2018: crisis neoliberal, democracia y proceso constituyente

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Luis Rodríguez[1]

El indulto al dictador Fujimori, el “Gabinete de la Reconcilia­ción” y la recientemente suspendida nueva ley pulpín expre­san un claro mensaje de quienes mandan en Perú: No existe alternativa a la Republica Empresarial (Francisco Durand) que el fujimorismo consolidó, enriqueciendo -en medio del desmantelamiento del Estado y un mar de corruptelas- a empresarios y asesores económicos y financieros (como Kuc­zynski) quienes tomaron el control del aparato estatal con ayuda del Banco Mundial, que fungió de partido político de Fujimori (Óscar Ugarteche).

Del pacto de canallas al “que se vayan todos”

Las elites se muestran como la única alternativa posible. Bus­can envolverse con las banderas de la Democracia y la Repu­blica, tapando sus corruptelas e incapacidades para dirigir y gobernar el país. En el fondo ese era el mensaje que encerraba el discurso en defensa de PPK que hizo Borea en el Congreso: La democracia y la republica son ellos, los de siempre, los que mandan y gobiernan en medio del caos, injusticia, impunidad, pobreza, desempleo y aban­dono social de niños, madres y ancianos. La defensa a PPK en cualquier terreno no era sino la defensa a la Republica Empresarial que se construyó sobre la base de la dictadura, corrupción, impunidad, explotación, exclusión, dolor y des­esperanza de millones de peruanos y peruanas. A ver si deja­mos algo en claro de una vez: Ellos, las elites y sus represen­tantes políticos, no son ni la Republica ni la Democracia. No representan la Patria, no representan al Perú.

Las elites notificadas de la rabia creciente de la gente (por su demostrada incapacidad para dirigir y gobernar el país; inca­pacidad que se ha convertido ya en un obstáculo para el avan­ce y progreso del Perú) buscan normalizar el caos, desorden y muerte (de compatriotas, sobre todo los más vulnerables por­que viven en condiciones de pobreza) que producen a diario. Es decir, buscan presentar como normal lo que a todas luces es caos, desorden y excepción. No es normal que los maestros ganen 1200 soles mensuales y que se les quiera expulsar de la carrera magisterial; no es normal que miles de productores agrícolas vendan la papa a 0.20 o 0.10 céntimos por el ingreso de miles de toneladas de papa precocida provenientes de paí­ses con los que tenemos TLCs que PPK y Mercedes Araoz im­pulsaron y firmaron; no es normal que el salario mínimo este en 850 soles, que un gerente gane 57 veces lo que un trabaja­dor y que la inmensa mayoría sobreviva en el autoempleo o el empleo precario en MYPES que no pasan, la mayoría, el segundo año de funcionamiento. No es normal que las elites empresariales busquen meterse al bolsillo 6 mil millones de soles si ingresaran a trabajar, bajo la nueva ley pulpín, los 412 mil estudiantes matriculados en institutos al 2016.

No es normal que la salud siga siendo un privilegio del que gozan algunos mientras el sistema sigue fragmentado y des­financiado; no es normal que ocupemos el primer lugar en Tuberculosis Multidrogo resistente y el segundo en TBC en América Latina; no es normal que en los últimos 8 años ten­gamos 1000 casos de feminicidio; no es normal que mientras siguen ocurriendo crímenes de odio (solo en el 2016 se regis­traron 8 casos) el fujimorismo, representando a las fuerzas más conservadoras, derogue el DL 1323 que representaba un avance en la tipificación y agravamiento de las penas en estos casos; no es normal que en los últimos 10 años, 30 mil peruanos/as hayan muerto en las pistas y carreteras; no es normal el fallecimiento de 52 peruanos/as en Pasamayo; no es nor­mal que más de la mitad de los 3 millones de adultos mayores no reciban ningún tipo de pensión y aquellos que si lo hacen reciban, en su mayoría, pensiones de hambre.

Y si las elites y sus partidos insisten en que no hay alternati­va, salvo la que ellos representan, si buscan envolverse en las banderas de la democracia y la república y normalizar el caos que a diario producen, es porque la posibilidad de ponerle fin a la larga noche (neo) liberal es real y ha comenzado. Eso es lo que buscan ocultar.

En Perú la crisis política actual expresa una crisis de régimen. Vivimos un momento destituyente. Entender sus característi­cas (y posibilidades de fundar un nuevo sistema político y un nuevo país) nos obliga a hacer un esfuerzo por ver el proceso de agrietamiento del orden neoliberal en los últimos 20 años. Así, a pesar de ser un proceso largo y sostenido (como toda crisis) podemos identificar hasta tres momentos importantes.

El primer momento (entre 1996 al año 2000) ocurrió con la caída del dictador Alberto Fujimori. En este periodo el neoli­beralismo logró recomponerse, a pesar del desmoronamiento del régimen, básicamente por dos razones:

  1. Encontrándose la izquierda en medio de una derrota pro­funda, el campo político peruano se hallaba hegemoniza­do por las fuerzas neoliberales;
  2. En consecuencia, las elites empresariales, a través de partidos y líderes políticos neoliberales (como Toledo), lograron vincular su agenda de clase con la idea (proce­dimental y liberal) de democracia. Logrando instalar una configuración del campo político que les permitió con­servar el poder, hasta ahora, a saber: fujimorismo (dictadura) versus antifujimorismo (democracia).

