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El 26 de enero: el parteaguas es la Nueva…

Nicolás Lynch

En la próxima elección del domingo 26 de enero de 2020 el parteaguas es la necesidad de una Nueva Constitución. Hay quienes lo plantean como tema central, principalmente los partidos de izquierda, y aquellos que lo obvian, como la malagüa del Partido Morado y Acción Popular, o lo rechazan abiertamente, como es el caso del fujimorismo y sus aliados.

Quienes planteamos la necesidad de una Nueva Constitución, creemos que lo que sucede en el país es una crisis de régimen, la crisis del régimen inaugurado por el golpe de Estado del cinco de abril de 1992, encabezado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Un régimen cuyo núcleo es el modelo neoliberal. Este régimen ha entrado en crisis pero no ha muerto. La visibilidad de la corrupción y la acción de fiscales y jueces no es suficiente para terminar con él. Hay necesidad de una voluntad social y política mayoritaria que aborde los problemas de fondo y lance un proceso constituyente que termine en una Nueva Constitución.

El parlamento a elegirse tendrá un período corto de duración, aproximadamente de unos quince meses, por ello lo que se puede lograr estará estrictamente limitado. En este lapso hay que priorizar el debate sobre una Nueva Constitución para que este pueda continuarse en la campaña electoral del 2021 y empezar a plasmarse con las representantes elegidos en las elecciones generales de ese año.

La mejor manera de priorizar este debate es retomar la discusión de la reforma política aprobando varios de los puntos que el fujiaprismo puso de lado en el Congreso anterior. Pero de ninguna manera quedarnos allí, estos es lo que quisieran los morados y otros centristas parecidos, sino avanzando a enlazar el debate reformista con la necesidad de una Nueva Constitución.

No importa si las fuerzas favorables a una Nueva Constitución son mayoría o minoría en el próximo Congreso. De lo que se trata es que centren su trabajo, estrechamente coordinados con la movilización social, en lanzar el proceso constituyente. Esto es lo único que nos permitirá pasar a un nuevo momento en la política nacional. Si se logra lanzar este proceso, poniendo en la agenda el tema, el trabajo está hecho y podremos vislumbrar un mejor futuro para el Perú.

El 26 de enero hay que votar entonces por una Nueva Constitución, escogiendo a alguno de los partidos que la han hecho bandera central de su campaña.

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Hacia la latinoamericanización de la derecha española

Sergio Pascual

“Presidente ilegítimo”, “deriva autoritaria”, “chavistas, golpistas, cómplices del terrorismo”… estos son algunos de los epítetos que le ha dedicado la derecha política y mediática al nuevo Gobierno de España conformado por PSOE y Unidas Podemos. Si, al nuevo Gobierno de España, no al de Venezuela, Bolivia o Cuba.

En América Latina la década de los 2000 nos acostumbró a estos adjetivos -cuando no peores- dirigidos a los gobiernos de Chávez, Evo Morales, Correa, Kirchner y Lula. Después vinieron los golpes de estado, explícitamente militares como el de Bolivia o jurídico mediáticos como los del lawfare ensayado en Ecuador, Argentina o Brasil. La primera etapa, la de adjetivación resultó absolutamente imprescindible para facilitar la fase golpista. Era necesario preparar a la opinión pública para lo que vendría. No se puede derrocar sin respuesta popular un gobierno legítimo…pero si puede tumbarse un gobierno sobre el que se han sembrado las sombras de su compromiso con la democracia. El caso boliviano es ilustrativo. En un país en el que todos los indicadores macro y microeconómicos, de desarrollo humano, de inversión y bienestar demostraban los éxitos del gobierno, bastó sembrar la duda sobre su legitimidad para amortiguar suficientemente la respuesta popular al golpe de estado.

