Apurímac: Territorios, protestas y derechos en contextos extractivistas

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Enver Quinteros[1]  

El presente artículo se propone dar cuenta del actual contexto socio político de la región Apurímac; en particular, el escenario de protestas desarrolladas el último año de gobierno de PPK. Para tal efecto, se aborda el complejo momento político organizativo que vive Apurímac como sociedad pos-violencia. Un contexto marcado por procesos históricos y actuales, desarrollados en el marco del modelo neoliberal extractivista todavía en auge, y sobre el cual diversos actores sociales alientan paros y protestas, interactuando desde esta conflictividad con el Estado, las empresas y otros actores regionales y nacionales.

¿Milagro apurimeño? El complejo escenario pos- conflicto armado interno (CAI)

Como nunca en su historia, Apurímac ocupa hoy un lugar central para el Estado y los poderes económicos del país. La razón principal es que en su territorio se asientan importantes proyectos mineros. Diversos textos elaborados en y desde Lima, hablan del “milagro apurimeño”, que alude a un óptimo aprovechamiento de los recursos mineros por parte de la región. Ciertamente, en Apurímac la minería ha permitido multiplicar presupuestos regionales y municipales que ayudan a construir infraestructura estatal y dinamizar sectores económicos como construcción, transporte y servicios. Más aún, según el INEI, la pobreza se ha reducido en zonas rurales debido al desarrollo de la minería popular (artesanal, informal e ilegal) por parte de los campesinos. No obstante estos hechos, es necesario señalar que otros impactos de esta actividad –en especial los conflictos sociales– son apenas advertidos por los actores económicos y estatales.

El “milagro apurimeño” está puesto en cuestión no solo por los 20 conflictos sociales registrados en la región, sino y centralmente por la coexistencia de la actividad minera con un conjunto de problemas históricos, tales como las desatendidas secuelas del conflicto armado interno, la pobreza urbana, la ausencia de proyecto e identidad regional. A ello se suman disputas territoriales entre actores transnacionales y locales, la emergencia de grupos neo-violentistas, la corrupción generalizada, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, violencia y feminicidio, y la desconexión política del Estado regional frente a ellas. En efecto, si bien la presencia del Estado hoy es significativamente mayor, la precaria calidad en la atención de derechos, derivada de la desarticulada implementación de sus políticas –acompañada de corrupción–, contribuyen a configurar una preocupante desconexión con la sociedad. Desconexión que además impide entender a Apurímac como región pos-violencia y llevar, inconsulta y recurrentemente, al gobierno regional a endeudamientos millonarios –adelantos de canon y regalías– dirigidos a inversión en infraestructura, como única solución a los múltiples problemas de la región.

Mientras el Estado regional va por este camino, favorable a algunos sectores empresariales y en menor medida a pequeños actores económicos, la sociedad realmente existente va por otro carril. Entre los problemas más álgidos que configuran el panorama socio político de la región, destacan las tensiones no resueltas por la priorización de tal o cual actividad económica debido al precario avance en el ordenamiento territorial; las disputas jóvenes/adultos en el uso del territorio para minería o agricultura, la configuración de nuevos poderes locales vinculados a minería ilegal y el narcotráfico, los conflictos entre empresas y comunidades sumados a los conflictos inter e intra-comunales por minería popular, linderos o demarcaciones territoriales; las tensiones comunales parcelación/uso colectivo de la tierra y la criminalización de líderes sociales.

Sub-territorios, problemáticas y protestas

Es todavía un exceso afirmar que Apurímac existe como región. Desde su creación como departamento en 1873 Apurímac existe como la agregación de tres sub-territorios desmembrados a otras regiones. Estos tres sub-territorios –chanka, quechua y yahanuara– si bien experimentaron diversos procesos históricos comunes, también desarrollaron complejas dinámicas específicas incluyendo el desarrollo de protestas y luchas por la reivindicación de derechos.

Sub-territorio Chanka: Andahuaylas y Chincheros.

Históricamente, esta zona se encuentra vinculada a Ayacucho y ha sido la de mayor dinamismo sociopolítico. Durante la década de los 60, los procesos de tomas de tierras y el elevado número de agrupaciones políticas de izquierda que allí emergen, con una importante participación campesina, dan cuenta de ello. Posteriormente, como en el resto de provincias, el conflicto armado desestructuró las organizaciones urbanas y rurales. Sin embargo, desde fines de los 90s, entre idas y vueltas, el tejido social ha intentado reactivarse conformando un heterogéneo conglomerado de organizaciones aún fragmentadas y con diversos intereses: Clubes de madres, asociaciones de productores, frentes de defensa, juntas de regantes, colectivos juveniles, organizaciones de mujeres así como federaciones de campesinos mineros, CONARE-MOVADEF, etc., son parte de ella.

