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UN BALANCE NECESARIO: CUANDO LA VIDA NO VALE NADA

Lilia Romero

“Que si miles se enfermaran

 y hospital necesitaran,

no hay cama pa´ tanta gente”

(Melodía Popular)

Empezamos el año y el horror de lo sucedido el 2020 a causa de la pandemia amenaza con repetirse en nuestro país. Nuevamente se encienden las alarmas y se empieza a cuantificar las camas UCI, el número de camas hospitalarias, la provisión de oxígeno, de EPPs, de pruebas de descarte, si tenemos vacunas o no, como el preámbulo de nuevas pesadillas que ilusamente pensábamos superadas. Sin embargo, la realidad se impone y esta le es adversa a la gran mayoría de la población.

Tuvimos que recibir el impacto brutal de un virus para que esa mayoría descubriera que algo no andaba bien en la economía, cuando no fue capaz, por ejemplo, de atender la elemental necesidad de solventar la cuarentena decretada proporcionando los medios necesarios para que la gente se mantuviera en casa. También se descubrió que nuestro sistema de salud era un gran fiasco, que el que no tenía plata se moría por falta de oxígeno y medicinas, que conseguir cama en un hospital era una hazaña en medio de la guerra y por eso, muchos murieron en sus casas o en la puerta de los hospitales. El gobierno de entonces, fue incapaz de imponerse a los intereses de las clínicas privadas y a los productores oligopólicos del oxígeno medicinal. Pero, además, el abordaje de la crisis económica producida por el Covid-19, significó una clara definición de clase en favor de los grandes empresarios quienes fueron favorecidos de diferentes maneras: con postergaciones de obligaciones tributarias, con créditos a tasas excepcionalmente bajas, con medidas anti laborales como la suspensión perfecta y con el levantamiento temprano de la cuarentena frente a la presión del principal gremio empresarial del país. Por el contrario, la gran mayoría de la población tuvo que resignarse a ver cómo perdían sus empleos, cómo desaparecían sus ahorros y cómo tenían que inventarse y reinventarse nuevas estrategias de supervivencia vía el trabajo independiente.

Podemos decir entonces que la crisis económica actual, producto de la pandemia, no es sino un reflejo vivo de la profunda crisis del capitalismo actual, instaurada en su forma más aberrante a partir del gobierno de Fujimori. Capitalismo que, entre otras consecuencias, ha provocado la retracción de la oferta formal de trabajo, cayendo ésta a cifras inéditas en la historia económica del país, creándose paralelamente una economía mayoritariamente de subsistencia, marginal para el mercado laboral y financiero pero afín a los intereses del gran  y mediano capital ya que utiliza a esta economía como canal para sus negocios turbios (minería informal, tala ilegal, paraísos fiscales), como medio masivo para la distribución de sus productos (transporte y comercialización, comercio ambulatorio), y como  parachoques, como válvula de escape, a su incapacidad endémica de crear empleo.

1. LA FUERZA DE TRABAJO A SETIEMBRE 2020 CON PANDEMIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

1.1. Cuarentena vs trabajo forzado

Las cifras de abril-mayo-junio que corresponden al período más duro de la pandemia son apocalípticas. De un año a otro, la fuerza de trabajo o población económicamente activa (PEA) se redujo en -36.1% y la PEA ocupada (los trabajadores asalariados y no asalariados) cayó en -39.5%. Es así que los desocupados se incrementaron en 55.8% y la población inactiva se incrementó en 98.3%. Dejaron de laborar 6 millones 720,000 personas. Una parte de esta población pasó a la categoría de desocupados, pero la gran mayoría pasó a ser población económicamente inactiva (PEI)1Según el INEI, la población económicamente inactiva (PEI) es aquella que teniendo la edad de trabajar (a partir de 14 años) no trabajan ni buscan trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados. También se consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas de trabajo semanales durante el periodo de referencia..  Esta es la población que se incrementó de un año a otro en seis millones 734 mil 100 personas, casi el doble, debido a la pandemia. Ver cuadro 1

Una medida necesaria en las condiciones de pandemia debió haber sido que la mayoría de la población pasara a la condición de inactiva, para lo cual el gobierno debía haber entregado un bono universal a cada familia a fin de garantizar el cumplimiento de tal medida. Esta fue la recomendación que hizo CEPAL2Ver Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Comunicado de prensa “CEPAL propone avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus”, 12 mayo 2020. pero que no siguió el gobierno de Vizcarra quien prefirió la entrega de bonos focalizados, medida que constituyó un gran fracaso debido a la inoperatividad de los organismos afines, empezando por el MIDIS3Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  Hasta diciembre no se concluía con la entrega del segundo bono, a nueve meses de iniciada la pandemia. La gran mayoría de la población se vio forzada a dejar la cuarentena y salir a las calles, a los mercados, a conseguir cómo llevar un plato de comida a sus hogares.

1.2. Las víctimas que no debieron ser

A la fecha, no hay una cifra exacta del número de víctimas por el Covid-19. La Universidad Johns Hopkins, que trabaja con las cifras del Ministerio de Salud (MINSA), nos ubica como el tercer país con el mayor número de fallecidos, por cada 100 mil habitantes, a nivel mundial (112.4) después de Bélgica (148.1) y San Marino (136.1) y primero en América Latina4Ver Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Center. Análisis de Mortalidad. Actualizado al 3 de diciembre del 2020. En: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality. En nuestro país las cifras del número de fallecidos en exceso, de un año a otro, proporcionadas por el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) revelan que Perú encabeza la mortalidad por Covid-19 a nivel mundial con 94 mil muertes en exceso frente a las 37,621 registrados por el MINSA5Ver Gestión, 31 de diciembre 2020. En: https://gestion.pe/peru/peru-cierra-el-2020-con-94000-muertes-mas-que-las-registradas-en-anos-previos-noticia/?ref=gesr. En relación a estas cifras, la única certeza que tenemos es que muchas vidas pudieron ser salvadas si se hubiese entregado los recursos para guardar la cuarentena apropiadamente y si hubiésemos tenido un sistema de salud a la altura de las circunstancias.

¿Qué sistema de salud teníamos al momento de iniciada la pandemia? Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de los peores de la América Latina y el Caribe latino. En términos presupuestales, Perú tiene uno de los gastos más bajos en salud (3.3 % del PBI), sólo superior a México (2.9% del PBI), Guatemala (2.2% del PBI) y Haití (0.8% del PBI), mientras Bolivia tiene 4.5%, Argentina y Costa Rica 5.6%, Uruguay 6.5% y Cuba 10.9%. En relación al número de médicos por cada 10 mil habitantes, tenemos 8.2 médicos; igualmente, sólo superamos a Guatemala (2.8 médicos) y Haití (2.3 médicos) mientras Bolivia tiene 10.3 médicos, Costa Rica 30.7, Uruguay 49.4 y Cuba 84.2 médicos por cada 10 mil habitantes6Ver Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019.. Y si nos referimos a las camas de cuidados intensivos y provisión de respiradores, definitivamente estábamos en el último lugar, sólo teníamos al inicio de la pandemia 100 camas UCI. Ver Anexos 1 y 2.

