Hacia la latinoamericanización de la derecha española

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Sergio Pascual1Ingeniero de telecomunicaciones y antropólogo. Integrante del Consejo Directivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Fundador de PODEMOS y ex diputado en el Congreso español durante las legislaturas XI y XII. Este artículo fue escrito en febrero del 2020.

“Presidente ilegítimo”, “deriva autoritaria”, “chavis­tas, golpistas, cómplices del terrorismo”, son algunos de los epítetos que le ha dedicado la derecha política y mediática al nuevo Gobierno de España conforma­do por el PSOE y Unidas Podemos. Sí, al nuevo Go­bierno de España; no al de Venezuela, Bolivia o Cuba.

En América Latina la década de los 2000 nos acos­tumbró a estos adjetivos -cuando no peores- dirigi­dos a los gobiernos de Chávez, Evo Morales, Correa, Kirchner y Lula. Después vinieron los golpes de esta­do explícitamente militares, como el de Bolivia, o ju­rídico-mediáticos, como los del lawfare ensayado en Ecuador, Argentina o Brasil. La primera etapa, la de adjetivación, resultó absolutamente imprescindible para facilitar la fase golpista. Era necesario preparar a la opinión pública para lo que vendría. No se puede derrocar sin respuesta po­pular un gobierno legítimo, pero sí puede tumbarse un gobierno sobre el que se han sembrado las sombras de su compromiso con la democracia. El caso boliviano es ilustrativo. En un país en el que todos los indicadores macro y micro­económicos, de desarrollo humano, de inversión y bienestar, demostraban los éxitos del gobierno, bas­tó sembrar la duda sobre su legitimidad para amor­tiguar suficientemente la respuesta popular al golpe de estado.

Derechas golpistas

El Gobierno español es el primer gobierno de coali­ción desde la II República, desde 1936, año en el que los militares dieron un golpe de estado en España. Es el primer gobierno desde el retorno de la demo­cracia en 1978 en el que dirigentes de tradiciones de izquierda a la izquierda de la socialdemocracia del PSOE entran en el Gobierno. Pero aunque los titu­lares de los medios carguen contra la forma de go­bierno -coalición– o contra los curriculums de juven­tud de los nuevos ministros, en la práctica su única preocupación orbita sobre el hecho de que este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en el que asumen carteras ministeriales dirigentes políticos que defienden el control del precio de la vivienda, la intervención de la factura eléctrica, la creación de una gran banca pública, la subida del salario mínimo y el aumento de los impuestos a los más ricos.

Y es que, a la derecha española, como a la latinoa­mericana, solo la mueve un objetivo: defender los privilegios de la clase social que los financia y a la que pertenecen. Y reconozcámoslo, para lograrlo hace gala de un gran pragmatismo y un buen cono­cimiento del escenario social y político. Sus voceros saben perfectamente que si el debate público se cen­tra en torno a cuestiones como el salario mínimo o el aumento de impuestos a los más ricos, perderán la batalla. Esa y no otra es la razón por la cual centran hoy en España, como ayer en América Latina, todos sus esfuerzos en tratar de erosionar las credenciales democráticas de su adversario, aunque para lograr­lo tengan que erosionar la democracia misma. No debería extrañarnos su escaso apego a la democra­cia, el PP, y por ende su spin-off VOX, son creaciones de ministros y dirigentes de la dictadura franquista.

Si lo analizamos con frialdad resulta incluso lógico. La democracia es por definición el sistema político óptimo para las clases populares y las mayorías. En democracia cada persona representa un voto y, en términos ideales, no importa cuán rico seas. Un voto es un voto. ¿Por qué querrían las minorías privile­giadas un sistema como este? De hecho una revisión histórica nos recuerda que efectivamente nunca apostaron por la democracia, desde el fin del sufra­gio censitario hasta la incorporación efectiva de in­dígenas y mujeres al voto, todos y cada uno de los avances fueron arrancados a fuerza de lucha y rei­vindicación y contra la voluntad de los poderosos.