Derechas golpistas

El Gobierno español es el primer gobierno de coalición desde la II República, desde 1936, año en el que los militares dieron un golpe de estado en España. Es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en 1978 en el que dirigentes de tradiciones de izquierda a la izquierda de la socialdemocracia del PSOE entran en el Gobierno. Pero aunque los titulares de los medios carguen contra la forma de gobierno – coalición – o contra los curriculums de juventud de los nuevos ministros, en la práctica su única preocupación orbita sobre el hecho de que este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en el que asumen carteras ministeriales dirigentes políticos que defienden el control del precio de la vivienda, la intervención de la factura eléctrica, la creación de una gran banca pública, la subida del salario mínimo y el aumento de los impuestos a los más ricos.

Y es que a la derecha española, como a la latinoamericana, solo la mueve un objetivo: defender los privilegios de la clase social que los financia y a la que pertenecen. Y reconozcámoslo, para lograrlo hace gala de un gran pragmatismo y un buen conocimiento del escenario social y político. Sus voceros saben perfectamente que si el debate público se centra en torno a cuestiones como el salario mínimo o el aumento de impuestos a los más ricos perderán la batalla. Esa y no otra es la razón por la cual centran hoy en España como ayer en América Latina todos sus esfuerzos en tratar de erosionar las credenciales democráticas de su adversario, aunque para lograrlo tengan que erosionar la democracia misma. No debería extrañarnos su escaso apego a la democracia, el PP, y por ende su spin-off VOX, son creaciones de ministros y dirigentes de la dictadura franquista.

Si lo analizamos con frialdad resulta incluso lógico. La democracia es por definición el sistema político óptimo para las clases populares y las mayorías. En democracia cada persona representa un voto y, en términos ideales, no importa cuan rico seas. Un voto es un voto. ¿por qué querrían las minorías privilegiadas un sistema como este? De hecho una revisión histórica nos recuerda que efectivamente nunca apostaron por la democracia, desde el fin del sufragio censitario hasta la incorporación efectiva de indígenas y mujeres al voto, todos y cada uno de los avances fueron arrancados a fuerza de lucha y reivindicación.

La batalla mediática

Con cada avance de las clases populares hacia el sistema en el que por fin “podrían ganar”, la democracia, han llegado las innovaciones de las clases propietarias para mantener sus privilegios: educación segregada, jornadas laborales bestializantes, un sistema de salud que condena a la postración ante la enfermedad…. y finalmente acceso privilegiado a las tribunas públicas. Antes eran los púlpitos, hoy son los espacios en los medios de comunicación los que privatizan nuestra atención decidiendo sobre qué discutimos y sobre qué no discutimos los ciudadanos.

Son los medios de comunicación -es decir, sus propietarios- los que dirigen nuestras conversaciones hacia la agenda que deciden disponer.

Ese es uno de los grandes retos del próximo Gobierno español, evitar que le marquen la agenda, evitar que le arrinconen en discusiones estériles sobre cuan estética es una decisión u otra o en torno a temáticas en las que no hay nada que ganar: ¿es Nicolas Maduro un dictador?, ¿qué le parece el Gobierno de Nicaragua?, ¿aboliría la monarquía?, ¿cuantas naciones hay en España?. La derecha iberoamericana es especialista en marcar la agenda.

Del lado del Gobierno será el BOE, el Boletín Oficial del Estado, donde se plasman las leyes y decretos el espacio idóneo para dar esa batalla. La reversión de los recortes sociales de los gobiernos precedentes del PP en educación, salud, dependencia, derechos laborales y libertades civiles dejan un amplio campo de acción para marcar la agenda con acciones concretas que afecten positivamente a la cotidianidad de los españoles.

 El gran reto del debate territorial

Finalmente el gran reto para el gobierno español será el del debate territorial. En España los gobiernos se sostienen gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Los presupuestos generales del Estado que han de presentarse anualmente son la gran prueba de fuego de la estabilidad de esa mayoría que en el caso de este Gobierno es exigua y gravita sobre la abstención de los 13 escaños de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El partido independentista catalán hará depender la estabilidad de la legislatura sobre los avances de la discusión del modelo territorial en España, un país en el que Catalunya, Galicia y Euskadi se reconocen claramente como comunidades políticas, pero en el que Andalucía, Valencia, Navarra y Canarias -al menos-  representan comunidades político-culturales tan sólidas y diferenciadas como las primeras y en el que Comunidades Autónomas (regiones) con menor tradición autonomista como Cantabria también tienen representación propia en el Congreso. Muchas de ellas han incluido ya el término nacionalidad en sus Estatutos (leyes equivalentes a Constituciones de estados federados).