A la triste realidad que muestran las cifras anteriores se añaden otros factores que jugaron en contra al momento de encarar la pandemia: (i) la fragmentación del sistema de salud, que no sólo significa mantener un costo administrativo multiplicado por cada entidad (Minsa, Essalud, Fuerzas Policiales, Gobiernos Regionales), sino también que significa una barrera si de tomar decisiones se trata; (ii) un sistema primario de salud totalmente desatendido, como producto de la enajenación neoliberal de privilegiar en la salud la super especialización, porque es la que paga más, y a ello aspiran todos los médicos formados con esta mentalidad mercantilista. Especialización que sólo se encuentra, como es obvio, en los hospitales de las grandes ciudades y no en los centros de salud, de cada barrio o comunidad. A falta de centros de salud, o mala atención en los existentes por su carencia de personal, equipos y abastecimiento de medicinas, todos los enfermos tratan de acceder al hospital más próximo, saturando sus atenciones. Y esto es lo que sucedió durante la pandemia, al no haber el tamizaje del centro de salud, los hospitales se vieron rebasados en sus atenciones y ni qué decir del acceso a una unidad de cuidados intensivos. Y esta es la historia que amenaza con repetirse.

Si a lo anterior agregamos que en nuestro país el 23% de pobladores del área rural y el 6% del área urbana carecen de acceso al agua proveniente de la red pública; y peor aún, el 77% de pobladores del área rural y el 8% del área urbana carecen de acceso a servicios de alcantarillado con red pública, se completa las condiciones letales para que la lucha contra la pandemia en nuestro país haya sido una lucha completamente desigual. Ver Anexo 3.

Según muchos economistas, la crisis económica mundial generada por el COVID-19 sólo es comparable con la crisis de 1929. Durante la Gran Depresión, el desempleo pasó de 4% a 27 % en EEUU, 31 % en Noruega y 44 % en Alemania. Las exportaciones e importaciones de EEUU cayeron 70 % entre 1929-32, produciéndose un efecto dominó en la economía internacional. Mientras la producción capitalista caía estrepitosamente, la URSS –como ahora China– crecía del 5 % en 1929 a 18 % en 1938 debido a la aplicación de exitosos planes quinquenales7Ver Eric Hobsbawm. Age of Extremes. The short twenty century 1914-1991.  London, Abacus, 1994. Pg.85- 108..  En la presente crisis, el FMI pronostica una caída de la economía de -5.8% en EEUU, -8.3% en la zona euro, -9.8% en Reino Unido, -7.1% en Canadá. La economía china, en cambio, va a tener este año un crecimiento positivo de 1.9% y un crecimiento proyectado de 8.2% el 2021. En términos de desempleo, este saltó de 3.5% a 8.9% en EEUU, la misma cifra en la zona euro, mientras en Reino Unido el desempleo alcanza el 5.4%8FMI, Informes de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2020.

En América Latina, las proyecciones del FMI para el presente año, con excepción de Venezuela, ubica al Perú como la economía que más va a caer en términos de crecimiento (-13.9%) seguido por Argentina (-11.8%), Ecuador (-11%), México (-9%), Bolivia (-7.9%). En términos de desempleo, la proyección para Colombia es un incremento de 17.3% en su tasa de desempleo; Brasil, 13.4%; Perú, 12.5% (teníamos 6.6%); Chile, 11.4%; Argentina, 11%; Uruguay, 9.7%9Idem.

Venezuela, es un caso diferente porque la crisis que sufre en estos momentos es producto, principalmente, de la salvaje e inhumana intervención norteamericana, a través del bloqueo económico, que ha precipitado su decrecimiento económico, proyectado a -25% el 2020 y -10% el 2021, con un desempleo de 54.5%10Idem. Verdadera economía de guerra.

Regresando a la economía peruana, esta cayó a -39.2% en el mes de mayo como consecuencia de la cuarentena, a setiembre la producción se había recuperado a -6.5%, haciendo un acumulado anual de -14.5% (enero-setiembre). El sector más afectado ha sido Construcción (-28.5%), seguido por la manufactura no primaria (-22.4%), comercio (-20.6%), minería metálica (-17.6%), servicios (-11.1%). El único sector que ha tenido un crecimiento positivo ha sido el agrícola (1.7%)11BCRP, Nota Semanal N°42. Lima: 19 noviembre 2020. El pronóstico de crecimiento del MEF para el 2020 es de   -12.00% y del BCRP de -11.5%, difiriendo del pronóstico más negativo, ya señalado, del FMI. Ver Anexos 4 y 5.

En mayo se reiniciaron las actividades económicas en su primera fase12Ver D.S. N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.. Hasta el mes de setiembre, se implementaron tres fases de reactivación económica tras la fuerte presión de los empresarios agrupados en la CONFIEP, quedando pendiente la cuarta fase, a aplicarse a partir del mes de octubre13La cuarta fase incluye las siguientes actividades económicas: vuelos internacionales, transporte de pasajeros por vía férrea y marítima, agencias de viajes y operadores turísticos, actividades deportivas.. Es decir, la mayoría de actividades productivas del país, a setiembre debían estar reactivadas o en proceso de reactivación.

Sin embargo, el empleo no se está recuperando al mismo ritmo que la producción. A setiembre, el número de desocupados se elevó en 140.9%, en relación al mismo mes del 2019, totalizando un millón 522 mil 100 trabajadores y el número de desempleados ocultos se incrementó en casi doce veces (1,181%) que equivale a 2 millones 626 mil 52 trabajadores. Es decir, sumando desocupados y desempleados ocultos, a setiembre teníamos 4 millones, 148 mil 152 trabajadores sin empleo14Para el cálculo de los desempleados ocultos se ha procedido de la siguiente manera: se ha calculado el promedio de crecimiento de los inactivos plenos –que es la variable con menos movilidad– de los años 2017, 2018 y 2019 que equivale a 0.96% y se ha aplicado este porcentaje de incremento al año 2020, obteniéndose por diferencia el desempleo oculto..  Ver Cuadro 2.

