Ecuador: con el FMI y el correísmo a cuestas

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Carlos E. Flores1Periodista y analista político.

Otto Sonnenholzner, con un tono que modulaba en­tre la súplica y la angustia, explicaba en un progra­ma de televisión la situación económica del país y situaba el sentimiento nacional en expectativa para las próximas medidas que serían anunciadas, días después, por el presidente Lenín Moreno. Era un 27 de septiembre del 2019 cuando enunció la frase que se hizo viral en redes, “Espero que la ciudadanía pue­da comprender”. Otto –llamado por su nombre de pila debido a la dificultad que conlleva pronunciar su apellido- es el vicepresidente de la república del Ecuador, el tercero en ocupar ese cargo luego de los escándalos de corrupción de sus antecesores.

A esa frase viralizada en redes sociales vinieron otras que buscaban preparar el terreno para que la medicina se asuma sin mucha resistencia: “mucho de eso será difícil” por eso “hay que asumirlo con un sa­crificio mayor”.

Twitter raudamente concentró las fibras emociona­les de ese paciente llamado Ecuador, cuyo diagnós­tico cobró notoriedad desde que Moreno sucedió a Rafael Correa y en el marco de un distanciamiento con este. Una de las causas que motivó la distancia fue, jus­tamente, el asunto económico. Rafael concluyó 10 años de gobierno indicando que se dejaba “la mesa ser­vida”, en clara alusión de que económicamente todo estaba sano y viable. Pero Moreno, a tres semanas de tomar el cargo, dijo: “no hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad”.

Lenín ponía en discusión pública y en duda, la salud de la economía nacional, un asunto que Rafael, el economista, jamás permitió.

Como la mesa no estaba servida había que tomar medidas. Así se razonó desde el gobierno y, en esa línea, se presentó en el 2018 el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva que contenía, entre otras varias acciones, reducir el Estado tanto en su estructura (subsecretarías, minis­terios, entre otros), y el consecuente despido laboral en el sector público. Ya para el 2019, y aún con la pre­ocupación de cómo ordenar las cifras en una econo­mía recesiva, el gobierno tuvo acercamientos con el Fondo Monetario Internacional para cubrir eso que ya es parte del hablar común en nuestras realidades latinoamericanas: el problema del déficit fiscal, lo que popularmente se le conoce como “se gasta más de lo que ingresa”.

Los despidos, la precarización laboral, la falta de empleo pleno y la percepción ciudadana de una eco­nomía que “no se mueve” forman parte de la preo­cupación diaria. Cada medida económica anunciada fue cuestionada desde diferentes ámbitos. Las mar­chas que hubo en su momento no representaron riesgos de inestabilidad política o social, pero eran claramente la expresión del malestar ciudadano. El gobierno avanzó en su plan económico, buscando recursos y tocando puertas en organismos interna­cionales, organismos que a cambio le solicitan tomar medidas internas en lo económico.

Por eso Otto pedía un “sacrificio mayor”. Una vuelta de tuerca más para continuar con el cambio de rum­bo en materia económica por la crisis que atraviesa el país. Cuando el vicepresidente pidió ese sacrificio y la comprensión debida ese 27 de septiembre, el cli­ma social y político se tornó especulativo para saber de qué tamaño sería ese sacrificio.

Todo se despejó el 01 de octubre cuando Lenín Mo­reno anunció el paquete de medidas en cadena de radio y televisión.

Si bien hubo medidas, como no subir el IVA (se man­tiene en 12%); o que las empresas que anualmente perciban más de 10 millones de dólares realicen una contribución especial por tres años; o sumar 300 mil familias a los beneficios de los diferentes bonos esta­tales; o incluso, eliminar impuestos a la importación de equipos tecnológicos (celulares, computadoras, tablets, etc.); entre otros asuntos, no hay duda que el anuncio de la eliminación del subsidio a los combus­tibles ha sido el principal detonante para las protestas de octubre.

