Fujimorismo y crisis de régimen: Discursos y política en el Perú

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Alonso Marañon[1]

El 2017 tuvo un álgido final político, que recordaba a cuan­do el 27 de diciembre de 1999 Alberto Fujimori anunciaba sorpresivamente su tercera candidatura a la presidencia. Esta vez también sucederían eventos importantes. El 21 de diciembre del 2017 el Congreso votó en mayoría impedir la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, impulsada por el Frente Amplio y parte de la bancada fujimorista. Varios congresistas y representantes oficialistas afirmaron que la gobernabilidad y la institucionalidad habían triunfado. Por un breve momento se intentó crear la ilusión de que un dis­curso liberal-republicano se imponía sobre los ánimos más contestatarios y/o populistas. La realidad desmentiría todo ello. El 24 de diciembre, en plenas vísperas de navidad, PPK decidió indultar al ex dictador Alberto Fujimori, sellando así un pacto de impunidad con el bando de Kenji Fujimori, cu­yos votos congresales fueron claves para impedir la vacancia. La noticia se difundió rápidamente por todos los medios de comunicación. Las marchas y la indignación no tardaron en llegar. Nuevamente el fujimorismo y su discurso marcaban la pauta de la política peruana.

De los 90 a nuestros días: El (anti) fujimorismo como referente en la política peruana

Habrá que remontarse, al menos, hasta el 5 de abril de 1992 para comprender los discursos que brindan sentido a la polí­tica peruana. En dicha fecha Alberto Fujimori, a través del fa­moso autogolpe contra el régimen de los años ochenta, impu­so el relato principal que hasta hoy en día nos rige como país: La terrible época del terrorismo y la hiperinflación fue supe­rada mediante la combinación de la “mano dura”, la “antipo­lítica” y un Estado centrado en la promoción de la inversión privada. Los elementos de este discurso existían ya previa­mente en el sentido común, construidos durante el proceso político de los años ochenta, y el gobierno de Fujimori supo cómo combinarlos adecuadamente para su acumulación del poder. Actualmente el discurso fujimorista exalta continua­mente que su resultado más exitoso es la estabilidad socioe­conómica, un hecho sin parangón en la historia peruana.

La “fórmula del éxito” inaugurada por Fujimori ha sido im­plementada continuamente por los distintos gobiernos na­cionales del siglo XXI. La “Marca Perú”, inaugurada durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), puede ser considerada una de sus ejemplificaciones más explícitas: El Perú es una marca que compite internacionalmente para atraer turistas e inversiones. Como consecuencia lógica de lo anterior, el “desarrollo” vendría automáticamente, con los resultados que ya conocemos. A nivel local y urbano ha sucedido algo similar. El relato iniciado en los años noventa ha dado forma a un “fujimorismo urbano”: Ciudades donde prevalecen los malls y los intereses privados por sobre los es­pacios e intereses públicos.[2] Para los que no estén de acuerdo con estas ideas, y se atrevan a protestar, siempre estarán los policías o los militares.

La dimensión represiva del relato noventero, expresado principalmente en el autoritarismo del gobierno de Fujimo­ri, dieron elementos para la construcción de una narrativa medianamente alternativa: El antifujimorismo. Este relato señala que Alberto Fujimori encabezó una dictadura que con­centró el poder, saqueó el Estado y cometió crímenes de lesa humanidad. Los resultados de sus acciones se manifiestan aún ahora en la precaria institucionalidad del Estado y la te­rrible influencia de la bancada fujimorista en el Congreso. El evento político que consolidó al antifujimorismo, influyendo en la memoria peruana de gran manera, puede remontarse a la Marcha de los Cuatro Suyos, cuándo miles de personas se manifestaron contra la segunda reelección fraudulenta de Fujimori en el 2000. Una gesta heroica que muchos defien­den como el acto que hizo caer posteriormente al ex dictador. Sin embargo, a diferencia del primer relato, este posee con­tornos muy imprecisos. En las versiones más moderadas del antifujimorismo, se considera que durante los años noventa el gobierno, a pesar de sus accio­nes, lideró reformas importan­tes (especialmente económicas) que a la actualidad han traído estabilidad y prosperidad para todos los peruanos. En las ver­siones más radicales, hay una frontal crítica a toda la herencia del fujimorismo, pues se considera que inició un periodo de mayor desigualdad social y de una cultura que solo promueve la iniciativa individual a expensas del bienestar colectivo. Ambas vertientes conviven, con una predominancia de la primera, desde los años noven­ta hasta la actualidad. La vigencia del fujimorismo en el siglo XXI ha reavivado el antifujimorismo, especialmente durante los periodos electorales. La muchedumbre ha sido su forma de manifestación colectiva: una coalición temporal de indi­viduos indignados y volátiles organizaciones que se juntan para decir “NO”[3]. No al regreso a la dictadura, no a las esteri­lizaciones forzadas, no al narcoestado, etc. La muchedumbre no posee horizonte político pues tiene como única función impedir el regreso del fujimorismo a la conducción del go­bierno nacional. Al darse por finalizada esta tarea, el antifuji­morismo se repliega.

