La COVID-19 y otras tragedias

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Rosi Rojas Navarro

El fruto de una consideración plena de la tragedia no debe ser un sentimiento de desesperanza o de resignación moral, sino un profundo sentido ético de nuestro yo, en su radical dependencia de los otros

Desde que comenzó la pandemia, hemos tenido que acostúmbranos a la incertidumbre y a la supresión de la vinculación con el otro. Esto en términos sociales, pero también se han tomado  medidas políticas para enfrentar la crisis sanitaria, las cuales podríamos cuestionarnos. Por ejemplo, esta pandemia trágica comenzó en Asia y algunos países la llamaron “enfermedad de los ricos”. Se llamó así porque se asoció en un comienzo con los más favorecidos, alcanzando súbitamente la conmoción y comprometiendo a hegemonías culturales de occidente. Veíamos a empresarios, estudiantes o turistas recién llegados de Europa con una enfermedad lejana, pero más preocupante que la mayoría de las enfermedades infecciosas y contagiosas que quedaban muy lejos de su existencia. Así, La COVID-19 se presentó como una enfermedad con la capacidad de diluir esas fronteras infecciosas. Por tanto, se impuso no sólo por su crueldad genética, sino, también, por su capacidad (al menos en un comienzo) democratizadora, “porque las enfermedades se vuelven una preocupación pública cuando afectan a los que tienen poder”, en palabras de Diego Armus.

Pero, en nuestra realidad, a esa pandemia, inicialmente entendida como exclusiva, debe ser sumarse las otras epidemias locales como la malaria, la desnutrición o la TBC, “enfermedades distintivas de la pobreza rural y semirural de las regiones de nuestro país”, que la gente de aquí acepta como cotidianas y donde las cuotas de personas que fallecen son parte de la fotografía local. Así, la urgencia de la COVID-19, se produjo en escenarios de desigualdad previa a su llegada, y ocasionaron que las condiciones de vulnerabilidad se acentúen, dando como resultado más sufrimiento donde hay más pobreza. Un dato contundente es que en los lugares donde hay mayor cantidad de pacientes con TBC existe mayor cantidad de casos de COVID-19; entonces, esta enfermedad original y equívocamente llamada de los ricos, hace ahora sinergia con las enfermedades de los pobres.

Por eso, me asombro cuando leo que el decano del colegio médico, dice que “… las dos únicas maneras que tenemos a la fecha para  enfrentar la crisis son mantener las medidas de prevención y la vacunación”; queda claro que lxs entendidxs priorizan de manera categórica la vacuna como casi única posibilidad de salida a esta situación. Quizás, hay cierta verdad en los comunicados del gobierno sobre el horizonte no muy lejano de las vacunas, aunque según The Econnomist estaremos vacunados al 60% recién en el 2022. Pero omitamos eso. Vacunar a la mayoría implica logística y considerar las inequidades que tenemos dentro de la nación para acceder a estas. De igual forma, hay  también una serie de desventaja frente a otros países más atractivos financieramente, puesto que ya vimos como Inglaterra habiendo pagado a Pfizer, no tiene aún las vacunas pactadas, porque, al parecer, la empresa decidió vendérselas a un mejor postor. Asimismo, las injusticias de siempre siguen allí, ya que nos enteramos como en España las personas más pudientes tuvieron las mismas prerrogativas que el personal médico en primera línea. Otra situación a tener en cuenta es la que comenta Tsukuyama “… las variante sudafricana y brasilera  podrían originar reinfecciones…. estudios preliminares dicen que hay una menor eficacia de los anticuerpos y por lo tanto una menor respuesta de las vacunas

¿Entonces, me pregunto por qué sólo debemos esperar las vacunas o el sálvese quien pueda sanitario? Es imposible que en un contexto de epidemias intermitentes la ministra Pilar Mazzeti diga algo tan desconcertante como: “Hemos comprendido la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud (APS), dado el súbito aumento de casos en zonas rurales”. La APS no sólo fue renovada en el 2018, sino un compromiso sanitario de los países en la declaración de Alma-Ata, desde 1978. Como sabe cualquier persona informada, la APS no sólo mejoraría y prevendría las muertes por la tragedia pandémica que nos azota, sino que, también, disminuiría la afectación general de salud que padecemos por las otras enfermedades que matan menos. La APS satisface la mayoría de necesidades de salud de las personas (80 %) y, además importante, crea comunidad de apoyo sin distancia social.

Entendamos que la prevalencia de enfermedades vinculadas a la pobreza como las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, las parasitosis, la desnutrición la malaria, la tuberculosis y la COVID-19 son enfermedades que necesitan intervenciones tempranas. Un tratamiento a tiempo, por medio de la APS, disminuirían las tasas de mortalidad total. Aquí algunos datos. Primero, la OMS estima que en el Perú se produce un mayor número de casos de TBC de los que son notificados. Para el año 2015 la OMS estimó que se produjeron 37 mil casos de TBC y 2500 defunciones por ella. Otro más, recientes reportes indican que el embarazo en adolescentes se ha incrementado un 12 por ciento en todo el país, y en algunas regiones como Iquitos esta cifra es mayor. Esto tiene una repercusión directa con el incremento de la muerte materna.

Si bien el requerimiento de las vacunas es imprescindible y permitiría que volvamos a la antigua normalidad, salvando muchas vidas, no podemos dejar que esa normalidad siga sin incluir las enfermedades que siempre han existido, porque esta crisis, según  María van der Linde, evidencia que “la salud es un problema público sólo cuando hay grandes epidemias, pero al interior de un país deja de considerarse un problema de semejante magnitud”. Como en el epígrafe y siguiendo la hoja de ruta de Critchley, estamos condenados a padecer la verdad, pero también nos muestra que “los conflictos endémicos de la acción humana, pueden ser afrontados políticamente y puede servir como un punto de partida para una vía en común, sino mas humana, menos cruel”.


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