¡Ahora es cuando! Alternativas y horizontes nuevos para la izquierda peruana

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Trilce Oblitas y Gabriel Valenzuela[1]

Crisis de régimen: nuevo horizonte democrático o barbarie fujimorista

Ante la actual crisis de régimen que vive el país, se hace nece­sario impulsar un proyecto de país alternativo para recuperar la democracia capturada por los grupos de poder económico (GPE). Si queremos fomentar nuevos horizontes democráticos, primeramente hemos de dejar de lado la oclusión imaginaria y la incapacidad de la izquierda postrada por el sentido común neoliberal. Por ello, decir basta a los modelos democráticos procedimentales, debilitados o de poca calidad, y socialmente excluyentes por no respetar los derechos sociales y económi­cos de sus ciudadanos y ciudadanas, resulta insuficiente. Se requiere plantear un modelo alternativo democrático que sea viable y utópico a la misma vez. Pensamos, por tanto, que el concepto de “instituciones populares” planteado por Álvaro Gar­cía Linera, nos podría servir para revertir el sentido común he­gemónico y proponer alternativas serias a la gobernanza neo­liberal de las clases dominantes. Si no logramos efectuar este “salto político” habremos perdido una oportunidad histórica y, sin lugar a dudas, el proyecto neoliberal de las clases domi­nantes se refundará a través de su expresión más barbárica: El fujimorismo 2.0.

Neoliberalismo en el Perú: ¿En beneficio de quiénes?

En un país periférico dentro del sistema mundo como es el Perú (geográficamente situado en un espacio de extracción de plusvalía global y donde las élites locales, históricamente, concentran mucho poder), la restauración del poder de las clases dominantes se propulsó en el momento de la caída del gobierno populista del APRA y el auge de la coalición mafiosa fujimorista (1993), instaurando un proceso de transformación neoliberal sumamente agresivo. Mediante el aparato estatal neoliberal (con un sistema político “decretista” y “excepcio­nalista” que le favorece), los mecanismos de acumulación por desposesión como la privatización, la desregulación y la libe­ralización del mercado beneficiaron a unos pocos a costa de la restricción de la capacidad organizativa de las clases popula­res (que sufren de una débil capacidad de acción colectiva y or­ganizativa desde entonces). Constituyendo, de esta manera, el régimen del 93 y su transición incompleta que dura hasta hoy.

Si cartografiamos el poder del actual régimen neoliberal, identificamos dos pilares que lo sostienen. En su dimensión estructural, los GPE lograron concentrar mayor poder econó­mico mediante la alta concentración de mercado, a costa de la desposesión de los derechos sociales y económicos de las mayorías. Este poder económico, altamente concentrado, ha repercutido sobre las instituciones utilizando mecanismos de captura política: Financiamiento lícito e ilícito, puertas girato­rias y lobbies[2], impidiendo la realización de políticas públicas para la igualdad, sobre todo, respecto a la justicia tributaria. Como resultado, la desigualdad social se ha mantenido alta a pesar del auge de la economía (el ciclo de las commodities) y más aún en una época pos bonanza.[3] Las brechas sociales se demuestran por la insuficiente inversión en las personas para erradicar la pobreza extrema, la poca inversión en salud, edu­cación, y protección social. Además, en los próximos años, se augura la reducción en el presupuesto de programas sociales claves, una baja en la creación de empleo y un retroceso labo­ral que se expresa en el estancamiento del salario mínimo y una significativa reducción en la inversión de programas con­tra la inequidad de género en el actual gobierno.

La explotación y la alienación de las clases dominadas no se sostienen solas. Requieren también de una dimensión ideoló­gica que funciona primordialmente a través del poder mediá­tico, altamente concentrado en dos grupos empresariales: Los grupos El Comercio y La República). Estos oligopolios mediáti­cos monopolizan las agendas de la información y operan para conseguir grabar en el imaginario ciudadano el mantra de que lo público es corrupto, ineficaz, sinónimo de despilfarro y de ataque a la libertad, favoreciendo los intereses privados de los GPE (contrarrestando cualquier alternativa al status quo). Un buen ejemplo de esto, fue la temerosa y alarmista reacción de El Comercio contra el llamado de Veronika Mendoza por un “proceso constituyente” durante las movilizaciones contra el indulto a Fujimori, tachandola de tener un “afán totalitario y autocrático”.[4] Claramente, un proceso constituyente demo­crático rompería con la constitución neoliberal del 93 y por lo tanto con el funcionamiento de los GPE.