El gobierno ha legitimado esta pérdida de empleo a través del mecanismo de la suspensión perfecta de labores, es decir, la potestad de los empleadores de suspender a sus trabajadores sin goce de haber. En las empresas con planillas menores de 100 trabajadores, aquellos que entren a suspensión perfecta reciben un bono del gobierno por 760 soles, siempre y cuando ganen como tope S/ 2,400. Este bono sólo se entrega por tres meses. El 31 de diciembre pasado, el gobierno amplió la suspensión perfecta hasta el 5 de abril, y seguramente lo seguirá prolongando de acuerdo a la situación de la emergencia sanitaria15Ver DU-038-2020, DU 072-2020 y RM 315-2020-TR..

El BCRP tiene proyecciones optimistas en relación a la recuperación del empleo, afirmando que éste llegará al nivel del 2019 en el primer trimestre del 2021. Lo que no dice el BCRP es en qué condiciones los trabajadores pasarán a ser activos, es decir, cuántos van a recuperar sus empleos como asalariados, y cuántos se verán obligados a incrementar la cifra, de por sí ya abultada, de trabajadores no asalariados que al 2019 llegaba al 72.8% y con la crisis se ha incrementado a 75.2% al mes de setiembre. Según todos los pronósticos esta cifra tenderá a incrementarse aún más16Ver INEI, Informe Técnico N°4, Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a Nivel Nacional. Lima: 16 noviembre 2020..

Lo otro que no dice el BCRP, es cómo se va a recuperar el nivel de los salarios, que como es sabido, viene disminuyendo de año a año porque estos no se van ajustando a la inflación. En el caso del sector formal, los ingresos promedios nominales disminuyeron en -5.9%, pero en términos reales, esta disminución fue de -7.3%. Por su lado, la Remuneración Mínima Vital (RMV) fijada en S/ 930, ha disminuido en términos reales en -1.6% determinando que su valor real sea de S/ 691.30. Estos datos corresponden a la variación anual 2019- 2020 al mes de setiembre. La RMV –y su ajuste, que debería ser periódico– es relevante ya que los sueldos y salarios en el país se determinan de acuerdo a su monto. Otra historia es si esta RMV cubre las necesidades básicas del trabajador, sabemos que no. Ver anexo 7

2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA: QUIÉN CARGA CON LA CRISIS

Para hacer frente a la crisis económica, precipitada por la pandemia, el gobierno de Vizcarra implementó un plan económico por un monto equivalente al 20% del PBI17PBI 2020: 694 mil millones de soles., el cual fue anunciado con bombos y platillos, proclamando que era el plan más ambicioso de la América Latina.

El Plan Económico se sustentó en cuatro ejes: (i) Atención inmediata a la emergencia; (ii) Soporte económico a las familias vulnerables; (iii) Soporte a empresas, principalmente las MYPE; y, (iv) Garantizar la cadena de pagos y brindar apoyo y soporte a la economía18Ver MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024. Lima: 26 agosto 2020, Pp. 27-42.

Uno esperaría que, dada la situación crítica de nuestro sistema de salud al momento de hacer frente a la pandemia, la visión del gobierno debía haber sido privilegiar la atención en salud, asignando los mayores recursos para abordar en las mejores condiciones a la pandemia. Sin embargo, esto no sucedió. La asignación de recursos del Plan Económico frente a la crisis por Covid-19, revela claramente la concepción de los gobernantes de turno respecto a qué es lo primero. Para ellos, lo primero ha sido la economía, pero no la economía de las micro y pequeñas empresas, de los productores campesinos, –donde se concentra dos tercios de la mano de obra del país–, sino la economía de las grandes empresas, aquellas vinculadas a los lobbies financieros.

Así, para atender la emergencia de salud, es decir, para remontar de ser el último país en América Latina en los principales indicadores de salud, sólo se asignó el equivalente a 2.4% del presupuesto estimado, siendo la reactivación económica la que ha recibido el mayor presupuesto (63.5%), seguido por el soporte económico a las familias vulnerables (24.4%). Ver el cuadro 3.

Este eje, sin lugar a dudas, debería haber sido el eje prioritario, toda vez que no puede haber reactivación económica a costa de la vida de los ciudadanos. Si el gobierno de entonces hubiera privilegiado un verdadero fortalecimiento del sistema de salud, en estos momentos no estaríamos con la angustia de llegar a un hospital y no tener camas disponibles, de llegar a una posta médica y no encontrar pruebas de descarte, ni medicinas, ni oxígeno, ni personal médico suficiente.

2.1. Atención inmediata a la emergencia

En el primer eje se ubicó el fortalecimiento de los sistemas de salud, con un monto de 3 mil 243 millones de soles (0.5% del PBI). Las cifras de fallecidos demuestran a las claras que este eje no funcionó o funcionó mal. Y peor aún, costó la vida de muchos profesionales de la salud que estuvieron en el primer frente de batalla19Ver Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Publicación del Primer Listado del Personal de Salud fallecido por COVID-19 en ejercicio de sus funciones. Lima: 1 diciembre 2020.. A las claras, hubo un mal procedimiento en la adquisición de insumos médicos, como en el caso de las pruebas de detección y la implementación de un sistema de diagnóstico. Hubo un retraso en la adquisición y distribución de equipos de protección personal. Y ha habido un maltrato al personal de salud, no pagándose a tiempo las bonificaciones presupuestadas en el plan y no renovando el contrato a un gran número de médicos y personal asistencial.

Hay dos omisiones graves en este eje del plan que es bueno mencionar: primero, no hay una sola medida tomada para equipar y asignar personal a las postas médicas a lo largo de todo el país, habiendo sido reconocido por tirios y troyanos, su importancia en la contención de la pandemia; segundo, no hubo una decisión en torno a la adquisición de las vacunas, habiéndose recién asignado recursos el 2 de diciembre 2020 para implementar la cadena de frío (Decreto de Urgencia  131-2020), cuando la mayoría de nuestros vecinos ya tenían las vacunas compradas e iniciado el proceso de vacunación20Al momento de escribir este artículo, el 6 de enero 2021 el presidente Sagasti anuncia la firma de varios contratos según los cuales llegaría un lote para atender la vacunación de medio millón de personas, y, a partir del tercer trimestre del año llegarían el resto de vacunas comprometidas.. Ver Anexo 7

A nivel de gasto, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el COVID-19 ha sido de 23 mil 828 millones de soles, habiéndose ejecutado el 93% del mismo. El presupuesto se distribuyó en los tres niveles de gobierno: nacional (88%), regional (10%) y local (3%). El 97% del dinero se ha gastado en actividades relacionadas con la pandemia y el 3% restante en la ejecución de proyectos, básicamente en adquisición de equipos para los hospitales. Ver Anexos 7 y 8.

