El giro constituyente de la política peruana

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Alonso Marañon Tovar1Polítologo, docente, militante

Desde Enero, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales 2021 en el Perú, un spot televisivo nos alerta sobre el peligro de una Asamblea Constituyente. Mientras que aparecen imágenes de enfrentamientos del paro agrario y una mano que empuja fichas de Dominó, un narrador de voz grave y pausada, acompañado de una música de suspenso, relata lo siguiente:

“El Perú está bajo ataque. Manos perversas se infiltran entre las legítimas necesidades de la gente para derrumbar lo que todos los peruanos hemos construido juntos. Ahora es la agroexportación pero van por mucho más. Esta es una ofensiva que no se va a detener hasta derrumbar uno a uno todos los sectores económicos, destruyendo cientos de miles de puestos de trabajo. Igual que en Venezuela, Bolivia y Chile, generan anarquía para pedir una Asamblea Constituyente…”

El spot, parte de la campaña “Defensores de la Inversión” promovido por la organización derechista LAMPADIA, es signo de que vivimos una situación extremadamente particular: se habla de una nueva constitución en la discusión pública. La crisis aparece por encima del orden. Antes del 2020 prever algo así era inaudito, pues solo unas minorías defendían el cambio total de nuestra constitución de 1993, lo cual además tenía poca resonancia en los medios de comunicación. Sin embargo, la situación se ha invertido. Ahora la discusión tiene tanta fuerza que solo una minoría está en contra del cambio constitucional. Según una encuesta de Diciembre del 2020, un 49% busca realizar algunos cambios a la actual constitución, un 48% quiere una Nueva Constitución, y un 2% dice que no se debe cambiar nada.2Link de la encuesta del IEP Entonces, solo una minoría como LAMPADIA busca que la constitución siga tal y como está.

Las posiciones se han alterado y la nueva constitución ya no es un tema prohibido. Todos los actores opinan sobre eso. No es solo la izquierda, que solitariamente por muchos años habló de una nueva constitución, sino que ahora es un tema reapropiado por distintas fuerzas políticas. Si en las elecciones generales del 2016 solo 4 organizaciones de las 19 que participaron propusieron en sus planes de gobierno la posibilidad de una Nueva Constitución,3http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2016/03/Politicas-de-Estado-y-Planes-de-Gobierno-2016_2021.pdf. Los partidos que propusieron Nueva Constitución fueron el Frente Amplio, Perú Libertario, Democracia Directa y Siempre Unidos. hoy en las elecciones del 2021, donde participan 18 organizaciones, son 10 las fuerzas políticas que proponen la Nueva Constitución. De estas 10, son 7 los partidos que proponen como mecanismo de cambio la asamblea constituyente.4Documento de Transparencia sobre las propuestas partidarias: https://cutt.ly/bkI4T0b. Es un cambio considerable. Además, hay otros hechos que llaman la atención sobre la difusión de la Nueva Constitución: en el congreso hace tres meses se creó la bancada “Nueva Constitución” (conformada por ex congresistas de Acción Popular y Unión por el Perú), Vizcarra propone una asamblea constituyente en su campaña, Guzmán habla de una comisión de alto nivel que analice el tema, las consignas sobre nueva constitución se difunden con más resonancia en las marchas, etc. Los límites de nuestra política, celosamente resguardados por las clases dominantes, están siendo desbordados y por eso comienza tan tempranamente la campaña del miedo en las elecciones del 2021.

La Nueva Constitución aparece en la crisis de uno de los primeros experimentos hegemónicos del Perú, esto es, el esquema de poder originado en los años noventa bajo el autoritarismo de Fujimori y reformado en la transición democrática del 2001.5He escrito sobre la hegemonía neoliberal y su originalidad en el Perú: https://revistaojozurdo.pe/wp-content/uploads/2020/10/OZ10-Final-99-103.pdf En comparación al resto de la historia peruana caracterizada por golpes de Estado, la hegemonía vigente gozó de gran estabilidad, pero desde el resultado electoral del 2016 comenzó a exhibir un notable declive. Por primera vez los resultados anunciaban que el bando ganador del Poder Ejecutivo, representado por el inversionista Pedro Pablo Kuczynski, contaría con una bancada muy minoritaria en el congreso. Además, el bando perdedor de la segunda vuelta, el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori, contó con una amplia mayoría congresal. Desde este espacio el fujimorismo lanzó ataques sistemáticos contra el Poder Ejecutivo, en un contexto institucional que brinda amplias ventajas a las mayorías congresales, lo cual generó una crisis política que dura hasta hoy.

