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Podemos ante las elecciones españolas

Gabriel Valenzuela

España y Portugal podrían iluminar la vía de un nuevo rumbo a la izquierda en Europa. La victoria electoral del PSOE remitió a la singularidad de España frente a un mar de partidos de extrema derecha en auge en el contexto de una Europa quemada y aferrada al inerte extremo centro neoliberal.

En la imprevisibilidad de la noche del domingo en la que todas las posibilidades estaban abiertas y la lucha entre encuestadores que afirmaban ver algo de luz frente a los puzles desencajados y números desasociados en los tiempos del Big Data, el PSOE logró movilizar a su electorado (convocando unas elecciones anticipadas para prevenir la contaminación electoral de mayo y ante unos resultados desastrosos en Andalucía con la formación del gobierno trifachito o bloque de Sevilla) y los resultados lo demuestran. El PSOE logró 123 escaños frente al hundimiento del PP que pasó de 136 a 66 diputados (un colapso total), y el que ahora se proclama como el nuevo líder de la oposición, Rivera con su partido Ciudadanos que pasó de tener 32 a 57 diputados. Esto es inexplicable sin la súbita irrupción en el congreso del partido fascista VOX con 24 escaños y el apoyo de 2.6 millones de votantes, que ha logrado tumbar las directrices de la nueva cara del PP, Casado, y la radicalización de los polos nacionalistas vascos y catalanes (los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya gritaban anoche el famoso “¡no pasaran!” habiendo obtenido 15 diputados en Catalunya). Vox no es un terremoto político en la España de hoy, pero si altera los ejes de la derecha y polariza los ejes nacionalistas. Veremos hasta donde son capaces de llegar los próximos años.

La estrategia discursiva de UP – por la justicia social y un Estado plurinacional

A pesar de los tropiezos de Unidas Podemos y su constante hundimiento político tras la ruptura de Iñigo Errejón con la dirección general (debido a discrepancias estratégicas) y la lucha constante contra toda la maquinaria estatal dirigida por el PP, las infames «cloacas» del Estado que hicieron pensar al electorado que Podemos estaba financiado por Venezuela, el partido impulsó una campaña de “control de daños” para mantener la cohesión de sus militantes y más cercanos simpatizantes para evitar la fuga de votos al PSOE (UP cayo de 71 a 42 escaños). En cuanto a la estrategia discursiva populista (la principal según el enfoque Laclauniana llevada a la práctica por parte de los dirigentes de PODEMOS) esta se puede caracterizar por el renacer de un antagonismo duro que disputó dos significantes flotantes claves en España (en formación y en estado de abierto a la contestación política): por un lado, disputó el espacio de la izquierda articulando un nuevo discurso popular contra los poderes fácticos del Estado (las cloacas del Estado), los medios de comunicación cómplices de haber generado espacios para las mentiras del PP, el personaje mediático de Eduardo Inda (director de “El Mundo” noticias) y el IBEX 35 (los grupos de poder económico de España) luchando por el sentido de las palabrasjusticia social, patria y democracia. Por otro lado, acertó en jugar la carta legalista para disputarle el espacio nacional y constitucional a una derecha consagrada con la defensa de la “unidad de España” y la “constitución del 78”, reafirmando los aspectos progresivos de la Carta Magna para que se cumplan sus artículos con respecto al sistema tributario justo, los derechos laborales de los trabajadores, la justicia social aclamada por la marea morada de las mujeres y por último, la defensa de una España plurinacional (eso sí un poco debilitado en este terreno del juego electoral). En este aspecto, la formación Unidas Podemos rearticulo el significante flotante de “constitución”, “estado de derecho” y “lo legal” para su propio campo, contra los usos más conservadores monopolizados por la derecha española.

Es indudable que Unidas Podemos ha pasado de defender un proceso constituyente para cambiar el régimen del 78, a una segunda fase caracterizada por una transición democrática, y de esta, a una tercera fase, en la cual ha tenido que defender los aspectos progresivos de la Constitución Española (podríamos decir que Podemos ha pasado de una trayectoria antagonista a una agonista y recientemente, ha traído de vuelta el antagonismo duro en esta campaña política). Pero esto no se debe a una traición a las bases o su programa, sino que se basa en la falta de anclaje (no esencialista) que constituye la estrategia populista, que depende de la correlación de fuerzas plasmada en identidades abiertas en formación y en constante disputa. En otras palabras, UP ha tenido que disputarle el espacio a la derecha en temas constitucionales para ampliar el horizonte democrático de lo que significa ser un ciudadano español en un país en el que viven muchas naciones, formas de sentir y de latir el sentido de lo nacional como en el tema territorial; el caso catalán y vasco.

