Un mes de cuarentena en Perú: anormalidad, Estado y neoliberalismo

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Alonso Marañon1Politólogo. Este texto fue escrito el 19 de Abril de 2020. Apareció originalmente en portugués en Esquerda Online: https://bit.ly/3bXLh2c

El COVID-19 cambió la normalidad peruana. La cua­rentena, el toque de queda, los policías y militares en todos lados, la economía paralizada, todo ello ha transformado la vida del país, y parece que no será temporal. Al respecto, un “termómetro” que advier­te de una crisis, o de estar cerca a una, es la combi­nación de una contracción económica más la pre­sencia activa de los militares en el espacio público. Al interés común le cuesta articular a los intereses privados. Entonces la fuerza se coloca por encima del consenso que da sentido a la comunidad. En el Perú, la contracción económica y el rol protagónico militar han estado asociados a periodos de ruptura de un orden y de aparición de uno nuevo (sin que eso signifique que sea completamente nuevo). Al menos, eso ocurrió en las tres últimas revoluciones: la na­cional-popular en 1968 (reforma agraria, industria­lización, expansión del poder estatal), la democrático-burguesa en 1979 (asamblea constituyente, voto universal, legalización de todas las fuerzas políticas) y la neoliberal en 1992 (nueva constitución, ajuste estructural).

Desde inicios de los años noventa, nuestro país vivió un largo período de estabilidad bajo el neolibera­lismo. Las reformas de mercado implementadas en ese entonces por Alberto Fujimori en la presidencia (1990-2000) iniciaron una nueva etapa en la vida na­cional. El nuevo modelo se instaló con relativa faci­lidad en un contexto de dos grandes problemas que provenían de los años ochenta: el conflicto armado entre el Estado y principalmente la organización subversiva “Sendero Luminoso”; y la hiperinflación ocasionada en el gobierno de Alan García (1985- 1990). Por ello, los años ochenta en el Perú fueron un “shock social”, sinónimo de una década perdida, de inestabilidad, de miles de muertes y desapareci­dos, de terror.

La derecha logró que los años noventa fueran perci­bidos como el sinónimo del inicio de la pacificación, del crecimiento económico, del progreso (a pesar del autoritarismo de Fujimori). En esta década la hiperin­flación desapareció y los grupos subversivos fueron derrotados. Ello, según el sentido común, se debió al proyecto de Fujimori y sus políticas neoliberales. Al mismo tiempo, los dere­chos sociales y los servicios públicos fueron reducidos considerablemente, la iz­quierda y los movimientos pasaron a ocupar un lugar marginal en la política, el poder fue reconcentrado por las grandes empresas y una nueva subjetividad del “sálvese quien pueda” sur­gió. Sin embargo, el discur­so victorioso de todos los gobiernos, desde Fujimori hasta nuestro actual presi­dente Martín Vizcarra, ha sido que el Perú está en la senda correcta del desarro­llo. Desde 1992, el modelo se mantiene intacto. Aún es un tema pendiente de interpretación explicar el “éxito” del neoliberalismo peruano para construir mediaciones en las masas, élites, instituciones y territorios, al menos en un gra­do suficiente para superar hasta ahora todas las re­sistencias, desafíos y críticas realizadas (que no han sido pocas).