Desde el 2016 ocurrieron hechos anómalos en la hegemonía neoliberal. Por ejemplo, conflictos entre la presidencia y el congreso, gigantes y mediáticos casos de corrupción sobre la clase política y empresarial a partir del caso Odebrecht, el indulto presidencial a Fujimori, la expuesta parcialidad y corrupción de instituciones estatales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma de algunos artículos de la constitución vía referéndum, la disolución del congreso, etc. Las promesas de la transición del 2001 sobre la recuperación de la institucionalidad democrática fueron rompiéndose poco a poco. Por ciertos momentos parecía que estábamos de vuelta en los años noventas, con Alberto Fujimori libre, el fujimorismo con mayoría en el congreso y la Fiscalía de la Nación cooptada por intereses mafiosos. De no ser por la presión de las calles, este proceso de degeneración democrática hubiera ocurrido a mayores velocidades.

A pesar de todos los problemas, más situados en planos institucionales de las altas esferas del poder, aún quedaba la gran base de la democracia peruana del siglo XXI: la estabilidad económica. Al lado de la sombra del pasado, sobretodo de los años ochenta con su hiperinflación y terrorismo, los resultados económicos y sociales del siglo XXI eran definidos como un milagro. Aunque desde el 2013 el super crecimiento se detuvo ante la caída del precio de los minerales, aún se mantenía la solidez macroeconómica como la baja inflación (2.1% en 2019) y las altas reservas internacionales (equivalente al 30% del PBI en 2019). Desde diversas partes del país se advirtió que esto no era suficiente para el desarrollo pues el modelo peruano tenía muchas debilidades (fanatismo neoliberal, grandes casos de corrupción, criminalización de la protesta, pésimos servicios públicos, etc.), pero las élites y gran parte del pueblo parecían seguir cómodos en este permanente contraste entre el pasado y la actualidad. Y entonces llegó la pandemia, la cuarentena y la recesión económica con sus trágicos resultados al ser Perú uno de los países más afectados sanitaria y económicamente en el mundo. El hechizo neoliberal se rompió y el país volvió a experimentar traumas históricos en torno a la desigualdad, la corrupción de sus gobernantes y su subalterno lugar dentro del orden mundial.

La vacancia presidencial de Vizcarra aceleró la degradación de nuestra política al irrumpir las multitudes callejeras para corregir el rumbo del país. La desesperada maniobra de la mayoría del congreso y de la extrema derecha para ganar el gobierno generó una indignación muy generalizada pocas veces vista en nuestro país. Las movilizaciones callejeras siempre han existido en la política peruana, pero la escala nacional de fines del 2020 fue algo inédito. El factor popular, visiblemente activo en la crisis bajo la figura de los trabajadores en las calles desafiando la cuarentena para poder sobrevivir, apareció esta vez con fuerza en el plano político, bajo la figura de multitudes acéfalas, para expulsar a Manuel Merino de la presidencia. Su fallida maniobra de construir legitimidad en medio del caos pandémico consistió en el uso de la fuerza bruta y en retoricas vacías sobre los procedimientos de un orden constitucional con escaso consentimiento entre la población. Si bien es un sentido común hablar de la debilidad de la sociedad civil en el Perú, al lado de poderosos movimientos y organizaciones sociales en otros países de la región, es necesario remarcar que nos encontramos en una crisis que altera los patrones de poder. Las posiciones comunes en la hegemonía vigente han sido trastocadas. En medio de ese desorden, nació el breve gobierno de Merino, y a su lado las multitudes callejeras fueron realmente fuertes.