Porvenires

Hay dos temas claves que se suman a la etapa post-electoral en España. En primer lugar, la posibilidad de formar un gobierno progresista en España que afronte con éxito el tema territorial y siga enfrentando las políticas neoliberales impuestos por el bloque histórico europeo (no olvidemos que las elecciones para el Parlamento Europeo se realizan en mayo). Y en segundo lugar, se abre la posibilidad de nuevas coaliciones autonómicas y municipales tanto de derechas como de izquierdas para controlar la soberanía regional con la realización de elecciones a este nivel el próximo mes de mayo.

En lo que respecta a la formación de un gobierno progresista, le toca jugar la pelota a Pedro Sánchez para saber si es capaz de subalternizar a los poderes facticos dándole una salida a la portuguesa a la crisis política que vive el país desde el 2014 con una coalición con UP, Compromís e Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (con el nuevo punto de mira siendo el de ganar el espacio político de las autonómicas y municipales en Mayo) o si prefiere consolidar el espacio de dominio con el partido naranja, Ciudadanos (una irradiación política de los grupos de poder económico). Los grupos fácticos defienden sus privilegios con términos como “estabilidad”, “responsabilidad institucional” ante la amenaza “populista y los proetarras” y el revival del “bipartidismo” a la antigua solo que con su cuerpo político (Ciudadanos), y la apuesta por la consagración de una unión entre el PSOE y Ciudadanos, como bien ha declarado Ana Botin, presidenta del Banco Santander (una de las personas con más poder en España). Si se logra lo primero, Podemos habría logrado conseguir los objetivos del Pacto de Lisboa entre las izquierdas europeas(habiendo desterrado la trayectoria fallida de SYRIZA en Grecia) junto al modelo delineado por el Bloco de Esquerda portugués (y el nuevo terreno de batalla sería el de ganar las elecciones en Francia con la Francia Insumisa), haciendo posible una nueva resurrección de la estrategia gramsciana de izquierdas a nivel europeo (aquí es imposible olvidar la gran influencia de la escuela de Amsterdam. Tiene una influencia innegable a la hora de debatir sobre la construcción de un nuevo bloque histórico a nivel inter-estatal). El futuro de Europa aún se encuentra en disputa ya no por el centro que había dominado hasta entonces la política sino por los extremos que permitirán gobiernos en los diferentes entramados nacionales.Es por ello que la izquierda (popular y nacional) ha de empujar los límites de lo posible en una Europa controlada por un bloque histórico dominante neoliberal para construir una nueva vía intra-estatal y supranacional a largo plazo.

El espacio político en las próximas elecciones autonómicas se abrirá aún más ahora que la izquierda socialdemócrata entra con fuerza y la derecha se encuentra fragmentada. Lo más probable es que estas elecciones le den un impulso a la izquierda para que pueda reafirmarse como el timón del cambio en las autonómicas y la formación de coaliciones progresistas en las próximas elecciones de mayo. Además se verá hasta qué punto podrá el significante flotante territorio y nacional ser de utilidad para las fuerzas polarizadas (la derecha medieval y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas).



Bibliografía:
Economidou, Mary (2019) Introducción al populismo: Entrevista a YannisStavrakakis, LaTrivial, recuperado de:  https://latrivial.org/yannis-stavrakakis-el-termino-populismo-no-cobro-un-valor-negativo-hasta-los-anos-50/

Franzé, J. (2017). La trayectoria del discurso de Podemos: del antagonismo al agonismo. Revista Española de Ciencia Política, 44, 219-246

Juste, Rubén (2017), IBEX 35: una historia herética del poder en España, Madrid: Capitan Swing

Mouffe, Chantal (2018), Por un populismo de izquierdas, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI

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Alan García y la deuda con los Pueblos indígenas

Natalí Durand Guevara
“Ha temblado la tierra señorita, ya ha muerto ese asesino, ha temblado la tierra hoy por fin los guerreros que murieron en Bagua van a descansar en paz” (jefe Awajún)