El presupuesto del 2021 para el COVID-19 es de 5 mil 596 millones de soles, es decir, 77% menos que el presupuesto del 2020. A todas luces este presupuesto tendrá que ser modificado, porque sólo la adquisición de las vacunas, demandarían el 40% del mismo sino más21Considerando un costo unitario de dos dosis a US$ 25.00 a aplicarse al 75% de la población a partir de 16 años..

2.2. Soporte económico a las familias vulnerables

El segundo eje contó con un presupuesto de 33 mil 267 millones de soles (4.8% del PBI), que se destinó principalmente a financiar la entrega de subsidios en efectivo a hogares focalizados. Aquí está la entrega de bonos, de canastas de víveres, de distribución de tabletas para estudiantes y maestros de colegios públicos, entre otros. Tanto en el caso de la distribución de los bonos como en la compra de las tabletas, se reveló una gran ineficiencia en el aparato del Estado para su entrega oportuna22El Plan económico estimó un presupuesto para 840 mil tabletas, sin embargo, según nota de prensa del Minedu se habría comprado 1 millón 56 mil 430, de las cuales, al 15 de diciembre se ha recibido el 52% que están siendo distribuidas. El 48% restante es de un solo proveedor que no ha cumplido con la entrega en la fecha prevista.. La entrega del bono de electricidad hasta por S/ 160 y el apoyo al trabajador con un bono de S/ 760 por cada mes de suspensión perfecta, hasta por tres meses, serían las medidas mejor ejecutadas en este eje. Aquí se considera también el aporte de los propios trabajadores que han tenido que hacer uso de sus CTS y fondos de la AFP para solventar sus gastos durante este período. Ver Anexo 9

2.3. Soporte a las empresas

El tercer eje se estima en S/ 12 mil 608 millones. Aquí, lo que se ha hecho para aliviar a las empresas, a todas en general al margen de su tamaño, es aplazar las obligaciones tributarias, aplazar el depósito de CTS, de mayo a noviembre, y darles liquidez a través del mecanismo de liberar la cuenta de detracciones.  Asimismo, las empresas pueden recibir dos subsidios para ayudar a financiar sus planillas por un monto total de 1,408 millones de soles. El primero es un subsidio excepcional a la planilla equivalente al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que ganen hasta S/ 1,500. El segundo subsidio, a aplicarse el 2021 durante seis meses, se refiere a un incentivo al incremento de la cantidad de trabajadores de la empresa con remuneraciones de hasta S/ 2,400. Los subsidios varían de acuerdo a la edad de los trabajadores y si el contrato es a plazo indeterminado o determinado. Ver Anexo 10

2.4. Garantizar la cadena de pagos y brindar apoyo y soporte a la economía

Este eje es propiamente el de la reactivación económica, con un presupuesto de 86 mil 561 millones (equivalente al 12.5% del PBI), donde el 69% de los recursos fueron asignados a un solo programa: Reactiva Perú. Se dotó también de recursos al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) con 7 mil quinientos millones de soles, se creó un Programa de Garantía del Gobierno Nacional por 7 mil millones de soles, dirigido a las empresas del sistema financiero (bancos, financieras, cajas municipales, y cajas rurales) a fin de estimular el crédito a las empresas. También incluye al Programa Arranca Perú, con 6 mil 900 millones de soles, además de medidas de impulso a la inversión pública y privada por 962 millones.

A. Programa de garantías Reactiva Perú

Según el BCRP, Reactiva habría beneficiado principalmente a las empresas MYPE (95.8%) y sólo al 0.1 % de la gran empresa, pero esto no es cierto. El BCRP, ha hecho un artificio mezclando las empresas formales e informales, particularmente las microempresas con menos de 10 trabajadores: Sin embargo, si separamos ambos grupos de empresas encontramos que sólo el 33% de las empresas formales con menos de 10 trabajadores han recibido un crédito de Reactiva, mientras que el 62% de las empresas grandes, con más de 500 trabajadores, se beneficiaron con este crédito23De acuerdo al BCRP, el 21% de las empresas beneficiarias eran formales (con planilla) y el resto, 79% sin planilla. Aplicando este porcentaje se discriminó el número de empresas (hasta 10 trabajadores), con planilla y sin planilla. Se asume que las empresas medianas y grandes todas cuentan con planilla.. Por otro lado, si tenemos en cuenta el universo de unidades productivas no agropecuarias (4 millones 928 mil)24Ver INEI, Producción y Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2018. Lima, noviembre 2019., Reactiva sólo ha beneficiado al 0.01% de este universo. Ver Anexos 11 y 12.

Respeto al monto del crédito recibido, las empresas con menos de 10 trabajadores recibieron el 33% del total (con un promedio de 48 mil 874 soles por crédito) y las empresas con más de 500 trabajadores el 8.4% del total (con un promedio de 8 millones 278 mil soles por crédito)25Ver BCRP, Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021. Lima: Setiembre 2020, Pp 116-123.

Lo cierto es que este programa fue dirigido en su primera etapa, principalmente a beneficiar a las grandes y medianas empresas las que acapararon los créditos con apoyo de sus socios de los bancos. Frente a las críticas desatadas por la opinión pública, en Reactiva II se dio mayor apertura a las MYPE, a través de las cajas municipales y rurales, resultando a todas luces insuficiente frente a las necesidades crediticias de las MYPE. Una grave omisión en la reglamentación para el otorgamiento de este crédito, ha sido el no considerar la suspensión perfecta como una actividad no permitida para los prestatarios de este crédito. Si el crédito estaba dirigido a hacer frente a las obligaciones de capital de trabajo, éste obviamente involucra el pago a sus trabajadores. No ha sido así y muchas empresas beneficiarias, entre ellas aquellas que han recibido los montos más altos, tenían/tienen a sus trabajadores en suspensión perfecta26Ver Ojo Público, 4 octubre 2020. En: https://ojo-publico.com/2140/el-55-del-empleo-formal-se-perdio-por-suspension-perfecta.

B. Fondo de Apoyo Empresarial (FAE)

Este fondo fue dotado con 7 mil 500 millones de soles y comprende tres variantes: MYPE, MYPE turismo y FAE-AGRO.

