El nuevo horizonte en México

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Victor Hugo Pacheco Chávez y Jaime Ortega[1]

El horizonte abierto inicialmente en los procesos electo­rales de Perú y Colombia se ha cristalizado en la reciente victoria en México. Se trata de la emergencia de discursos “progresistas” o de izquierda, afincados en la movilización popular, cuya característica es no sólo una versión anti neoliberal anclada en el soberanismo, sino sobre todo su presencia en los países identificados con la Alianza del Pacífico. Se trata de una novedad que comenzó a tramar­se con la alta votación de Verónika Mendoza, continuó su senda en la segunda vuelta colombiana con Gustavo Pe­tro, y que cristaliza con la aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien consiguió 30 mi­llones de votos. Aunque la consolidación de un eje político entre estos países esta lejos de plantarse, es claro que son procesos que representan un nuevo brío para las luchas populares en la región latinoamericana.

El caso del triunfo de AMLO en México abre también una posibilidad de cambio que tendrá sin duda implicaciones en la política latinoamericana en los años venideros. Méxi­co, país que vivió desde 1988 una transición mediatizada y pactada entre los dos partidos de la derecha neoliberal (el Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional), vio emerger en los últimos tiempos dos elementos que se han vuelto centrales. Primero, la persistencia de un lideraz­go arraigado en los sectores populares representado por AMLO, cuyo apoyo se fue forjando a través de dos eleccio­nes nacionales en donde el fraude y la política clientelar mexicana jugaron un rol importante de contención a una opción política cuestionadora del neoliberalismo voraz implementado por ese bipartidismo. Y segundo, la fisura del acuerdo entre ambas fracciones de la clase dominante, la cual tuvo un alcance mayor en cuanto a las escisiones que se generaron en ambos grupos, descontento que se tradujo en un voto de castigo que favoreció al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El balance de esos 30 años de bipartidismo es decepcio­nante en el terreno económico, como lo ha sido en general el desempeño en ese campo durante la época neoliberal (con un promedio de crecimiento del 2% anual), además de desastroso en la última época en términos sociales. Los úl­timos dos gobiernos (uno del PAN y otro del PRI) sumieron a la nación en una espiral de violencia incontenible. Se tra­ta de una tragedia social que incluye una alta cuota de ho­micidios que se amplía día a día, un elevado porcentaje de inseguridad en la cotidianidad y una suma estrepitosa de desaparecidos. La “guerra” iniciada en 2006 supuso, entre otras cosas, la puesta en función de los aparatos del Estado a favor de una fracción del narcotráfico contra otras, gene­rando en medio una verdadera carnicería por el control de rutas y sobre el territorio.

Confundidas múltiples formas del crimen con el Estado, máxima expresión de un régimen plagado de corrupción, la sociedad respondió asentando un golpe demoledor al actual grupo gobernante, ello debido a que AMLO logró instalar en el sentido común que es la corrupción la cau­sante, tanto de la pobreza como de la violencia. Así, las cifras son estrepitosas para el binomio gobernante: el par­tido de AMLO (el más joven de la contienda) ganó en 32 de las 33 provincias del país, contará con mayoría en la cá­mara de diputados y en la de senadores, y envió al otrora todopoderoso PRI al quinto lugar en las cámaras.

¿Cuáles son las perspectivas para el nuevo gobierno?

En la urgencia se impone el frenar la guerra y la crecien­te inseguridad, al mismo tiempo que modifica la estrate­gia militarizante de los últimos gobiernos. Ello implica la formulación de un plan de “amnistía” y pacificación que desmovilice a los sectores más vulnerables atrapados en la economía asociados con los brazos más violentos del crimen. El nuevo gobierno ya dio visos de los pasos que seguirá avanzando en este asunto, con el anuncio de una posible legalización de la marihuana y la amapola en sus usos farmacéuticos, sin embargo, la posibilidad de que en la sociedad se ensayen formas de educación sobre el uso y consumo de ellas, resulta algo crucial.

Ello obliga, por otro lado, finalmente a reactivar el mer­cado interno a partir de la inversión pública, pues si hay consecuencia con los argumentos emitidos por el propio AMLO en cuanto a que los altos grados de marginalización y pobreza han llevado a varios ciudadanos a ver en las ac­tividades ilícitas del narco una opción para sobrellevar sus precarias condiciones de vida, justo habrá que atender con mejores políticas públicas y con creación de empleos loca­les esta problemática en regiones donde las economías gi­ran en gran medida alrededor de las actividades del narco y de las remesas que llegan de los Estados Unidos.