A lo largo de estos días se han escuchado infinidad de comentarios sobre la muerte del expresidente Alán García Pérez, se ha escuchado desde que es un cobarde, hasta que es el último gran líder político del siglo XX y que dentro de poco se convertirá en un mito. No me es posible leer la palabra “mito” sin pensar en los “ciudadanos que no son de primera categoría, en los perros del hortelano”, en el pueblo awajún, quienes se levantaron para defender su territorio y fueron asesinados por efectivos de la policía en pleno segundo gobierno del señor García y por mandato suyo. Tampoco dejo de pensar en los asháninkas de Junín y como fueron abandonados por el estado, sobreviviendo ocultándose en el monte para no ser capturados por los sinchis[1] , ni por sendero luminoso.

El recuerdo de los asháninkas del primer gobierno de García entre el  1985 y 1990, trae consigo revivir viejos traumas, las políticas generadas por su gobierno y la feroz represalia de los sinchis al acusarlos de ser complices del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP- SL). Fueron diversos los líderes asháninkas que mueren a manos de los sinchis entre ellos “Máximo Antunez[2] ”, torturado en el cuartel de Mazamari en el año 1987 sindicado de ser senderista. A este los asháninkas recuerdan como un gran líder, un “pinkatzari” de quien a pesar de haberse comprobado su asesinato para los asháninkas nunca murió sino que luego de la tortura provocada por los sinchis los ayudó a generar una estrategia para salvar a los otros asháninkas, creando las “Rondas Nativas”, para ellos aún sigue ahí detenido por los sinchis y en esta idea, se imaginan que es consultado por los militares, cada vez que lo consideran necesario.

Cuando pienso en líder, me vienen a la mente “pinkatzaris” como Máximo Antunez o Alejandro Calderón[3] , quienes guiaron a su pueblo, ayudaron a titularse y les enseñaron a organizarse como comunidad, guiandolos en los enfrentamientos con otros pueblos, contra sendero, el MRTA o contra el Estado. Se sabe que un “gran pinkatzari” ha muerto porque la precede una gran tormenta que sacude la tierra, los chamanes o sheripiaris la interpretan como el fin de un ciclo, y el inicio de una nueva misión, posteriormente se tejeran historias de cómo logró vencer a la muerte. En ese lado del Perú no hubieron tormentas, es presagio que ningún líder ha muerto, porque un líder se sacrifica por su pueblo, lo defiende poniéndolo sobre su propia vida, un líder no huye de la justicia enfrenta los latigazos cuando les son impuestos por la comunidad.

El recuerdo sobre el expresidente Alán García para otro pueblo de la amazonía como son los awajún es más reciente y ligado a la lucha la promulgación  legislativos promulgación de los Decretos Legislativos (DL) 1064[4] y 1090[5] los cuales favorecían a las empresas extractivas, esta lucha unió a tres grandes pueblos jibaros: los awajún, wampis, y los shawis, quienes estuvieron un mes levantados en lo que ellos conocen como “la última gran guerra”. Este levantamiento duró más de un mes; hasta que un 5 de junio del 2009 la respuesta estatal fue brutal, el ejército ingreso a territorio awajún por cielo y tierra, con la finalidad de terminar con la huelga emprendida. Este enfrentamiento dejó un el saldo oficial de 10 indígenas awajún muertos y 40 heridos, además de 23 policías caídos. Sin embargo, según los propios awajúns fueron más de diez indígenas muertos y que habrían desaparecidos sus cuerpos arrojándolos al río Amazonas. Ese día reino el desconcierto, no se sabía cuántas personas habían muerto; este suceso ha sido conocido como el “Baguazo”.

Fue solamente luego de varias semanas que el Estado respondió, acusando como responsables a los dirigentes nacionales de AIDESEP por alentar el levantamiento, pero además los únicos considerados culpables y por ende encarcelados fueron los nativos. Ningún miembro del gobierno asumió la responsabilidad política, no se pidió disculpas.

A casi diez años de este lamentable suceso, el 17 de abril en Bagua hubo un sismo[6] , la tierra tembló como pocas veces lo hace en Bagua, los chamanes lo interpretaron como la muerte de un demonio, remontándose a un antiguo relato mítico “cuando un demonio desaparece de la tierra ésta tiembla porque se abre para que entre y nunca salga. Y que las almas que sufrieron por su causa descansen de una buena vez”, ese mismo día horas antes se había quitado la vida el expresidente.