Parece obvio que no hay otra salida posible sino que España comience a caminar hacia un Estado Federal en el que o bien la “gran federación castellana” estaría por delimitarse como suma de regiones sin tradición como comunidad político-cultural, o bien incluso las actuales comunidades autónomas no reconocidas como nacionalidades pudieran llegar a ser parte de dicha estructura en igualdad de condiciones con el resto. De otro lado Catalunya presiona hacia la consolidación de su asimetría. Convendría no olvidar no obstante que la solución que proponen desde Catalunya, en la práctica una solución que privilegiara exclusivamente la solución catalana, propulsaría el ya inflamado nacionalismo español que abandera la ultraderecha de VOX, abocando al país a un enconamiento de las posiciones y del conflicto político.

Cabría esperarse de la derecha europeista del PP una posición colaborativa con las soluciones al conflicto territorial pero, como ya hemos dicho, la derecha del PP se parece cada día más a sus congéneres golpistas latinoamericanos y a sus versiones autoritarias del este de Europa (con las que vota en el Parlamento Europeo) que a las derechas demócrata cristianas alemanas, danesa o sueca. No en vano el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el partido demócrata cristiano más longevo del país apoyó al gobierno de PSOE y UP alejándose de las posturas tramontanas del PP.

A modo de conclusión

En España la izquierda y las clases populares no se juegan el gobierno en esta legislatura sino la misma democracia.

De un lado la torpe derechización del PP sitúa el debate público allá donde lo quiere la extrema derecha, que no para de subir elección tras elección. De otro lado el PSOE junto a UP, sin el concierto del centro derecha español, desaparecido en la huida a los extremos, tendrá enormes dificultades para avanzar en una solución al problema territorial que promete convertirse en el único tema de agenda de la legislatura, por más medidas sociales y avances de derechos que el nuevo gobierno pueda llegar a desarrollar. Y en el enconamiento del problema se agudizará la polarización en la que crecen los extremos. Solo una exquisita pedagogía al conjunto de la ciudadanía de los pasos que pretenden transitarse junto a un esmerado respeto a las identidades del resto de comunidades nacionales del país podrá evitar el desastre. Solo con más democracia podrá convencerse a la mayoría de españoles de que será necesario aún más crédito en las urnas para el único gobierno capaz de proyectar un nuevo país en el que todas las comunidades nacionales se sientan reconocidas y remen en la misma dirección. Convencer a los españoles en definitiva de que en ausencia de una derecha democrática la disputa no está ya entre la derecha y la izquierda sino entre los demócratas y los que no lo son.

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¿Elecciones intrascendentes?

Augusto Malpartida León

Algunos dirigentes políticos que no participan directamente del proceso electoral han señalado que estas elecciones congresales son intrascendentes, de alguna forma servirían solo para completar el período congresal que se interrumpió con el cierre del Congreso y dado el poco tiempo que funcionará este Congreso su gestión podría ser irrelevante.

La mafia intenta jugar al voto viciado para aumentar sus posibilidades de pasar la valla, y en simultáneo exige debatir propuestas puntuales.

En los dos casos, se intenta olvidar el origen de estas elecciones, una enorme crisis política que llevó a la caída de Kuczynski, el apresamiento preventivo de la principal líder del fujimorismo, el suicidio de García, la prisión preliminar para Susana Villarán, Ollanta Humala y Nadine Heredia, el proceso de extradición de Toledo, 80% de la ciudadanía votando contra la mafia y finalmente el cierre del Congreso, con una mafia arrinconada y perdiendo su principal espacio político. Jueces corruptos descubiertos en sus andanzas y como nunca, el gremio empresarial más representativo, la CONFIEP, evidenciado en sus contrataciones dolosas con el Estado y abriendo su propia crisis interna.