El éxito del modelo se mantuvo presente aun cuan­do se volvieron mediáticos los casos de corrupción en torno a Odebrecht. El país entero asistió a un espectáculo de importantes políticos y empresa­rios que eran delatados en los interrogatorios en Curitiba, en el marco de la investigación del Equipo Especial Lavajato de la Fiscalía de la Nación. Como parte de este proceso, en donde todos los expresi­dentes electos desde el “retorno a la democracia” en el 2001 están siendo investigados, sucedieron disputas entre las derechas por conservar un poder que veían amenazado por el avance de las investiga­ciones judiciales. Ello generó inestabilidades en las instituciones estatales desde fines del 2017, como la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Marzo del 2018 por parte del congreso y la posterior asunción del vicepresidente Martin Vizcarra como nuevo presidente. Asimismo, el último episodio de estos enfrentamientos terminó con la disolución del congreso por parte del presidente el 30 de Sep­tiembre del 2019. Entre el intercambio de ideas de las izquierdas, existió un razonable escepticismo de que los hechos en torno a Odebrecht implicaran un cambio de rumbo de nuestro país, pues el conflicto estaba centrado en las instituciones estatales, prota­gonizado por las derechas y el modelo no estuvo en cuestión. La gran corrupción parecía muy alejada de las preocupaciones de la vida cotidiana.

¿Seguiremos en la misma senda en este nuevo perio­do de crisis abierto por la pandemia del COVID-19? Ahora sí, no solo se estremecen algunas partes del Estado, sino la economía, la cultura, en general toda la vida. Las contradicciones y fisuras del neolibera­lismo ahora son más explícitas que antes. Pero la interpelación siempre es un trabajo político, no au­tomático, cuyos resultados imprevisibles no son de corto plazo.

La situación actual

Nuestra economía es informal, exportadora y do­minada por las posturas de la Confederación Na­cional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP (el gremio empresarial más grande del país orientado al capital transnacional). En el 2018 un 72,4% trabajaba en el sector informal, más de 12 millones de peruanos; mientras que un 27,6% ocupó empleos formales, aproximadamente unos 4 millones y medio de peruanos.2https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf La informalidad se concentra en los sectores de mayor pobreza que son trabajadores familiares no remunerados, tra­bajadores del hogar e independientes (autoempleo o negocio propio de muy diverso tipo). Esta es la tendencia de los últimos años, lo que significa que la gran mayoría de peruanos no cuenta con contra­tos laborales ni tienen seguridad social. Asimismo, nuestra economía está orientada en gran medida a la exportación, la cual en el 2018 aportó un 21% al PBI, la mayor parte por productos tradicionales. Por ejemplo, la participación del sector minero en el PBI fue de un 9%.3https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/12/Vigilancia-de-las-Industrias-Extractivas-Reporte-nacional-N%C2%B0-23- balance-2018.pdf?fbclid=IwAR0QXBZocMaGeDipME_W9ZGYWFWp_C6W9j-j26245sI497xTVs7vdS7NO9I. Nuestros principales socios comerciales son China, América Latina y Estados Unidos, por lo que nuestra economía resulta muy dependiente por los factores externos.

La cuarentena, decretada por el gobierno desde el 16 de Marzo y progresivamente ampliada en el transcurso de las semanas, está exponiendo conti­nuamente todos los problemas del actual modelo nacional. En primer lugar, la mayoría del país tiene serias dificultades para atravesar una situación de cese de todas las actividades no-esenciales, más aún cuando trabajan en el sector informal y muchos dependen de sus ingresos diarios o semanales para subsistir. Una encuesta telefónica realizada entre el 20 y 21 de Marzo mostró que, a nivel nacional y urbano, un 25% de personas (ubicadas mayormen­te en los sectores más precarios) se habían quedado sin trabajo.4https://www.ipsos.com/sites/default/files/cuarentena-covid-19-encuesta-peru.pdf Otra encuesta urbana a nivel nacional realizada por internet entre el 31 de Marzo y el 3 de Abril informa que un 53% del nivel socioeconómi­co más bajo ha dejado de recibir ingresos económi­cos. Por lo tanto, es la clase trabajadora la que está cargando con los efectos de la crisis económica. El hambre se está convirtiendo en un tema central en nuestro país.