Para Alan García los pueblos indígenas no eran ciudadanos de primera clase, como lo expresó alguna vez “no le pueden decir cuatrocientos mil nativos a veintiocho millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí, ese es un error gravísimo y quien piense eso quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo, en el pasado, estas personas no son ciudadanos de primera clase”[7] , a esos pocos indígenas se les podía abandonar en el conflicto armado interno, se les podía despojar de su territorio sin previo aviso y no debían protestar. Recordemos que en su segundo gobierno fue donde se dieron más concesiones a las empresas extractivas, se incrementaron las políticas neoliberales y muchos líderes indígenas de la amazonía fueron perseguidos y encarcelados por oponerse a estas y defender su territorio.

No ha muerto un líder, no ha nacido un mito, no ha muerto un pinkatzari, ni mucho menos un yácha[8] ; se quitó la vida una persona que nunca tuvo la grandeza de pedir perdón por las muertes causadas a tantas personas, que despreció a los diferentes pueblos que componen el Perú, se fue con las manos manchadas de sangre y así será recordado.



Bibliografía:
Arent, Hanna (1964) Eichman in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York, The Vinking
Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003)
Durand Guevara, Anahí (2009) Tierras de Nadie, Lima: SER
Gambetti y Leticia Sabsay (eds) Vulnerability in Resistance. EE. UU.: Duck University Press.
Ortner, Sherry (2000). “Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal”. Comparative Studies in Society and History.

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[1] Los sinchis son una unidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializada en la lucha contra subversiva y antinarcóticos. Entre los años 1980 y 1990 según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población quechua, así como también contra la población asháninka.
[2] Son diversos los testimonios de la muerte de Máximo Antúnez, pero la mayoría coincide en que los sinchis se lo llevaron secuestrado al cuartel de Mazamari por confundirlo con miembro de sendero luminoso, sin embargo, los relatos oficiales señalan como culpable a Sendero Luminoso.
[3] Líder asháninka de Puerto Bermúdez Oxapampa asesinado por el MRTA
[4]http://www.latinreporters.com/perouDecret1064.pdf
[5]http://www.legislacionforestal.org/archivos/varios/2010/01/DL-1090.pdf
[6]https://elcomercio.pe/peru/amazonas/sismo-magnitud-5-5-registro-amazonas-manana-informo-igp-noticia-nndc-627480
[7]https://www.youtube.com/watch?v=3ekPeb6nMnw
[8] Se dice “yácha” a los sabios awajún.

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La política peruana y las reformas: ¿hacia cuál democracia?

Alonso Marañón[1]

1. La reforma en el extraño escenario actual
El Perú atraviesa por una situación anormal. Después de años de estabilidad política y económica, inesperados eventos suceden unos tras otros: la inclusión en la agenda pública de una compleja trama de corrupción en torno a la empresa Odebrecht, la acelerada deslegitimación de todos los actores y grupos políticos que ocuparon y ocupan el Estado, la vacancia de un presidente por el congreso y la sucesión constitucional por el vicepresidente, un referéndum de reformas institucionales ampliamente respaldado por la ciudadanía, una economía que no puede recuperar los índices de crecimiento de la década pasada.


En un escenario donde las élites han sido protagonistas de una lucha por la supervivencia política, el nuevo gobierno busca legitimarse ahora a través de un paquete de reformas. Entre ellas, está la referente al sistema político, presentada como una solución a la corrupción del contexto actual. Para ello, se convoco desde el Estado a un grupo de especialistas de la disciplina de la Ciencia Política, quienes conformaron una comisión y presentaron sus propuestas en un documento titulado “Hacia la democracia del bicentenario”. El presidente Vizcarra ha presentado al congreso casi todos los proyectos de ley propuestos por la comisión. Considero que varios de dichos proyectos permiten ampliar el cerrado sistema político que nos rige, pero sobretodo su potencialidad radica en poder crear un debate público sobre la democracia en nuestro país, algo necesario pues desde ya hay poderosos grupos que mueven sus fichas para que lo fundamental del modelo actual no cambie.

