¿Un nuevo horizonte democrático y socialista en Perú?

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Gabriel Valenzuela1Politólogo por la Universidad de Essex con estancia en la Fundación de Arbeitung (Berlin), Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Globalización y Desarrollo por la School of Oriental and African Studies, Universidad de Londres. Fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. Ha publicado artículos sobre el desarrollo alternativo, el neoliberalismo en el Perú y el análisis discursivo crítico. Ha militado en varios movimientos sociales como Solidaridad por Palestina, Movimiento de Solidaridad Internacional, Solidaridad con los Zapatistas, Movimiento Alter-Globalización Europeo y hoy milita en el Movimiento Nuevo Perú.

Tras casi 30 años de neoliberalismo en Perú, ¿es posible construir un nuevo horizonte democrático y socialista?

“Estamos cansados de tanta explotación, tanta injusticia” protestaba una trabajadora del agro en medio de un ciclo de movilizaciones reprimidas por la policía y las Fuerzas Armadas que costó la vida de 3 personas y que, actualmente, pretende reconfigurar el campo de fuerzas del régimen agrario defendido por la burguesía agroexportadora. ¿A qué se deben estas movilizaciones sociales? ¿cómo es que se articulan y qué tipo de estrategias utilizan los movimientos de arriba y abajo? ¿Cuáles son las correlaciones de fuerzas actuales en el sector del agro? Y, por último, ¿qué pueden hacer las izquierdas progresistas ante la coyuntura política?

Las demandas de las recientes movilizaciones de miles de trabajadores claramente ponen en jaque un régimen agrario resquebrajado que alardeaba de haber generado crecimiento económico de manera acelerada y que beneficiaba a todos por igual, sostenida estructuralmente por un modelo de desarrollo neoliberal implementado en los años 90. Un bello discurso hoy hecho añicos por un ciclo de movilizaciones y cuestionamientos en el plano político, económico y simbólico en el contexto de una pandemia y una recesión económica que ha puesto en evidencia sus debilidades.

Junto con las movilizaciones urbanas de hace unos meses, las recientes protestas en el agro demuestran que puede entrar en escena una voluntad general (un poder constituyente si lo prefieren designar en términos político legales) que complete la pieza que le faltaba a una izquierda que defendía la tesis de una crisis de régimen y la defensa de una nueva constitución sin un sujeto político que lo sostenga. Sin embargo, la falta de vínculos solidarios y alianzas estratégicas entre ambas movilizaciones sociales, además de las estrategias de contención por parte del bloque de poder que se tornan más coercitivas, impiden una transformación rápida y efectiva del régimen neoliberal en el país andino.

La ofensiva neoliberal en el sector agrario en el Perú (1993-2020)

