Batallas por la memoria

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Deborah Poole y Gerardo Rénique[1]

El excarcelamiento de Fujimori durante la Nochebuena del 2017 dio lugar a una inusitada y grave crisis política que puso en evidencia el conflictivo (y disputado) legado autoritario del neoliberalismo peruano. Acosado por denuncias de corrupción que amenazaban su permanencia en la presidencia y abandonando el compromiso firmado durante su campaña electoral con los familiares de las víc­timas de la violencia estatal, prometiendo no liberar a Fu­jimori, el presidente Kuzcynski le concedió una “amnistía humanitaria” dejándolo libre después de haber cumplido solo un tercio de su condena de veinticinco años por deli­tos contra la humanidad y malversación del tesoro públi­co.

Sin embargo, en el Perú —como en otros lugares— el le­gado del neoliberalismo no debe reducirse exclusivamen­te a las múltiples injusticias cometidas por el Estado. Su legado también incluye la creatividad y capacidad con la que ciudadanos y ciudadanas han resistido y combatido estas injusticias. A pesar de haberse decretado durante las fiestas de fin de año, la amnistía a Fujimori dio lugar a masivas manifestaciones de rechazo. Bajo la consigna de que el indulto representaba un insulto a las memorias de las víctimas del conflicto, y encabezados por familiares de muertos y desaparecidos, miles de ciudadanos y ciudada­nas, la mayoría de ellos nacidos durante las postrimerías y después del conflicto interno, se movilizaron a lo largo y ancho del país en contra de la amnistía y demandando la renuncia del presidente. Considerada por los familiares como una “bofetada a las víctimas”, la medida fue también cuestionada por la CIDH, así como también por organiza­ciones nacionales e internacionales de derechos humanos que consideran la amnistía a Fujimori como un duro golpe a la lucha contra la impunidad tanto en América Latina como en otras partes del globo.

De otro lado, y teniendo como trasfondo la atmósfera glo­bal de intolerancia, autoritarismo y xenofobia con que se intentan borrar las memorias de las guerras coloniales e intervenciones imperiales para justificar la exclusión de refugiados e inmigrantes demonizados como delincuentes o terroristas en potencia, en el Perú la liberación de Fuji­mori y la caída de su liberador Kuzcynski ha envalentona­do y empoderado a quienes niegan la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante la guerra interna. El más visible y ofensivo vocero de este discurso negacionista es el general en retiro y actual con­gresista Edwin Donayre, quien durante su actuación como comandante general del Ejército fue acusado de obstruir la investigación de una masacre, ocurrida en setiembre de 1984, en la cual militares ejecutaron a más de 120 indefen­sos pobladores, entre los cuales se encontraban 19 niños. Como político conservador y asiduo invitado de progra­mas radiales y televisivos, Donayre ha hecho del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) el blanco preferido de sus ataques por considerar que desde este se gesta “de una forma hostil, oculta y clandestina una apología al terrorismo”. La exhibición a la que se refiere en su ataque muestra objetos, fotografías y testimonios de los casos de violencia más paradigmáticos perpetrados tanto por las fuerzas del Estado como por Sendero Lumi­noso. Ofrece también información biográfica de víctimas, tanto civiles como militares. Establecido bajo condiciones políticas bastante adversas, y a pesar de sus limitaciones interpretativas, la exhibición representa un importante esfuerzo para visibilizar —y honrar— a las víctimas de una guerra que afectó sobre todo a los sectores histórica y socialmente más explotados, discriminados y marginali­zados de la sociedad peruana.

