Perú

Ayer Bagua, hoy Loreto. ¿Y mañana dónde?

Ramón Pajuelo Teves

Tres muertos y al menos once heridos, es el irreparable saldo de un enfrentamiento ocurrido en la localidad de Bretaña (Loreto), entre indígenas del pueblo Kukama Kukamiria movilizados desde hace días en pos de sus derechos colectivos, y policías encargados de proteger las instalaciones de la empresa petrolera PetroTal. Esta tragedia, que acaba de ocurrir en pleno día internacional de los pueblos indígenas, refleja el grave abismo entre el empuje a la explotación de recursos como petróleo y gas, frente a la pobreza y desprotección de los pueblos indígenas que habitan ancestralmente los territorios donde se extraen dichos recursos. Muestra el engranaje perverso entre un Estado que abandona sus obligaciones básicas (proteger la vida de sus ciudadanos) y una forma hegemónica de modernidad y desarrollo mercantil, que gira en torno al rol dinamizador del capital extractivo.           

El listado de víctimas sobrevivientes del enfrentamiento, recoge los nombres de comuneros indígenas kukama de Bretaña y otras comunidades del río Puinahua, con diversas edades que van desde los 23 a los 62 años. En prácticamente todos los casos la causa de su condición de heridos corresponde a impactos de bala. También los tres muertos registrados hasta el momento, perdieron la vida debido a los disparos de las fuerzas del orden. Se trata de una noticia doblemente grave y triste, considerando la situación crítica que acompaña el avance de la actual pandemia. El virus viene afectando con especial dureza a las comunidades de diversos pueblos indígenas, los cuales prácticamente se hallan librados a sus propias posibilidades de sobrevivencia. 

En los próximos días, ojalá se aclaren las brumas de información que hoy rodean los lamentables sucesos ocurridos en las instalaciones de la empresa PetroTal. Algunos videos parecen mostrar que en la oscuridad de la noche, la violencia se desbordó ante el intento de tomar las instalaciones como forma de llamar la atención del Estado. Algunas organizaciones indígenas, como ORPIO y AIDESEP, no han tardado en denunciar que los comuneros movilizados no portaban armas de fuego, sino apenas lanzas y flechas de uso tradicional. Entretanto, es necesario resaltar que la tragedia que hoy enluta al pueblo Kukama, en cierta medida estaba anunciada. La violencia podía rebasar en cualquier momento la delicada situación existente en regiones amazónicas como Loreto y Amazonas. O bien, como vimos los días pasados en Espinar (Cuzco), en cualquiera de los demás lugares del país en las cuales, bajo nuevas condiciones vinculadas a la evolución de la pandemia, han comenzado a resurgir conflictos entre empresas extractivas y poblaciones locales. Esto mientras el Estado parece brillar por su ausencia, inacción, ineficiencia o simple colusión con los intereses privados de las empresas extractivas.

Desde hace varios meses los pueblos indígenas de diversas zonas del país, reclaman acciones concretas mínimas de protección frente al duro embate de la pandemia. Los esfuerzos realizados desde gobiernos regionales que han mostrado su debilidad e inoperancia, o desde un gobierno central que sigue viendo a los territorios indígenas como zonas de conquista económica, han resultado completamente insuficientes. Ello viene desatando acciones de protesta que empalman la demanda de atención estatal, junto al reclamo de beneficios derivados de la actividad extractiva. Así, desde hace días diversas comunidades adyacentes al curso del río Marañón, justamente venían movilizándose en demanda de que el Estado y las empresas cumplan sus compromisos, o simplemente hagan efectivas sus promesas de ayuda.

En el caso de la empresa Petro Tal, cuyas operaciones ocupan el lote 95, en pleno territorio ancestral del pueblo Kukama y zona de amortiguamiento de la reserva Pacaya Samiria, el eje de los reclamos indígenas no es un sentimiento de rechazo frontal a la explotación petrolera y gasífera. Se trata más bien de un caso de conflicto que muestra el simple incumplimiento de compromisos adquiridos. La empresa no ha tardado en señalar que la pandemia ha retrasado sus planes de apoyo social. Más allá de las circunstancias inmediatas, es posible apreciar severas deficiencias de fondo, que incluyen reglas de juego destinadas fundamentalmente a proteger la inversión privada. La sangre derramada hoy en Loreto, muestra el límite de las reglas de juego adoptadas desde la vigencia de la Ley de Consulta Previa del año 2011, la cual fue el producto de los trágicos sucesos ocurridos previamente en Bagua.    