El ataque neoliberal al movimiento de trabajadores agroexportadores no es nuevo. Este se ha desarrollado de manera contenciosa y tensionada desde el comienzo de las reformas agrarias dictaminadas por el régimen fujimorista en los años 90. Hoy, bajo el continuismo de la hegemonía neoliberal y un régimen político formalmente democrático pero carente de derechos efectivos y materiales para las mayorías sociales, se ha beneficiado de sobremanera a las empresas agroexportadoras y las grandes corporaciones, en detrimento de las comunidades indígenas, la agricultura familiar y la ganadería familiar, el movimiento laboral agrario actualmente precarizado, y el desigual acceso al control sobre la tierra y el agua por parte de los agricultores vis-à-vis los gremios empresariales del sector agroexportador. Estos procesos de empobrecimiento del sector rural acoplado a la falta de desarrollo económico, político y social con estas comunidades y los trabajadores agrícolas surgen por un proceso concreto de modernización capitalista en el país andino: la proletarización y semiproletarización del campesinado para pasar a convertirse en parte de los trabajadores temporales e inmigrantes de la costa norte y sur. La burguesía nacional y transnacional del agro, con el apoyo del Estado neoliberal, que claramente contiene un sesgo a favor de las elites agroexportadores (empresas agroexportadoras que no se sostendrían sin el rol activo y la selectividad estratégica del Estado capitalista de esta entidad política relacional y que se basan en ella para la competencia real, no idealizada, en el entorno nacional e internacional) implementó un régimen agrario que facilitó fijar salarios, impuso un régimen laboral especial (condiciones laborales que facilitan la explotación laboral y la maximización de la extracción de plusvalía), defendió por medio de medidas legales y represivas la propiedad privada de la industria agroexportadora antes que la propiedad comunal y las poblaciones rurales facilitando la usurpación de tierras (land grabbing), y por ende, posibilitó finalmente la concentración de las tierras y el acceso desigual al agua en beneficio de la burguesía agroexportadora a costa de facilitarle un mercado laboral compuesto por un ejército de trabajadores proletarios y semiproletarios altamente precarizados, terciarizados y empobrecidos en materia de desarrollo social (por ejemplo en el tema del pago del seguro de salud el régimen especial facilita una rebaja del 9% al 6%  para el empresariado- aplicable este año 2021- con lo cual el resto es cubierto por el Estado. Además, los trabajadores no tienen acceso a servicios públicos de calidad o gratuitos, con lo cual empeoran sus condiciones sociales y económicas). Dados los factores estructurales vigentes sedimentando por la hegemonía neoliberal de las clases capitalistas nacionales y trasnacionales, a los trabajadores se les impide la sindicalización y la negociación colectiva con las empresas (la tasa de sindicalización en el Perú es del 6% y en la región de Virú – La Libertad- este solo alcanza el 3%. En ciertas regiones se han registrado hasta 4 sindicatos, pero estos son débiles y son pocos los que se afilian dado el temor a ser despedidos con lo cual su participación en las movilizaciones ha sido escasa y en muchos casos hasta nula). Por tanto, su capacidad de organización asociativa y su accionar colectivo se ven debilitadas ante la ofensiva neoliberal aún vigente y mantenida por las clases dominantes. Además, la explotación de clase en la costa se entrelaza con la dimensión racial y la de género, en la cual la mujer inmigrante se ve aún más sobreexplotada, abusada y violentada bajo el régimen laboral agrario.

Otro de los efectos negativos de este régimen es que la casta agraria recibe enormes beneficios tributarios como por ejemplo la reducción del impuesto a la renta (del 30% al 15%), la depreciación del costo de infraestructura, la devolución del IGV (impuesto general a la renta) y el descuento del 20% de los impuestos por haber invertido en zonas eriazas. Así, según un estudio de Ojo Público, la burguesía agroexportadora fue exonerada del pago de casi S/ 3 mil millones durante todo este periodo de gracia neoliberal. Todo ello indica el enorme dominio político y económico que mantienen las elites económicas del sector agroexportador sobre las clases trabajadoras, que más allá de los análisis políticos que se centran únicamente en la capacidad estatal de ciertas instituciones políticas o la debilidad administrativa (sin contar con la dimensión histórica, las relaciones de poder y la lucha de clases), refuerzan su dominio evadiendo y eludiendo impuestos, debilitando la eficiencia y capacidad del Estado en materia laboral e inclusive, previniendo activamente su despliegue, regulación y control real sobre la relación capital-trabajo en este sector económico. Si a esto le añadimos la crisis de representación política y la debilidad institucional de los partidos políticos, recurrente desde finales de los años 80, es muy difícil que los intereses de las clases trabajadoras sean canalizados de manera institucional y sean plasmados como contrapoderes vis-à-vis los intereses de las elites económicas (estructuralmente aventajados en un sistema que los beneficia).