Todas estas organizaciones desarrollan diferentes actividades económicas y políticas. En localidades rurales, con la llegada de la mediana y pequeña minería la década pasada, la tradicional actividad agropecuaria fue complementada y/o reemplazada por la minera popular. Asimismo, la minería ilegal se ha expendido, llegando incluso a desarrollar vínculos con el narcotráfico a partir de la venta o intercambio de insumos de dinamita o combustible. La ausencia de políticas agropecuarias; el bajo precio de la papa; el uso de químicos que elevaron la producción pero contaminaron las tierras; los periodos de sequía y la falta de trabajo; llevaron a sectores campesinos a apostar por la minería popular posibilitando la creación de la FERMAPA[2]. Dicha organización, que artículo al universo de campesinos mineros junto a los que llegaron de Nazca y Puno, llegó a registrar diez mil miembros aunque hoy se encuentra algo debilitada.

Por otro lado, en el sector magisterial apareció con fuerza el CONARE-MOVADEF que a lo largo de la última década logro desplazar a Patria Roja de los SUTE provinciales y el regional. La fuerza alcanzada se evidenció los años 2009 y 2012, cuando consiguió frenar la reforma educativa regional y puso contra las cuerdas al gobierno del hoy prófugo expresidente Segovia, quien luego de un paro de dos meses tuvo que firmar acuerdos de bonificaciones económicas y aceptar la conformación de una mesa técnica educativa (que nunca se activó). Vale aclarar que este último paro magisterial del 2017 no es liderado por CONARE, destacando más bien la fuerte presencia de los SUTE provinciales, cuyo protagonismo es buen reflejo del desborde de una huelga compleja, heterogénea y masiva, extendida a casi todas las regiones en demanda de legítimas mejoras salariales.

Destacan también otras organizaciones como los Frentes de Defensa o Comités de Lucha, que en el marco del desempleo, inseguridad y corrupción generalizada impulsaron protestas y paros contra la minería y la protección de cabeceras de cuenca organizado por la JUDRA (2011) que logró reducir la minería en la zona; y los paros contra la corrupción del 2016 y de julio último. Según los dirigentes del Frente de Defensa, estos dos últimos paros provinciales fueron organizados por las bases y el pueblo cansado de la corrupción, aunque según otras voces, fueron más bien dirigidas por miembros del MOVADEF y sectores vinculados al narcotráfico, con el objetivo de lograr mayor acumulación política y la destitución de funcionarios que investigan lavado de activos, respectivamente.

Sub-territorio Yanahuara: Cotabambas, Antabamba y Grau

En este territorio predomina la etnia yanahuara y es el lugar donde se ubica el proyecto minero Las Bambas. Fue un eje político y económico importante durante el incanato y la colonia debido a la producción de metales, pero tras una aguda crisis de producción quedó sistemáticamente postergada. Recién en el presente siglo, con la llegada de la gran minería transnacional, la zona ha cobrado importancia para el Estado y las elites económicas.    

También aquí las secuelas del conflicto armado interno y la postergación económica llevaron a aceptar la instalación de la gran minería que inició operaciones el año 2003. Pese a sus dudas, las provincias apostaron por ella y las posibilidades de desarrollo que podría generar. Sin embargo, pasado los años, Xtrata y MMG no solo desconocieron compromisos y acuerdos (EIA), sino que generaron diversos conflictos, vulnerando derechos incluso con el respaldo y protección del Estado. La mayoritaria valoración negativa de los cuatro gobiernos nacionales y regionales, explica ese hecho. Incluso el balance positivo de la minería se limita a señalar haber logrado trabajo temporal y beneficios económicos para algunos sectores de servicios.

Por el contrario, los impactos negativos producidos en un contexto de convivencia de gran y mediana minería junto a la minería popular, son largos de enumerar pues impactan en muchas comunidades de la zona. Al mediático conflicto Las Bambas, que ya dejó cuatro muertos, se suman otros como en Haquira con la empresa Anabi o la minería artesanal en Asacasi y Tambobamba. También se cuentan conflictos inter-comunales o los suscitados por la contaminación sonora, del agua, aire y tierra por los 250 vehículos que transitan diariamente la carretera que traslada el mineral, cruzando varios distritos. La criminalización, muerte y seguimiento de líderes, sumado a las declaratorias de emergencia (cuatro a la fecha) y la militarización de la sociedad, generan un escenario alto de desconfianza como sucede en Record Cconccacca, Ccahuapirhua o Mara, que actualmente desarrolla un paro contra el tránsito de los vehículos mineros. Hay varios otros impactos que por espacio no desarrollamos, pero deben tomarse en cuenta, en particular el altísimo costo de vida y los impactos diferenciados en las mujeres.