De los tres fondos, el FAE-AGRO ha sido el de mínima ejecución (2%) debido a que las condiciones exigidas no se han ajustado a la realidad de sus demandantes: 2.5 millones de productores agropecuarios. Se realizaron tres subastas y sólo se logró colocar 47.4 millones de soles del total de 2 mil millones asignados. En la primera subasta la tasa de interés promedio fue de 6.25%, en la segunda de 9.85% y en la tercera de 12.65%, y si se hacía una cuarta subasta, seguro que subía esta tasa.27Ver COFIDE, Resultado subastas FAE, diferentes fechas. En: https://www.cofide.com.pe/COFIDE/detalles1.php?id=1

El FAE-MYPE realizó veinte subastas durante el 2020 colocando un total de 1 mil 460 millones de soles (36%) de los 4 mil millones de soles presupuestados. Por su lado, el FAE-TURISMO realizó un total de seis subastas colocando sólo 47 millones de soles (3%) de los 1 mil 500 millones presupuestados. Este caso se explica debido a que el sector turismo recién empezó a operar en el mes de octubre, con restricciones. Pero en el caso del FAE-MYPE, el nivel de ejecución es mínimo, y al igual que en el caso del FAE-AGRO, se debe principalmente a las barreras impuestas, tanto por COFIDE como por las propias entidades ejecutoras, respecto a las condiciones crediticias exigidas. No es posible pedir títulos de propiedad o bienes a quienes no lo tienen porque el Estado ha sido incapaz de formalizar sus pequeñas propiedades, por ejemplo. Lo que realmente se necesita, en este campo, es una verdadera banca que promueva a los pequeños productores, y ésta tiene que ser necesariamente del Estado, o con participación del Estado.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos visto en estas líneas, el panorama pinta negativo para las grandes mayorías de nuestro país. La recuperación del empleo, el mejoramiento del sistema de salud, de educación, el acceso al crédito productivo para los pequeños productores del campo y la ciudad, el derecho a una vida digna para todos no es posible en el marco económico actual, el cual está diseñado para favorecer a unos pocos y aplastar a los demás. Qué más pruebas que las que hemos visto con la pandemia y con la llamada reactivación económica.

El Perú tiene derecho a reconstruirse sobre otras bases, donde prime la elemental premisa de oportunidades para todos, empezando por los más carentes que son la gran mayoría. Necesitamos políticas públicas que cambien nuestro actual sistema de salud, necesitamos despercudirnos de las leyes que impiden una participación activa del Estado en aquellos sectores económicos estratégicos que puedan servirnos de pivote para acumular y redistribuir con justicia. Necesitamos un nuevo sistema tributario que grave la riqueza de los más pudientes y que castigue la evasión y elusión.

En este camino, un primer paso importante es el cambio de la actual constitución, por otra que garantice un nuevo régimen económico, el actual no nos sirve. Un segundo paso, es el que han iniciado los trabajadores del sector agro exportador, señalándonos a sangre viva, la necesidad de la organización a todo nivel, si queremos empezar en serio a cambiar las cosas. Un tercer paso, tiene que ser la construcción de la alternativa política capaz de hacer frente a los representantes del actual sistema, en su forma actual o nuevas formas remozadas.

La actual coyuntura crea las condiciones para exigir en lo inmediato un plan de emergencia para el sector salud con dos objetivos: fortalecer los centros de salud con personal y equipamiento adecuado, incluyendo oxígeno y medicinas; y, unificar los diferentes sistemas de salud en uno solo bajo la dirección del MINSA.

Asimismo, se debe declarar en emergencia el agro nacional, en particular el de los pequeños productores, dotándolos de los recursos necesarios para garantizar la producción de alimentos.

Lima, 7 de enero 2021.

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¿Un nuevo horizonte democrático y socialista en Perú?

Gabriel Valenzuela1Politólogo por la Universidad de Essex con estancia en la Fundación de Arbeitung (Berlin), Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Globalización y Desarrollo por la School of Oriental and African Studies, Universidad de Londres. Fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac. Ha publicado artículos sobre el desarrollo alternativo, el neoliberalismo en el Perú y el análisis discursivo crítico. Ha militado en varios movimientos sociales como Solidaridad por Palestina, Movimiento de Solidaridad Internacional, Solidaridad con los Zapatistas, Movimiento Alter-Globalización Europeo y hoy milita en el Movimiento Nuevo Perú.

Tras casi 30 años de neoliberalismo en Perú, ¿es posible construir un nuevo horizonte democrático y socialista?

“Estamos cansados de tanta explotación, tanta injusticia” protestaba una trabajadora del agro en medio de un ciclo de movilizaciones reprimidas por la policía y las Fuerzas Armadas que costó la vida de 3 personas y que, actualmente, pretende reconfigurar el campo de fuerzas del régimen agrario defendido por la burguesía agroexportadora. ¿A qué se deben estas movilizaciones sociales? ¿cómo es que se articulan y qué tipo de estrategias utilizan los movimientos de arriba y abajo? ¿Cuáles son las correlaciones de fuerzas actuales en el sector del agro? Y, por último, ¿qué pueden hacer las izquierdas progresistas ante la coyuntura política?

Las demandas de las recientes movilizaciones de miles de trabajadores claramente ponen en jaque un régimen agrario resquebrajado que alardeaba de haber generado crecimiento económico de manera acelerada y que beneficiaba a todos por igual, sostenida estructuralmente por un modelo de desarrollo neoliberal implementado en los años 90. Un bello discurso hoy hecho añicos por un ciclo de movilizaciones y cuestionamientos en el plano político, económico y simbólico en el contexto de una pandemia y una recesión económica que ha puesto en evidencia sus debilidades.

Junto con las movilizaciones urbanas de hace unos meses, las recientes protestas en el agro demuestran que puede entrar en escena una voluntad general (un poder constituyente si lo prefieren designar en términos político legales) que complete la pieza que le faltaba a una izquierda que defendía la tesis de una crisis de régimen y la defensa de una nueva constitución sin un sujeto político que lo sostenga. Sin embargo, la falta de vínculos solidarios y alianzas estratégicas entre ambas movilizaciones sociales, además de las estrategias de contención por parte del bloque de poder que se tornan más coercitivas, impiden una transformación rápida y efectiva del régimen neoliberal en el país andino.