El reclamo de las comunidades movilizadas en Loreto, no es otro que la exigencia de cumplimiento de los acuerdos que permitieron el consentimiento local para el avance de las actividades de explotación de hidrocarburos. De acuerdo a la jerga legal de dichos acuerdos, se trata de medidas destinadas al “cierre de brechas” en la zona de impacto social del proyecto. Esto quiere decir que los ingresos de la actividad extractiva permitan obras de desarrollo tales como la ampliación del acceso a electricidad, mejora de la provisión de agua potable, saneamiento básico, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, entre otros. Parece indudable que las condiciones de la pandemia han multiplicado las expectativas y demandas entre la población local. Pero el foco del asunto parece ser el incumplimiento de los acuerdos previos por parte de la empresa. Ante la ausencia de cierre de las mencionadas brechas, y el incremento de la sensación de exclusión frente a instalaciones privadas que parecen una isla de comodidad en medio de un mar de necesidades inmediatas, la respuesta de las comunidades consistió en coordinar acciones de protesta. Ello condujo a la toma de instalaciones de la estación N° 5 en Saramiriza. Ante la movilización de las comunidades, el Estado simplemente se limitó a reforzar la dotación policial, a fin de proteger a cualquier costo las instalaciones privadas. Dicha decisión, dirigida a evitar que en el campamento de Bretaña ocurra una toma similar a la de Saramiriza, acaba de terminar con una tragedia irreparable. Parte clave de la desgracia es el hecho de que las comunidades, como hemos visto repetidas veces en el pasado reciente, fundamentalmente buscaban llamar la atención de las autoridades estatales, a fin de obtener ayuda urgente, así como el cumplimiento de los acuerdos pactados  con la empresa.    

Resulta inevitable recordar los muertos y heridos de la masacre de Bagua, ocurrida en junio de 2009. Nuevamente, la sangre de humildes peruanos indígenas, esperanzados en la promesa de prosperidad y progreso asociada a la explotación de recursos naturales de sus territorios ancestrales, muestra que tras el telón de los conflictos hay algo mucho más complejo que un simple problema de oposición ambiental, de reclamos insatisfechos o de prepotencia empresarial. Un Estado completamente coludido con intereses privados, termina reproduciendo una larga historia de exclusión que marca nuestra trayectoria republicana, que puede describirse como una disociación entre derechos ciudadanos y pertenencia étnico étnico-cultural. Así, la condición de ciudadanos sujetos de derechos básicos, termina siendo un privilegio excluyente, que alcanza fundamentalmente a las personas no indígenas.

Más allá de las reglas de juego teóricamente correctas de la interculturalidad reconvertida al lenguaje burocrático, el consentimiento previo, la reducción de brechas y las ambiciosas disposiciones de la Ley de Consulta, siguen predominando viejos problemas de exclusión y desigualdad, que atañen a la propia esencia de un orden nominalmente republicano y democrático. El Estado no solo acepta desproteger a aquellos que, en el fondo, terminan considerados como no-ciudadanos. Además termina asumiendo el triste rol de agente promotor de una modernidad etnocida. Porque a pesar de los cantos de sirena del progreso y desarrollo, los miembros de los pueblos indígenas resultan condenados al sacrificio de su propia cultura e identidad, con tal de acceder a algunos retazos de “ciudadanía” o “desarrollo”. Terminan siendo infra ciudadanos. Por esa razón, los muertos y heridos indígenas de los conflictos sociales, resultan siendo víctimas desechables: se trata de no-ciudadanos cuyas vidas parecen ser el costo necesario a pagar, a fin de mantener el rumbo de nuestro crecimiento neoliberal.    

Pero ocurre que los muertos y heridos siempre tienen responsables concretos. No se trata solamente de los miembros de las fuerzas del orden haciendo uso o abuso de sus armas de fuego. Es decir, de los policías causantes de disparos a quemarropa, que muchas veces expresan situaciones extremas de miedo, así como ansias desesperadas de seguridad ante escenarios impredecibles de violencia. Resulta imperativo esclarecer el origen de las órdenes dirigidas a reprimir la movilización social, incluso mediante el asesinato de los comuneros indígenas. Los sucesos de Bagua, que dejaron un saldo indeterminado de muertos y heridos, fueron resultado del intento del gobierno de Alan García de imponer un paquete de medidas destinadas a promover la inversión privada en territorios amazónicos. Dicha tragedia siempre será recordada como triste corolario de un tiempo durante el cual, el Estado peruano sencillamente se alineó a intereses privados, con el fin de facilitar actividades de explotación de materias primas, así como la firma de los otrora famosos tratados de libre comercio (TLC). Entonces la responsabilidad política alcanzó al propio presidente García, así como a su primer ministro Yehude Simon, la ministra de comercio exterior Mercedes Araoz y la ministra del interior Mercedes Cabanillas. Y como siempre, la impunidad de los poderosos contrastó con el espectáculo penoso de decenas de indígenas enjuiciados durante años por su participación en los hechos, que incluyeron el lamentable asesinato de un grupo de policías encargados de custodiar las instalaciones de la estación N° 6 de Petro Perú.       

