CRISIS POLÍTICA Y REBELIONES POPULARES EN AMERICA LATINA (conversatorio)

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Lima, 4 de diciembre 2019

América Latina y el Caribe viven un momento sumamente inestable, con rebeliones populares y procesos de restauración conservadora que evidencian una profunda crisis política. Para analizar esta coyuntura por la que transita el continente, desde el Espacio Nuestro Sur, el Grupo de Trabajo de CLACSO “Estados en disputa” y la Revista Ojo Zurdo, organizamos en Lima (Perú) un conversatorio en el que Alexander Gamba (Universidad de Santo Tomás, Colombia), Victoria Darling (Universidad de Integración Latinoamericana, Brasil), Santiago Ortíz (FLACSO, Ecuador), Mayarí Castillo (Universidad Mayor, Chile), Anahí Durand (Universidad Mayor de San Marcos, Perú) y Hernán Ouviña (Universidad de Buenos Aires, Argentina), compartieron su mirada acerca de este convulsionado contexto regional. Lo que sigue es la transcripción de sus respectivas intervenciones.

Alexander Gamba

Voy a referirme a la situación colombiana planteando dos tesis interrelacionadas: el levantamiento popular y ciudadano del llamado Paro Nacional y la crisis de la hegemonía del uribismo.

La primera tesis es que el 21 N (21 de noviembre) o paro Nacional es un punto de llegada de una serie movilizaciones sociales enmarcadas en el ciclo de protestas fruto del proceso de paz.  Este es un Paro organizado inicialmente por las estructuras organizativas de Colombia más emblemáticas de los años 70, 80 y 90 como son las centrales obreras, el movimiento indígena y el movimiento estudiantil, pero la movilización ha desbordado a sus organizadores y hoy congrega a estas estructuras, pero sobre todo a la ciudadanía de las grandes ciudades que en su gran mayoría no responde a estructuras organizativas. El 21 N empieza con la convocatoria de las estructuras ya mencionadas, con tres ejes principales: primero contra la reforma tributaria y un paquete de reformas de corte neoliberal en pensiones y laboral que había anunciado los centros de pensamiento cercanos al gobierno; segundo, contra el incremento  de la violencia política en regiones  que fueron muy golpeadas por el conflicto armado como el Cauca y el Catatumbo, expresada en el asesinato de centenares de líderes sociales después de la firma de acuerdo de paz; y tercero ante el incumplimiento del acuerdo de paz ya mencionado.

Este Paro, que se pensaba inicialmente como una movilización de gran envergadura, pero en la línea de los paros obreros, indígenas y estudiantiles, cobró una gran relevancia en el contexto de los levantamientos en Ecuador y Chile y esto generó un efecto de contagio en el que muchos sectores se unieron a la movilización, haciendo que la jornada del 21 N sea considerada la más numerosa de Colombia en más de cuarenta años. A ello siguió algo inédito, como es este proceso de movilización permanente que hasta hoy no cesa y que se expresa en cacerolazos, asambleas barriales, marchas en las principales ciudades, y un apoyo masivo de la opinión pública que según las grandes encuestadoras oscila entre 60 al 70%.

El 21 N se enmarca en el ciclo de protesta del contexto del Acuerdo de Paz. Desde que empezó el proceso de paz en Colombia con las FARC entre el 2012 a 2016, se reactivaron de manera exponencial las movilizaciones sociales, y se dieron importantes protestas entre las que cabe destacar el Paro Nacional Agrario (agosto-septiembre de 2013) las movilizaciones en defensa de acuerdo de paz (octubre de 2016), el Paro del Pacífico (mayo-junio de 2017) el Paro Nacional Universitario (octubre-diciembre de 2018 ) y la Minga Indígena ( Marzo-abril de 2019). 

Según el investigador Mauricio Archila, estamos ante el mayor ciclo de protestas sociales desde la década de 1970. Los acuerdos de paz desbloquearon políticamente al país, pues desde la década de 1980, los ejes de lo nacional se concentraron en los debates sobre el conflicto armado. Si bien los acuerdos de paz no han logrado implementarse y pasan por una crisis, el desmonte de un discurso de guerra que articulaba la agenda nacional hacía muy difícil la emergencia de las expresiones de la protesta social, que se presentaban en el país de manera muy fragmentada; el Acuerdo de paz posibilitó ampliar estas agendas y que emergieran las voces, pero sobre todo la posibilidad de construir agendas comunas y no solo sectoriales o regionales. 

Sobre la segunda tesis creo que estamos ante un resquebrajamiento de la hegemonía uribista en Colombia. Esa hegemonía consistía fundamentalmente en ofrecer a la ciudadanía colombiana seguridad y estabilidad macroeconómica a cambio de sacrificar elementos como derechos sociales, democracia y paz dialogada.  Tenemos una Constitución Política (1991) muy progresista en muchas cosas, pero un modelo neoliberal que no se toca y ello surge a través del autoritarismo originado por la guerra, la guerra como una mediación social y política de la sociedad colombiana, una guerra que se desarrolló en las periferias del país, pero que durante mucho tiempo orientó a los sectores urbanos hacia la derecha. El ciclo Uribista se está descomponiendo por varios elementos, el primero es que luego de tres décadas, todos los movimientos sociales de Colombia concuerdan en que la única salida a la guerra era negociar el conflicto y esto se logra con Juan Manuel Santos que firma la paz, y esa paz es fruto de una lucha social popular y una agenda única política-social. Sin embargo, durante el gobierno de Santos hubo una permanente tensión entre las nuevas burguesías lumpenizadas, como la que representa Uribe, y una burguesía más modernizadora; en ese intersticio, hay una unidad estratégica entre sectores de la izquierda y Santos para sacar adelante la paz. El proceso de paz logra desmontar el conflicto armado a nivel nacional, por lo que, si bien quedan muchos sitios de violencia, éstos ya son más bien focalizados.