El conflicto nacional de Noviembre del 2020 promovió, de forma inesperada, el giro constituyente de la política peruana. La debilidad del nuevo gobierno, la represión, las víctimas del Estado y las multitudes en las calles antagonizaron la situación entre un mayoritario bando demócrata y otro de una minoría golpista. En forma similar a anteriores conflictos que culminaron exitosamente para las calles, se logró revertir la medida objetivo frente a la cual se protestaba: Merino renunció y el congreso estuvo obligado a elegir como presidente a un legislador que voto en contra de la vacancia de Vizcarra. Un éxito limitado, de estilo defensivo, clásico en la política contenciosa peruana, en tanto los elementos que causaron el problema siguieron ahí presentes con impunidad: los congresistas de la vacancia continuaron en sus puestos, no existe una reforma policial en curso y no hay responsables por las muertes y heridos de la represión. Sin embargo, a diferencia de anteriores luchas y en un contexto donde ha sido explícita la incapacidad del Estado para controlar la vida, esta vez hubo efectos impredecibles de ruptura. Un esbozo de una futura ofensiva contra la hegemonía ha comenzado a tomar forma. La masividad, heterogeneidad y simultaneidad de las movilizaciones radicalizaron la discusión sobre el futuro del país, al punto de que la cuestión democrática escapó de los márgenes usuales del cambio, esto es, la generación de reformas sobre aspectos puntuales desde comisiones de expertos o políticos. No tenemos información de cómo exactamente la Nueva Constitución pasó de ser un tema marginal a uno normal, futuras investigaciones podrían analizar eso, pero podría señalarse que el ejemplo chileno y las redes sociales fueron entre los jóvenes un elemento importante. Sea como fuere, la Nueva Constitución transcendió rápidamente el espacio de las marchas para colocarse como tema recurrente en los medios de comunicación y ahora también en las elecciones generales del 2021. Muchos actores que antes hubieran negado tajantemente la posibilidad de tener una nueva constitución, hoy se ven obligados a realizar mayores o menores concesiones sobre el tema, pues perciben que hay un cambio en el sentir popular. Es decir, el sentido común peruano es otro desde Noviembre del 2020.

La Nueva Constitución es un campo de lucha. Es un elemento que flota en la discusión política, como el spot reseñado al inicio lo comprueba, y que puede ser apropiado por distintas fuerzas políticas. La vigencia de la Nueva Constitución en el debate está relativamente asegurada por la profundidad de nuestra crisis: la pandemia continúa, la economía tardará en recuperarse, el próximo presidente tendrá problemas de gobierno en medio de un congreso fragmentado y tendiente a emplear la vacancia, los conflictos sociales pueden volver a marcar agenda como las marchas de noviembre y el paro agrario nos han mostrado, las clases dominantes emprenden variadas campañas mediáticas en defensa de sus privilegios adquiridos en el marco de la constitución del 93, etc. Las circunstancias obligan a trazar la estrategia política dentro de este giro constitucional. Las fuerzas políticas van progresivamente insertándose en ese espacio, como se advierte en el escenario electoral 2021.

En este escenario, las izquierdas tienen una ventaja inicial por su explícita posición a favor de la Nueva Constitución. Sin duda, es una victoria de posición que la Nueva Constitución, en un país tan conservador y neoliberal como el Perú, ahora sea relevante en la política a partir de una movilización popular contra un golpe. La Nueva Constitución se une así a una serie de luchas de largo trayecto (feministas, indígenas, etc.) que en el siglo XXI lograron avanzar posiciones. El sentido y relación de estas luchas nunca está asegurado y es una tarea permanente llenarlas de contenido transformador, evitando así que se conviertan en consignas vacías. La Nueva Constitución puede ser el factor articulador de estas luchas. Las izquierdas pueden colaborar con esta tarea en las elecciones del 2021 y en el largo y conflictivo proceso que se viene por delante, porque una vez que la crisis se pone por encima del orden, es complicado volver a equilibrar las cosas.

*Foto de Sebastián Castañeda (Reuters)


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