Esta vez resulta igual de grave que el actual gobierno de Martín Vizcarra haya permitido el desborde irreparable de una situación en gran medida anunciada. Porque desde hace días, como ya se ha indicado, diversas comunidades de las zonas adyacentes al río Marañón, han venido movilizándose con el fin de reclamar ayuda para enfrentar al virus, así como el cumplimiento de diversos ofrecimientos por parte del Estado y las empresas extractivas que operan en sus territorios. A pesar de las señales, lamentablemente el Estado prefirió continuar con la receta que viene aplicando luego del fin de la cuarentena: impulsar la economía a cualquier costo, incluso por encima del resguardo de la salud pública y el riesgo de expansión de la pandemia. Perú ha terminado sumando, así, las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes, junto a una profunda crisis de representación política y una crisis económica de consecuencias imprevisibles en los próximos años. A ellas se acaba de añadir ahora, con el costo trágico de los muertos y heridos del pueblo Kukama, una crisis social que apenas se asoma en el escenario. No es pura casualidad que el Perú se encuentre hoy, a pesar de haber implementado una temprana y estricta cuarentena, entre los países del mundo más duramente golpeados por la pandemia del coronavirus. 

A mediados de julio, al juramentar como ratificado ministro de cultura del breve gabinete Cateriano, el escritor Alejandro Neyra usó una bella mascarilla con motivos indígenas. El gesto fue destacado como muestra de su voluntad por darle un  nuevo rumbo a la cartera a su cargo en lo referente a las políticas indígenas del Estado. Hace unos días, la actual ministra de  desarrollo e inclusión social, Patricia Donayre, tuvo un gesto similar. Al volver a juramentar como parte del actual gabinete Martos, lució un vistoso vestido con motivos indígenas amazónicos, destacando así su origen loretano y su voluntad de aportar al mejor manejo gubernamental de los temas indígenas y regionales.

Más allá de los usos simbólicos, hay una enorme distancia entre las buenas intenciones de funcionarios y políticos de turno, y la situación real que enfrentan día a día los pueblos indígenas, en su lucha por sobrevivir y alcanzar progreso, desarrollo, dignidad y reconocimiento pleno como peruanos. Más aún en el contexto de una pandemia que los ha afectado severamente, incrementando aún más la pobreza y desigualdad, y mostrando que ad portas de su bicentenario, el Estado sigue prestándose a reproducir los engranajes de viejas exclusiones que aún nos diferencian como ciudadanos, peruanos o simples personas. Se trata de una distancia honda y dolorosa, imposible de remediar mediante el simple cumplimiento de protocolos interculturales garantes de la reglas de juego del orden neoliberal. Una distancia que a unos, desde las alturas del Estado, les permite lucir bellas obras de arte indígena, mientras que a otros simplemente los mata o hiere a balazos.

Minería

ESPINAR: MOVILIZACIÓN, VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE LA FUERZA…

Soc. José Antonio Lapa Romero

La población de Espinar tiene una larga historia de relación de convivencia tensa y conflictiva. Particularmente en la última década, una relación “tóxica” con la actividad minera que se desarrolla en su territorio por casi 40 años. Así, la imagen idílica e inexistente de feliz convivencia de empresa y población ha sido producto del marketing empresarial, dado que la realidad de Espinar está atravesada por una extendida pobreza estructural; impactos mineros crecientes en la economía de las familias de las comunidades del entorno minero y en la salud de las personas; fuentes de agua contaminadas; encarecimiento del costo de vida; fragmentación social; criminalización y permanentes conflictos en un escenario de hegemonía del poder minero.