En el plano simbólico, la ofensiva neoliberal que aún perdura, racionaliza los últimos 30 años como el “milagro agroexportador”, un periodo de crecimiento incansable y acelerado supuestamente beneficioso para, incluso, los trabajadores a través de la creación de empleo y la reducción de la tasa de la pobreza en esas localidades. Un paraíso celestial e idealizado de los defensores del statu quo que ya no convencen ni a los medios de comunicación mainstream (sus aliados natos) que, acostumbrados a dominar a las autoridades locales y nacionales, se ven forzados a recurrir a argumentos “técnicos” en sus páginas web oficiales (que casi nadie visita excepto cuando son citados por sus aliados), apelar constantemente al miedo y la amenaza social (siempre presente cuando se alzan democráticamente movimientos sociales de abajo y que rompen con su visión del mundo ideal del jardín del edén neoclásico) y, por último, buscan que el Estado reprima a los manifestantes.

La nueva correlación de fuerzas en el sector del agro

Recientemente, bajo el gobierno de Vizcarra, con el apoyo de fuerzas políticas liberales y la presión de los grupos agroexportadores (ADEX, AGAP y ComexPerú), el régimen especial del agro se extendió unos 10 años más, con ajustes menores. Sin embargo, con la derogación de la ley agraria impulsada por los movimientos sociales de abajo y canalizada por ciertos grupos políticos del congreso, queda claro que las agrupaciones obreras buscan una mejora de sus condiciones laborales y la ampliación de los derechos que parcialmente tienen. Así, este movimiento social no solo surge por las condiciones estructurales (sedimentadas) sino que proponen racionalizar sus necesidades y capacidades que no son satisfechos por el régimen neoliberal a través de una lucha por la demanda de derechos laborales. Esto es, intentan dotarle al mundo social un sentido y una manera de relacionarse con él con el fin de expandir los derechos sociales y económicos que carecen y que aspiran a tener en un futuro próximo. En su conjunto, el movimiento social de abajo demanda que los incluyan en el régimen general laboral del Perú. Es decir, que los trabajadores reciban una remuneración vital, mejores condiciones laborales y servicios públicos de calidad y gratuitos. Este aspecto es lo que le ha dotado al movimiento de un efecto catalizador que ha sido compartido por miles de manifestantes.

A diferencia de ciertos análisis que apuestan por resaltar que nos encontramos en un momento movimientista (“actitud movimientista” diría Coronel) aplicable solo a los movimientos sociales de abajo, nuestra mirada crítica, inspirada en la teoría marxista de los movimientos sociales, incluye a los movimientos de arriba del sector agroexportador que hoy confrontan estas resistencias a través del uso de una variedad de estrategias defensivas y ofensivas. Así, no se trata solamente de plasmar las reacciones de las clases capitalistas ante los movimientos sociales de abajo o la de tomar una fotografía de la economía política actual que, finalmente, osifican la estructura neoliberal como si esta fuera una entidad abstracta e imposible de combatir. Al contrario, se trata de hacer visible las relaciones sociales entre los movimientos sociales de arriba y abajo tomando en cuenta que la hegemonía neoliberal es una formación social sedimentada temporalmente, siempre abierta a la disputa política y determinada por las correlaciones de fuerza entre las clases sociales permanentemente en lucha o movimiento (tanto en épocas frías como calientes).