Los sectores pro paz pierden las elecciones del 2018, aun siendo mayoría, porque quien los empieza a dirigir ya no son los neoliberales, si no la izquierda, encabezada por Gustavo Petro, que logra articular todas estas luchas de estudiantes, indígenas, afros en un proyecto que no acaba de nacer llamado Colombia Humana, donde muchos lo acompañamos. ¿Por qué se pierden las elecciones? Por qué las élites liberales y del centro no quisieron apoyar a Petro. El triunfo de Duque fue un recurso desesperado del sector de las élites de buscar una cara joven, renovada, pero que no tenía ni la habilidad de Santos ni el carisma de Uribe, incapaz de liderar en un régimen presidencialista donde el presidente es una autoridad muy importante para la construcción del poder; eso fue un error muy costoso para ellos. En este momento sectores importantes de las élites están profundamente fragmentados, divididos, aunque siguen unidos en defensa del modelo económico.

En el marco de este agotamiento emerge este Paro que es un hito, primero porque se están movilizando los que siempre se movilizan, pero sobre todo los que nunca se movilizaban. Segundo, la movilización ya no es sólo un medio específico para un fin concreto como tumbar la ley x, sino como una expresión, un espacio de movilización, son marchas gigantescas, llevamos dos semanas con una renovación de repertorios y un estado permanente de movilización. Por eso creo que estamos llegando a una crisis profunda del uribismo como proyecto hegemónico. La base de su discurso que fue hegemónico en Colombia durante dos décadas era el miedo, este relato está en crisis, al Uribismo ya no le cree la mayoría de la población, no se creen la idea de unirse contra un enemigo común para salvar la patria, y hoy sólo lo acompaña cerca del 30 % de la población, cuando en su mejor momento llegó a tener el 80 % de apoyo.

Para concluir: las grandes movilizaciones del paro nacional son el resultado político más importante del Acuerdo de paz: el desmonte de movilizar los miedos a través del odio contra un enemigo en la sombra. Ido este “fantasma” la población está enfrentando los problemas más cotidianos de la sociedad: el desempleo, la desigualdad social, la represión estatal y el desgobierno de las elites gobernantes.

Victoria Darling

En Brasil pareciera que existe algo así como un destiempo en términos de movilización social y de las transformaciones que exige el pueblo brasilero. Sin embargo, pienso que hay algunos elementos que nos pueden permitir pensar en otros elementos que ocurren al mismo tiempo en Latinoamérica. Solemos pensar las crisis como momentos de luces y sombras, como un momento trágico donde suceden violaciones a mujeres, desapariciones forzadas en Chile, madres que pierden a sus hijos en Bolivia, la represión más cruel y el Estado de forma más desnuda, y podemos ver la crisis como un momento de algunas luces, momentos privilegiados donde el carácter de clase desnuda sus intereses. Eso creo es lo que estamos viendo en varios países de América Latina. Lo interesante es que seguimos pensando en América Latina como una posible totalidad, en términos de integración seguimos siendo una región que se moviliza con fenómenos convergentes a partir de rupturas que parecen ocurrir en Chile, en Ecuador, en Colombia; es posible ver Brasil también desde ese debate.

En Brasil, el neoliberalismo ha demostrado ser una matriz móvil, donde ciertas características son cambiantes, se van adaptando en términos semánticos, pero mantienen una doctrina liberal que es permanente y sigue vigente a través de dinámicas estatales. Cuando pensamos en fenómenos de movilización social es importante pensar Estado y sociedad civil en conjunto, a partir de sus contradicciones, es la única forma que nos puede dar una mirada renovada para comprender lo que viene sucediendo. Algo fundamental es el regreso de la política al ámbito popular, el regreso de la política a los pueblos, parece que los tiempos de los gobiernos progresistas, llevaron al Estado al ámbito de las instituciones, incluso los movimientos sociales giraron esos años más en torno a políticas de gobierno. Hoy Brasil, pareciera ir a destiempo de la región, porque las movilizaciones están atrás, el movimiento campesino, de los más grandes del mundo, está en este momento debilitado, pareciera que está atrás, pero si lo miramos de otro lugar está adelante, la derecha viene organizándose de manera renovada hace como diez años que la bancada del buey, la biblia y la bala, ya existía, se había fraguado en el poder. Bolsonaro no es un fenómeno nuevo, se presenta como anti política, pero es diputado federal desde hace 25 años, forma parte de una rearticulación de intereses de la derecha que se imponen, que no murieron, se renovaron, esto tiene que ver con un pasado oligárquico, una transición a la democracia que nunca se dio.

En términos del fortalecimiento de la derecha podemos pensar que existió una debilidad de nuestras ciencias sociales de anticipar y evaluar esos procesos. Este gobierno tiene una pretensión refundacional, de refundar las instituciones del Estado y el sentido común. Este gobierno aprovechó todas las instancias posibles, el pueblo de Brasil en un 80% no conoce sus ministros, consideran el gobierno a la cabeza de Bolsonaro, el ejecutivo se conforma por 22 cargos, miembros del gabinete, casi la mitad incluido el presidente son ex militares, esos 10 militares se formaron en una escuela llama Saules Neiras, una escuela de Río de Janeiro que tiene una fuerte disciplina y actitudes que valoran lo físico y biológicas. Si hacemos un análisis, de estos diez sujetos, todos defienden propuestas de políticas públicas a favor de lo militar ¿Qué hay de nuevo en esto? Hay dos ministerios que son protagonizados por mujeres, el de la Reforma Agraria y el de Agricultura, dos ministerios para una misma realidad, Bolsonaro los reunifica y coloca a Teresa Cristina Correa, del estado de Mato Groso, es el estado que más violencia y represión a los indígenas tiene en Brasil, ocupación de tierras, promoción de la soja, ese es su estado, ella es bis nieta de dos gobernadores de ese estado, una de las principales empresas productoras de carne. La segunda de las mujeres es Damares Aldes, que es la ministra de mujer, de DDHH y niñez, es pastora evangélica, representante de la iglesia pentecostal, y una de sus políticas públicas fue la prohibición a través de una política nacional que impidió que fuera posible que los niños y niñas se identifiquen con un género que no es el biológico; más allá de eso, su última política fue la donación de calzones porque dijo abiertamente que las mujeres y niñas indígenas en el amazonas son violadas por no llevar calzones… Entonces si vemos la captura del Estado por intereses privados, nos encontramos con algo muy terrible, no es la captura de intereses privados, es la captura de intereses corporativos, también de los militares, no hay mucho de nuevo en esto.