Foto: Álvaro Franco

1. EL PODER MINERO: ENTRE UN MAR DE RIQUEZA Y UN OCÉANO DE POBREZA

Antapaccay, de la transnacional Glencore (antes de Xstrata Tintaya) viene explotando desde el 2012, principalmente cobre (oro y plata), en el distrito de Espinar. El 2012 su producción de cobre alcanzó 51,876 TMF1Toneladas Métricas Finas (MTF).; y en el 2018, 205,414 de TMF2MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM). Anuario Minero 2018. Consulta: 26 de julio de 2020 <http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543>. De otro lado, su producción de oro alcanzó a 4,124,241 gramos finos en el 2018, y plata 44,306 kilogramos finos. Traduciéndose en una venta anual de S/. 3’ 690,612,000 para el 20163Las Minas del Perú. Perú: Proyectos y prospectos 2017-2019. Perú Top Publicaciones 2017.. El mar de riqueza producida, concentrada y acumulada se da dentro de un océano de pobreza y pobreza extrema, que no se ha transformado significativamente en su área de influencia que alcanza en promedio al 70 %. Así, según información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para mayo del 20204INFOMIDIS. Padrón general de hogares. Consulta: 20 de julio de 2020 <http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/padronGralHog> en Espinar, el 30% de hogares son no pobres, 48% pobres y 22% pobres extremos. A este escenario se le añade una extendida exclusión histórica y afectaciones aún no resueltas: 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera, de los cuales el 100% se encuentran con niveles biológicos detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en sus cuerpos5COOPERACCION y otros. Metales Pesados Tóxicos y Salud Pública. El Caso de Espinar. Lima. 2016. Págs. 14-17.; incremento de la mortandad de animales (Ovino, Alpaca y Vacuno); contaminación de los ríos Cañipia y Salado; polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones; vertimientos de aguas industriales al río Cañipia y filtraciones de la presa de relave de Huinipampa; y la criminalización de líderes/dirigentes que vienen siendo procesados durante ya más de 8 años por el conflicto del 2012.

2. VIEJAS Y NUEVAS CAUSAS DEL CONFLICTO

Los conflictos en Espinar tienen historia. Así, el conflicto de julio del 2020 tiene en sus orígenes viejas y nuevas causas. Viejas causas que estuvieron presentes en el conflicto del 2012 y los acuerdos de la mesa de diálogo cuya implementación, en gran medida, aún 8 años después, sigue estando pendiente de ser resuelta en sus elementos centrales: 1) reformulación del convenio marco; y 2) atención a la salud a las personas con metales tóxicos en sus cuerpos. El actual conflicto en sus inicios irrumpe en un escenario de lucha política que se venía desarrollando por la consulta previa del proyecto Coroccohuayco; que vuelve causa central a el bono solidario de los S/ 1,000 soles, en un escenario donde la pandemia ha afectado y viene afectando las economías familiares de una mayoría de espinarenses. Esta situación se da, no obstante la actividad minera de Glencore, y los espinaerenses siguen viviendo de la agricultura, ganadería, comercio y servicios. La situación se intensifica por el retorno de cientos de espinarenses de las ciudades cercanas como Arequipa y Cusco, y el limitado acceso a los bonos del Estado en el marco de la Pandemia.

En efecto, este nuevo conflicto en Espinar posterior a la ratificación del bono en el comité de gestión del convenio marco el 14 de mayo por una amplia mayoría (5 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra), constituyó un campo político de tensión y lucha política por casi 60 días que se manifestó; en primer lugar, en la conformación del comité de lucha provincial. En segundo lugar, a través de movilizaciones y cacerolazos a favor del bono por parte de los distritos de Espinar, Pallpapta y Coporaque (también pequeñas movilizaciones de comunidades a favor de la empresa); y en tercer lugar, en una intensa campaña mediática de Antapaccay a través de su propuesta Reactiva Espinar, y sobre las donaciones de alimentos en el marco de la pandemia y el número creciente de casos de COVID-19 detectados en los trabajadores mineros que en julio alcanzó a 48 (también era parte de su publicidad las donaciones al Hospital de Espinar y de 100,000 mil soles al gobierno regional de Cusco para la planta de oxigeno). Así, no obstante los intentos de resolución del conflicto por vía dialogada por parte de los actores en disputa y el Estado no dieron resultando; por el contrario, fue polarizando las posiciones en disputa.

3. VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA

El paro indefinido provincial que inicia 15 de julio en sus ocho primeros días no solo fue creciendo en el número de movilizados con la incorporación cada vez más activa de los distritos sino se fue radicalizando cada día más por los enfrentamientos permanentes, los heridos y las agresiones que se fueron produciendo entre las fuerzas estatales (Policía y el Ejercito) y los movilizados. Situación que en el octavo día llegó a la cumbre máxima del conflicto generando heridos por la violencia desatada, y con 3 heridos de bala producto del uso de bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego; situación de violencia vivida de manera muy similar en el conflicto del 2012. La violencia vivida ha sido descrita por los mismos jóvenes, “el vehículo en el que viajaban fue detenido por los agentes, quienes lanzaron una bomba lacrimógena a su interior, lo que los obligó a salir. Cuando ya estaba fuera los redujeron a golpes de patadas y con las armas de reglamento. Algunos dicen que recibieron amenazas de disparo por lo que tuvieron que estar tirados en el piso durante mucho tiempo6Pulso Regional. Lo que ha dejado el paro indefinido en Espinar. Consulta: 27 de julio de 2020 <https://www.pulsoregional.pe/2020/07/25/lo-que-ha-dejado-el-paro-indefinido-en-espinar/>.

Así, a este patrón de uso de la violencia se suma la criminalización que se expresaba al inicio del paro indefinido, ya que 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar han sido notificados por el Ministerio Público-Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del código penal, en agravio del Estado”, que tenía un claro objetivo de amedrentamiento, desmovilización y criminalización.