Conviene recordarlo: La democracia no es una con­cesión ni un acuerdo, es un derecho arrebatado por las clases populares que lograron paso a paso hacer de la dictadura un sistema indigno e ilegítimo a los ojos del mundo. Las mayorías logramos establecer una suerte de penalización, de sanción social uni­versal a los dictadores, deshomologándolos donde más les duele: en la pequeña tribu de mandatarios que se encuentra y reconoce en las Cumbres, y a las que todos quieren poder llegar con credenciales meritorias; los deshomologamos convirtiéndolos en parias con los que nadie quiere negociar bajo pena de sanción social (y electoral) de su propio pueblo.

Esa y no otra es la razón por la cual los privilegiados hoy se declaran “demócratas” y aceptan con cinismo la etiqueta -e incluso la invocan y defienden-: para ganarse el pase de entrada al juego de la competencia democrática electoral. Pero a la postre, los poderosos, los privilegiados de siem­pre, anhelan consolidar mecanismos de selección rutinaria de los más fuer­tes y competitivos para contener y disciplinar a los perdedores (las mayorías), y reproducir su posición de poder. Nunca han sido y nunca serán demócratas, ya que para serlo deberían ser enemigos de su propia clase social, de sus pro­pios intereses familiares y personales -si lo quieren en términos desmarxianizados-.

Tampoco han tenido nunca mayor código moral que la propia defensa de sus intereses de modo que no dudan ni dudarán en pervertir la esencia de la de­mocracia para acomodarla a sus intereses, a la de­fensa de sus privilegios. Y es aquí donde entran en juego los medios de comunicación.

La batalla mediática

Con cada avance de las clases populares hacia el sistema en el que por fin “podrían ganar” la demo­cracia, han llegado las innovaciones de las clases propietarias para mantener sus privilegios: educa­ción segregada, jornadas laborales bestializantes, un sistema de salud que condena a la postración ante la enfermedad… y finalmente acceso privilegiado a las tribunas públicas. Antes eran los púlpitos, hoy son los espacios en los medios de comunicación los que privatizan nuestra atención decidiendo sobre qué discutimos y sobre qué no discutimos los ciudada­nos.

En las sociedades globalizadas del espectáculo en las que vivimos hoy conformamos comunidades de atención. El hilo conductor del drama de un niño perdido en un pozo, el reto compartido de una final de fútbol, la ira colectiva frente a los detalles cono­cidos de una brutal agresión sexual. Esa es la sustan­cia de nuestras naciones hoy, el pegamento que nos hace reconocernos cada día como parte de la misma comunidad, en el trabajo, la peluquería o el autobús. En eso nos reconocemos y esa es la trama de la co­tidianidad teatralizada que nos distingue de la sala de proyección contigua, en la que se proyecta con otro idioma, otro libreto y otra secuencia; en la que Lucía se llama Mery, en la que el Atlético son los Ca­valliers, y en el que nuestra amenaza fronteriza es el Río Grande y no el Mediterráneo.

Por eso es crucial determinar ese hilo conductor que condiciona de qué hablamos, de qué nos preocupa­mos, de qué nos condolemos, qué nos enfada o an­gustia cada día como comunidad y como individuos. De la respuesta a esas preguntas se desprenderá el reparto de buenos y malos de la historia, los roles de héroes y villanos, los valores morales que están en juego en la trama y finalmente y a la postre, en quién podemos o no confiar para entregarles la con­ducción de nuestros intereses comunes.

Los guionistas de nuestra historia común tienen nombres y apellidos, son los propietarios de los me­dios de comunicación que monopolizan nuestra atención. Aquellos que dirigen nuestras conversa­ciones hacia la agenda que deciden disponer.

Ese es por tanto el gran reto del próximo Gobierno español -y de cualquier Gobierno democrático pro­gresista de la tierra- evitar que le marquen la agen­da, evitar que le arrinconen en discusiones estériles sobre cuán estética es una decisión u otra o en torno a temáticas en las que no hay nada que ganar: ¿es Ni­colás Maduro un dictador?, ¿qué le parece el Gobier­no de Nicaragua?, ¿aboliría la monarquía?, ¿cuantas naciones hay en España? Dicho con Lakoff: elegir los marcos, el frame. O lo que es lo mismo, marcar la agenda, eso en lo que la derecha iberoamericana es especialista gracias a su brutal hegemonía monopo­lística sobre los medios de comunicación.