En segundo lugar, otro problema es la ortodoxia del neoliberalismo. La mayoría de políticos, econo­mistas, opinologos y tecnócratas manifiestan cons­tantemente que no hay alternativa a la forma en la cual se ha administrado el país en los últimos años. En el caso concreto del go­bierno, se ha recurrido a la focalización y al subsidio a las grandes empresas para paliar los efectos sociales de la cuarentena. Por un lado, un subsidio moneta­rio de 380 soles (111 dólares aproximadamente) fue re­partido a sectores urbanos de pobreza y extrema po­breza, además de a traba­jadores independientes de bajos recursos. No solo el monto resulta escaso para las familias cuando la canasta básica mensual de una persona en Perú excede los 100 dólares, sino que además ha pasado más de un mes desde que dicho bono fue anunciado y aún no llega a todos los 2,7 mi­llones de familias del registro estatal. El poder ejecu­tivo complementó este subsidio con la transferencia de recursos a los gobiernos locales para la entrega de canastas de alimentos a las familias más precarias, lo cual también ha sido problemático por no abar­car al conjunto de precarizados (que como hemos visto es muy extenso), además de las denuncias por corrupción o la entrega de canastas poco nutritivas. Por otro lado, a través del programa “Reactiva Perú”, el gobierno anunció una inyección de hasta 300 millones de soles a las empresas por medio de crédi­tos que otorgaran los bancos. No obstante, diversas críticas han surgido en relación a que el programa no podrá cubrir a los pequeños y medianos empresa­rios debido a que el gobierno no define aún las reales tasas de interés que los bancos aplicarán en dichos créditos, ni la forma en que se intentará alcanzar a las empresas relacionadas con la informalidad. Por último, el gobierno ha dado libertad a todas las empresas para que puedan suspender sus actividades y dejar que los trabajadores subsistan con sus ahorros. Las ideas de hacer que los ricos paguen más y que los trabajadores estén protegi­dos aún son marginales en el Perú.

El panorama de los sec­tores populares es muy complicado ante la crisis económica y el desamparo del Estado. Mucha gente se reúne en los mercados para vender lo que puedan para subsistir o para hacer largas colas y comprar lo que les permita sus bajos ingresos. La crisis econó­mica, la falta de refrigera­dores en las viviendas, el hacinamiento y el horario restringido de compras promueven grandes aglo­meraciones en los merca­dos. Asimismo, miles de personas, al no tener dine­ro para pagar su alquiler y no haber recibido el subsi­dio estatal, están forzadas a caminar cientos de kilóme­tros para regresar a sus regiones de origen. Este tipo de acciones, en mayor o menor medida, han sido calificadas desde el stablishment como expresiones de “irresponsabilidad”. Los ciudadanos que salen de su casa serían irracionales y tontos por realizar ac­tos que perjudiquen a la salud personal y colectiva. De parte del gobierno, esto se ha visto materializado en multas a quienes incumplan con la cuarentena y el toque de queda. Otro factor a tomar en cuenta, aparte de las precarias condiciones de vida, es que la relación sociedad-estado ha sido una muy aleja­da del cumplimiento estricto de las normas. Al fin y al cabo, el proyecto del neoliberalismo ha sido que cada uno resuelva sus propios problemas solo o en familia, adecuando las directrices estatales a su con­veniencia y según sus posibilidades (“la pendejada”, le decimos). De ahí que el sistema de salud y sus tra­bajadores estén en pésimas condiciones, incluso an­tes de la pandemia. Un ejemplo es que Perú es uno de los países de América Latina con menor número de camas UCI (unidad de cuidados intensivos) por cada 100 000 habitantes.