Mientras que el tercer patrón se muestra a través de la privatización del uso de la fuerza pública, que si bien en el conflicto 2012 se expresaba a través del convenio que tenía la empresa con la Policía, se mostraba en los hechos durante el conflicto del 2020 en el resguardo por parte de las fuerzas policiales de las instalaciones de la empresa minera empleándose las fuerzas públicas de manera parcializada a favor de intereses privados. Se buscó luego una figura creativa, dado que al octavo día de mayor violencia Antapaccay informaba que ante los actos “vandálicos” las “fuerzas del orden, conforme a sus atribuciones, han procedido a custodiar la unidad minera Antapaccay”7Antapaccay. Comunicado: Campamento minero Antapaccay en custodia de las fuerzas del orden”. 23 de julio de 2020. Consulta: 26 de julio de 2020 <https://www.facebook.com/Antapaccay/photos/a.1711152682490182/26857343850 32002/?type=3&theater>.

Así, este conflicto nuevamente está atravesado por patrones de violencia estatal, criminalización y privatización de la fuerza pública. No obstante la tregua y aparente calma en Espinar, se espera que este conflicto sea resuelto por la vía dialogada.

27 de julio de 2020

Foto: Álvaro Franco

[1] Toneladas Métricas Finas (MTF).

[2] MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM). Anuario Minero 2018. Consulta: 26 de julio de 2020 <http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543>

[3] Las Minas del Perú. Perú: Proyectos y prospectos 2017-2019. Perú Top Publicaciones 2017.

[4] INFOMIDIS. Padrón general de hogares. Consulta: 20 de julio de 2020 <http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/padron GralHog>

[5] COOPERACCION y otros. Metales Pesados Tóxicos y Salud Pública. El Caso de Espinar. Lima. 2016. Págs. 14-17.

[6] Pulso Regional. Lo que ha dejado el paro indefinido en Espinar. Consulta: 27 de julio de 2020 <https://www.pulsoregional.pe/ 2020/07/25/lo-que-ha-dejado-el-paro-indefinido-en-espinar/>

[7] Antapaccay. Comunicado: Campamento minero Antapaccay en custodia de las fuerzas del orden”. 23 de julio de 2020. Consulta: 26 de julio de 2020 <https://www.facebook.com/Antapaccay/photos/a.1711152682490182/26857343850 32002/?type=3&theater>

Perú

LOS PUEBLOS INDÍGENAS ENTRE CONSULTAS VIRTUALES Y EL COVID-19

Natalí Durand Guevara 1Antropóloga, candidata a doctora en antropología por la Universidad Iberoamericana, Docente UNMSM.

Cuando un awajun nace entierran su cordón
umbilical en la puerta de su casa,
porque mueran donde mueran siempre volverán a casa.
(mito awajún, las ausencias siguen aumentando)

Transcurridos más de cien días desde que el Estado decretó el Estado de emergencia por la expansión de la pandemia Covid-19, si hay algo que está mal desde el inicio es cómo el Gobierno viene tratando a los pueblos indígenas; la ayuda tarda en llegar o no llega, cada día se registran más contagios y se suman más muertes. Ante esta indiferencia e inacción, los diversos pueblos de la amazonía se vienen organizando y apelan a la solidaridad para poder comprar medicinas o el bien más preciado en estos tiempos: “oxígeno”, demandando también al Estado ser beneficiarios de los Bonos ofrecidos.

Diversos líderes indígenas, con el avance de la pandemia y sabiendo que son parte de la denominada población riesgo, han solicitado en repetidas oportunidades al Estado que no los deje desprotegidos. Esta vulnerabilidad responde a motivos como el cambio de su dieta tradicional (yuca, pescado, carne de monte, frutas, etc) por productos altos en carbohidratos y azucares los cuales traen enfermedades como diabetes, la presión alta y la anemia; las condiciones precarias de higiene pues no se cuenta con agua potable solamente entubada (sin tratar); servicios higiénicos poco adecuados (no se tienen baños con letrinas, duchas, lavabo, etc.) convirtiéndose en un foco infeccioso. A ello se suma el difícil acceso al territorio, con carreteras en mal estado, que no llegan a los centros de las comunidades y hacen que sea letal trasladar a un paciente enfermo al centro médico más cercano, sobre todo en enfermedades como el Covid-19 donde la falta de oxígeno puede matar en cuestión de segundos.

Pese a este desolador panorama, la titular del MEF María Antonieta Alva, que no ha dudado en favorecer a los empresarios con programas como “Reactiva Perú”, recién mencionó a los pueblos indígenas la semana pasada, esta vez para lanzar la brillante idea de realizar “Consultas Previas Virtuales”. Esto parece una broma (y de muy mal gusto) por diversos motivos, pasaremos a explicar algunos.