Por eso se producen estas elecciones, no se realizan sobre aguas tranquilas para cumplir un cronograma electoral, no es la exposición de propuestas y que gane la mejor. Es la continuidad de un proceso duro de confrontación entre la mafia que manejó el país durante decenas de años y los que lucharon para derrotarla.

Y la mafia aún está viva, muy golpeada pero viva, y estas elecciones son el espacio para su derrota si no nos prestamos a su juego, la única propuesta a debatir con ellos es la forma en que se van a ir a la cárcel a pagar por todo el daño que le hicieron al país, mientras este nuevo congreso debate como lograr reformas profundas que permitan que no se repita la historia y que una nueva mafia, con poder político y económico, se apropie del país.

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¿Golpe o contrarrevolución en Bolivia?

Nicolás Lynch

Los sucesos en Bolivia siguen despertando aguda polémica sobre las formas en que se produce un cambio de poder político (Arato, Peruzzotti y Arvitzer). El llamado “gobierno transitorio” de Jeanine Añez reclama legitimidad por haber depuesto a un dictador, mientras el gobierno depuesto del Presidente Evo Morales dice que ha sido víctima de un golpe de Estado.

Ante todo creo que se trata de una discusión primordialmente política sobre el modelo de democracia en desarrollo y no técnica, sobre algún aspecto del funcionamiento democrático, en este caso, del funcionamiento democrático liberal. Lo que hay en Bolivia es una aguda disputa por el poder político, en el más amplio sentido de la palabra, que tiene una larga historia detrás y que tuvo un viraje decisivo con el triunfo de Evo Morales el 2006 y con la aprobación de una nueva constitución el 2009.

El objetivo de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) fue siempre lograr un cambio de régimen en Bolivia, para transitar de la democracia precaria, producto de las transición de la década de 1980 a una democracia social, que reivindicara clasista y étnicamente a las mayorías bolivianas e incluyera sus ancestrales tradiciones comunales. Para ello, aprobó en una Asamblea Constituyente y llevó adelante un diseño democrático que combina participación con representación políticas, es decir buscaba establecer una nueva hegemonía, distinta y alternativa a la anterior que había dominado Bolivia la mayor parte de su historia republicana.

Si bien, dada la situación actual, post Guerra Fría de la región latinoamericana, no se trata de un cambio violento sino democrático, creo que puede denominarse por sus alcances un cambio revolucionario. Distinto, eso sí, de las revoluciones tipo bolchevique, porque no se produce la eliminación de los que serían enemigos luego del triunfo político sino que se plantea un sistema plural donde la oposición se concibe como adversaria. Aquí reside, en la mantención del pluralismo político, un tema fundamental de este y otros procesos de cambio en América Latina en décadas recientes.

Esta nueva situación hegemónica, llevada adelante por la vía democrática de movilización popular y elecciones, ha sido virulentamente rechazada por los sectores sociales y sus expresiones políticas anteriormente dominantes, pero que no podían articular una oposición eficaz por las abrumadoras mayorías electorales logradas por Evo Morales y el MAS. Sin embargo, intentaron en varias oportunidades levantamientos armados que afortunadamente no dieron frutos.

En este proceso de cambio de hegemonía es que sucede el tema de la reelección presidencial, que no sólo es boliviano sino común a los otros procesos de cambio en América Latina. Aquí aparece también el problema del caudillo, que con sus virtudes y defectos ha sido indispensable para liderar las propuestas de transformación. Néstor y Cristina Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Pepe Mujica y Evo Morales; no son una coincidencia en un período histórico, sino que responden a la necesidad de encabezar distintas coaliciones hegemónicas que apuntan a transformar sus países. Una necesidad que surge de la debilidad institucional, particularmente grave en Bolivia. A la necesidad política se sucede, sin embargo, el problema ancestral del caudillo, que suele considerarse insustituible y aspira a reelección eterna.