A pesar de los resultados negativos del proyecto neoliberal (reconocido incluso por economistas del FMI), este continúa ejerciendo su poder estructural e ideológico. La actual gober­nanza neoliberal que lo acompaña no ha hecho más que con­tinuar con las políticas privadas en beneficio de la maquinaria del poder de los de arriba, al entender que la culpa no era de las políticas económicas neoliberales, sino más bien de la de­ficiente institucionalidad y las particularidades de los países en las que se aplicaban. Según este modelo post Consenso de Washington, se haría necesario mejorar la “transparencia” y “accountability” de las instituciones estatales, a fin de que el neoliberalismo funcione con más efectividad. En otras pala­bras, las instituciones han de servir para consolidar los inte­reses gananciales de las elites económicas a costa de limitar la fuerza participativa, conflictiva y transformadora del “escán­dalo de la democracia”[5].

Es más, la teoría institucionalista continuamente nos pide que enfoquemos el debate en la confianza y la representación, ha­ciéndonos pensar que el sistema democrático puede reducirse a que las instituciones existentes de un viejo orden político son los únicos vehículos de representación, se encuentran débiles por el comportamiento electoral de la población y su confian­za o falta de la misma. De esta manera, es posible entender que si bien el neo institucionalismo aboga por determinar la rela­ción e interacción entre las instituciones y los individuos, no es suficiente para visibilizar las reivindicaciones de un sector de la población que no tiene mayor vínculo o se identifica con las instituciones que deberían garantizar no solo asumir au­to-representación de nuestros derechos, sino entender, inter­pretar y traducir a políticas de acción, nuestras demandas y luchas. Es por ello que, aunque una institución cumpla con su rol asignado para ejercer representación y poder (por ejemplo los partidos políticos tradicionales o el Congreso), construidos bajo parámetros viejos de identificación política, pueda no ne­cesariamente ser un vehículo colectivo que resuelva los proble­mas de acción colectiva o decisión colectiva.

Las instituciones se comportan como vallas de un sistema que se concentra en instrumentalizar la representatividad para incrementar las cuotas de poder de grupos selectos e incre­mentar los ingresos de los mismos; por ello, como menciona Álvaro García Linera, no se nos permite ver aquellas fracturas y fisuras de la sociedad entre los gobernantes y los gobernados, de manera que es perpetuada la dominación y relaciones de poder pactadas, en las que la voz de la calle no tiene protago­nismo y solo se la describe como amenaza a un sistema de ins­tituciones ya desgastadas. Todo ello hace que nos planteemos si las instituciones son capaces de revertir esta tendencia con­tinua o si es que existen alternativas o nuevos paradigmas que re-configuren estos equilibrios pactados. Es entonces, quizás el momento político de la izquierda que puede y tiene la capaci­dad de construir una fuerza política que altera los equilibrios viejos para poder devolver las instituciones a la gente.

Crisis de las elites y panorama político

La actual crisis de régimen se produce en un momento de crisis de sobreacumulación capitalista global[6], impidiendo su flujo y ciclo de acumulación, con lo cual se ha forjado un nuevo proyecto de reestructuración del poder de las clases do­minantes en detrimento de las clases populares. Esto se hace evidente con el fin del auge económico en el 2014, cuando los GPE lograron capturar el gobierno de Ollanta Humala, y ac­tualmente con las revelaciones de los casos de corrupción (el caso lavajato), que implican a todos los gobiernos de la “tran­sición democrática”, de manera que el conflicto de intereses entre lo público y lo privado se hace notorio[7]. Lo nuevo de esta crisis es que no se limita a la élite política sino a una parte im­portante de la elite económica (caso del “club de constructores” y la temporal detención de los ejecutivos de Graña y Montero, uno de los “doce apóstoles”), en el que se observa una ruptura importante del régimen del 93.