Para cerrar, estamos frente a un Estado que se constituye abiertamente de derecha, un gobierno que representa el reforzamiento de un Estado patriarcal, y ese Estado tiene características misóginas, no sólo a través de la representación de intereses, sino a través de una fuerte cesión de la vida pública, que es una de las banderas del feminismo. Lo que están queriendo mostrar es que el Estado tutela la vida privada de las mujeres, están negado el derecho a debatir sobre el aborto, que se hable de ello en las universidades, para que la mujer pueda ligarse las trompas necesita la firma del marido, la mujer no puede decidir sobre su cuerpo. Una de las mayores banderas que salen a la luz son las jóvenes y mujeres que estamos en la calle, las chicas, las demandas sobre el territorio y la vida. Pero nuestro desafío es que el riesgo de que el debate del feminismo quede relegado de las mujeres, tenemos hombres y mujeres transgénero, tenemos que hacernos cargo, es un debate que tenemos que asumir hombres con la misma seriedad, si no vamos por ahí no hay cambio posible. El feminismo está demostrado que no sólo crece con la historia, está por encima de las grietas, encima de la derecha e izquierda y las luchas generacionales, apropiémonos un poco de esa bandera que quizás se transforme en una lucha de vanguardia.

Santiago Ortiz

Ecuador tuvo 11 días de un paro indígena y popular que paralizó y conmocionó al país, señalando una inflexión tanto en la consistencia y legitimidad del gobierno y su política neoliberal como en los actores y la movilización popular.

Este acontecimiento tiene como antecedente el cambio en las relaciones de fuerza en el último periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana (2013- 2017) cuando empieza a debilitarse Correa y su discurso reformista.  En un artículo anterior, señalaba que ese debilitamiento se manifestó en la pérdida electoral de Alianza País en las elecciones locales el 2014, en la movilización de la derecha con la marcha de las Banderas Negras en el 2015 y la crisis económica por la baja de los precios del petróleo. Entonces se produce un cambio de correlación de fuerzas en donde la derecha entra a la reconstrucción de su bloque que, si bien no logra vencer en las elecciones presidenciales del 2017, sí consigue cooptar al presidente Moreno, que fue candidato de la Revolución Ciudadana. Moreno realiza un giro apenas asume el gobierno conformando su gabinete con representantes del empresariado, estrechando relaciones con Estados Unidos que incluyen la entrega de Assange en la embajada de Londres y cogobernando con partidos de las elites como el Partido Social Cristiano, con la adhesión de los medios de comunicación.  Moreno asume el discurso de la derecha: re institucionalizar el país, enfrentar las arbitrariedades del “autoritario” de Correa y la corrupción.

En ese marco el gobierno de Moreno busca acercar a sectores populares maltratados por Correa, pues no es un secreto que el gobierno de la Revolución Ciudadana golpeó a organizaciones populares importantes y no tuvo una política de integración de esas organizaciones al proceso. Para el gobierno la organización popular era un elemento prescindible, pues lo que contaba era el protagonismo del Estado para que éste haga las reformas sin integrar un bloque popular que las respalde. La CONAIE y la Unión Nacional de Educadores, entre otros fueron maltratados por Correa y entraron en negociación con Moreno para recuperar una serie de espacios perdidos. El segundo año se hizo un referéndum que habilitó a Moreno para reestructurar institucionalmente el país, desmontando los cambios que se habían dado desde la Constituyente del 2008. Se trataba de descabezar las distintas funciones del Estado con el discurso liberal de la independencia de poderes y la libre expresión. Si bien Moreno divide el partido Alianza País y logra desalojar al correísmo del poder, no logro una “reinstitucionalización”, pues lo que se configura es un remedo de estado de derecho, donde desaparece cualquier autonomía de las funciones del Estado, pasando el legislativo y los organismos de control a depender del ministerio de Gobierno y policía. Además, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevó a deteriorar la relación con los gremios y   la ruptura con la CONAIE.

Al finalizar el segundo año de gobierno se hizo notorio el desgaste de Moreno y del régimen. El programa social con el que había triunfado Moreno no se cumplía, se mantenía una crisis económica desde el 2015, con políticas de ajuste que provocaban aumento de la pobreza y el desempleo, en medio del modelo de dolarización. Se produce el síndrome del “vértigo”: el quintil más alto defiende su posición en medio de la crisis, el quintil de sectores medios percibe el riesgo de caer hacia abajo, los grupos vulnerables sienten el peligro de volver a la pobreza y los pobres se ven en condiciones de sobrevivencia. Esa incertidumbre generó un desgaste que llevó a Moreno del 60% de popularidad a un 15% los últimos meses. A esto se suma el intento fallido de Moreno por sustituir el fuerte liderazgo del anterior presidente: Correa era el timonel de un ferrocarril que llevaba al Ecuador al progreso, Moreno no tenía ningún proyecto coherente ni capacidad de reemplazar ese liderazgo.

En esas condiciones se dicta el Decreto 883 que elimina los subsidios a los combustibles, lo que provoca el aumento de los precios de la gasolina. Ante ello los primeros que reaccionan son los sindicatos de transporte. Estos son uno de los pocos gremios no afectados por Correa, que demostró su fuerza paralizando el país el 3 de octubre; aunque el gremio negocia con el gobierno el día siguiente, ya rompe la válvula del descontento, siendo el movimiento indígena el que toma la posta.

Este movimiento había estado replegado y fraccionado en los 10 años del mandato correísta, pero logró rearticularse y lideró el Paro en contra del aumento de los combustibles. Pero junto al movimiento indígena hubo estudiantes, mujeres, barrios, pobladores, pueblos y ciudades de provincia, que lograron paralizar el país durante 11 días. Hay que señalar que el movimiento indígena conducido por la CONAIE no es el mismo del que paralizo el país en el primer levantamiento de 1990. Es una nueva generación que son los “hijos del levantamiento”, que ya no son solo campesinos, son jornaleros de la construcción, vendedores ambulantes, comerciantes de alimentos en las ciudades, que han sido golpeados por la crisis. Sin embargo, es un sector con una fuerte identidad, que asumen un discurso étnico entrelazado con un discurso más popular, más “ecuatoriano”. La dirigencia es también más joven, más moderna que sus padres, pero menos experimentados en los meandros de la negociación burocrática con el Estado. Por ello es que esta dirigencia y esas nuevas bases fueron firmes en defender la derogatoria de las medidas y no aceptaron los ofrecimientos de programas de desarrollo rural del gobierno.