Con respecto a la coyuntura política, hasta hace unos días el Congreso decidió aprobar una nueva ley agraria, después de que en el primer intento esta haya sido bloqueado por las fuerzas conservadores, y que fue respondido por los manifestantes con nuevas jornadas de movilizaciones. Los movimientos sociales de abajo, aun sin organizaciones fuertes, han demostrado una capacidad de acción colectiva rápida y efectiva. Además, estas se formulado por medio de coordinaciones a lo largo de distintos momentos de la movilización entre los trabajadores de este sector tanto en la primera marcha, el 30 de noviembre como la segunda (algunas fuentes indican que comenzó el 19 y otras el 21 de diciembre de 2020 y que hoy se mantienen a la espera de una respuesta del gobierno). El movimiento social de abajo no solo ha logrado bloquear las carreteras, sino que se sostienen en base a acciones directas de autoayuda y apoyo mutuo como la organización de comités quienes, en medio de la protesta, han logrado organizar ollas comunes. A pesar de la represión y la violencia policial, estas movilizaciones no se dan en el ámbito de la sociedad política (por fuera de todo reglamento o norma legal y política), sino que ocurren en las fronteras de la sociedad civil en relación con el Estado capitalista peruano. Los agricultores peruanos reivindican sus derechos laborales por dentro y en relación con los regímenes laborales existentes, la constitucionalidad, apelan a la necesidad de su existencia para sostener la economía y el alimento de toda la sociedad, hacen uso de sus experiencias de abuso y explotación, así como estudios científicos, para formular sus demandas. Por ende, en torno a la subjetividad política de estos trabajadores, los discursos de la resistencia se articulan en torno a la demanda por derechos laborales y por una normatividad de la justica social. Esto nos indica que la dicotomía entre las reivindicaciones “materiales” y las reivindicaciones de tipo “representativo” y político de la que tanto se especula no se adecua a la realidad. Lo que se observa es en todo sentido un movimiento social de abajo basado en la reivindicación de un marco de derechos que pretende ser actualizados e inclusive, expandido para con los trabajadores agrícolas de manera que las reivindicaciones materiales se materialicen por medio de una demanda de derechos sociales y económicos. Es decir, un proceso hegemónico a las fronteras de la sociedad civil que es disputado por los mismos trabajadores utilizando y empujando el marco liberal restringido por y para las elites políticas y económicas, con el fin de que se concreticen materialmente. Además, las acciones colectivas que emplean no se encuentran por fuera del marco normativo internacional (que lo avala por medio del derecho a la protesta) a pesar de la ambigüedad del marco normativo legal nacional (repleta de interpretaciones por distintos legalistas y comentaristas).

Contra el discurso de algunos intelectuales y líderes políticos que explican el auge del movimiento agrario como una salida a la desesperada, explosiva o violenta, los trabajadores agrícolas, ejerciendo su derecho a la protesta y por medio de una acción colectiva política como es la del bloqueo de la carretera Panamericana Sur y Norte, pretenden presionar al gobierno y el congreso con el fin de aprobar una nueva ley del agro más justa (cabe indicar que el campo de lo legítimo y lo ilegitimo no se decide por un tema moral o un tema legal, sino que es una cuestión estrictamente política). De este modo, enmarcar el repertorio de acciones colectivas del movimiento social como una salida “irracional”, “espontánea” o “violenta” no solo les quita agencia política, sino que nos impide analizar de qué manera se forja la subjetividad política de estos actores políticos precarios y que tipo de dinámicas y cambios se forjan en la lucha misma de éstos. No está de más indicar que este tipo de caracterizaciones le hacen el juego a la derecha y replican una vez más la idea de que estos actos políticos quedan por fuera de la historia democrática del país al mismo tiempo que apela a una visión idealizada de la política. Esto es, a una política carente del elemento conflictivo y el antagonismo político (lo político).

A pesar de las movilizaciones anteriores de tipo urbano compuesto sobre todo por jóvenes, contra el golpe de estado cometido por ciertas agrupaciones políticas del Congreso, estas no se han logrado aliar con el movimiento agrario (ni tampoco estas últimas han podido engendrar alianzas con otros sectores excepto con algunos congresistas y ONG), limitándose a perfilarse nuevamente como un movimiento particular sin mayores lazos o alianzas con otros gremios, sindicatos, sectores urbanos, movimientos sociales en torno a conflictos sociales de la minería entre otros. A pesar de estas debilidades, a lo largo del país se organizaron algunas manifestaciones esporádicas y poco numerosas en apoyo a los agricultores..