2.            Las posibilidades de la reforma y la lucha en torno a ella
La comisión encargada de la reforma política demarca su fin de la siguiente manera: “aspiramos a que las elecciones generales de 2021, las elecciones del Bicentenario de nuestra Patria, marquen el inicio de una nueva dinámica en la que nuestras instituciones políticas se reencuentren con las expectativas ciudadanas” (p.7). Los proyectos de ley presentados tienen hasta fin de año para ser aprobados, o de lo contrario las reformas no tendrán efecto en las siguientes elecciones. Dichas reformas aspiran a cambiar las reglas del gobierno, de los partidos y de las elecciones. La comisión detecta que los cuatro ejes de problemas a reformar son: “la existencia de partidos políticos y movimientos regionales precarios y poco representativos; de una política altamente vulnerable a prácticas de corrupción, con escasa rendición de cuentas; de una democracia con problemas de gobernabilidad y de control político; y de problemas referidos a diversas limitaciones a la participación electoral y política de los ciudadanos” (p.9).

La comisión realiza su diagnostico desde el sentido común de la Ciencia Política: vivimos en una democracia de escasa legitimidad, instituciones débiles y altos niveles de desafección política. La ciudadanía percibe que la política es un mundo cerrado regido por el dinero y por las redes de confianza. De ahí que la gente prefiera distanciarse de unas instituciones políticas que considera ajenas y corruptas. La solución general consiste en reformar las instituciones (partidos, Estado y reglas de acceso al poder) para así fortalecer el vínculo entre representantes y representados. En suma, apuntar a mejorar la representación política para que el sistema se renueve.

La comisión propone una serie de medidas específicas, entre las cuales quisiera destacar las siguientes:

A. Apertura del sistema político: la inscripción de un partido no dependerá más de la presentación de firmas, sino de la cantidad de militantes en una cifra no menor al 0,075% de votantes en las últimas elecciones al congreso.[2]   El padrón de militancia será público y de libre acceso en internet. Asimismo, los partidos estarán obligados a realizar elecciones internas, simultáneas y abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a cargos públicos. La lista elegida será definitiva y vinculante, y deberá contar con los criterios de paridad y alternancia. Las elecciones deberán superar el 1.5% del número de electores de la última elección para ser válidas. Por último, hay que resaltar la propuesta de renovación de la mitad del congreso a la mitad del periodo presidencial y la creación de dos escaños parlamentarios especiales para peruanos en el extranjero y uno para un representante indígena.

B. Fortalecimiento del Estado: La comisión propone ampliar las capacidades y el financiamiento de los organismos electorales, en especial de la ONPE, para mejorar las elecciones. En ese sentido, se encuentra tanto la propuesta de que la ONPE organice las elecciones internas de los partidos, como la idea de que tenga facultades coactivas para controlar el financiamiento privado en la política (aunque no está especificado el tope de recaudación máxima), denuncie actos ilegales e imponga sanciones efectivas (administrativas, penales y políticas). Asimismo, se propone ampliar y distribuir más equitativamente el financiamiento público indirecto (franja electoral) durante la campaña electoral.

C. Filtros en la representación: La comisión propone precisar los alcances de la inmunidad parlamentaria de los congresistas y que la Corte Suprema de Justicia pueda evaluar la ausencia de persecución política ante denuncias penales. Luego, se considera que en la información de los candidatos presentada a los organismos públicos aparezcan los procesos penales en trámite y la declaración de intereses. Finalmente, se propone que no puedan postular personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos de penas mayores a 4 años.

Las medidas anteriormente detalladas son importantes porque recogen muchas demandas por igualdad y justicia. En el contexto de una mayoría fujimorista en el congreso y de los hechos cada vez más públicos en torno a Odebrecht, han sido muy explícitas las estrategias de los grupos políticos tradicionales por sobrevivir y/o acumular poder apelando a cualquier tipo de acción y justificación. Algunas de las protestas de los últimos años (por el cierre del congreso, contra el indulto o por la restitución de los fiscales lavajato) han formado un ánimo ciudadano que puede ser orientado hacia la renovación de las dirigencias políticas, a la lucha contra la impunidad y a salvaguardar y fortalecer el interés público. La reforma política, si bien subalterniza las protestas al colocarlas bajo la estrategia del gobierno, recoge demandas democráticas formadas en los conflictos y por ello no puede ser interpretada como una simple dádiva de las élites.