Discurso y acción política contestataria como respues­ta a la crisis

¿Existe un tercer relato que sea clave en la política nacional desde los años noventa? Si bien no como algo precisamente constituido, puede afirmarse que hay un ánimo contestatario que cada cierto tiempo, por ejemplo, en procesos electorales o en momentos de conflictos sociales, incomoda a las élites peruanas y su narrativa fujimorista. El ánimo contestatario no posee un discurso que integre los hechos políticos de las últimas décadas y les brinde un sentido que promueva la ac­ción política de amplios sectores del país. No obstante, este ánimo comprende que el Perú no anda tan bien como lo afir­man los gobiernos nacionales. Por momentos se confunde con el antifujimorismo más radical, por la crítica frontal a las reformas de los noventas y por la forma muchedumbre de ac­ción colectiva, pero sus momentos de expresión no solo están circunscritos a los intentos del fujimorismo por apoderarse del gobierno nacional. En el 2006 y 2011 el ánimo contesta­tario apareció con fuerza bajo la candidatura presidencial de Ollanta Humala, y en los siguientes años bajo las candidatu­ras de Verónika Mendoza y Gregorio Santos. Lo que tuvieron en común fue su discurso de cambio de modelo económico y nueva constitución. Asimismo, en los conflictos sociales, como el Baguazo o el sucedido en torno a la Ley Pulpín, se ha puesto en cuestión la formula noventera del éxito y se han dado pequeñas gestas de victorias frente a los gobiernos na­cionales.

La narrativa contestataria también es invocada por el mismo discurso del desarrollo cada vez que este busca justificar al­gún aspecto negativo de sus promesas, como si fuera su “ex­terior constitutivo”[4]. Por ejemplo, cada vez que decae el creci­miento económico, aparecen políticos o “especialistas” en los medios de comunicación que afirman que la culpa del subde­sarrollo del país la tienen los manifestantes o los candidatos “antimineros”. Según esta versión, si estas personas llegaran al poder existiría el peligro de volver a la época del terrorismo y la hiperinflación. O peor aún, el Perú podría volverse como Venezuela. De esta manera el discurso del desarrollo conti­nuamente precisa de invocar una amenaza contestataria.

Los discursos y el ánimo descritos anteriormente han estado presentes en el contexto peruano y específicamente en la co­yuntura de marchas contra el indulto y por la salida de PPK y demás fuerzas políticas. Las narrativas conviven y a su vez están en disputa unas con otras. El discurso nacido el 5 de abril de 1992 está expresado en el pacto de impunidad entre el presidente y el fujimorismo. El mensaje ha sido claro: lo importante es mantener la vigente estabilidad política y eco­nómica, a pesar de los límites institucionales y los hechos de corrupción. En este sentido, el indulto a Alberto Fujimori significa el ataque directo a ciertas bases políticas de la tran­sición del 2001. El actual régimen democrático, influenciado por el discurso antifujimorista en sus inicios, se estableció so­bre tres premisas: En primer lugar, mantener intacto el mo­delo económico inaugurado en los años noventa; en segundo lugar, restablecer la institucionalidad liberal socavada du­rante los años noventa; en tercer lugar, como profundización de lo anterior, procesar a Alberto Fujimori por los crímenes cometidos durante su gobierno. La segunda y tercera premisa han sido prácticamente diezmadas en la navidad del 2017 y en los hechos de inicios del 2018. La intención del Congreso de desconocer los fallos internacionales que buscan revertir el indulto, y otras acciones de similar magnitud como la des­titución de miembros del Tribunal Constitucional, auguran que el pacto de impunidad se profundizará en los siguientes meses. Por ende, el vigente régimen político puede encontrar su final muy pronto.

En respuesta a las decisiones de las principales fuerzas polí­ticas, la muchedumbre antifujimorista ha vuelto momentá­neamente a las calles. Sin embargo, en esta ocasión su desafío es mucho mayor al que normalmente acostumbra. No es un período electoral donde todo se decida con una mayoría en segunda vuelta. Asimismo, ante los hechos de corrupción en torno a Odebrecht y su relación con todos los gobiernos, está quedando expuesto que la disputa por el poder va más allá que solo evitar el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo. Atendiendo a estos sucesos, ciertos actores de la izquierda han comenzado a promover, más por un ánimo contestatario que por un programa o discurso claramente definido, la opción de una Asamblea Constituyente para alterar las bases del poder en el Perú. Una elección nada descabellada ante un escenario que expresa los límites del discurso fujimorista, pero que aún tiene que sortear los vaivenes del sentido común para ganar un amplio consentimiento entre la población.

En suma, el actual contexto está abierto a una modificación de los discursos que han ordenado la política peruana. Sería un error analizar dichos discursos como si fueran bloques to­talmente constituidos que no estén sujetos a cambios en el proceso de lucha. Por ello se vuelve importante comprender los elementos que brindan o pueden brindar sentido a la acción política, pues pronto podría haber una reconfiguración. Para lanzar hipótesis sobre las formas que asumirían dichos cambios, debe comenzar una discusión en torno a los ele­mentos del actual sentido común.


[1] Politólogo y militante de izquierda.

[2] Daniel Ramírez Corzo, “Revuelta urbana y derecho a la ciudad: más allá de la ciudad popular”. En: Ojo Zurdo, N°3. Lima, 2017.

[3] Álvaro García Linera, “Crisis estatal y muchedumbre”. En: Observatorio Social de América Latina, OSAL, N°10. Buenos Aires: CLACSO, 2003.

[4] Ernesto Laclau, La razón populista. México, Fondo de Cultura Económica, 2005.