Esperanzas capturadas

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Bernardo Corrêa[1]

«Él eligió el dinero en vez del poder, un error que en este pueblo casi todos cometen. Dinero es la gran mansión en Sarasota que empieza a caerse a pedazos luego de diez años. Poder es el viejo edificio de roca que resiste por siglos».

Frank Underwood, House of Cards, 2013

Quien visita el distrito de Chorrillos en Lima puede avistar en el Morro Solar, frente al mar del Pacífico, una estatua que es prácticamente una réplica en menores proporciones del Cristo del Corcovado en Brasil. El denominado “Cristo del Pacífico”, que tiene 22 metros de altura, costó más de 830 mil dólares y fue un regalo de Odebrecht al entonces presidente del Perú, Alan García. Esta anédota demuestra al mismo tiempo la farsa y la tragedia de la proximidad entre las empresas brasileñas y los gobiernos peruanos. Si bien la empresa Odebrecht, se hizo recientemente conocida por el escándalo de corrupción, inició operaciones en Perú el año 1979, a fines de la dictadura de Morales-Bermúdez, con una significativa “ayuda” de la dictadura militar brasileña de entonces. A lo largo de estos casi cuarenta años, la empresa hizo muchas obras y actuó frecuentemente en convenio con empresas locales, tales como Graña y Montero en las obras de la Interoceánica y el Metro de Lima, ambas hoy investigadas por corrupción.

Actualmente, lo revelado por la Operación Lava Jato en Brasil, tiene repercusiones políticas de alcance internacional. Pese a tener como epicentro ese país, en tres años, la Operación ha llegado a abarcar 37 países con 159 acuerdos de cooperación jurídica internacional para el intercambio de pruebas de corrupción y lavado de dinero por el mundo. De acuerdo con la investigación del equipo de periodistas del portal peruano Convoca, la Operación Lava Jato involucra a más de diez países en América Latina y más de setenta agentes públicos, entre ellos seis presidentes y ex presidentes.

Se trata de una verdadera colusión público-privada donde no opera la distinción entre gobiernos de la vieja izquierda y de la derecha de siempre. Sin embargo, algunos sectores de esta izquierda lato sensu se quejan de selectividad en las investigaciones. Denuncian Lava Jato como una “conspiración imperialista” orientada a atacar la industria “nacional” del agronegocio y de la construcción civil brasileña para imponer una implacable ofensiva económica y política sobre toda izquierda latinoamericana. Pero la investigación implica también a gobiernos ligados a la derecha. La prisión de figuras como Cunha y Paes del PMDB brasileño y la reciente investigación sobre el ilegítimo presidente Temer y Aécio Neves, candidato de la oposición derechista al gobierno de Dilma Rousseff en 2014, revelan lo extendido de esta trama corrupta. La triste novedad es que proyectos como el gobierno de Lula en Brasil o el gobierno de Ollanta Humala en Perú, fueron deglutidos por el sistema de captura corporativa, consiguiendo que las esperanzas de quienes los llevaron al gobierno, fueran traicionadas y sobre todo capturadas por el escepticismo político; un terreno fértil para el populismo y la derecha.

Estos gobiernos que traicionaron las esperanzas de cambio, heredaron las características del ciclo anterior y aunque puedan parecer víctimas de sus aliados, pasaron a formar parte orgánica de la expansión de los negocios de los de arriba, aplicando objetivamente un programa que, pese a incluir algunas concesiones, contenía los rasgos conservadores esenciales de las derechas. En un ciclo económico expansivo estos dirigentes recibieron como premio a su capitulación amplios financiamientos para campañas electorales y acceso a los salones de la élite. Mientras fueron útiles, las fracciones de la clase dominante con las cuales se aliaron los utilizaron para contener luchas sociales y generar consensos con los de abajo. Sin embargo, con el azote de la crisis económica y la presión empresarial, implementaron inmediatamente medidas de ataque a los derechos sociales (como el ajuste fiscal de Roussef o la Ley 30230 de Humala) que los llevaron a perder la confianza de quienes les habían elegido para implementar un programa de cambios, y también a dejar de ser útiles para la clase dominante.

Corrupción y cooptación: Mediaciones de la reproducción del capital

El capitalismo no es solamente un modo de producción de mercancías y beneficios. Es a la vez acumulación y dominación política. Para ser efectiva, la dominación necesita legitimarse por medio de la construcción de consentimientos, evitando el uso de la fuerza en momentos desfavorables. Para garantizarlo, corromper y cooptar se constituyen como importantes mediaciones del sistema, en las que el Estado es un agente preponderante. Gramsci ya había dicho que entre el consenso y la fuerza está la corrupción-fraude.