También hay que tomar en cuenta que los indígenas actuaron de manera impulsiva, pues si bien la CONAIE resolvió convocar a un paro para mediados de octubre, las bases ya se habían adelantado desde el día 3 de octubre y prácticamente el lunes 7 ya estaba paralizado el país. Se trató de una movilización impulsada desde un tramado comunal y territorial, que mantuvo el movimiento pese a los ataques de Correa, trama que también se ha trasformado pues son redes que actúan a lo largo y ancho del país, en el campo y las ciudades, en la costa y en la sierra como en la Amazonia.   Además, son redes que están sustentadas en estructuras de poder local que se han mantenido en estos años, desde las juntas parroquiales, los municipios y los gobiernos provinciales.

Hay que señalar que el repertorio de acción asumió tanto la forma “levantamiento” utilizado tradicionalmente por el movimiento indígena -con cortes de vías, movilizaciones locales y tomas de edificios públicos- cuanto las formas de lucha urbana de mítines y fogatas de los estudiantes, movilizaciones de los barrios, utilizado anteriormente como la “guerra de los cuatro reales” de Quito o formas de paro laboral. El despliegue de la lucha por todo el país revela que el paro fue un paro nacional y popular,  aunque su nodo estuvo en Quito, en la marcha indígena del miércoles 9, en la continua confrontación con la policía en el parque del Arbolito, cerca del centro histórico de la capital,  como en la asamblea comunal del Ágora de la Casa de la Cultura, que se convirtió en la esfera pública donde se delibero sobre la orientación del paro, con más de 5000 representantes indígenas.

La respuesta represiva con el Estado de Emergencia y los toques de queda, rompió los parámetros acostumbrados en el país y estimulo una mayor movilización. Hubo 11 muertes, más de 1000 detenidos y otros tantos heridos. Fue una respuesta en donde el ejército custodiaba los puntos estratégicos y la policía se encargaba de masacrar al pueblo. En ese lapso aparentemente hay una reacción diferente de las FFAA y la Policía. Aparentemente fueron las FFAA los que presionaron al gobierno para que se negocie un diálogo, dado que el escenario de convulsión social se estaba profundizado en el país.

Luego de 10 días de paralización, cuando el apoyo popular se expresó en ruidosos cacerolazos, la Asociación de Municipalidades, la Iglesia Católica y Naciones Unidas actuaron de “buenos oficios” para buscar un dialogo entre las partes, que al final se realizó ante la televisión en día 13 de octubre, escenario exigido por los indígenas para que se trasparente la negociación ante la población. Con ello se consiguió el retiro del decreto 883, y se abrió una posibilidad de tratar otros temas como la justicia ante las violaciones a los derechos humanos, la permanencia o no de los ministros responsables de la represión, el programa acordado con el FMI, etc. Pero el dialogo no continuo, pues lo que se produjo el día 13 fue en realidad una tregua, pues el gobierno siguió con su agenda económica y de persecución a los líderes del paro e incluso a dirigentes políticos de la oposición, en particular del correismo, acusados de haber instigado el “vandalismo”. 

Algunas conclusiones: el bloque de la derecha salió cohesionado en torno a una agenda de reformas acordada con el FMI y la agenda represiva contra el pueblo, pero tiene un problema de representación política sin resolver dada la debilidad de Moreno.  El programa neoliberal perdió consenso rápidamente en la población, a poco tiempo de anunciado. Hay también una reforma institucional en marcha cuyo punto de llegada es una democracia simulada y una deriva autoritaria. Los sectores populares se encuentran fraccionados, por un lado, el movimiento indígena que salió legitimado, y por otro el sector correista de la Revolución Ciudadana que cuenta con un importante voto duro potencial, pero que salió golpeado por la prisión a sus dirigentes. Si bien en la movilización actuaron los dos, la herida entre esa corriente indígena y nacional-popular se mantiene abierta. Los dos tienen dificultades en el futuro, pues el movimiento indígena ha demostrado en el pasado dificultades de rebasar su identidad como movimiento étnico y social y conformarse como un movimiento político que luche por el poder. Por otro lado, la corriente popular correista vive un sentimiento de orfandad dado que su líder está en Bruselas y no tiene una estructura orgánica y política consistente. Otros sectores como los actores territoriales y ambientalistas o el movimiento feminista, se han movilizado activamente en los últimos años por sus demandas, afirmando su identidad, pero no parece interesarles conformar frentes de carácter político.

Mayarí Castillo

Es difícil hacer un análisis de lo que sucede en Chile porque el escenario es muy móvil. Es difícil dar una interpretación 100% certera, pero han sido días muy difíciles porque aparte de vivir un estallido muy fuerte en las calles, hay una violencia y represión estatal que no conocíamos desde la dictadura. Chile vive 47 días de movilización intensa que ha dejado más de 2000 heridos, más de 200 personas con heridas o pérdida de sus ojos, más de 30 muertos y todos los días hay víctimas nuevas de distintas violaciones a los derechos humanos por parte del estado.

Creo que una de las grandes cosas que ha salido a la luz, es que se trata de una crisis muy profunda. Es el fin de un ciclo, algo que ya se venía anunciando y manifestando hace décadas contradiciendo las interpretaciones que afirman que nadie vio venir este descontento tremendo que estamos viendo en las calles. Esto es falso, Chile es un país que se ha movilizado intensamente en los últimos 15 años, ha habido movilizaciones en casi todas las áreas, por educación pública, por el sistema de pensiones. El año pasado vimos una muy importante por parte de la educación secundaria y superior ligada a movimientos feministas, también hemos visto movilización en temas ambientales e indígenas. Es decir, hay muchas aristas en las que se ha manifestado el descontento por un lado y, tenemos por otro lado, un sistema político que ha bloqueado sistemáticamente esta movilización y que ha impedido que se traduzca en avances en materia social.

