerse público el nexo de sus empresas con el caso Odebrecht. La libertad de Fujimori, apareció, así como un burdo intercambio: El indulto del patriarca Fujimo­ ri a cambio de mantener la presidencia de Kuczynski. Cierto, pero es más profundo. El indulto mostró la vigencia de la ar­ticulación entre sectores políticos-grupos económicos-secto­res militares, consolidada durante el gobierno fujimorista. Lo que se busca es legitimar esta articulación y el sistema que sostienen, dejando impunes todos los crímenes cometidos.

El mensaje más claro que nos deja el indulto es la impunidad. Por un lado, porque se libera a un criminal de lesa humani­dad que aún tiene juicios pendientes; por otro lado, porque se mantiene en el gobierno a corruptos con claros indicios de delitos y con investigaciones en curso. Pero también, es una forma de decirnos que el sistema neoliberal implantado por la Constitución de 1993, que vulnera diariamente nuestros derechos, sigue vigente y puede profundizarse. Además, que continúa teniendo un alto respaldo de sectores internacio­nales neoliberales que apoyaron su implementación en esos años, y a quienes no les molesta la impunidad ni las violacio­nes a los derechos humanos, siempre y cuando se mantenga el régimen político que articula en Perú la globalización fi­nanciera.

Las mismas declaraciones de Kuczynski fueron más allá de las «razones humanitarias», al calificar los crímenes del ré­gimen fujimorista como «excesos» y «errores». Este no es un discurso nuevo, ha sido largamente repetido desde la derecha peruana. Lo nuevo fue el lugar de enunciación: Nada menos que la presidencia de la República. Al sumarse Kuczynski, se demuestra y legitima un discurso homogéneo de la derecha peruana, incluso de aquella que se presentaba como alterna­tiva al fujimorismo. En ese discurso, las demandas de las víc­timas por verdad y justicia, son equiparadas con un discurso de odio. ¿Qué pretende el presidente al decirnos «la justicia no es venganza»? Si nunca lo ha sido para las familias y quienes han luchado por estas demandas. Se trata de deslegitimar las décadas de luchas de diversos grupos para obtener algo al me­nos cercano a la justicia, pues lo que hasta hoy se ha obtenido es indiferencia e impunidad.

Impunidad y reconciliación en el Perú de hoy

Catorce años después de entregado el informe de la CVR, mi­les de casos continúan impunes. Aún hoy miles de familiares que llevan décadas buscando a sus desaparecidos sin encon­trar justicia. El discurso de “voltear la página” legitimado con el pacto de impunidad, a través del indulto y la gracia presi­dencial concedida a Fujimori, envía otro mensaje claro: No hay voluntad política para afrontar crímenes de lesa huma­nidad, como el caso Pativilca (1992) hoy en el fuero penal. Esta situación es más compleja aún para las y los familiares o ex militantes del MRTA o SL, quienes, habiendo sufrido tortura, violación, desaparición, o asesinatos, no pueden ser conside­rados víctimas según la legislación peruana.

Desde el mismo momento de su anuncio, el indulto ha susci­tado un masivo rechazo. En las calles, diversas convocatorias a nivel nacional movilizaron a miles de personas evidencian­do no solo el alto rechazo al indulto y todo lo que significa en términos de impunidad y continuidad neoliberal, sino tam­bién la vigencia de las luchas por la defensa de la democracia, la vida y los territorios. En esta diversidad de luchas que van camino a articularse, es la juventud la que ha demostrado mayor dinamismo y capacidad de superar el estigma de los grupos de poder, que los califica de terrucos o cuestionan que no tienen memoria porque no vivieron el pasado reciente. Ahí están ellos y ellas, demostrando que rechazan las conse­cuencias que dejó el fujimorismo, y que la memoria es más que la sola vivencia, que es más bien la forma de reinterpretar el pasado, para cuestionar el presente y construir el futuro. Por ello tenemos delante el reto de lograr articular todas es­tas expresiones de descontento con la realidad que vivimos. Debemos reconstruir ese tejido social que destruyó la guerra y la dictadura para luchar por construir objetivos comunes donde ninguna lucha sea más importante que la otra, porque entendemos que al final todas hacen parte de la lucha contra este sistema.