Los subsidios a los combustibles en Ecuador se man­tienen desde hace 40 años. Cuando Moreno decidió eliminarlo, vía decreto 883 en octubre pasado, justifi­có la decisión afirmando que representaban un gasto de 1 300 millones de dólares anuales. Pero, como ya es ampliamente conocido por los medios, el decreto se eliminó por la presión de la calle, principalmente, del movimiento indígena. El punto más neurálgico fue Quito, concretamente, entre la Casa de la Cultura y el centro histórico de la ciudad. El espacio se convirtió, literalmente, en una zona de guerra: piquetes, policías, paramédicos, heridos, abundante gas lacri­mógeno, caballos, tanquetas, y una serie de hechos violentos que hacían suponer que al gobierno de Mo­reno le restaban apenas horas para la renuncia.

El gobierno, ante el tenso clima social, movió la sede a Guayaquil y salió en cadena nacional respaldado por altos mandos militares. Con ese movimiento po­lítico, se intentó despejar las dudas de una supuesta renuncia, un hecho nada menor si se toman en cuen­ta los antecedentes de la política ecuatoriana donde, justamente, el rol del indigenismo ha sido protagó­nico en la destitución de tres expresidentes: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Quince años después del último derrocamiento, no se había presentado un escenario de esta naturaleza, mucho menos se había observado un indigenismo articulado y presente, pese a las fuertes críticas y em­bates que sufrieron en los 10 años del correísmo.

Ese antecedente se valoró tanto, seguramente, que sobrevinieron medidas más drásticas: toques de que­da en lugares específicos, estado de excepción a nivel nacional, despliegue de tan­quetas antimotines, milita­res y policías. También se valoró qué actores políticos buscan ganancia en esta movilización. Es ahí donde la narrativa política, entonces, tomó un giro: esto es obra del “sátrapa de Madu­ro” y de Rafael Correa, que están “detrás de este intento de golpe de estado” dijo Lenín Moreno en una cadena nacional.

El gobierno sumó elementos para validar su tesis: hubo protestas que pedían la renuncia de Moreno, violencia exacerbada, el incendio ocurrido en el de la Contraloría del Estado, donde se en­cuentran los procesos investigativos contra exfun­cionarios del régimen; y Rafael Correa pedía que la fuerza pública aplique la objeción de conciencia para no seguir reprimiendo, y que se activen los mecanismos constitucionales para llamar a elec­ciones anticipadas. “Entonces, qué esperan. ¿Ya no hay suficientes muertos?”, argumentó Correa en un video que circuló en redes sociales.

Pero, la Confederación de Nacionalidades Indíge­nas del Ecuador, CONAIE, rechazó “el oportunismo descarado” del expresidente que “nos criminalizó y asesinó durante 10 años”. Ese énfasis también se manifestó cuando indica­ron que, en diferente tono y por varias vías, la agen­da política era clara: eli­minar el decreto 883. Diez días después esa agenda se alcanzó en un hecho in­édito: fue televisada y en cadena nacional. En ese espacio, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, hizo un severo señalamiento: “Gabriela Rivadenei­ra, Virgilio Hernández, José Serrano (altos líderes del correísmo) nos declararon terroristas por ce­rrar las calles al defender nuestros derechos. Ellos son los verdaderos terroristas”.

Octubre dejó heridos, muertos, desaparecidos, detenidos, por la fuerte represión policial. Estos actos de violencia fueron recogidos por la CIDH que llegó al país por invitación del gobierno. Tras su visita, el organismo dijo que hubo “grupos de manifestantes [que] provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive con­tra la prensa”. Pero que, “también toma nota con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, demostra­do por la utilización indiscriminada de gas lacri­mógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo”.

A este dolor humano también se sumaron las his­tóricas fracturas sociales. La presencia del actor indígena despertó reacciones de clase y racismo que permeó distintos ámbitos. Los discursos para anular al indígena movilizado era que la agenda de ellos no era la agenda de todos, o más aún: que no pueden ni deben hablar a nombre del Ecuador porque ellos son “sólo el 7%” del país.