Del lado económico se encuentra el límite más evidente, pues AMLO ha prometido no dar un golpe de timón a la economía, sino solo diversificarla, pero manteniendo las variables macroeconómicas en un espectro exclusiva­mente técnico. El papel que jugará en este punto el Estado será fundamental pues se trata de ponerlo de nuevo en un rol central que marque el ritmo productivo del país, para ofrecer una mejor redistribución del ingreso que logre sol­ventar los altos índices de pobreza del país. Sin embargo, hay dos cuestiones que habrá que poner atención en su desarrollo y en los límites que puedan presentar al esque­ma económico del nuevo gobierno. Por un lado, la conti­nuidad de una política basada en la reprimarización de la industria y el el apoyo al sector de turismo. Y, por otro lado, el problema de un esquema macroeconómico que piensa controlar el aumento del deficit económico con base en políticas de austeridad, que obvia en algunos casos los mismos ritmos macroeconómicos que tendrán las inver­siones privadas y el sector de exportación.

Es en lo político, donde se encuentra el mayor potencial de activación y transformación de esta forma de “progre­sismo”. Al menos durante los tres primeros años el nuevo gobierno tendrá la posibilidad de manejarse con soltura, al contar con el grupo parlamentario mayoritario en am­bas cámaras. Ello implicará mantener la actual alianza (que incluye a un partido evangélico, beneficiado en ex­tremo a pesar de su debilidad social), pero sobre todo de la capacidad del gobierno de desmovilizar los intentos de reorganización de la oposición.

El punto central de la transformación política que el go­bierno de AMLO promete es el de contener la altísima co­rrupción. Ello incluye varias posibilidades de ruptura con el orden previo. Dos son significativas: la primera es la de atacar a los grupos criminales sobre la base de debilitar sus resguardos económicos, y la otra es la de modificar la actual forma de hacer política, en donde grupos económi­cos y partidos se encuentran firmemente asociados.

Las expectativas se centran en los primeros tres años de gobierno, pues en ellos se juega la potencia de activación económica y modificación de las relaciones de fuerza, me­diante la intervención directa en las fuentes de financia­miento de los grupos políticos partidarios (cada partido cuenta con varios y múltiples grupos). Todo ello, además, combinado con la actual balcanización de los partidos de oposición, elemento que fortalece la perspectiva de una nueva y renovada hegemonía. Esto apuntala a que sean grupos empresariales o de la “sociedad civil” los que jue­gan a ser la oposición al nuevo gobierno de una manera más activa, como lo fueron en la época en la que el propio AMLO gobernó la Ciudad de México. Aunque aún faltan algunos meses para que el nuevo gobierno asuma sus fun­ciones, con los primeros anuncios del presidente electo quienes han levantado su voz en contra han sido grupos de “la sociedad civil” (ahora apodada la “socialité civil”, es decir, múltiples empresarios revestidos de “ciudadanos”. Ello presenta la paradoja de que ha sido el presidente de izquierda el que ha señalado la necesidad de empeque­ñecer la estructura burocrática del gobierno y sus altos ingresos, en tanto que la “socialité civil” neoliberal ha resultado defensora a ultranza de ese sector, es decir, se ha manifestado en contra de la reducción del Estado pues usufructúa de este.

Es en dicho contexto que la estructura de MORENA apa­rece como un genuino movimiento ciudadano, que tendrá que apostar al fortalecimiento de sus bases para poder brindar apoyo movilizado a las acciones del gobierno que presenten mayor oposición. Es claro, desde ahora, que en algunas coyunturas se necesitará de una fuerza moviliza­da que logre disputar las medidas más progresistas, tanto en lo económico como en lo social.

El panorama abierto con el reciente triunfo de la izquierda mexicana tiene por delante un camino lleno de baches, de dificultades, que habrá que ir solventando en el mismo an­dar. Sin duda, no será un camino fácil, pero en el horizonte más amplio se abre la posibilidad de una reconfiguración de la cultura política, las relaciones de fuerza y las pers­pectivas de transformación inmediatas y a mediano plazo.


[1] Victor Hugo Pacheco es magister en estudios latinoamericanos. Actualmente cursando el doctorado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Jaime Ortega es doctor en Estudios Latinoamericanos y Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.