En medio de este estallido conviene preguntarse si es el fin del neoliberalismo. Eso no lo sé, pero sí sé que es el agotamiento de varias de las medidas de la agenda neoliberal que se impusieron en Chile en dictadura y que si bien se mostraron indicadores importantes en algunas áreas como en reducción de pobreza en donde Chile mostró avances significativos, pero no lo fue así en desigualdad y bienestar. Hoy observamos el fracaso de ese enfoque que es en el fondo el fracaso de las políticas focalizadas en desmedro de las políticas universales, sumado a un Estado que se retira en la mayor parte de las áreas estratégicas del bienestar de la población. Y la crisis desnuda esta realidad:  todos los servicios estratégicos del país están en manos privadas: transporte, agua, energía, saneamiento, carreteras, pensiones. Esto es realmente grave en una crisis como la que tenemos hoy, porque cuando tienes un problema con el transporte y te das cuenta que en parte importante esto no le pertenece al Estado, es poco lo que puedes hacer. Te das cuenta que el agua y la red misma de alcantarillado no le pertenece al Estado, es poco lo que puedes hacer. Tienes problemas con el acceso a la salud y parte importante ha funcionado con un modelo de voucher privado, también es poco lo que puedes hacer. Tienes un problema con las pensiones, una de las demandas más sentidas por la población y esto también está en un sistema privado. ¿Qué salida puede ofrecer un Estado que no tiene las herramientas para resolver las demandas de una población agotada del maltrato y de la desigualdad? Te das cuenta entonces que lo que se debería hacer para solucionar lo que acontece en Chile son reformas estructurales de largo alcance, que toquen el corazón del modelo y todas las privatizaciones que realizó, algo que ni la élite ni gran parte de la clase política parecieran estar mirando.

Y en eso es importante hablar sobre el rol de la izquierda en la movilización. Yo creo que cuando empieza la gran crisis, una de las grandes críticas es que a todos los sectores de la izquierda les ha quedado grande el poncho. Nadie ha sabido bien qué hacer, se ha mostrado una profunda fragmentación y varias acciones erráticas lamentables. En el fondo lo que vemos en la calle es un descontento que tiene múltiples aristas y las fallas para interpretar lo que sucede han mostrado la profunda desconexión que la parte de los partidos de izquierda y del sistema político en general tiene con la difícil cotidianeidad del Chile actual para la mayor parte de la población. Esto no sólo tiene que ver con lo económico, la gente demanda dignidad y eso es algo con un horizonte muy amplio. Si alguna vez pueden ver fotos de las movilizaciones verán que las demandas tienen que ver con cosas muy diversas, desde “me movilizo por ti, abuela que tienes una pensión que no te alcanza para comer” hasta “me movilizo por ti mamá, que moriste en el hospital sin que te atendieran”. Cuando uno ve esas demandas piensa ¿cómo resolvemos tanto dolor? Lo que estamos viendo es el agotamiento de un modelo económico que nos ha dado una desigualdad tan grande que las personas simplemente no pueden sobrevivir y esto no lo ha procesado la clase política.  Por eso sorprenden algunos que dicen “esto que pasó en Chile fue porque subieron el transporte 30 pesos… una gran explosión, estado de emergencia, se queman todas las estaciones de metro por 10 céntimos de dólar”.  Pero ¿son 10 céntimos el problema? 5 o 6 años atrás, los datos de la encuesta PNUD nos decían que la gente se sentía maltratada principalmente por temas económicos, cerca de un 70% declaraba esto y por temas vinculados a la pertenencia a estratos socioeconómicos bajos. Entonces estamos ante un malestar creciente que hoy en día es difícil de controlar, es como cuando abres una lata y sacas todo lo que has acumulado por muchos años, quieres volver a meter todo adentro para ordenarlo y que vuelva a estar como antes y ya no cabe. Y en Chile ya no es posible volver a como estábamos antes.

Pero, así como hemos visto una fractura profunda dentro de la izquierda y el progresismo, también la élite y los partidos de derecha han mostrado su fractura. Hoy más claramente que antes se percibe a una derecha que cuenta con dos proyectos diferentes, con un gobierno que muestra niveles de aprobación bajísimos, fenómeno que no sólo tiene que ver con la gente movilizada y que ha sido oposición al gobierno de Piñera desde el principio, sino también con una profunda preocupación entre las élites económicas que ven con temor que Chile deje de ser tan rentable para quienes por muchos años disfrutaron del modelo económico. Ahí observamos una tensión que yo creo que se ha visto agudizada por el hecho que, por primera vez en 30 años, las élites se han sentido realmente amenazadas por la movilización social. Y esto se vió en el impulso que dieron a lo que se llamó una “agenda social” que buscaba, desde el mismo modelo económico, atender a las demandas de la ciudadanía, lo que claramente no fue bien recibido por las personas movilizadas.

En este contexto, nos enfrentamos a un proceso constituyente que busca modificar la constitución elaborada durante la dictadura de Pinochet, que comienza con un plebiscito en abril y que seguramente marcará un período de gran polarización social, tanto en los meses previos como en lo que sucederá después. Una señal es el importante debate que se está teniendo sobre escaños reservados en los pueblos indígenas y la paridad de género en la instancia que redactará la nueva Constitución, lo cual ha develado la vocación excluyente y antidemocrática de la derecha chilena pues se ha opuesto de manera sistemática a esta indicación, pese a la importante movilización social en torno a ambos temas. Recordemos que la bandera mapuche se ha convertido en un símbolo de las movilizaciones y la acción del colectivo “Las tesis”, un himno feminista que atravesó nuestras fronteras. Aun así, nuestras élites les cierran la puerta a estos grupos. 