Del lado del Gobierno será el BOE, el Boletín Oficial del Estado, donde se plasman las leyes y decretos el espacio idóneo para dar esa batalla. La reversión de los recortes sociales de los gobiernos precedentes del PP en educación, salud, dependencia, derechos laborales y libertades civiles dejan un amplio campo de acción para marcar la agenda con acciones con­cretas que afecten positivamente a la cotidianidad de los españoles.

El gran reto del debate territorial

Finalmente el gran reto para el gobierno español será el del debate territorial. En España los gobier­nos se sostienen gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Los presupuestos generales del Esta­do que han de presentarse anualmente son la gran prueba de fuego de la estabilidad de esa mayoría que en el caso de este Gobierno es exigua y gravita sobre la abstención de los 13 escaños de Esquerra Republi­cana de Catalunya (ERC). El partido independentista catalán hará depender la estabilidad de la legislatura sobre los avances de la discusión del modelo territo­rial en España; un país en el que Catalunya, Galicia y Euskadi se reconocen claramente como comuni­dades políticas, pero en el que Andalucía, Valencia, Navarra y Canarias -al menos- representan comuni­dades político-culturales tan sólidas y diferenciadas como las primeras y en el que Comunidades Autó­nomas (regiones) con menor tradición autonomis­ta como Cantabria también tienen representación propia en el Congreso. Muchas de ellas han incluido ya el término nacionalidad en sus Estatutos (leyes equivalentes a Constituciones de estados federados).

Parece obvio que no hay otra salida posible, sino que España comience a caminar hacia un Estado Fede­ral en el que o bien la “gran federación castellana” estaría por delimitarse como suma de regiones sin tradición como comunidad político-cultural, o bien incluso las actuales comunidades autónomas no re­conocidas como nacionalidades pudieran llegar a ser parte de dicha estructura en igualdad de condiciones con el resto. De otro lado Catalunya presiona hacia la consolidación de su asimetría. Convendría no olvidar que la solución que proponen desde Cata­lunya, en la práctica una solución que privilegiará exclusivamente la solución catalana, propulsaría el ya inflamado nacionalismo español que abandera la ultraderecha de VOX, abocando al país a un enco­namiento de las posiciones y del conflicto político.

Cabría esperarse de la derecha europeista del PP una posición colaborativa con las soluciones al conflicto territorial pero, como ya hemos dicho, la derecha del PP se parece cada día más a sus congéneres golpistas latinoamericanos y a sus versiones autoritarias del este de Europa (con las que vota en el Parlamento Europeo), que a las derechas demócrata-cristianas alemana, danesa o sueca. No en vano el Partido Na­cionalista Vasco (PNV), el partido demócrata cristia­no más longevo del país, apoyó al gobierno de PSOE y UP alejándose de las posturas tramontanas del PP.

A modo de conclusión

En España la izquierda y las clases populares no se juegan el gobierno en esta legislatura, sino la misma democracia.

De un lado la torpe derechización del PP sitúa el debate público allá donde lo quiere la extrema de­recha, que no para de subir elección tras elección. De otro lado el PSOE junto a UP, sin el concierto del centro derecha español, desaparecido en la huida a los extremos, tendrá enormes dificultades para avanzar en una solución al problema territorial que promete convertirse en el único tema de agenda de la legislatura, por más medidas sociales y avances de derechos que el nuevo gobierno pueda llegar a desarrollar.

Y en el enconamiento del problema se agudizará la polarización en la que crecen los extremos. Solo una exquisita pedagogía, al conjunto de un esmerado respeto de las identidades del resto de comunidades nacionales del país, podrá evitar el desastre. Solo con más democracia podrá convencerse a la mayo­ría de españoles que será necesario aún más crédito en las urnas para el único gobierno capaz de proyec­tar un nuevo país en el que todas las comunidades nacionales se sientan reconocidas. En ausencia de una derecha democrática, la disputa no está ya entre la derecha y la izquierda, sino entre los demócratas y los que no lo son.


[1] Ingeniero de telecomunicaciones y antropólogo. Integrante del Consejo Directivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Fundador de PODEMOS y ex diputado en el Congreso español durante las legislaturas XI y XII. Este artículo fue escrito en febrero del 2020.

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