El gobierno de PPK sabía que mantener esta situación de im­punidad no era fácil. Por ello activaron todo tipo de mecanis­mos, un marketing social y político de lo que llaman reconci­liación. En realidad, tras ese discurso de reconciliación, hay una manera de imponer cierto uso de la memoria para crear y mantener división entre diferentes sectores de la sociedad peruana, y sobre todo para eliminar toda oposición o cons­trucción de propuestas alternativas a dicho sistema. Se busca acabar con nuestra memoria para seguir reforzando la idea que no hay cambio posible.

Si bien es cierto el conflicto armado interno terminó hace años, muchas de las medidas implementadas en esos años continúan. No hablamos solamente de las políticas neolibe­rales y de los impactos que han tenido a nivel económico, social, cultural, ambiental y político. Hay un conjunto de me­canismos implementados en estos años tanto para construir un sentido común favorable a estas políticas neoliberales, como para eliminar toda resistencia-disidencia. Así, para la construcción de ese sentido común se activan diversos me­canismos del marketing de la reconciliación y mecanismos legales expresados principalmente en la legislación antiterro­rista promulgada durante el Fujimorismo, la que pese a cier­tas modificaciones sigue vigente, y es usada en los procesos legales que se desarrollan contra todo aquel que cuestione el actual modelo: Desde los que luchan por la defensa de sus te­rritorios hasta las luchas LGTBI+.

En esta polarización de la opinión pública y de las organi­zaciones sociales, quedan de un lado quienes al demandar verdad y justicia son tildados de “terroristas”, y de promover odio. Mientras que del otro lado estarían quienes promueven la reconciliación, quieren dar vuelta a la página y vivir en paz. Ese discurso es uno de los mecanismos utilizados, una vez más, para mantener viva la idea del terrorismo, y se agrava al utilizar a las y los ex-militantes de Sendero o el MRTA para demostrar su vigencia, aún si han reconocido sus responsa­bilidades, pedido perdón, cumplido sentencias, expresado su renuncia al uso de la violencia, y reclaman su derecho a la reinserción social y política. Todo eso es también dirigido a sus familiares, quienes ni siquiera fueron parte de los grupos armados, reproduciendo una peligrosa estigmatización.

Al implantar esa división entre los que quieren la “reconci­liación” y los que no, se limita la posibilidad de complejizar el entendimiento sobre lo ocurrido en esos años, así como de lograr construir una sociedad diferente a aquella que produjo la guerra y todas sus consecuencias, entre ellas, la deshuma­nización de los otros y otras. Es además útil para simultánea­mente legitimar los pactos resultantes de las luchas de poder entre las élites políticas del país y deslegitimar la protesta social y política que se oponga. Estas élites utilizan diversos tipos de violencia como forma de imponer sus decisiones. No por nada se le tilda de terrorista a toda protesta social, como forma de justificar y legitimar la activación de los mecanis­mos de violencia estatal: Represión y acoso policial, detencio­nes ilegales y los estados de emergencia. La violencia sigue siendo la manera de afrontar las diferencias, aun cuando es diferente e incomparable a lo vivido durante el conflicto ar­mado interno, es definitivamente unas de sus herencias más visibles: Violencia en la vida cotidiana, violencia política, vio­lencia estructural.

No hay forma de construir reconciliación sin verdad ni jus­ticia. Las víctimas somos ejemplos vivientes de un proceso que al fin y al cabo afectó a toda la sociedad, para quienes la justicia no es ni odio ni venganza. Es la forma en que como so­ciedad podemos aprender que las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y todos los crímenes cometidos en esos años, nunca debieron suceder. En ese sentido no habla­mos de imponer una verdad, sino de aceptar que hoy existen muchas formas de recordar y entender qué y por qué se dio el conflicto armado interno. La reconciliación debería ser la vía para poner a dialogar estas memorias, no imponerlas, en­contrar caminos para construir un país en el que no vuelvan a haber razones para sentir que la violencia es la forma de re­solver nuestros problemas, y poder imaginar otras maneras más justas de vivir colectivamente.


[1] Activistas por la memoria e integrantes de Hijxs de Perú.