Anahí Durand

Quiero situar la exposición en el actual momento de crisis política que vive el Perú y que evidencia un agotamiento de la hegemonía neoliberal que se instaló con el autogolpe fujimorista de 1992, se legitimó con la Constitución de 1993 y fue continuada por los gobiernos que sucedieron al régimen fujimorista.  Expresión de esta crisis es que fue disuelto el Congreso y que existe una convocatoria a elecciones complementarias extraordinarias, que nunca se había llevado a cabo en el país. Además, tenemos a los cuatro ex presidentes elegidos democráticamente involucrados en denuncias de corrupción, uno preso, otro se suicidó, otro detenido en EEUU y el ultimo con prisión domiciliaria. Vivimos una crisis política en la cual también se han desarrollado movilizaciones ciudadanas que, aunque no terminan de convertirse en estallidos como ocurre otros países de América Latina, si han sido claves para interpelar al régimen y van a ser decisivas en las posibilidades de abrir un nuevo momento político como salida a esta crisis.

Creo que es importante situar esta crisis del modelo neoliberal impuesto en 1992 desde las repercusiones de la fallida transición democrática el 2001, donde el régimen constitucional continuó prácticamente intacto. Esa Constitución en materia económica privatizó todo lo que se pudo y  copió el modelo chileno, en aspectos como el sistema de pensiones imponiendo las cuestionadas AFP, aunque en Perú a diferencia de Chile hace unos años se flexibilizó al permitir el retiro de fondos. Ese modelo se impuso con su respectiva dosis de autoritarismo en medio de la dictadura fujimorista, y también con ideólogos como Hernando de Soto, que promovían esta ideología emprendedora que caló fuerte en medio de una crisis política generalizada por el conflicto armado interno y la hiper inflación que permitieron al fujimorismo avanzar en términos de privatización del Estado y desmovilización social. Esto coincide además con el ingreso de grandes capitales especialmente en la industria extractiva (minería y petróleo) por los altos precios de los commodities. La hegemonía neoliberal sobrevive a la caída del fujimorismo el 2001 y aquí destaca la habilidad de las élites para reacomodarse y sacrificar a Fujimori en ese entonces o más recientemente a PPK para conservar su poder. La CONFIEP ha sido hábil en controlar el poder y cambiar de operadores políticos, lo hemos visto ahora con las revelaciones acerca de los millones de dólares que meten en las campañas de Keiko y otros candidatos que los mantienen a flote.

Pero en medio de esta hegemonía neoliberal que se impuso, permanentemente se han producido también respuestas desde la sociedad, se han desarrollado constantes impugnaciones al modelo y movilizaciones con resultados concretos. Por ejemplo, la ley de flexibilización juvenil en Perú fue frenada por una movilización muy fuerte conocida como la lucha “Pulpín” (así se les decía a los jóvenes trabajadores) que logró que esta ley se derogara. También han estado muy presentes la lucha de las comunidades indígenas y campesinas ante el avance de la política extractiva, destacando el movimiento indígena amazónico, que logro con el Paro Amazónico del 2009 conocido por el Baguazo que logró que se derogaran los decretos que concesionaban la Amazonía o las protestas en torno al proyecto minero Conga en Cajamarca. Todas estas movilizaciones son reprimidas además con un nivel de violencia muy fuerte con altos costos en términos de vidas humanas y no por eso han dejado de producirse; hace poco hemos tenido la movilización en el Valle del Tambo Arequipa ante las consecuencias que tendría desarrollar el proyecto minero Tía María. 

De otro lado, este momento de la crisis política, un elemento decisivo en el desgaste de la hegemonía neoliberal es el problema de la corrupción, el develamiento de la estructura de corrupción que fue organizado por las élites políticas, a partir del control de distintos poderes del Estado peruano. El caso Odebretch ha sido decisivo en ese develamiento de lo extendido de la corrupción en los poderes el Estado y llevo a la renuncia de Kucinzky y a también a las investigaciones contra ex presidentes como Alan García y Ollanta Humala, todos involucrados a millonarias coimas y sobornos a cambio de favores en la concesión de obras públicas. Luego aparecieron denuncias al parecer certeras que involucran a la misma Keiko Fujimori y diversos personajes de su partido por haber recibido millonarios aportes para su campaña electoral. Todas estas denuncias y los procesos judiciales en curso han develado las mafias y lobbies que han controlado el Estado, generando un gran rechazo en la gente hacia los políticos en general.

Vivimos entonces un momento de crisis política y agotamiento de la hegemonía neoliberal en el cual hay movilizaciones y respuestas que impugnan ese orden, pero donde también prima una gran desafección y un malestar ciudadano con la clase política generalizado e incluye a la izquierda. Eso nos lleva a plantearnos si es posible un escenario de estallido similar al de Chile o Colombia. Yo creo que la situación es distinta, hemos tenido un catalizador muy importante en la lucha contra la corrupción pues los últimos meses se ha tenido momentos de movilización para defender los procesos de lucha contra la corrupción y exigiendo sanción contra los principales corruptos. En esa línea, el cierre del Congreso fue un catalizador clave porque ahí se concentraba la clase política más rechazada por la población, empezando por este segundo fujimorismo liderado por la hija de Alberto, Keiko Fujimori. Y junto a ese catalizador que es la lucha contra la corrupción también está la realidad de un país con un nivel de informalidad tremendo que alcanza a cerca del 70% de la población, que expande la oferta laboral y amplía la oferta de servicios baratos de salud y educación, aunque de pésima calidad. Esto desdibuja al Estado como blanco de las protestas porque se espera poco o nada de él y cada quien resuelve como puede… No digo que un escenario de estallido este descartado, hay también un sector político social que insiste en plantear la demanda de nueva constitución que ha ganado espacio en medio de la crisis

Para finalizar, una pregunta que nos hacemos es ¿Qué salida tendrá finalmente esta crisis? Porque la crisis sigue latente y lo más probable es que las elecciones del 2021 sean un hito en su resolución. En esa línea, una salida probable es que pueda configurarse una opción continuista, neoliberal y autoritaria, porque justamente quienes han cobrado protagonismo últimamente son las iglesias evangélicas y sus plataformas, como “Con mis hijos no te metas”, que tienen un proyecto político y aspiran a tener una bancada propia. También puede ser una salida más bien liberal continuista, alguien que le brinde un nuevo aire al modelo neoliberal estilo Julio Guzmán. Pero la crisis puede tener un horizonte democratizador, que ponga en cuestión o pueda trascender los marcos actuales del neoliberalismo y proponga cambios sustantivos; hay espacio para una salida democrática y popular que abra un nuevo ciclo. En esa lucha creo que están los movimientos sociales y deberían estar las izquierdas, porque se ha demostrado que la derecha peruana tiene mucha habilidad para recolocarse, mantener sus intereses, y creo que es parte de la discusión, lo que repercute en Latinoamérica puede tener un efecto positivo en las nuevas posibilidades.

