¿Golpe o contrarrevolución en Bolivia?

Nicolás Lynch

Los sucesos en Bolivia siguen despertando aguda polémica sobre las formas en que se produce un cambio de poder político (Arato, Peruzzotti y Arvitzer). El llamado “gobierno transitorio” de Jeanine Añez reclama legitimidad por haber depuesto a un dictador, mientras el gobierno depuesto del Presidente Evo Morales dice que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Ante todo creo que se trata de una discusión primordialmente política sobre el modelo de democracia en desarrollo y no técnica, sobre algún aspecto del funcionamiento democrático, en este caso, del funcionamiento democrático liberal. Lo que hay en Bolivia es una aguda disputa por el poder político, en el más amplio sentido de la palabra, que tiene una larga historia detrás y que tuvo un viraje decisivo con el triunfo de Evo Morales el 2006 y con la aprobación de una nueva constitución el 2009.

El objetivo de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) fue siempre lograr un cambio de régimen en Bolivia, para transitar de la democracia precaria, producto de las transición de la década de 1980 a una democracia social, que reivindicara clasista y étnicamente a las mayorías bolivianas e incluyera sus ancestrales tradiciones comunales. Para ello, aprobó en una Asamblea Constituyente y llevó adelante un diseño democrático que combina participación con representación políticas, es decir buscaba establecer una nueva hegemonía, distinta y alternativa a la anterior que había dominado Bolivia la mayor parte de su historia republicana.

Si bien, dada la situación actual, post Guerra Fría de la región latinoamericana, no se trata de un cambio violento sino democrático, creo que puede denominarse por sus alcances un cambio revolucionario. Distinto, eso sí, de las revoluciones tipo bolchevique, porque no se produce la eliminación de los que serían enemigos luego del triunfo político sino que se plantea un sistema plural donde la oposición se concibe como adversaria. Aquí reside, en la mantención del pluralismo político, un tema fundamental de este y otros procesos de cambio en América Latina en décadas recientes.

Esta nueva situación hegemónica, llevada adelante por la vía democrática de movilización popular y elecciones, ha sido virulentamente rechazada por los sectores sociales y sus expresiones políticas anteriormente dominantes, pero que no podían articular una oposición eficaz por las abrumadoras mayorías electorales logradas por Evo Morales y el MAS. Sin embargo, intentaron en varias oportunidades levantamientos armados que afortunadamente no dieron frutos.

En este proceso de cambio de hegemonía es que sucede el tema de la reelección presidencial, que no sólo es boliviano sino común a los otros procesos de cambio en América Latina. Aquí aparece también el problema del caudillo, que con sus virtudes y defectos ha sido indispensable para liderar las propuestas de transformación. Néstor y Cristina Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Pepe Mujica y Evo Morales; no son una coincidencia en un período histórico, sino que responden a la necesidad de encabezar distintas coaliciones hegemónicas que apuntan a transformar sus países. Una necesidad que surge de la debilidad institucional, particularmente grave en Bolivia. A la necesidad política se sucede, sin embargo, el problema ancestral del caudillo, que suele considerarse insustituible y aspira a reelección eterna.

Evo Morales desarrolla el 2017 una maniobra política para conseguir una nueva reelección que estaba prohibida por la constitución del 2009 y contra la cual la ciudadanía boliviana se manifestó en referéndum convocado a instancias del propio gobierno el 2016. Recurre para ello al Tribunal Constitucional que le da la razón, señalando que si se le impide postular se estaría afectando su derecho a la participación política. La legalidad de esta resolución es controvertida, la oposición la denuncia como una violación constitucional emitida por un tribunal controlado por Morales. Sin embargo, la propia OEA, poco amiga de los regímenes de cambio en América Latina, no le pone cortapisas a la participación de Morales en el proceso electoral. Más allá de la controversia legal, creo que fue un grave error político no hacer caso a los resultados del referéndum de 2016 y presentarse por cuarta vez a una elección presidencial. La dificultades de manejar el tema del pluralismo político se hicieron una vez más presentes.

Suceden entonces las elecciones que según los resultados del Tribunal Supremo Electoral Morales gana por algo más de diez puntos (46% a 36% aprox.). Y nadie, ni la propia OEA en un informe que le tomó más de un mes emitir, ha podido señalar que hubo fraude. En estas condiciones, luego de violentas movilizaciones de la oposición y amenazas a los partidarios del gobierno, es que se produce la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia forzando la salida de Evo Morales de la Presidencia de la República. Aprovechando el vacío de poder se autonombra presidenta una señora cuyo partido había tenido en comicios anteriores el 4% de la votación.

¿Qué tenemos en estas condiciones? Indudablemente un golpe de Estado contra un Presidente elegido democráticamente, cuyo período terminaba a fines de enero de 2020. Es claro, por más maniobras políticas que hiciera, que no se trataba de un dictador, sino de un presidente que no supo gestionar las relaciones con su oposición a punto de llevar la situación a una polarización inmanejable. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es el de una contrarrevolución, que hoy se expresa como golpe de estado, pero que aspira a cambiar la hegemonía transformadora desarrollada por Morales del 2006 en adelante.

En estas condiciones el futuro inmediato de Bolivia es muy complicado. El objetivo del gobierno actual es la proscripción del MAS y de Evo Morales de la política boliviana. Sin embargo, esto es bien difícil. Lo primero invalidaría cualquier proceso electoral y seguramente será lo más difícil de lograr. Lo segundo, más allá de que Morales no se presentará en los próximos comicios, ya viene siendo implementado con la persecución judicial que ha empezado el gobierno de Añez y que le impide a Morales hacer política dentro de Bolivia.

No es entonces nomás un problema de lograr una mesa para una transición negociada que vaya a próximas elecciones. Se trata de desarticular la correlación político y militar de extrema derecha que se opone a la transformación de Bolivia en una polis con una democracia en la que se respete el voto de la mayoría de la población.

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