La ofensiva neoliberal en el sector agrario en el Perú (1993-2020)

El ataque neoliberal al movimiento de trabajadores agroexportadores no es nuevo. Este se ha desarrollado de manera contenciosa y tensionada desde el comienzo de las reformas agrarias dictaminadas por el régimen fujimorista en los años 90. Hoy, bajo el continuismo de la hegemonía neoliberal y un régimen político formalmente democrático pero carente de derechos efectivos y materiales para las mayorías sociales, se ha beneficiado de sobremanera a las empresas agroexportadoras y las grandes corporaciones, en detrimento de las comunidades indígenas, la agricultura familiar y la ganadería familiar, el movimiento laboral agrario actualmente precarizado, y el desigual acceso al control sobre la tierra y el agua por parte de los agricultores vis-à-vis los gremios empresariales del sector agroexportador. Estos procesos de empobrecimiento del sector rural acoplado a la falta de desarrollo económico, político y social con estas comunidades y los trabajadores agrícolas surgen por un proceso concreto de modernización capitalista en el país andino: la proletarización y semiproletarización del campesinado para pasar a convertirse en parte de los trabajadores temporales e inmigrantes de la costa norte y sur. La burguesía nacional y transnacional del agro, con el apoyo del Estado neoliberal, que claramente contiene un sesgo a favor de las elites agroexportadores (empresas agroexportadoras que no se sostendrían sin el rol activo y la selectividad estratégica del Estado capitalista de esta entidad política relacional y que se basan en ella para la competencia real, no idealizada, en el entorno nacional e internacional) implementó un régimen agrario que facilitó fijar salarios, impuso un régimen laboral especial (condiciones laborales que facilitan la explotación laboral y la maximización de la extracción de plusvalía), defendió por medio de medidas legales y represivas la propiedad privada de la industria agroexportadora antes que la propiedad comunal y las poblaciones rurales facilitando la usurpación de tierras (land grabbing), y por ende, posibilitó finalmente la concentración de las tierras y el acceso desigual al agua en beneficio de la burguesía agroexportadora a costa de facilitarle un mercado laboral compuesto por un ejército de trabajadores proletarios y semiproletarios altamente precarizados, terciarizados y empobrecidos en materia de desarrollo social (por ejemplo en el tema del pago del seguro de salud el régimen especial facilita una rebaja del 9% al 6%  para el empresariado- aplicable este año 2021- con lo cual el resto es cubierto por el Estado. Además, los trabajadores no tienen acceso a servicios públicos de calidad o gratuitos, con lo cual empeoran sus condiciones sociales y económicas). Dados los factores estructurales vigentes sedimentando por la hegemonía neoliberal de las clases capitalistas nacionales y trasnacionales, a los trabajadores se les impide la sindicalización y la negociación colectiva con las empresas (la tasa de sindicalización en el Perú es del 6% y en la región de Virú – La Libertad- este solo alcanza el 3%. En ciertas regiones se han registrado hasta 4 sindicatos, pero estos son débiles y son pocos los que se afilian dado el temor a ser despedidos con lo cual su participación en las movilizaciones ha sido escasa y en muchos casos hasta nula). Por tanto, su capacidad de organización asociativa y su accionar colectivo se ven debilitadas ante la ofensiva neoliberal aún vigente y mantenida por las clases dominantes. Además, la explotación de clase en la costa se entrelaza con la dimensión racial y la de género, en la cual la mujer inmigrante se ve aún más sobreexplotada, abusada y violentada bajo el régimen laboral agrario.

Otro de los efectos negativos de este régimen es que la casta agraria recibe enormes beneficios tributarios como por ejemplo la reducción del impuesto a la renta (del 30% al 15%), la depreciación del costo de infraestructura, la devolución del IGV (impuesto general a la renta) y el descuento del 20% de los impuestos por haber invertido en zonas eriazas. Así, según un estudio de Ojo Público, la burguesía agroexportadora fue exonerada del pago de casi S/ 3 mil millones durante todo este periodo de gracia neoliberal. Todo ello indica el enorme dominio político y económico que mantienen las elites económicas del sector agroexportador sobre las clases trabajadoras, que más allá de los análisis políticos que se centran únicamente en la capacidad estatal de ciertas instituciones políticas o la debilidad administrativa (sin contar con la dimensión histórica, las relaciones de poder y la lucha de clases), refuerzan su dominio evadiendo y eludiendo impuestos, debilitando la eficiencia y capacidad del Estado en materia laboral e inclusive, previniendo activamente su despliegue, regulación y control real sobre la relación capital-trabajo en este sector económico. Si a esto le añadimos la crisis de representación política y la debilidad institucional de los partidos políticos, recurrente desde finales de los años 80, es muy difícil que los intereses de las clases trabajadoras sean canalizados de manera institucional y sean plasmados como contrapoderes vis-à-vis los intereses de las elites económicas (estructuralmente aventajados en un sistema que los beneficia).

En el plano simbólico, la ofensiva neoliberal que aún perdura, racionaliza los últimos 30 años como el “milagro agroexportador”, un periodo de crecimiento incansable y acelerado supuestamente beneficioso para, incluso, los trabajadores a través de la creación de empleo y la reducción de la tasa de la pobreza en esas localidades. Un paraíso celestial e idealizado de los defensores del statu quo que ya no convencen ni a los medios de comunicación mainstream (sus aliados natos) que, acostumbrados a dominar a las autoridades locales y nacionales, se ven forzados a recurrir a argumentos “técnicos” en sus páginas web oficiales (que casi nadie visita excepto cuando son citados por sus aliados), apelar constantemente al miedo y la amenaza social (siempre presente cuando se alzan democráticamente movimientos sociales de abajo y que rompen con su visión del mundo ideal del jardín del edén neoclásico) y, por último, buscan que el Estado reprima a los manifestantes.

La nueva correlación de fuerzas en el sector del agro

Recientemente, bajo el gobierno de Vizcarra, con el apoyo de fuerzas políticas liberales y la presión de los grupos agroexportadores (ADEX, AGAP y ComexPerú), el régimen especial del agro se extendió unos 10 años más, con ajustes menores. Sin embargo, con la derogación de la ley agraria impulsada por los movimientos sociales de abajo y canalizada por ciertos grupos políticos del congreso, queda claro que las agrupaciones obreras buscan una mejora de sus condiciones laborales y la ampliación de los derechos que parcialmente tienen. Así, este movimiento social no solo surge por las condiciones estructurales (sedimentadas) sino que proponen racionalizar sus necesidades y capacidades que no son satisfechos por el régimen neoliberal a través de una lucha por la demanda de derechos laborales. Esto es, intentan dotarle al mundo social un sentido y una manera de relacionarse con él con el fin de expandir los derechos sociales y económicos que carecen y que aspiran a tener en un futuro próximo. En su conjunto, el movimiento social de abajo demanda que los incluyan en el régimen general laboral del Perú. Es decir, que los trabajadores reciban una remuneración vital, mejores condiciones laborales y servicios públicos de calidad y gratuitos. Este aspecto es lo que le ha dotado al movimiento de un efecto catalizador que ha sido compartido por miles de manifestantes.