Específicamente, las medidas relacionadas a cambiar el sistema de partidos son cruciales para cambiar nuestro actual esquema donde las inscripciones electorales se consiguen con dinero y contactos en las instituciones. En ese sentido, la eliminación de las firmas es una buena noticia, aunque aún merece ser debatido con mayor detalle la cifra mínima de militantes para la inscripción de un partido. Además, es positiva la incorporación de las elecciones internas abiertas (medida implementada exitosamente por el Frente Amplio en el 2015), la inclusión de la alternancia y la paridad (demanda feminista de cada vez mayor alcance) y la creación de escaños especiales para poblaciones históricamente dominadas como los pueblos indígenas.

Los cambios propuestos, como todo tema de la política, configuran un campo de lucha. Por un lado, la reforma canaliza algunas demandas ciudadanas para convertirse en una herramienta de del gobierno, como ya sucedió con el referéndum. El objetivo principal del presidente es sobrevivir este año, pues el siguiente la atención comenzará a centrarse en las candidaturas del 2021. El plan oficialista es impulsar una agenda de reformas que son presentadas como soluciones a la crisis de corrupción. En lo relacionado a la reforma política, algunos aspectos de ella promueven un cambio de reglas de juego que es positivo para el país, pero en lo relacionado a la reforma económica, con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentado por el gobierno en Diciembre del 2018, más bien se intenta profundizar la vieja receta de la desregulación vinculada directamente a nuestros problemas nacionales.[3] Por otro lado, al ser presentados los proyectos de ley de la reforma política ante el congreso, el fujimorismo tiene un rol clave en el proceso. En un reciente evento de discusión sobre la reforma en la PUCP, Luz Salgado manifestó su intención por extender lo más posible el debate y por centrarlo en detalles mínimos como la aprobación del voto postal. En suma, si el escenario permanece tal como hasta ahora (algo inseguro dada la anormalidad vigente), la reforma será solo una negociación entre las élites donde no se apruebe ningún cambio sustancial o incluso todo pueda llegar a agravarse.

3. La ampliación del debate sobre la democracia: neoliberalismo y participación
La reforma política puede ser una oportunidad para: 1) continuar planteando públicamente la necesidad de tener nuevas reglas de juego que alteren la actual correlación de fuerzas y 2) iniciar un debate en torno al significado de la democracia en nuestro país. En relación a lo primero, debe quedar un mensaje muy claro de que en las próximas elecciones y en el futuro del país la articulación de redes políticas y grandes empresas para el enriquecimiento debe acabar. La renovación política y la restauración del poder público aún tienen que ser asociadas con las reglas de juego (políticas, económicas, culturales, etc.) que nos rigen como país, así como a los grupos más beneficiados y excluidos por ellas. La invocación a una asamblea constituyente podría conectarse con la reforma política como un primer punto de inicio para cambiar el modelo fundado en los noventas.

En relación a la democracia en el Perú, si bien el informe de la comisión puede dar pie a un debate público, sus aportes están orientados a una discusión muy estrecha. No solo por el tiempo y el marco que el contexto político dio para la elaboración del informe, sino también y principalmente por las concepciones liberales de los especialistas de la Ciencia Política: la democracia como un ámbito abstracto de disenso entre las élites políticas. Los supuestos y afirmaciones del diagnóstico de la comisión merecen ser cuestionados por las fuerzas políticas y sociales en aras de delinear un nuevo proyecto de democracia en el país. Aquí señalare brevemente un par de aspectos que me parecen importantes para abordar la cuestión democrática en nuestro contexto actual y futuro:

A. Neoliberalismo, constitución y democracia: La comisión plantea que la política peruana es vulnerable a la corrupción y la mercantilización por la falta de partidos, de capacidad estatal y de contrapesos entre los poderes estatales. La predominancia de intereses particulares y de actos ilegales se filtrarían así fácilmente en el Estado a través de las inscripciones electorales y las redes de confianzas. Ello debe ser puesto en perspectiva histórica para atender todas sus dimensiones. Desde los años noventa con Fujimori, y con ciertos cambios realizados en la “transición democrática” del 2001, el consenso neoliberal se instaló con fuerza: la acumulación privada es la concepción que rige toda la vida nacional. Lo que sea positivo para una economía desregulada orientada a la exportación de materias primas siempre debía ser directamente positivo para la vida en común de la gente peruana. La constitución de 1993 condensa todas estas ideas, estructurando lo que es posible y no posible hacer, y sellando así una particular relación entre el Estado y la sociedad civil. La forma política que acompaño este consenso fue un acuerdo cerrado entre élites políticas, económicas y militares, legitimado bajo elecciones fraudulentas y represión en los tiempos fujimoristas. Desde el 2001 en adelante, el proceso electoral se tornó transparente y fueron restaurados los derechos civiles, pero a la luz de los hechos en torno a Odebrecht conocemos explícitamente que las grandes decisiones se siguieron tomando a puertas cerradas y a cambio de varios millones de dólares. La arquitectura fujimorista del poder se mantuvo estable y la voluntad popular fue permanentemente diezmada.

B. Participación, conflicto y democracia: Considero que este es el punto menos desarrollado del informe sobre la reforma. La comisión plantea que primero es necesario fortalecer la democracia representativa y luego la participativa. La experiencia de los años ochentas, cuando por una década contamos con un orden más estable de las identidades políticas, se nos ofrece como ejemplo histórico de la forma en que debería funcionar la democracia. En líneas generales, considero que hay que analizar con mayor detalle las transformaciones de la política democrática en el presente siglo. A nivel mundial existe un ánimo crítico, expresado en diversas protestas, que concibe a las democracias vigentes como espacios oligárquicos para la concentración del poder y la riqueza. En América Latina, durante los noventas e inicios del siglo XXI, las demandas críticas por mayor democratización se canalizaron en experimentos participativos de diverso tipo, tanto en países neoliberales como progresistas: asambleas constituyentes, presupuestos participativos, asambleas comunales-territoriales, etc. Más allá de sus resultados, y de los usos particulares que los gobiernos hicieron de ellos, las innovaciones democráticas advirtieron de la existencia de sentidos de la política en donde la democracia excedía el ejercicio del voto en las elecciones.

En el Perú del siglo XXI, a la par de la escasa legitimidad institucional, asistimos al desarrollo de un ámbito contencioso, constante pero irregular y explosivo, expresado en las manifestaciones. Nos hemos acostumbrado a que importantes momentos de la vida política del país estén acompañados de marchas y otro tipo de acciones. El rechazo a la política registrado en muchas encuestas no necesariamente implica la separación definitiva y permanente de toda la ciudadanía de todos los asuntos públicos. En ciertas coyunturas críticas y en períodos normales se producen brotes de activismo y participación. Sobre ello pueden proponerse dos ideas. En primer lugar, incluso aunque volvamos a tener partidos fuertes y duraderos, hay dinámicas participativas que coexisten con la representación y no dejarán de existir. El establecimiento de una linealidad de reformas entre democracia representativa y participativa evade la cuestión de la transformación de la política y trata a la sociedad como si fuera una máquina que hay que arreglar por partes. En segundo lugar, muchos actores que recurren a las manifestaciones, especialmente si son críticos del modelo neoliberal, son reprimidos y hasta perseguidos por el Estado, los grandes medios y otros grupos. En muchos casos, esto bloquea trayectorias políticas y la formación de nuevas agrupaciones. Una reforma que pugne por mayor democracia debe colocar en el debate el restablecimiento pleno del derecho a la protesta.

El debate sobre la reforma recién comienza. Espero que estos comentarios puedan servir de apoyo para impulsar lo más positivo del informe de la comisión, corregir lo necesario y abrir un debate que amplié las posibilidades de la democracia.

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[1] Magister en Ciencias Políticas por FLACSO Ecuador. Docente Universitario. Militante del Nuevo Perú.
[2] De aprobarse este cambio para el 2021, la cifra mínima de militantes para inscribir un partido seria aproximadamente de 14 062.
[3] Para una mayor información de los planes económicos del gobierno de Vizcarra, puede revisarse: “La Política Nacional de Vizcarra: Nuevo gobierno, las mismas viejas recetas” (Catherine Eyzaguirre, Revista Ojo Zurdo N° 7) y “Trabajadores y trabajadoras hacia la Derogatoria: Insumos para cuestionar la Política Nacional de Competitividad y Productividad» (Comité técnico del Comité de Lucha Sindical y Popular: https://bit.ly/2HOzfgj)