Hernan Ouviña

Voy a plantear algunas hipótesis de carácter general en torno a estas rebeliones populares y la dinámica de crisis política que involucran. Una primera cuestión clave es que a las izquierdas nos cuesta mucho tener una visión de la coyuntura que logre trascender el coyunturalismo y la inmediatez. En segundo lugar, también resulta dificultoso tener un análisis de las relaciones de fuerza que no se agote ni restrinja a nuestras respectivas realidades y territorios. Por lo tanto, se torna complejo leer lo que está sucediendo actualmente como un cambio a nivel de correlación de fuerzas en América Latina e incluso a escala global, a pesar de que a partir de lo que viene sucediendo en Colombia, queda claro que estos procesos de insubordinación y desacato han asumido un carácter continental. Esto costaba comprenderlo parcialmente hasta la rebelión en Chile, aunque ya veníamos de vivenciar el levantamiento en Ecuador y también en Haití. Las derechas y clases dominantes tienen mucha capacidad de lectura continental y global, pero a los pueblos nos cuesta poder abordar de manera integral a estas dinámicas de lucha, por estar fracturados en “republiquetas” como denunció Simón Bolívar. De ahí que sea imprescindible pensarnos regionalmente y en forma articulada, desde una identidad latinoamericanista y como pueblos-continente, ya que nos solemos concebir como organizaciones y movimientos en lucha, pero no más allá de nuestras fronteras.

Entonces, como primera hipótesis diría que en los últimos meses lo que se produjo fue una dinámica de irradiación, es decir, de influencia, resonancia y repercusión mutua de los diversos procesos de lucha, que en conjunto hizo que la rebelión y el descontento emergiera como una fuerza de carácter continental, a punto tal de plantear que vivimos un movimiento constitutivo a nivel regional, desigual, pero con crecientes grados de combinación y articulación entre sí. Esta dinámica parece estar contagiando a otras latitudes y generar un envalentonamiento, así como una ruptura del miedo, el sentido de la inevitabilidad y la cultura del desvinculo, en muchos territorios del continente donde hasta hace poco tiempo el neoliberalismo parecía no tener fisuras.

A su vez, en estas rebeliones no estamos en presencia meramente de movimientos sociales o populares, sino frente a verdaderos pueblos y sociedades en movimiento, lo que evidencia un tránsito de una multiplicidad de sujetos y sujetas en lucha, a la amalgama y constitución de un sujeto múltiple, habitado por la diversidad, pero con capacidad de cohesión y masividad en las calles, congregando a diferentes sectores populares, organizaciones, colectivos y comunidades en torno a una plataforma en común. En este sentido, hoy se está reanudando lo que desde el Grupo de Trabajo de CLACSO llamamos “Ciclo de Impugnación del Neoliberalismo en América Latina” (CINAL), en un doble sentido: se está relanzando, reiniciando con mayor fuerza y radicalidad, y a la vez se está volviendo a anudar, es decir, a articular y conectar a escala regional, ya no desde la mera reacción local frente a los embates neoliberales, si no desde una perspectiva de contrataque mancomunado y una confrontación abierta, en un plano callejero y antagonista, contra la mercantilización y precariedad de la vida, pero también contra una institucionalidad estatal autoritaria, de clase, colonial y patriarcal. Es importante aclarar que el CINAL no inició con los gobiernos progresistas, sino bastante antes: a partir de la activación de las luchas antineoliberales que irrumpieron con fuerzas a finales de la década de los ochenta, y que van del Caracazo a los levantamientos indígenas en la región andina, del alzamiento zapatista en Chiapas a diciembre de 2001 en Argentina, pero que empalman luego con el ascenso y el triunfo a nivel electoral de ciertas coaliciones y plataformas políticas, e incluso con el despunte de determinados liderazgos a nivel continental, a partir de la asunción de Hugo Chávez como presidente en 1998, al que le suceden una serie de gobiernos que genéricamente se han denominado “progresistas”, y que más allá de sus ambigüedades y diferencias configuraron un archipiélago regional en común. Si desde hace algunos años se vive un declive y agotamiento de estos gobiernos, no cabe equiparar esta deriva con el cierre del CINAL.

El ciclo de rebeliones populares e impugnación del neoliberalismo que hoy se reanuda y revitaliza con fuerza, evidencia un relevo generacional, étnico y de género: generacional, porque en buena parte de las protestas callejeras son las y los jóvenes los principales protagonistas. En Haití son las juventudes populares las que dinamizan y sostienen las luchas; en Chile fueron las y los secundarios de 14 a 16 años quienes dieron el puntapié, aunque es importante dar cuenta de los sucesivos relevos y ciclos de lucha estudiantil -de 2001 y 2006 a 2011-, a través de los cuales han generado un acumulado en términos de consciencia y dinámicas de confrontación, hasta lograr una acción que fue más allá de su sectorialidad, bajo la consigna “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”, que concitó la salida a las calles de cientos de miles de personas. Es un relevo también étnico, ya que hay una nueva generación militante de carácter indígena, no sólo en Ecuador, sino también en Chile y en Colombia, especialmente en el Cauca. Y hay un relevo sobre todo de género, por el protagonismo transversal de las mujeres y los feminismos populares, comunitarios, decoloniales, de campesinas e indígenas.