* Todo tipo de acuerdo emana de una decisión comunal generalmente tomada en asamblea; desde el acuerdo más pequeño (limpieza del local comunal, fiesta de la comunidad, campeonatos deportivos, etc) hasta los que implican decisión sobre su territorio. Estas asambleas se realizan mayormente los domingos y cuentan con la participación todas las personas de la comunidad, en este espacio se discute, se debate, se escuchan las demandas y las quejas de los pobladores y de ser necesario se sanciona2Una de las sanciones que es utilizada con frecuencia por los pueblos de la amazonía es el “hichango”, a la persona que ha cometido una falta se le golpea con esta planta la cual produce comezón y ardor en el cuerpo, depende de la falta que haya cometido la sanción será más dura, estas tienden a ser inmediatas, resolviéndose siempre en la asamblea comunal.; no es posible llegar a una decisión sin ser consultada por todos y todas. 

* No existen recursos disponibles; son muchas las comunidades indígenas que cuentan con electricidad, algunas tienen algunas horas del día, otras utilizan paneles solares y el motor para cargar algunos artefactos, mayoritariamente una radio; la señal de internet es un bien esquivo a veces capta señal en medio del río o bajo un árbol de mangos; convirtiéndose en el punto de encuentro de los jóvenes de las comunidades. Tampoco se cuenta con computadoras, en el mes de abril3https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/126149-presidente-vizcarra-gobierno-adquirira-mas-de-840-mil-tablets-para-destinarlas-a-los-estudiantes-de-la-zona-rural-y-urbana-en-situacion-de-pobreza el gobierno prometió a las escuelas “Tablets” para que los menores puedan realizar las clases de manera virtual, y para que los padres vieran si les correspondía algún tipo de ayuda del Estado; una bonita iniciativa, pero hasta el día de hoy parece no haberse concretado.

* La intencionalidad de favorecer grandes capitales; en medio de la tragedia y la muerte que ronda a causa del Covid-19 se busca otorgar concesiones a proyectos extractivistas vulnerando aún más su territorio y la salud de las poblaciones afectadas.

Las diversas organizaciones indígenas han rechazado este proyecto emitiendo un pronunciamiento colectivo4http://www.caaap.org.pe/website/2020/07/03/rechazo-frontal-a-la-consulta-previa-virtual-porque-va-contra-el-dialogo-intercultural-y-vulnera-el-consentimiento-previo-libre-e-informado/?fbclid=IwAR1yO3I5EiULU9yWCoazd-w9RuShKy0hhkISyN-0BmapZEsrHp6Db6uc-VA y deben ser respaldadas desde todos los ámbitos posibles. No se pueden seguir vulnerando sus derechos y peor aún aprovechándose de esta crisis para impulsar proyectos que las diversas comunidades han rechazado, incluso con levantamientos que han costado la vida de diversos dirigentes en defensa de su territorio.

El territorio awajum y la pandemia

Uno de los levantamientos amazónicos más recordados es el llamado “Baguazo” en el año 2009, el cual dejó 33 muertos (23 policías y 10 pobladores entre ellos 5 indígenas) 1 policía desaparecido, 200 heridos (Informe de la Defensoría del Pueblo). Este levantamiento se dio con el fin de derogar los paquetes legislativos decretos legislativos5https://www.servindi.org/actualidad/5532 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 los cuales vulneraban sus derechos sobre el uso de su territorio. Gracias a este levantamiento no solamente se logró la derogatoria de estos decretos, sino también, que por fin se promulgó y reglamentó la “Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada”.

El líder awajún Santiago Manuin, fundador del Consejo Aguaruna Huambisa, fue uno de los heridos en el Baguazo recibiendo ocho balazos por parte de la policia en dicho levantamiento y, como otros muchos y muchas awajún y wampís que se levantaron, fue sometido a largos juicios que los debilitaron económica pero también anímicamente; juicios que duraron años y de los cuales lograron salir absueltos.

Manuin, venía pidiendo constantemente que el Estado no los deje desprotegidos en medio de esta pandemia “A los hermanos/as peruanos/as, en especial a los pueblos indígenas Amazónicos y Andinos. Ante todo, quiero expresar mi profundo sentimiento y preocupación por la situación de salud que esta atravesando el mundo y en especial nuestro país6Santiago Manuin, 22 de marzo 2020.”…pero su llamado no fue escuchado.