El ataque al LUM marca la culminación de una sistemática y persistente campaña que de años atrás acusa como apo­logistas del terrorismo a escritores, artistas, directores tea­trales y cinematográficos que a través del testimonio o de la ficción se atreven a dar cuenta de vivencias personales y colectivas de aquellos directamente afectados por la vio­lencia. Campañas mediáticas a las que la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) respondió iniciando investiga­ciones de aquellas personas acusadas de hacer apología a la violencia terrorista. En un caso extremo, seis meses an­tes de la excarcelación de Fujimori, se forzó la renuncia de Guillermo Nugent, director del LUM, por haber autorizado una muestra gráfica crítica de la corrupción, las políticas autoritarias y represivas del régimen fujimorista. En otro caso, a inicios del presente año, se confiscaron temporal­mente las obras de los artistas populares de Sarhua adqui­ridas por el Museo de Arte de Lima (MALI), las que a través de formas de expresión artística tradicionales daban cuen­ta del trastorno de sus vidas cotidianas como consecuen­cia de la violencia tanto de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas. Si bien ninguna de estas indagaciones dio lugar a procesos judiciales, las acusaciones mantienen latente el espectro de un terrorismo atribuido a organizaciones que no solamente han sido derrotadas mi­litar y políticamente hace ya más de dos décadas, sino que también —como fuera el caso MRTA— han renunciado a la lucha armada por considerarla equivocada, o que como Sendero Luminoso desistieron de su “guerra popular” en un “acuerdo de paz” con el mismo Fujimori. A pesar de es­tas evidencias, la amenaza del “terrorismo” mantiene una extraordinaria resiliencia. Recientemente, en mayo del presente año, en un intento más por descalificar la terca y justificada resistencia de los agricultores del valle del Tam­bo a la expansión del proyecto minero de Tía María, uno de los gerentes de la Southern Perú Copper Corporation, por ejemplo, calificó a esta población como “genéticamen­te terrorista” por el simple hecho de estar localizada en el valle donde naciera Abimael Guzmán.

Si bien hasta el momento esta campaña de búsqueda/ invención de “terroristas” ha sido sobre todo promovida por exmiembros de las Fuerzas Armadas, las acciones de Donayre han recibido el apoyo de periodistas, políticos e intelectuales de extrema derecha. Estos incluso manifies­tan, mediante una carta abierta, que tanto el LUM como la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) son instru­mentos de una supuesta cábala de “marxistas” que “arro­gándose el monopolio de la verdad y la memoria histórica” pretenderían reescribir la historia del Perú exculpando a las organizaciones subversivas de los crímenes cometidos durante el conflicto interno. En la misma carta afirman también que todos los abominables crímenes cometidos durante el conflicto fueron cometidos por los terroristas y no por los militares. Valga recordar que históricamente la amnesia y la impunidad han constituido los pilares de los autoritarismos tanto fascistas como estalinistas. Además de invisibilizar a las víctimas de la violencia, a sus comuni­dades y sus entornos culturales, el discurso de la derecha negacionista encubre también la recurrencia de la violen­cia política y estatal en la historia peruana. Violencia que tanto bajo el Estado colonial como el republicano ha esta­do dirigida particularmente en contra de pueblos indíge­nas, campesinos y trabajadores.

De esta manera, como ha ocurrido en las postrimerías de otros conflictos armados, particularmente en las gue­rras civiles y coloniales, en el Perú actual se prolonga una guerra que terminadas las acciones armadas se continúa peleando en las batallas por la memoria. Desde la perspec­tiva de campesinos, indígenas, mujeres y trabajadores, la memoria de la guerra interna representa un hito más en un pasado marcado no solo por el transcurrir del tiempo, sino sobre todo por la pérdida de seres queridos, de tierras, de recursos, de identidades, de derechos, intensificadas durante las transiciones entre ciclos de acumulación del capital. Mientras estos ciclos que se identifican en la his­toria oficial como los “boom” del caucho, del azúcar, de los minerales y de las lanas, están grabados en la memoria subalterna como momentos de violencia, desplazamien­to, marginalización y muerte. No es de extrañar, pues, que para los campesinos e indígenas peruanos, como para los de otras regiones antes colonizadas del llamado “sur glo­bal”, la expansión de las industrias extractivistas de las últimas décadas sea considerada como una “tercera con­quista”.


[1] Docentes de John Hopkins University y The City College of New York, respectivamente. Agradecemos a los autores, así como a Stefano Corzo, director de Punto Cardinal Editores, por autorizarnos a reproducir esta sección del epílogo del libro de Deborah Poole y Gerardo Rénique, Perú: tiempos del miedo. Violencia, resistencia y neoliberalismo. Lima: Punto Cardinal Editores, 2018.