Lo interesante es pensar en una dinámica que vincula acontecimiento y proceso, para entender que éstas no son meramente rebeliones espontaneístas que irrumpen de la nada, si no que expresan una espontaneidad que se nutre de un activismo y un crisol de luchas subterráneas que preceden a estas explosiones, y fueron el caldo de cultivo que habilitó la confluencia de múltiples resistencias, contribuyendo a la erosión de ese sentido común neoliberal. Es desde esta óptica que las revueltas se tornan más comprensibles. Ahí está la larga tradición de lucha del pueblo mapuche en territorio chileno, los grupos y colectivos feministas, las movilizaciones multitudinarias anti AFP, las organizaciones de pobladores y pobladoras, es decir, hay una sociedad asqueada de la lógica neoliberal en todos los planos de la vida social.  Lo mismo puede decirse en el caso de Ecuador, Haití o Colombia. Se abre así un boquete en el proyecto neoliberal, sobre el que la izquierda debe actuar, aunque problematizando qué entendemos por neoliberalismo. Es preciso entender que jamás puede concebirse al neoliberalismo en la clave de un juego de suma cero con respecto al mercado, cuya consolidación suponga un “Estado ausente” o “mínimo”, o desde la perspectiva meramente de un conjunto de “políticas económicas”, ya que todo el ciclo neoliberal fue un ciclo de omnipresencia estatal, que involucró e implica aún hoy una alianza estratégica entre el mercado y el Estado, para privatizar, precarizar y gestionar la vida en todas sus dimensiones. Actualmente estamos ante un neoliberalismo de guerra como el que padecen Colombia, México, Chile, Paraguay e incluso Perú, y en estos países el Estado, lejos de esta “ausente” o haberse “minimizado”, ha sido un actor fundamental y de primer orden en el avasallamiento de territorios, la vulneración de derechos y la multiplicación de zonas de sacrificio al calor del extractivismo.

Son revueltas que despliegan huelgas políticas de masas en la clave que supo teorizar Rosa Luxemburgo. Huelgas de carácter político, no sectorial ni corporativo, ya que interpelan directamente al Estado y cuestionan las bases mismas del modelo neoliberal, y de masas, porque no se emparentan con huelgas definidas desde arriba por una central sindical o partido político, sino que desbordan a toda estructura tradicional, desde ámbitos comunitarios, movimientos sociales, barriadas populares y luchas callejeras, tanto en Colombia, Ecuador, Chile o Haití. Aquí emerge un elemento interesante de disputa por la hegemonía y de impugnación de una institucionalidad estatal neoliberal, pero también de la colonialidad y el carácter profundamente patriarcal de estos Estados. No sólo se combina acontecimiento y proceso, sino que estas rebeliones demuestran lo erróneo de un sentido común progresista que piensa como imposible la articulación entre radicalidad y masividad. Hoy las rebeliones que circundan el continente unen un proyecto profundamente osado en términos de exigencias, de instalar la discusión de una asamblea constituyente plurinacional en territorio chileno o en la propia Colombia, con la presencia en las calles y la deliberación en espacios públicos de millones de personas. Lo que cruje es, por tanto, es el Estado en sus estructuras de funcionamiento más profundas. Estamos ante el declive y fracaso del proyecto neoliberal, pero también de los progresismos, por lo que ya no hay modelos a seguir. Ni el supuesto “modelo” de Chile que se vendía como el jaguar latinoamericano y hoy se evidencia como profundamente perjudicial para las clases populares, ni tampoco aquellos que, como Venezuela o Bolivia, hasta hace poco tiempo eran una referencia para ciertos sectores de izquierda. Hay un eclipsamiento de esa potencialidad que supieron tener ciertos gobiernos progresistas, lo cual implica repensar y hacer un balance autocrítico en una clave de audacia e imaginación política en el caso de las izquierdas, pero también desde el conglomerado de organizaciones y movimientos que están surgiendo al calor de estos procesos de lucha.

A modo de cierre, menciono algunas de las principales cuestiones a tener en cuenta para este debate colectivo de cara al futuro: lo primero, la necesidad de discutir a fondo la matriz productiva, ya que el ciclo progresista casi no tocó la estructura económica y menos aún se animó a problematizar el capitalismo periférico, dependiente del mercado mundial, lo que redundó en una de las mayores fragilidades de estos proyectos. Otro tema es que, frente a la barbarie misma en ciernes, no cabe sino reinstalar al horizonte socialista como alternativa civilizatoria más urgente que nunca. Desde ya, tiene que ser un socialismo en el que quepan muchos socialismos, que pueda articular tradiciones y proyectos emancipatorios diversos, sin ánimo vanguardista ni homogeneizador. Ligado a esto, la necesidad de pensar y discutir la dialéctica entre poder propio y poder apropiado, ya que el progresismo se recostó casi en su totalidad en un poder apropiado por la vía electoral, y muy poco en un poder propio, construido desde abajo y a partir del protagonismo popular. Hoy el parlamento indígena y de mujeres, las asambleas territoriales y los cabildos, así como las diferentes formas de deliberación en las calles están prefigurando una nueva institucionalidad, que va a contramano de aquellas lógicas de un poder estatal refractario a las clases populares. Otro aspecto importante son los procesos de asamblea constituyente y la necesidad de forjar un sujeto constituyente que perdure más allá de la modificación normativa y jurídico-política. También es fundamental debatir las limitaciones de los llamados hiper-liderazgos y la personalización del poder, que fue uno de los puntos flojos de los progresismos. Es preciso apostar a la construcción de liderazgos colectivos, algo que al final de su vida el propio Chávez reconoció en clave autocrítica, de priorizar la generación de un relevo y la constitución de sujetos de carácter colectivo que perduren más allá de las individualidades. Finalmente, está el desafío de cómo enfrentarnos a una derecha que hoy en día es “participacionista”, una derecha revanchista, racista y misógina, que sin embargo disputa las calles y el sentido de los repertorios de acción. Es importante, por tanto, articular la lucha confrontacional y la dinámica antagonista, que no reniegue de la reivindicativo pero que tampoco desestime la necesaria revitalización de los procesos autogestionarios, y que pueda nutrirse y aprender de los feminismos populares y comunitarios, que enseñan mucho en términos de autocuidado colectivo, para resguardar y defender los proyectos de vida digna al calor de los procesos de lucha, y evitar que este neoliberalismo de guerra que hoy se despliega, devaste nuestras formas de vida, tanto humanas como no humanas.


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