El movimiento indígena, finalmente, presentó su propuesta económica donde, por ejemplo, plantea aplicar tres impuestos a los 270 grupos económi­cos más ricos del país: impuesto a la renta al 4%, impuesto del 1% sobre los activos, y un impuesto del 5% sobre el patrimonio. “En conjunto, la recau­dación directa pasaría de 4.800 millones (datos del 2019, Banco Central de Ecuador) a USD 7.295,2 mi­llones, es decir, un incremento del 51%”. El docu­mento, además, aborda el tema del subsidio para los combustibles donde el movimiento afirma que el gobierno manipuló a la opinión pública. Uno de los argumento fue que el propio gobierno “com­plicó el déficit fiscal al aprobar la Ley de Fomento Productivo en el 2018, que condonó intereses, mul­tas y recargos a obligaciones tributarias no cum­plidas que fue lo que generó el agujero fiscal”.

La ley que citan refiere a la normativa que condo­na multas e intereses a los deudores de impuestos, principalmente, a los grandes grupos económicos. Una norma muy similar a la que pasó Rafael Co­rrea en el 2015 cuando se aprobó una Ley de Remi­sión de Intereses, Multas y Recargos. El 2015, un año en que los economistas advertían la entrada en recesión de la economía ecuatoriana.

El asunto es que, para este 2020, la situación no se torna auspiciosa. Por un lado, los economistas si­guen sosteniendo que este será un año más donde la economía mantenga la recesión, más si se toma en cuenta el preocupante decrecimiento del 2019, que cerró en rojo. Mientras el movimiento indígena, so­bre todo, se mantiene alerta sobre medidas económi­cas que puedan afectar a las grandes mayorías y el debate del subsidio a los combustibles aún se mantie­ne sin tener el espacio suficiente para debatirlo como sociedad. Todo esto tiene como marco, además, las metas que debe alcanzar el gobierno tras la firma de la carta de intención con el FMI, en marzo del año pasado. Es decir, que la estabilidad social y política estará sujeto, nuevamente, a los pasos que pueda dar el gobierno en materia económica.

En el campo político, este año es preelectoral. De hecho, ya se ve en el horizonte el movimiento para buscar alianzas o conjugar agendas. El actor que se observa más y que más eficazmente cana­liza el descontento social es el correísmo, donde algunos actores políticos empiezan a barajar un frente progresista (al estilo argentino), que no descartaría alianzas con cierto sector del movi­miento indígena, inclusive. Pero Rafael Correa fue tajante sobre este punto, al menos por ahora, al decir que “por el odio a Correa (los indígenas) prefirieron salvar a un gobierno nefasto” (en refe­rencia a las protestas de octubre pasado). Por eso puntualizó: “Prefiero alguien conservador pero leal, noble, honesto, que alguien que dice ser del progresismo”.

En las opciones electorales, en efecto, aparecen los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Var­gas. Este último dijo públicamente que sueña con ser el presidente de Ecuador, quizá con la aspi­ración de ser el “Evo ecuatoriano”. La derecha, por su parte, aún mantiene sus metas electorales aunque con dos candidatos a la vista, pero con­frontados (por el momento): el banquero Guiller­mo Lasso y el exalcalde Jaime Nebot. Es evidente que la derecha ha respaldado todas las medidas económicas del presidente Moreno, un aliado que ha cobrado presencia luego de que Alianza País se fracturara por las diferencias entre el ahora pre­sidente y Rafael Correa.

Si bien Ecuador no tiene el mismo grado de cri­sis que Argentina, ni las medidas se han aplicado con la profundidad ocurrida en el país sureño, ese gradualismo económico no da la tranquilidad necesaria en un año preelectoral, de crisis en el campo económico, y de posibles manifestaciones sociales que no lleguen, ojalá, a la gravedad de lo ocurrido en octubre pasado.


[1] Periodista y analista político.

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