Por su parte, los movimientos sociales de arriba compuesto por las clases capitalistas del sector agroexportador tomaron un rumbo a la ofensiva por medio de la imposición de obstáculos a las inspecciones de fiscalización laboral de la SUNAFIL, el impedimento de fiscalización de los pozos por la ANA, un discurso enaltecedor del modelo agroexportador y el discurso del miedo (Ver las declaraciones de AGAP). Algunos empresarios, inclusive, decidieron ocultar a los trabajadores migrantes y precarios de la inspección de la SUNAFIL, lo cual revela una demostración de poder y de desafío a la autoridad nacional. Asimismo, los intentos de algunos manifestantes por sindicalizarse han tenido como consecuencia el despido de muchos organizadores y activistas sociales de sus centros de trabajo. Además, se demandó la intervención de las fuerzas policiales para mantener la “paz” y la “calma” con el fin de recobrar sus ganancias y postergar indefinidamente cualquier cambio al régimen agrario. Los obstáculos a las propuestas de nuevas leyes que favorezcan a los trabajadores y el reflejo de un equilibrio de fuerzas estancado en la nueva ley agraria (que no contentan a ninguna de las partes) revelan cómo los gremios del sector agrario se han movilizado a la ofensiva para no concederles a los trabajadores algunas demandas por medio del Estado capitalista peruano (que los ha favorecido históricamente). Con respecto a la dimensión coercitiva de la hegemonía de la clase capitalista del sector agrario, durante las últimas movilizaciones políticas de los trabajadores, la policía dirigida por el Ministerio del Interior (aunque aparenten no saber lo que se sucede o que no pueden controlar a ciertas unidades) y las autoridades locales plantearon una estrategia de dispersión por medio del uso de gases lacrimógenos y usó perdigones contra los manifestantes (las fuerzas del gobierno no solo reprimen sino que se infiltran y hostigan a los manifestantes después de las movilizaciones y en la mayoría de los casos, al menos a lo que va de año no son investigados y sus faltas quedan impunes ante la ley y el sistema judicial). Además, recientemente el gobierno de Sagasti, en vez de negociar una nueva propuesta, decidió mandar a las fuerzas armadas y poner en riesgo tanto a los manifestantes (y los ciudadanos de estas regiones) como a la Policía Nacional.

Prácticas iliberales desde las alturas y el impulso democratizador de los movimientos de abajo

Hasta el momento, el movimiento de trabajadores del sector agrario ha logrado derogar exitosamente la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) que, como ya hemos indicado, contemplaba enormes beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras y que establecía un régimen laboral especial que recortaba derechos laborales. Sin embargo, la nueva ley agraria aprobada por el congreso a golpe de relámpago en los últimos días del año 2020, no ha satisfecho a ninguna de las partes. Ésta aún beneficia de sobremanera a la elite del sector agrario a costa de las migajas concedidas a los trabajadores agrícolas.

Ante el impasse actual (estos días las movilizaciones sociales se han detenido temporalmente debido a que se ha pasado a la fase de negociaciones, aunque de manera diferenciada entre las movilizaciones en el sur y el norte) en la que la sociedad civil, el Estado y la ley representan un campo de batalla (inclusive para un neoliberal como el ministro Waldo Mendoza del Ministerio de Economía y Finanzas), los movimientos de arriba y de abajo se disputan un nuevo equilibrio de fuerzas en varios planos. Para los movimientos de abajo se trataría, en el plano económico-material, de buscar una nueva distribución de los bienes y los recursos producidos en el sector sin mayores expectativas de cambio al régimen neoliberal en su totalidad y el plano simbólico político, la apuesta es por ampliar un sentido común que engarce con la justicia social y la mejora de los derechos laborales. Claramente, la posición de los movimientos de arriba es la de mantener la situación de injusticia actual, apostar por repetir la racionalidad neoliberal del “milagro del agro” y la imposibilidad “técnica” de concederles a los trabajadores algunas de sus demandas materiales. Con respecto a las estrategias de ambos bandos, mientras que las elites económicas recurren a prácticas iliberales para mantener su posición de poder en relación a los de abajo con el apoyo del gobierno de transición (como siempre lo han hecho especialmente en las zonas de mayor conflicto social, a través de lo que Gramsci llamó la sociedad política), los movimientos sociales agrarios tratan de empujar y ampliar los límites de la sociedad civil por medio de un discurso basado en la reivindicación de los derechos laborales reconfigurando, radicalizando y hegemonizando el marco liberal de derechos desplazando la dicotomía entre lo político y económico.