A diferencia de ciertos análisis que apuestan por resaltar que nos encontramos en un momento movimientista (“actitud movimientista” diría Coronel) aplicable solo a los movimientos sociales de abajo, nuestra mirada crítica, inspirada en la teoría marxista de los movimientos sociales, incluye a los movimientos de arriba del sector agroexportador que hoy confrontan estas resistencias a través del uso de una variedad de estrategias defensivas y ofensivas. Así, no se trata solamente de plasmar las reacciones de las clases capitalistas ante los movimientos sociales de abajo o la de tomar una fotografía de la economía política actual que, finalmente, osifican la estructura neoliberal como si esta fuera una entidad abstracta e imposible de combatir. Al contrario, se trata de hacer visible las relaciones sociales entre los movimientos sociales de arriba y abajo tomando en cuenta que la hegemonía neoliberal es una formación social sedimentada temporalmente, siempre abierta a la disputa política y determinada por las correlaciones de fuerza entre las clases sociales permanentemente en lucha o movimiento (tanto en épocas frías como calientes).

Con respecto a la coyuntura política, hasta hace unos días el Congreso decidió aprobar una nueva ley agraria, después de que en el primer intento esta haya sido bloqueado por las fuerzas conservadores, y que fue respondido por los manifestantes con nuevas jornadas de movilizaciones. Los movimientos sociales de abajo, aun sin organizaciones fuertes, han demostrado una capacidad de acción colectiva rápida y efectiva. Además, estas se formulado por medio de coordinaciones a lo largo de distintos momentos de la movilización entre los trabajadores de este sector tanto en la primera marcha, el 30 de noviembre como la segunda (algunas fuentes indican que comenzó el 19 y otras el 21 de diciembre de 2020 y que hoy se mantienen a la espera de una respuesta del gobierno). El movimiento social de abajo no solo ha logrado bloquear las carreteras, sino que se sostienen en base a acciones directas de autoayuda y apoyo mutuo como la organización de comités quienes, en medio de la protesta, han logrado organizar ollas comunes. A pesar de la represión y la violencia policial, estas movilizaciones no se dan en el ámbito de la sociedad política (por fuera de todo reglamento o norma legal y política), sino que ocurren en las fronteras de la sociedad civil en relación con el Estado capitalista peruano. Los agricultores peruanos reivindican sus derechos laborales por dentro y en relación con los regímenes laborales existentes, la constitucionalidad, apelan a la necesidad de su existencia para sostener la economía y el alimento de toda la sociedad, hacen uso de sus experiencias de abuso y explotación, así como estudios científicos, para formular sus demandas. Por ende, en torno a la subjetividad política de estos trabajadores, los discursos de la resistencia se articulan en torno a la demanda por derechos laborales y por una normatividad de la justica social. Esto nos indica que la dicotomía entre las reivindicaciones “materiales” y las reivindicaciones de tipo “representativo” y político de la que tanto se especula no se adecua a la realidad. Lo que se observa es en todo sentido un movimiento social de abajo basado en la reivindicación de un marco de derechos que pretende ser actualizados e inclusive, expandido para con los trabajadores agrícolas de manera que las reivindicaciones materiales se materialicen por medio de una demanda de derechos sociales y económicos. Es decir, un proceso hegemónico a las fronteras de la sociedad civil que es disputado por los mismos trabajadores utilizando y empujando el marco liberal restringido por y para las elites políticas y económicas, con el fin de que se concreticen materialmente. Además, las acciones colectivas que emplean no se encuentran por fuera del marco normativo internacional (que lo avala por medio del derecho a la protesta) a pesar de la ambigüedad del marco normativo legal nacional (repleta de interpretaciones por distintos legalistas y comentaristas).

Contra el discurso de algunos intelectuales y líderes políticos que explican el auge del movimiento agrario como una salida a la desesperada, explosiva o violenta, los trabajadores agrícolas, ejerciendo su derecho a la protesta y por medio de una acción colectiva política como es la del bloqueo de la carretera Panamericana Sur y Norte, pretenden presionar al gobierno y el congreso con el fin de aprobar una nueva ley del agro más justa (cabe indicar que el campo de lo legítimo y lo ilegitimo no se decide por un tema moral o un tema legal, sino que es una cuestión estrictamente política). De este modo, enmarcar el repertorio de acciones colectivas del movimiento social como una salida “irracional”, “espontánea” o “violenta” no solo les quita agencia política, sino que nos impide analizar de qué manera se forja la subjetividad política de estos actores políticos precarios y que tipo de dinámicas y cambios se forjan en la lucha misma de éstos. No está de más indicar que este tipo de caracterizaciones le hacen el juego a la derecha y replican una vez más la idea de que estos actos políticos quedan por fuera de la historia democrática del país al mismo tiempo que apela a una visión idealizada de la política. Esto es, a una política carente del elemento conflictivo y el antagonismo político (lo político).

A pesar de las movilizaciones anteriores de tipo urbano compuesto sobre todo por jóvenes, contra el golpe de estado cometido por ciertas agrupaciones políticas del Congreso, estas no se han logrado aliar con el movimiento agrario (ni tampoco estas últimas han podido engendrar alianzas con otros sectores excepto con algunos congresistas y ONG), limitándose a perfilarse nuevamente como un movimiento particular sin mayores lazos o alianzas con otros gremios, sindicatos, sectores urbanos, movimientos sociales en torno a conflictos sociales de la minería entre otros. A pesar de estas debilidades, a lo largo del país se organizaron algunas manifestaciones esporádicas y poco numerosas en apoyo a los agricultores..

Por su parte, los movimientos sociales de arriba compuesto por las clases capitalistas del sector agroexportador tomaron un rumbo a la ofensiva por medio de la imposición de obstáculos a las inspecciones de fiscalización laboral de la SUNAFIL, el impedimento de fiscalización de los pozos por la ANA, un discurso enaltecedor del modelo agroexportador y el discurso del miedo (Ver las declaraciones de AGAP). Algunos empresarios, inclusive, decidieron ocultar a los trabajadores migrantes y precarios de la inspección de la SUNAFIL, lo cual revela una demostración de poder y de desafío a la autoridad nacional. Asimismo, los intentos de algunos manifestantes por sindicalizarse han tenido como consecuencia el despido de muchos organizadores y activistas sociales de sus centros de trabajo. Además, se demandó la intervención de las fuerzas policiales para mantener la “paz” y la “calma” con el fin de recobrar sus ganancias y postergar indefinidamente cualquier cambio al régimen agrario. Los obstáculos a las propuestas de nuevas leyes que favorezcan a los trabajadores y el reflejo de un equilibrio de fuerzas estancado en la nueva ley agraria (que no contentan a ninguna de las partes) revelan cómo los gremios del sector agrario se han movilizado a la ofensiva para no concederles a los trabajadores algunas demandas por medio del Estado capitalista peruano (que los ha favorecido históricamente). Con respecto a la dimensión coercitiva de la hegemonía de la clase capitalista del sector agrario, durante las últimas movilizaciones políticas de los trabajadores, la policía dirigida por el Ministerio del Interior (aunque aparenten no saber lo que se sucede o que no pueden controlar a ciertas unidades) y las autoridades locales plantearon una estrategia de dispersión por medio del uso de gases lacrimógenos y usó perdigones contra los manifestantes (las fuerzas del gobierno no solo reprimen sino que se infiltran y hostigan a los manifestantes después de las movilizaciones y en la mayoría de los casos, al menos a lo que va de año no son investigados y sus faltas quedan impunes ante la ley y el sistema judicial). Además, recientemente el gobierno de Sagasti, en vez de negociar una nueva propuesta, decidió mandar a las fuerzas armadas y poner en riesgo tanto a los manifestantes (y los ciudadanos de estas regiones) como a la Policía Nacional.