Las estrategias y el futuro

El primer mes de cuarentena ha terminado con una buena aprobación de la opinión pública para el gobierno.5https://elcomercio.pe/politica/encuesta-el-comercio-ipsos-el-83-respalda-a-vizcarra-y-el-79-a-su-gestion-de-la-crisis-noticia/ Una encuesta urbana a nivel nacional, reali­zada la última semana, informa que existe un amplio reconocimiento de que el presidente, los principales ministros del Estado, los médicos, los militares y po­licías están realizando un trabajo adecuado. La desa­probación más bien se dirige al comportamiento de la misma ciudadanía durante la cuarentena. La es­trategia de un presidente que aparece en televisión varios días a la semana para informar de la situación nacional y apelar a la responsabilidad parece fun­cionar. En este último mes, el presidente ha denun­ciado a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs) por sus comisiones abusivas, ha defendido unas reformas políticas a favor de la participación de las mujeres, ha anunciado un bono para el sector rural, ha denunciado la homofobia, etc. Intenta, en fin, articular diversas demandas e identidades para proyectar un liderazgo mediador. Le facilita las co­sas que la oposición se encuentre desordenada, que la situación sea más grave en otros países y sobre­todo que el Estado este en el centro de la discusión. Esto le brinda la iniciativa para construir una apa­riencia de mediación entre las diferentes presiones y exigencias de prácticamente todos los grupos del país, que piden bonos, subsidios, créditos, derechos, recursos, intervenciones de precios, etc. Esa presión ira incrementándose cada vez más, al mismo tiempo que también la cantidad de contagiados (1000 por día hasta el momento) y de muertos. La gran con­centración de expectativas, miedos y demandas en torno al Estado hace prever que el proceso actual recién inicia.

Después del primer mes de cuarentena, las izquier­das han comenzado a lanzar desafíos y propuestas al privilegio estructural que tiene el Estado hacia los grandes capitales. Después de mucho tiempo, espon­táneamente, las izquierdas están proponiendo una agenda similar. Por ejemplo, Veronika Mendoza, presidenta del Movimiento Nuevo Perú, ha propues­to un bono universal de 1000 soles (294 dólares) a quienes no perciban un sueldo y la creación de un impuesto de 1% a las grandes fortunas. En sintonía con ello, el Frente Amplio, otra fuerza política de iz­quierda, ha propuesto a través de la congresista Rocío Silva Santisteban un bono de renta básica uni­versal de 1000 soles a todos los ciudadanos mayores de edad. Finalmente, el Co­mité de Lucha Sindical y Popular está impulsando la campaña #QuePaguen­LosRicos a través de ban­derolasos, tuitasos y cace­rolazos, exigiendo el bono universal, el impuesto a las riquezas, entre otros. Todas estas acciones, asociadas por los medios de comunicación al populismo o al terrorismo o al fracaso, son parte de una larga lucha por cambiar el sentido común. Implican resaltar que la riqueza es creada por la clase trabajadora pero apropiada injustamente por una minoría. Antes que una discusión técnica es entonces una discusión po­lítica, donde el fin es convencer que esas medidas son relativamente posibles y alcanzables.

El Perú vivía ya una situación relativamente extraña antes de que llegara la pandemia. Ahora la normali­dad está totalmente afectada. Vivimos el comienzo de una crisis mundial. Los tiempos se irán aceleran­do a medida que las condiciones de vida sean más adversas. El Estado estará sitiado por la presión de las diversas instancias de la sociedad civil. Distintos puntos de conflictos aparecerán y un tiempo de re­forma estructurales probablemente se abrirá. Más temprano que tarde.


[1] Politólogo. Este texto fue escrito el 19 de Abril de 2020. Apareció originalmente en portugués en Esquerda Online: https://bit.ly/3bXLh2c

[2] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf

[3] https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/12/Vigilancia-de-las-Industrias-Extractivas-Reporte-nacional-N%C2%B0-23- balance-2018.pdf?fbclid=IwAR0QXBZocMaGeDipME_W9ZGYWFWp_C6W9j-j26245sI497xTVs7vdS7NO9I

[4] https://www.ipsos.com/sites/default/files/cuarentena-covid-19-encuesta-peru.pdf

[5] https://elcomercio.pe/politica/encuesta-el-comercio-ipsos-el-83-respalda-a-vizcarra-y-el-79-a-su-gestion-de-la-crisis-noticia/