No está de más recordar, especialmente para las cúpulas intelectuales y los dirigentes políticos progresistas que se enfrentan en una batalla electoral hasta abril de este año, que las recientes marchas de las clases trabajadores, representan lo mejor de nuestra democracia y que son, gracias a sus legítimas luchas por los derechos, lo que permitirá convertir ese marco liberal de derechos restringido para unas elites, en derechos efectivos y materiales para las mayorías sociales.  Por esta razón una propuesta estratégica que vincule varios movimientos sociales y su pasado histórico democrático, en torno a una lucha por los derechos de nuestra sociedad, podría servir para reposicionar y retomar la historicidad de las luchas por la democratización de nuestra sociedad. Se trataría entonces de ganar el campo de batalla simbólico, económico y político que, como indica Mijail Mitrovic, logre amarrar las luchas del pasado con las del presente para apropiarse de la historia y dotarla de una racionalidad emancipadora en el contexto político e histórico que vivimos. Asimismo, es en ese espacio de contención, disputa, lenguaje disidente y la batalla por la ampliación de los derechos (incluyendo además de los políticos y civiles, la de los derechos sociales y económicos) donde se juega la hegemonía por construir no solo nuevas alianzas entre los dos movimientos sociales mencionados (el movimiento urbano de los jóvenes y los trabajadores agrícolas) sino la posibilidad de reconfigurar el espacio político a favor de la construcción de un nuevo bloque histórico de transformación política y por ende también, de manera simbólica, un nuevo sentido común. Sin embargo, si los movimientos sociales de abajo no son capaces unirse y articularse en torno a un nuevo horizonte esta posibilidad quedará trunca.

A pesar de que se pueda cerrar este ciclo de movilizaciones en el sector del agro, es importante que, en estas elecciones generales, las demandas (demandas que son satisfechas de manera parcial y que en muchos casos no se institucionalizan) de los movimientos sociales de abajo puedan ser canalizadas con una articulación discursiva que interpele a ambos grupos sociales en torno a un proyecto contra hegemónico y con un horizonte democrático de emancipación política para las clases subalternas. Así, es significativo para las fuerzas progresistas que estas movilizaciones sociales no pierdan fuelle, especialmente ante un régimen neoliberal que se desmorona. Estos marcaran el ritmo de las elecciones y no tanto los partidos políticos.

Ante la debilidad de la gestión de la elite política de corte liberal-demócrata, liderado por Sagasti, que claramente entra en dificultades con facciones conservadores de la policía y con la amenaza permanente de una huelga de esta institución (ante una eventual reforma policial de mayor calado), un congreso escurridizo y corrupto, la segunda oleada del virus pandémico Covid-19 que ya afecta a varias regiones del país, la difícil contratación con las grandes corporaciones farmacéuticas para comprar la vacuna contra el coronavirus (a pesar de las recientes compras) y la desigualdad estructural a nivel internacional a la hora de acceder a ella (dada la posición periférica y la competencia internacional), además de la posible oleada de movilizaciones sociales que advienen en la presente coyuntura (un paro agrario, paros regionales, movilizaciones contra la minería y la reactivación de conflictos latentes que seguramente serán reprimidas con la ayuda de las fuerzas armadas, si es necesario, como lo han hecho con las movilizaciones sociales agrarias) nos dibujan un panorama que requiere estar a la altura y saber moverse con la reconfiguración de fuerzas sociales. El éxito de un cambio social dependerá de la capacidad de articulación entre estos movimientos heterogéneos y el cesarismo de los liderazgos orgánicos de izquierda para encarnar la frustración de miles de sujetos políticos entorno a un proyecto colectivo capaz de generar una transformación socialista.


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