Por otro lado, se vislumbra un panorama político por el cual la desafección de la población con las elites políticas se ha ge­neralizado, acoplado con un gobierno incapaz de incorporar a una parte importante de la derecha fujimorista a largo plazo (la ilusión temporal del “gabinete de reconciliación” mediante un pacto desde arriba le ha costado a PPK la dimisión de una parte importante de sus ministros y la fractura de su partido), y donde las élites políticas y económicas ya no poseen un pro­yecto nacional unitario tras haber roto el contrato social con las clases populares, que poco a poco se ha ido desgastando.

Una institucionalidad popular antioligárquica

El plantearnos construir un sistema que a través de una nueva institucionalidad genere respuestas colectivas a las demandas de la gente, de las protestas en la calle, de los y las maestras, de los productores de papa, así como de las mujeres denunciantes de abuso, quizás es lo más revolucionario que puede hacer la izquierda en el Perú en este momento.

Por eso entendemos que una nueva institucionalidad requiere, ante todo, un proceso constituyente que provenga de la poten­cia plebeya de los de abajo y hacerse eco de las nuevas emanci­paciones por venir, para contrarrestar la Constitución neolibe­ral del 93. En sintonía con el elemento popular que constituye a la democracia, la “sala de máquinas”[8] ha de ser reorganizada para canalizar las demandas populares y los nuevos proyec­tos de emancipación social, apelando a su conflictividad. Para cualquier proyecto de izquierda esta no es una tarea sencilla ya que se basa en saber navegar las contradicciones tanto de las calles como de las instituciones, para avanzar hacia nuevos ho­rizontes democráticos y de expansión de derechos. En palabras de Luciana Cadahia, se trata de concebir una “gubernamentali­dad populista”, desde la cual construir una forma de gobierno conflictual cuyo uso de las instituciones va transformando la lógica liberal de la que proviene la escuela institucionalista[9].

Ante la ruptura política que se avecina y el desgaste del régi­men del 93, romper con el pasado institucional oligárquico mediante la construcción de una institucionalidad popular es un desafío constante que se genera a partir de la integración de las luchas sociales de los de abajo contra los de arriba. Proceso de cambio y de voluntades colectivas, que ha de ser enmarcado y contextualizado para un proyecto alternativo de país.


[1] Trilce Oblitas es Msc en Ciencia Política, especialista en resolución de conflictos y cooperación por la Universidad de Leiden; Gabriel Valenzuela es Msc en Globalización y Desarrollo Económico por la Universidad de Londres.

[2] Durand, Francisco, Los doce apóstoles de la economía peruana: una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, Lima: PUCP, 2017.

[3] Oxfam, ¿Hacia dónde vamos?: Promesas de Kuczynski contra la desigualdad continúan estancadas tras un año de gobierno, Documento de Trabajo Perú N° 6, Octubre 2017. Las promesas de desarrollo económico inclusivo incluidas en el plan de gobierno de PPK ya no se cumplirán, ahora que el presidente se encuentra perdido en su laberinto.

[4] “El golpe soñado”. Editorial, El Comercio, Lima, 30 de diciembre de 2017.

[5] Jacques Rancière, El odio a la democracia, Madrid: Amorrortu, 2006.

[6] La sobreacumulación del capital puede entenderse como la caída de la tasas de ganancia de Marx. Esto es, una crisis de sobrecapacidad productiva y laboral que ralentiza y estanca el circuito del capital. Ver: David Harvey, El enigma del capital y la crisis del capitalismo, Madrid: Akal, 2012.

[7] Véase: Francisco Durand, Juegos de poder: política tributaria y lobby en el Perú, 2011-2017, Lima: Oxfam, 2017.

[8] Roberto Gargarella, La Sala de Máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Buenos Aires: Katz, 2014.

[9] Cadahia, Luciana, “Populismo y Democracia: una alternativa emancipadora”. En: Cuba Posible, 2017