Prácticas iliberales desde las alturas y el impulso democratizador de los movimientos de abajo

Hasta el momento, el movimiento de trabajadores del sector agrario ha logrado derogar exitosamente la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) que, como ya hemos indicado, contemplaba enormes beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras y que establecía un régimen laboral especial que recortaba derechos laborales. Sin embargo, la nueva ley agraria aprobada por el congreso a golpe de relámpago en los últimos días del año 2020, no ha satisfecho a ninguna de las partes. Ésta aún beneficia de sobremanera a la elite del sector agrario a costa de las migajas concedidas a los trabajadores agrícolas.

Ante el impasse actual (estos días las movilizaciones sociales se han detenido temporalmente debido a que se ha pasado a la fase de negociaciones, aunque de manera diferenciada entre las movilizaciones en el sur y el norte) en la que la sociedad civil, el Estado y la ley representan un campo de batalla (inclusive para un neoliberal como el ministro Waldo Mendoza del Ministerio de Economía y Finanzas), los movimientos de arriba y de abajo se disputan un nuevo equilibrio de fuerzas en varios planos. Para los movimientos de abajo se trataría, en el plano económico-material, de buscar una nueva distribución de los bienes y los recursos producidos en el sector sin mayores expectativas de cambio al régimen neoliberal en su totalidad y el plano simbólico político, la apuesta es por ampliar un sentido común que engarce con la justicia social y la mejora de los derechos laborales. Claramente, la posición de los movimientos de arriba es la de mantener la situación de injusticia actual, apostar por repetir la racionalidad neoliberal del “milagro del agro” y la imposibilidad “técnica” de concederles a los trabajadores algunas de sus demandas materiales. Con respecto a las estrategias de ambos bandos, mientras que las elites económicas recurren a prácticas iliberales para mantener su posición de poder en relación a los de abajo con el apoyo del gobierno de transición (como siempre lo han hecho especialmente en las zonas de mayor conflicto social, a través de lo que Gramsci llamó la sociedad política), los movimientos sociales agrarios tratan de empujar y ampliar los límites de la sociedad civil por medio de un discurso basado en la reivindicación de los derechos laborales reconfigurando, radicalizando y hegemonizando el marco liberal de derechos desplazando la dicotomía entre lo político y económico.

No está de más recordar, especialmente para las cúpulas intelectuales y los dirigentes políticos progresistas que se enfrentan en una batalla electoral hasta abril de este año, que las recientes marchas de las clases trabajadores, representan lo mejor de nuestra democracia y que son, gracias a sus legítimas luchas por los derechos, lo que permitirá convertir ese marco liberal de derechos restringido para unas elites, en derechos efectivos y materiales para las mayorías sociales.  Por esta razón una propuesta estratégica que vincule varios movimientos sociales y su pasado histórico democrático, en torno a una lucha por los derechos de nuestra sociedad, podría servir para reposicionar y retomar la historicidad de las luchas por la democratización de nuestra sociedad. Se trataría entonces de ganar el campo de batalla simbólico, económico y político que, como indica Mijail Mitrovic, logre amarrar las luchas del pasado con las del presente para apropiarse de la historia y dotarla de una racionalidad emancipadora en el contexto político e histórico que vivimos. Asimismo, es en ese espacio de contención, disputa, lenguaje disidente y la batalla por la ampliación de los derechos (incluyendo además de los políticos y civiles, la de los derechos sociales y económicos) donde se juega la hegemonía por construir no solo nuevas alianzas entre los dos movimientos sociales mencionados (el movimiento urbano de los jóvenes y los trabajadores agrícolas) sino la posibilidad de reconfigurar el espacio político a favor de la construcción de un nuevo bloque histórico de transformación política y por ende también, de manera simbólica, un nuevo sentido común. Sin embargo, si los movimientos sociales de abajo no son capaces unirse y articularse en torno a un nuevo horizonte esta posibilidad quedará trunca.

A pesar de que se pueda cerrar este ciclo de movilizaciones en el sector del agro, es importante que, en estas elecciones generales, las demandas (demandas que son satisfechas de manera parcial y que en muchos casos no se institucionalizan) de los movimientos sociales de abajo puedan ser canalizadas con una articulación discursiva que interpele a ambos grupos sociales en torno a un proyecto contra hegemónico y con un horizonte democrático de emancipación política para las clases subalternas. Así, es significativo para las fuerzas progresistas que estas movilizaciones sociales no pierdan fuelle, especialmente ante un régimen neoliberal que se desmorona. Estos marcaran el ritmo de las elecciones y no tanto los partidos políticos.

Ante la debilidad de la gestión de la elite política de corte liberal-demócrata, liderado por Sagasti, que claramente entra en dificultades con facciones conservadores de la policía y con la amenaza permanente de una huelga de esta institución (ante una eventual reforma policial de mayor calado), un congreso escurridizo y corrupto, la segunda oleada del virus pandémico Covid-19 que ya afecta a varias regiones del país, la difícil contratación con las grandes corporaciones farmacéuticas para comprar la vacuna contra el coronavirus (a pesar de las recientes compras) y la desigualdad estructural a nivel internacional a la hora de acceder a ella (dada la posición periférica y la competencia internacional), además de la posible oleada de movilizaciones sociales que advienen en la presente coyuntura (un paro agrario, paros regionales, movilizaciones contra la minería y la reactivación de conflictos latentes que seguramente serán reprimidas con la ayuda de las fuerzas armadas, si es necesario, como lo han hecho con las movilizaciones sociales agrarias) nos dibujan un panorama que requiere estar a la altura y saber moverse con la reconfiguración de fuerzas sociales. El éxito de un cambio social dependerá de la capacidad de articulación entre estos movimientos heterogéneos y el cesarismo de los liderazgos orgánicos de izquierda para encarnar la frustración de miles de sujetos políticos entorno a un proyecto colectivo capaz de generar una transformación socialista.