Una mirada más global sobre el fenómeno, puede ayudarnos a comprender cómo las intersecciones de intereses políticos y económicos fueron funcionales a la expansión en gran parte de latinoamerica de las empresas transnacionales de capital originado en Brasil. La corrupción estuvo mediando esta expansión, justificada por el discurso de la integración regional.

La expansión internacional de los capitales brasileños fue una política de gobierno, sostenida por el enorme financiamiento público desde el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Durante el gobierno de Lula da Silva, el BNDES profundizó un patrón de acumulación del capitalismo brasileño iniciado con las privatizaciones, basado esencialmente en la formación y fortalecimiento de conglomerados privados fomentados con recursos públicos. Los contactos públicos se convirtieron en catalizadores para nuevos negocios de las empresas multinacionales brasileñas que además de mercancías y servicios, exportaron también el modus operandi de la corrupción. Tales mediaciones van mucho más allá del reclutamiento de dirigentes de las trincheras opuestas; forman parte de un proceso de reestructuración de la lucha de clases, de efectos macroeconómicos mucho más grandes de lo que aparentan.

¿Integración regional o captura de nuevos mercados?

En los casos que involucran a Brasil y Perú, la falacia de la “integración” fue claramente utilizada para legitimar las conexiones público-privadas. Las denuncias, provenientes de la delación del ex presidente de la empresa Camargo Corrêa, indican que de 2005 a 2008, la empresa habría pagado sobornos a altos funcionarios peruanos para la construcción de la Inter- oceánica. Este período comprende el final del gobierno de Toledo y el comienzo del mandato de Alan García y coincide con el final del primer e inicio del segundo mandato de Lula como presidente de Brasil. Así, bajo la supuesta agenda de “integración regional” vía Mercosur, el proyecto de la Inter-oceánica era presentado como prioritario por el gobierno brasileño en la política con los países vecinos, Sin embargo, la promesa de integración realmente no se concretó. Ni siquiera la exportación de los productos peruanos aumentó significativamente para Brasil por esta vía. Según el periódico Perú 21, de los US $ 1,2 mil millones generados por las exportaciones de Perú a Brasil en 2016, solamente US $ 21 millones fueron por la Inter-oceánica, o sea, menos del 2%. La cantidad incluso es menor a los 28 millones de dólares exportados en 2010 cuando se concluyó la obra. En realidad, el sector exportador brasileño buscaba abaratar el comercio de sus mercancías con Asia, sin tener que pasar por el Canal de Panamá. Vale preguntarse: ¿Quién efectivamente se benefició del proyecto? Sin duda quienes recibieron la coima y las empresas encargadas de la obra. La “Operación Castillo de Arena” reveló una trama de corrupción que involucra a las principales empresas de la construcción civil y agentes políticos en Brasil y Perú, por medio de adiciones contractuales y crecimiento exponencial del costo de las obras.

Debido a la condición dependiente de la economía latinoamericana, la formación de nuevos capitales pasa necesariamente por la “colaboración” público- privada. Una parte de la demanda es externa, efectiva en medio de intercambios desiguales por la exportación de materias primas, pero una parte importante es asumida por el Estado. Así, con un alto índice de endeudamiento público, el Estado se convierte en creador de mercados e inductor de inversiones. De acuerdo con Marini (1973)[2], una de las características de nuestra dependencia es que vivimos bajo condiciones de superexplotación del trabajo, o sea, de remuneración menor al costo de reproducción. Vivimos una permanente compresión del consumo de los asalariados y el típico problema de la realización acompaña el desarrollo de nuestras economías.

Así, para impulsar estacionalmente el consumo de los de abajo, además del crédito bancario con altas tasas de interés a costa del endeudamiento de las familias, las burguesías locales se especializaron en “construir pirámides y cavar agujeros” financiadas por la inversión estatal pues, como aconsejaba Keynes, aumentaría el empleo y la renta. El Estado ha jugado un papel central en la propensión a la inversión de los capitalistas. Los países con más capital acumulado, como Chile, Argentina y Brasil, además de absorber una parte de la demanda interna, a través del Estado inductor, también absorben la demanda de otros países con menos capital acumulado, exportando mercancías de consumo básicas y servicios de infraestructura.

Con la entrada de nuestro continente a la financierización mundializada y la gestión del mercado de capitales, la mayor concentración también ha fortalecido la presencia de lo que Bujárin[3] calificó como la “psicología del rentista”. Con sus motivaciones individualistas, inmediatistas e indiferentes a la esfera productiva, esta ética también favorece la práctica de la corrupción. La capa de gestores del capital financiero, que absorbe incluso sectores de la burocracia sindical, proyecta sobre las instituciones que dirige (especialmente sobre el Estado) el utilitarismo que signa al neoliberalismo como modelo. El neoliberalismo mismo favorece relaciones promiscuas entre lo público y lo privado.

¿Qué aprender?