El primero de julio, Santiago Manuin, así cómo Francisco Juwau primer alcalde awajún de Condorcanqui, fallecieron víctimas del Covid-19 otra vez abandonados por el Estado, dos luchadores por la vida y por la tierra volvían a los brazos de Ajutap. Al igual que la mayoría de distritos y comunidades de la selva, Condorcanqui no cuenta con un hospital que tenga las medidas mínimas para poder atender a los pacientes de Covid-19; los cuales se ven obligadas a gestionar diversas ayudas. Por ejemplo, la iglesia de Condorcanqui y particularmente el párroco de Nieva, está liderando una campaña para comprar una planta de oxígeno que atienda a los pacientes que día a día van aumentando.  Estas iniciativas se han replicado también en Ucayali y Loreto, siendo la implementación de plantas de oxígeno medicinal de vital importancia pues el traslado de una ciudad mediana a un hospital equipado puede tardar más de 10 horas, que hace imposible que los pacientes de Covid-19 resistan el traslado, muriendo en el trayecto. A las comunidades solo les queda apelar a la solidaridad, ya sea de iglesias, artistas, antropólogos, músicos, etc, pues ya ha estas alturas se han resignado a que el Estado no les brinde algún tipo de ayuda oportunamente.

Lamentablemente, tampoco el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura ha tenido una adecuada respuesta a esta crisis, demostrado inoperatividad ineficiencia y poco conocimiento del tema. En tal sentido, ha promulgado normas como el DL 1489, el cual como bien señala el antropólogo Alberto Chirif “no solo es insignificante para atender la emergencia creada por el COVID-19 en las comunidades indígenas del país, sino que además contiene medidas equivocadas que demuestran la falta de conocimiento de sus gestores acerca de la realidad nacional”7http://www.caaap.org.pe/website/2020/05/25/control-comunal-vs-desconcierto-estatal/?fbclid=IwAR1s8af4PTdOP43RxWNJJomO9yGDEXoMCKSq7t1-iEZSwepJzMSgEHrml1M, sin un plan claro y sin siquiera atender las propuestas realizadas por las organizaciones indígenas.

A manera de Epílogo: Hoy la amazonía se viene tiñendo de enfermedad y muerte. En las diversas ciudades, pueblos y comunidades los contagios aumentan, los muertos aumentan, cada día llegan nuevas desalentadoras noticias sobre el fallecimiento de más sabios y luchadores a causa del COVID-19. Recordemos por ejemplo al profesor Shimpukat, el comunicador Kinin, el alcalde de Masisea Silvio Vallés Lomas, el presidente de Feconatiya8Federación de Comunidades Nativas Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas., Humberto Chota; los líderes Santiago Manuin, Carmen Wasmit, Francisco Juwau, Mélida Yanua entre tantos otros y otras. Es duro y triste, pero nos quedan sus lecciones, las historias compartidas, los saberes entregados a sus pueblos. Esperamos que sus espíritus vuelvan a su tierra que amaron y defendieron; esperamos, además, que no se sigan vulnerando sus derechos y que la ayuda estatal tan necesaria llegue antes que sigamos sumando nombres a esta terrible lista.


[1] Antropóloga, candidata a doctora en antropología por la Universidad Iberoamericana, Docente UNMSM.

[2] Una de las sanciones que es utilizada con frecuencia por los pueblos de la amazonía es el “hichango”, a la persona que ha cometido una falta se le golpea con esta planta la cual produce comezón y ardor en el cuerpo, depende de la falta que haya cometido la sanción será más dura, estas tienden a ser inmediatas, resolviéndose siempre en la asamblea comunal.

[3] https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/126149-presidente-vizcarra-gobierno-adquirira-mas-de-840-mil-tablets-para-destinarlas-a-los-estudiantes-de-la-zona-rural-y-urbana-en-situacion-de-pobreza

[4] http://www.caaap.org.pe/website/2020/07/03/rechazo-frontal-a-la-consulta-previa-virtual-porque-va-contra-el-dialogo-intercultural-y-vulnera-el-consentimiento-previo-libre-e-informado/?fbclid=IwAR1yO3I5EiULU9yWCoazd-w9RuShKy0hhkISyN-0BmapZEsrHp6Db6uc-VA

[5] https://www.servindi.org/actualidad/5532

[6] Santiago Manuin, 22 de marzo 2020.

[7] http://www.caaap.org.pe/website/2020/05/25/control-comunal-vs-desconcierto-estatal/?fbclid=IwAR1s8af4PTdOP43RxWNJJomO9yGDEXoMCKSq7t1-iEZSwepJzMSgEHrml1M

[8] Federación de Comunidades Nativas Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas.

COVID-19

¡EL GRITO DE MI PUEBLO!

Compartimos el siguiente texto de Bikut Sanchium, estudiante de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, instamos a apoyar la campaña de solidaridad con Santiago Manuin, quien se encuentra delicado de salud. Adjuntamos los detalles en la imagen final.

