REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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ENTRE EL PARCIAL “SUICIDIO ECONÓMICO” Y EL SUICIDIO SOCIAL
José Antonio Lapa Romero[1]

En el Perú reactivar la economía formal es una necesidad pero un suicidio social. Con un índice de letalidad de 2.78%, 45,928 mil casos positivos con coronavirus en acelerado crecimiento, sistemas de salud colapsados en algunas regiones del país (Lambayeque, Piura y Loreto) y a punto de colapsar a nivel nacional, sin mayores inversiones significativas en salud más allá de la emergencia y miles de atenciones postergadas, protestas permanentes del personal de salud por la insuficiente dotación de mascarillas y material sanitario, motines en los penales por el temor al contagio o la muerte, miles de infectados en los mercados populares en Lima en crecimiento, más de 10 mil de lo que han mal llamado caminantes cuando en general son los excluidos y marginados del Perú que migran para trabajar o por atenciones de salud centralizados, miles que han perdido el empleo, y millones que sobreviven y tiene que salir a las calles a ganarse el pan de cada día. Es decir, millones de excluidos que viven dentro de las economías de sobrevivencia, precariedades estatales y una sociedad que se mueve entre la informalidad, la pobreza y la pobreza extrema, alejada de una sociedad inventada llena de éxito, competitividad, glamour y consumismo dentro de un supuesto, hasta hace un par de meses, exitosísimo modelo peruano.

Es indudable que requerimos reactivar aún más la economía formal (sector minero, agroexportador, financiero y otros han continuado trabajando en menor intensidad en medio de la pandemia), y por supuesto algunos sectores y actores económicos podrán hacerlo y otros no en esta primera fase aprobada por el gobierno, dada la economía predominantemente informal. Lo cierto es que la reactivación centrada en sectores económicos como el minero, el agroexportador y el industrial está focalizada en sectores formales que reactivarán miles de empleos: son 3 de cada 10 empleos en el país con “mejores condiciones” económicas y sanitarias. Sería un suicidio económico no hacerlo dado los miles de desempleos ya generados por la pandemia y la recesión económica en la que estaremos envueltos. Sin embargo, el independetariado, los cachueleros, los ambulantes, y otros, ya ha salido y seguirán saliendo a las calles a ganarse el pan de cada día porque además, con bono o sin bono, el dilema esta dibujado entre el hambre y la posibilidad de contagio y/o muerte, por lo que es un suicidio social no salir a la calle pero es también un suicidio social exponerse al contagio o contagiarse en medio del crecimiento exponencial de contagios y servicios de salud desbordados y precarios.

Así, esta centralidad en el sector y en los empleos formales, olvidándose olímpicamente del sector y los empleos informales que es el 73 % de la economía peruana (en el sector minero con toda la logística y recursos económicos ya tiene 251 trabajadores positivos al COVID y un trabajador fallecido de Antamina), significa arrojar a millones de familias al suicidio social porque ni tenemos sistemas de salud similares a Alemania y Nueva Zelanda, ni una mayoría de trabajadores que pueden quedarse en casa sino que nadamos en precariedad institucional, en la exclusión estructural de millones que necesitan salir a las calles para sobrevivir el día a día. Estamos viviendo en el Perú un cierto tipo de darwinismo social donde viven los que más tienen y son más afectados los que menos tienen.

Estamos volviendo a nuestra obsesiva normalidad dentro de una casi absoluta anormalidad que no ha cambiado.


[1] Sociólogo. Este texto fue escrito el 4 de mayo de 2020.


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