Evo Morales desarrolla el 2017 una maniobra política para conseguir una nueva reelección que estaba prohibida por la constitución del 2009 y contra la cual la ciudadanía boliviana se manifestó en referéndum convocado a instancias del propio gobierno el 2016. Recurre para ello al Tribunal Constitucional que le da la razón, señalando que si se le impide postular se estaría afectando su derecho a la participación política. La legalidad de esta resolución es controvertida, la oposición la denuncia como una violación constitucional emitida por un tribunal controlado por Morales. Sin embargo, la propia OEA, poco amiga de los regímenes de cambio en América Latina, no le pone cortapisas a la participación de Morales en el proceso electoral. Más allá de la controversia legal, creo que fue un grave error político no hacer caso a los resultados del referéndum de 2016 y presentarse por cuarta vez a una elección presidencial. La dificultades de manejar el tema del pluralismo político se hicieron una vez más presentes.

Suceden entonces las elecciones que según los resultados del Tribunal Supremo Electoral Morales gana por algo más de diez puntos (46% a 36% aprox.). Y nadie, ni la propia OEA en un informe que le tomó más de un mes emitir, ha podido señalar que hubo fraude. En estas condiciones, luego de violentas movilizaciones de la oposición y amenazas a los partidarios del gobierno, es que se produce la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia forzando la salida de Evo Morales de la Presidencia de la República. Aprovechando el vacío de poder se autonombra presidenta una señora cuyo partido había tenido en comicios anteriores el 4% de la votación.

¿Qué tenemos en estas condiciones? Indudablemente un golpe de Estado contra un Presidente elegido democráticamente, cuyo período terminaba a fines de enero de 2020. Es claro, por más maniobras políticas que hiciera, que no se trataba de un dictador, sino de un presidente que no supo gestionar las relaciones con su oposición a punto de llevar la situación a una polarización inmanejable. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es el de una contrarrevolución, que hoy se expresa como golpe de estado, pero que aspira a cambiar la hegemonía transformadora desarrollada por Morales del 2006 en adelante.

En estas condiciones el futuro inmediato de Bolivia es muy complicado. El objetivo del gobierno actual es la proscripción del MAS y de Evo Morales de la política boliviana. Sin embargo, esto es bien difícil. Lo primero invalidaría cualquier proceso electoral y seguramente será lo más difícil de lograr. Lo segundo, más allá de que Morales no se presentará en los próximos comicios, ya viene siendo implementado con la persecución judicial que ha empezado el gobierno de Añez y que le impide a Morales hacer política dentro de Bolivia.

No es entonces nomás un problema de lograr una mesa para una transición negociada que vaya a próximas elecciones. Se trata de desarticular la correlación político y militar de extrema derecha que se opone a la transformación de Bolivia en una polis con una democracia en la que se respete el voto de la mayoría de la población.

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NI PRESCINDIBLES NI INTRASCENDENTES

Crisis política, elecciones Congresales y la izquierda hoy

Anahí Durand Guevara[*]

La crisis política destapada con la corrupción del caso Lavajato, que tuvo hitos importantes con la renuncia de PPK, la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el referéndum del 2018 y el cierre del Congreso en octubre del 2019, tendrá un nuevo episodio este 26 de enero cuando se desarrollen las elecciones congresales extraordinarias. Se trata de una crisis que ha revelado el agotamiento del régimen impuesto autoritariamente en 1992, legitimado por la Constitución de 1993 y continuado por la transición del 2001, que impuso el neoliberalismo como modelo económico, político y social, permitiendo la captura del Estado por los poderes privados de lobbis y mafias e instaló la informalidad y la precariedad como forma de subsistencia para las mayorías. Hablamos de un desgaste que se evidencia también en el colapso de la clase política que gobernó el país las últimas décadas y en la creciente desconfianza frente a la democracia como sistema capaz de resolver los problemas que nos afectan cotidianamente, sea la inseguridad ciudadana, la violencia machista, o la pésima atención en salud que más bien nos enferma.