En este complejo escenario las comunidades y organizaciones sociales negocian, desarrollan protestas y reivindican derechos. Los Frentes de Defensa distritales y provinciales, las Rondas Campesinas y la Federación interprovincial que articula a Cotabambas, Grau y Espinar y Chumbivilcas (Cusco), se organizaron y plantearon sus problemáticas en varias Mesas de Diálogo, pero sin resultados sustantivos. Vale señalar también las estrategias de división implementadas por las empresas, los impactos específicos en las localidades y la aún fragilidad de las organizaciones señaladas, factores que impiden una mayor articulación de las demandas, causando tensiones y distancias entre las mismas. Por lo pronto, en un escenario en el que la empresa MMG se encuentra ya en fase de explotación, predomina un escenario de tensa calma, siendo un paso importante de las organizaciones desligarse de caudillos vinculados al etnocacerismo y MOVADEF que pretendieron apropiarse de las dirigencias.

Sub-territorio Quechua: Abancay y Aymaraes

Esta zona, sede de la capital política regional, cuenta con poca tradición organizativa y movimientista, imponiéndose más bien el conservadurismo religioso y político representado por el APRA y Acción Popular, a diferencia de Andahuaylas donde históricamente domina la izquierda. De hecho, el movimiento campesino por la toma de tierras fue débil, obedeciendo los cambios importantes de entonces al impulso de la reforma agraria estatal. Se trata además del territorio regional más golpeado por el conflicto armado, en particular la provincia de Aymaraes donde se produjeron las más altas cifras de violaciones a los derechos humanos, pues Sendero Luminoso “barrió” a las comunidades y pocas organizaciones existentes.

Primero durante la violencia con la recepción de desplazados y luego durante el boom minero, Abancay creció y se transformó abruptamente. Los hacendados fueron reemplazados por una nueva elite económica vinculada, como en Cotabambas y Andahuaylas, al sector construcción, transporte y servicios. En cierto modo, son las familias tradicionales, sus franquicias políticas la nueva elite que ocupa los puestos dentro del Estado y detentan un poder económico y político importante. No obstante, habiendo ocupado el poder regional y municipal, con la parcial excepción del gobierno municipal de APU (2002/6) y el regional de Llapanchiq (2007/11), el resto de administraciones no formularon proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo. Durante el cuatrienio 2011-15, con el GORE dirigido por Segovia y Noé Villavicencio, la desconexión Estado-sociedad llegó a su máxima expresión, sumado a una corrupción generalizada que los involucra en procesados judiciales junto a una decena de alcaldes municipales de diversas localidades.

El mes de julio, el nuevo endeudamiento del GORE ante el MEF por 323 millones, se realizó sin consulta a la población, generando malestar y ocupando la atención de las organizaciones, medios y políticos de la zona. El Frente de Defensa, la CGTP y diversos gremios sindicales y barriales abanderaron los cuestionamientos al gobierno regional por este hecho. Sin embargo, sería la Mesa de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) la que organizó una audiencia en la cual el gobernador Venegas informo al respecto. Mientras tanto las otras organizaciones sociales como la FEMURA, FARA y diversos colectivos de jóvenes, incluidas el movimiento homosexual y feminista, continúan centrados en la reivindicación de sus agendas particulares, aunque con críticas importantes al modelo dominante.

No podemos dejar de mencionar que un tema de enorme preocupación lo constituye la progresiva reactivación o emergencia de sectores neo-violentistas. Al CONARE-MOVADEF se suman el sector adscrito al Centro Islámico del Perú Islam Occidente dirigido por un caudillo local que lideró el movimiento etno-cacerista en la región. En los diversos paros o protestas de los tres sub-territorios descritos, se ha constatado la intención de ambos grupos por infiltrarse en el liderazgo de las luchas, especialmente en los claustros de la Universidad Micaela Bastidas, donde la disputa entre sectores estudiantiles es intensa. Estos hechos indicarían que el trabajo político de las organizaciones extremistas va más allá del mero activismo y debe ser tomado en su real dimensión por cualquier esfuerzo de construcción política transformadora.


[1] Especialista de la oficina Regional Apurímac de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

[2] FERMAPA: Federación Departamental de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros de Apurímac. FEMURA: Federación de Mujeres de la Región de Apurímac. FERCCAPA: Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac. FARA: Federación Agraria Revolucionaria de Apurímac Juan Velasco Alvarado. JUDRA: Junta de Usuarios del Distrito de Riego Andahuaylas – Chincheros.