No son uno, no son dos, no son tres ni son cien, ni mil, sino un pueblo entero que grita auxilio. Un grito sin respuesta. Un grito que para los que sentimos el dolor del otro no hay tiempo para dormir.

En cada mañana suena el celular. Es un mensaje. Reviso el mensaje y siento dolor. «Hay uno menos del pueblo» me digo con la garganta seca. Llega otro mensaje «murió» es la palabra que leo. Me acuesto mirando el techo de mi cuarto. Suena otra vez el celular. Los abro. Son videos de distintas comunidades de Amazonas. En los videos veo a mis viejos, a mis hermanos, a mi pueblo. Oigo voces: son llantos. «Es el dolor de mi pueblo clamando una mano» digo en silencio sentado sobre el piso, mirando una nada ya.

Me acuesto en el piso. Pienso en las lágrimas, en la voz accidentada de dolor y en el clamor de la señora del video. Me paro y me apoyo contra la pared. Pienso en las cuatro enfermeras de Mesones Muro que se ingenian para atender a los 2 mil pobladores; en los 60 enfermeros de Chiriaco que se alistan a recibir a los 16 mil de su zona. «La realidad en el resto de mi pueblo es igual». Pienso en el tiempo de cada enfermero/a; en el dolor de su corazón al ver morir a sus pacientes. En mi imaginación recorro el pueblo de Nieva, Santiago, El Cenepa. En mi caminata veo a tantos hermanos corriendo por las farmacias, buscando a algún enfermero, pidiendo dinerito para comprarse alguna pastilla y ampolla. Me siento en la silla y pienso en los del poder. Los imagino que se ríen con las copas de vino entre sus manos, vacilándose con sus amigos mientras comen una deliciosa comida.

Tiembla el celular. Es una llamada de la frontera de El Cenepa. Allá también el COVID-19 llegó. Pero aún no llegan los medicamentos. No hay equipos de protección. No hay enfermeros. Hay enfermos. Hay muertos. Hay lluvia de lágrimas. La gente no sabe qué hacer. Vuelvo a sentarme en la silla. Sigo pensando. Mi gato se acerca. Me mira con ojos inundados de lágrimas. No sé qué le pasa. Vuelve a timbrar el celular. Ahora lo alzó con miedo. Es una llamada de Santiago, el pueblo de mis hermanos Wampis. «Aquí no hay medicinas. Los enfermeros también se han contagiado. La gente se muere» es la voz que escucho. Una voz que de sollozo se convierte en llanto. Siento un frío electrizante de cabeza a pies. Llora el hombre del otro lado del celular. Lloro yo también en silencio.

En mi cuarto camino de un lugar a otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ayudarles? me pregunto mientras agito mis manos. Mis ojos se abren más. Es una luz de esperanza. Me siento frente a la pantalla de la laptop. Les escribo a mis amigos (as) y hermanos (as) de otras regiones del Perú y del resto del mundo. Les cuento la realidad de mi pueblo que lo sufro con mi corazón.

-Qué puedo hacer. No tengo tiempo ni para comer. A nosotros no nos pagan por todo lo que hacemos. Ni tengo tiempo para responder la llamada-me dice una enfermera de Imaza.

¡Qué valiente la mujer! quiero decir. Pero no. Es un abuso. Violentación de su derecho. ¿Cómo recompensarles? pienso entre lágrimas. Suspiro lleno de energía.

Me llega una lista de personas fallecidas; me llegan más mensajes, videos, testimonios de la guerra contra la pandemia; un combate sin ningún arma de los enfermeros y médicos de Imaza, Nieva, Santiago, El Cenepa. Mi pueblo que los hipócritas del mundo alababan como el pulmón del mundo muere asfixiado ante la mirada atenta de los poderosos.

Suspiro impotentemente. Mi corazón llueve dolor. En mis ojos brotan lágrimas. Mis manos siguen dando pasitos veloces en las teclas. Les escribo a todos los que les conozco: Ayúdenme por favor. Mi pueblo está muriendo-digo. Unas líneas de lágrimas pasan a los costados de mi nariz. Ya es madrugada. No tengo sueño. No duermo, y si duermo, no descanso. No me da hambre, pero me sirvo la comida y como sin sentir su sabor. En mi memoria viene un recuerdo. Es un recuerdo de mi primer amor. El efecto de aquel amor es lo que siento ahora por mi pueblo: ¡Amo a mi pueblo!

¡Ayúdenme! -grito en los mensajes que no sé cuándo terminaré de escribir; mensajes que no sé si me ayudarán a recibir apoyo. Son letras que viajan como soldados sueltos a buscar refuerzos.

La imagen de la portada fue extraída de aquí: https://forbescentroamerica.com/2020/05/11/los-indigenas-de-la-amazonia-se-enfrentan-al-covid-19-desprotegidos-y-vulnerables/