Dada la profundidad de la crisis política, queda claro que las elecciones del 26 de enero no van a resolverla. Si bien el cierre del Congreso era una necesidad ante la amenaza fuji aprista, se trata nuevamente de un respiro que canaliza temporalmente el descontento, pero posterga una resolución más duradera. Como afirmaron organizaciones de izquierda como el Nuevo Perú, tras la renuncia de PPK lo que correspondía era que el soberano renueve el pacto democrático, convocando a elecciones generales adelantadas. Pero la clase política tradicional, de la cual también forma parte el actual gobierno, prefirió ensayar arreglos temporales que no pusieran en mayor riesgo el decadente régimen neoliberal. Por ello hoy realizan unas elecciones apuradas con las mismas reglas de juego y con los mismos actores políticos cuestionados, obligando a la gente a decidir entre 21 agrupaciones la mayoría inexistentes o cuestionadas por sus vínculos con mafias y grupos de poder incluyendo el Fujimorismo. El 26 elegiremos nuevo Congreso con el mismo pernicioso mecanismo del voto preferencial, sin paridad ni alternancia, sin representación indígena, y entre muchos de los mismos corruptos atrincherados en partidos políticos que ni siquiera perderán la inscripción y podrán participar el 2021.

Las elecciones del 26 de enero no son pues un proceso electoral “normal” y deben evaluarse en la perspectiva del contexto de crisis de régimen descrito, cuya resolución más definitiva probablemente llegará con el cambio presidencial del 2021. No son elecciones normales por la naturaleza extraordinaria de la elección, las reglas de juego viciadas o la mayoría de actores decadentes, y también porque la gobernabilidad neoliberal ha sido afectada y en ese desorden los grupos políticos corruptos se recomponen o se articulan a renovados actores mafiosos y fundamentalistas religiosos que pretenden imponer los términos del debate. Este carácter extraordinario hace que las elecciones del 26 no sean definitorias, pero tampoco le otorgan un carácter intrascendente, deben ser evaluadas en su justo término, como un proceso que resultó de la crisis y que en buena cuenta definirá las condiciones del proceso electoral del 2021 incidiendo en la continuidad de la reforma judicial, en la aprobación del calendario electoral y la aplicación de la reforma política, pudiendo dejar fuera de juego a las nuevas organizaciones. En ese marco, es importante no pasar de largo ni ensayar un voto blanco o viciado, que más que una protesta jugará a favor de los partidos que no se resignan a perder privilegios e impunidad.

Sin un estallido a la chilena ni fuertes convulsiones a la ecuatoriana o colombiana, la crisis política en Perú ha asumido, por ahora, un curso electoral en varios tiempos que incluyen las elecciones de 26 de enero, las presidenciales del 2021, e incluso las regionales del 2022. La derecha parece comprenderlo y mueven sus fichas prefigurando opciones presidenciales que diriman la crisis; sea una opción neoliberal autoritaria bolsonarista como Solidaridad Nacional o una republicana (neo) liberal como el partido Morado. Las izquierdas tienen que ensayar sus propios movimientos y empujar una alternativa que abra espacio para un nuevo proyecto de país, rompiendo los consensos instalados por décadas. Ello implica sentar posición y presentar propuestas sobre temas claves como la distribución de la riqueza, los beneficios y exoneraciones tributarias, la falta de empleo digno, la defensa del medio ambiente, la plena autonomía de las mujeres, o la defensa de la diversidad y la igualdad. La gobernabilidad neoliberal está agotada, no muerta, y no debe ser la izquierda quien le tienda un salvavidas, de ahí la necesidad de disputar presencia en este Parlamento y continuar articulando un bloque capaz de disputarle a las fuerzas reaccionarias que no quieren que nada cambie. Hacia el bicenternario, las izquierdas y/o fuerzas críticas al actual orden de cosas, tienen espacio para construir una propuesta de poder y gobierno, que incluya una nueva Constitución y cierre el ciclo de corrupción y autoritarismo abriendo uno nuevo que asegure esperanza, vida digna y bienestar para todas, todos y todes.

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[*] Socióloga, profesora de Sociología de la Universidad de San Marcos; integrante del comité editorial Revista Ojo Zurdo.