Después de Brasil, Perú es uno de los países que más ha avanzado en las investigaciones de Lavajato. Pero varios otros países también formaron parte de los esquemas. En México, las investigaciones detectaron que durante el gobierno de Felipe Calderón, existieron irregularidades en la relación de Odebrecht con Petróleos Mexicanos (PEMEX). Pese a que irregularidades tales como incumplimiento de contratos y pagos ilegales a funcionarios mexicanos fueron descubiertas en 2010, en los años siguientes PEMEX firmó cuatro contratos por más de 574 mil millones de dólares con Braskem (brazo petroquímico del grupo Odebrecht) cediendo a la empresa brasileña la posibilidad de construcción de la Etileno XXI, planta petroquímica en Veracruz, que opera gracias a un contrato de 20 años firmado por los entonces presidentes Calderón y Lula.

Tras las investigaciones, el BNDES fue obligado a suspender la financiación de 3,6 mil millones de dólares para 16 obras que se realizarían en Argentina, Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En este último país, la justicia pidió la detención preventiva a 14 acusados. Las obras en cuestión estaban bajo la responsabilidad de las cinco constructoras investigadas en Lava Jato: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e OAS.

El dinero obtenido por los fraudes era lavado y distribuido a través de empresas off shore en paraísos fiscales y recorría un camino tortuoso y globalizado para despistar las investigaciones. Su periplo se completaba en forma de coimas o favores, definiendo licitaciones de grandes obras, dirigiendo prioridades políticas y financiando políticos aliados. Es evidente que estas operaciones fueron imprescindibles como mediación de la acumulación y expansión de capitales, así como de la dominación política que les corresponde.

La justicia burguesa, con sus mecanismos casi siempre muy injustos, ha de juzgar lo que ha sido ilegal en las operaciones arriba descritas, pero la justicia de clase, la justicia de los que luchan diariamente contra la explotación del trabajo, no puede absolver a los que vendieron la esperanza de cambio de millones de latinoamericanos a los intereses corporativos. Para recuperar las esperanzas capturadas, se hace urgente desconstruir la idea de que la corrupción es un fenómeno inevitable. Lo que analizamos aquí no fue un accidente. Por el contrario, fue un proyecto de desarrollo y de poder basado en una premisa de conciliación entre intereses irreconciliables. Una vez más en la historia, el fin de este ciclo marca el quiebre de estrategias de cambio apoyadas en la conciliación entre trabajadores y sus burguesías “nativas”. Demuestra que tales prácticas mantienen la dominación política del capital y, más que avances, producen profundas derrotas en la izquierda y los pueblos en general. Se abre un nuevo ciclo de lucha pero es indispensable que la izquierda saque lecciones de este momento político para (re) pensar su estrategia.

¿Qué hacer?

Además de romper con el modelo liberal-dependiente asentado en el trípode del cambio flotante, superávit primario y política de intereses altos se hacen necesarias medidas que ataquen frontalmente la captura de los intereses públicos por los negocios corporativos. El combate a la corrupción es también el combate a un mecanismo de apropiación privada del público y mediación de la acumulación y dominación capitalistas, por lo que puede y debe conectarse a una lucha anticapitalista. En ello resalta lo siguiente:

• Realización de Asambleas Constituyentes apoyadas en la movilización y participación populares rumbo a la construcción de un régimen político en el que la mayoría del pueblo controle la política y la economía, una democracia real;

• Exigir que los agentes públicos (políticos con representación parlamentaria, gobernantes, dirigentes partidarios y de empresas estatales) sean impedidos de utilización de empresas off shore;

• Fin del financiamiento privado de las campañas electorales y condiciones de igualdad entre los partidos;

• Prohibición de participar en cargos gubernamentales (no electivos) a personas que ocuparon puestos de dirección en instituciones financieras, organismos multilaterales y empresas transnacionales;

• Imprescriptibilidad de los crímenes de corrupción, confiscación de los bienes de los propietarios y expropiación de empresas comprobadamente involucradas en esquemas de corrupción. Asimismo, levantamiento del secreto telefónico y bancario de los funcionarios y políticos elegidos.

• Muerte civil a los involucrados en crímenes de corrupción; fin de la inmunidad parlamentaria y foro privilegiado a los acusados de delitos de corrupción;

• Consejos ciudadanos para fiscalización de las obras públicas y promoción de mutirones para la realización de las mismas con financiación exclusiva del Estado;

• Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública de los países y de los contratos de obras públicas realizados en alianzas público-privadas o en régimen de concesión.


[1] Maestro en Sociología por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil. Militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y miembro del Consejo Editorial del Portal de La Izquierda. Autor del libro: Revitalização Sindical em tempos de Terceirização (2015).

[2] MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência. Editora Era, México, 1973.

[3] BUKHARIN, Nicolai. Economía Política del Rentista. Editorial Laia, Barcelona 1974.