Con ese objetivo las elites apelaron permanentemente (con mayor o menor intensidad) al conflicto armado interno (como un retorno al pasado de miedo, pues como ha dicho Juan Carlos Monedero, es en el miedo donde se fortalecen las fuerzas conservadoras) en una disputa feroz por la construcción discursiva de memoria, para legitimarse y asegurar el consentimiento de la población en torno a su agenda de clase (presentada como el avance generalizado de la sociedad peruana). Lograron así mantener el poder y reconstruir su he­gemonía. Eso les funcionó bien y frente al agrietamiento ac­tual del orden (neo) liberal han vuelto a lo mismo. Eso explica el indulto y el discurso de “reconciliación nacional” que los partidos del viejo orden (PPK, APRA y el Fujimorismo) buscan imponer.

Las elites buscan seguir articulando su agenda de clase con la idea procedimental, liberal, de democracia. Ya no será Toledo sino quizá Guzmán y sus “moraditos” los que se envuelvan en las banderas de la democracia. Curioso pero para Franco Giu­ffra (asiduo colaborador del decano de la concentración de medios) “Perú no ha tenido aún la suerte de tener un gobierno de derecha, pero se ha beneficiado enormemente de los prin­cipios de una economía de mercado”. Es claro que las elites buscan mover el campo político peruano hacia la derecha. De ahí que es necesario entender que el ciclo de división del campo político fujimorismo-antifujimorismo se agotó, termi­nó. Que la transición democrática terminó no con el indulto al dictador sino cuando Toledo nombró a Kuczynski ministro de economía el 2001. Lo que expresaba que seguían man­dando los mismos. ¿O acaso podemos hablar de transición democrática luego del Arequipazo y el Baguazo? ¡Por favor! Es necesario y urgente construir una noción de democracia alternativa a la liberal y procedimental de las elites.

El segundo momento, año 2011, tuvo otro carácter. A través de distintas movilizaciones sociales desde el Arequipazo (2003) hasta Conga (2011) pasando por el Baguazo (2009), un importante sector de la población movilizada logró abrir una brecha en el sentido común y Estado neoliberal. Así, logra­ron poner en cuestión las ideas que antes le dieron cohesión, tales como la privatización de recursos, empresas y bienes públicos; o eficiencia y gerencia en la gestión de lo público a partir del ingreso de técnicos y funcionarios del sector pri­vado; o el supuesto éxito neoliberal en la reducción de la po­breza. Las distintas movilizaciones sociales -contestando el discurso y programa neoliberal condensado en el “perro del hortelano” de Alan García- fueron cambiando la correlación de fuerzas en la sociedad peruana. Cambio que se expresaría en las elecciones del 2011 con el triunfo de Humala. Parecía que el campo político cambiaba y se abría un espacio hacia la izquierda. Sin embargo, dado el ciclo de crisis y derrota en la que ésta todavía se hallaba, el sujeto político que canalizó el descontento social, fue el partido de los Humala-Heredia, un proyecto político familiar que terminó salvándole el pellejo a los neoliberales al traicionar sus compromisos de campaña.

La traición de los Humala-Heredia no cerró la crisis sino que la agudizó. La irrupción de Verónika Mendoza y Gregorio Santos expresaron así el 2016, en el campo electoral, una cri­sis de régimen y el ánimo de la gente por superarla, popular y democráticamente.

El tercer momento, 2017, expresó la profundidad de la cri­sis en dos circunstancias: La huelga magisterial y el indulto. El tratamiento despótico, macartista y represivo de la huel­ga por parte de PPK mostró y dejó en claro (sobre todo para quienes se emocionaron con su mensaje de asunción de man­do) su carácter profundamente anti-republicano y anti-demo­crático. El empleo desmedido de la fuerza dio cuenta además que el régimen se sostiene cada vez más sobre la base de la represión y criminalización de la protesta. Si un régimen se sostiene cada vez más sobre el uso de la fuerza, y la mentira, es porque proporcionalmente pier­de cada vez más consentimiento de la gente. Es decir, pierde hegemonía.

El indulto ha dejado en evidencia, quizá como ningún otro hecho anterior, el carácter despótico y corrupto de la clase empresarial que controla el Estado. Kuczynski no solo ha buscado mantenerse en la presidencia lo que queda del perio­do sino que ha negociado impunidad para él y sus aliados. Y para ello utiliza las instituciones. Queda claro que no repre­senta ni la republica, ni la democracia, sino un poder despóti­co, cuasi monárquico, que no diferencia entre lo público y lo privado. No fue casual que en uno de sus mensajes sustituye­ra la palabra renunciar por “abdicar”.

La indignación crece a cada momento. Y en semanas se ha pasado del pacto de canallas al “que se vayan todos”. Hemos pasado de la pesada sensación de que no existe alternativa, sensación que a algunos/as les lleva a sostener que lo que que­da es resistir y defender la gobernabilidad e institucionalidad democrática (es decir sostener el régimen neo-liberal) para, de a pocos, plantear un proceso constituyente y refundar la Republica. Vamos entendiendo que la crisis no amerita una solución jurídica o técnica sino política. Lo que está puesto en cuestión es la configuración misma del poder que la cons­titución del 93 consolidó. Eso es lo que hoy se tambalea. Que el momento actual de la crisis abra paso a un nuevo orden y a un nuevo Estado (derrotando a las elites y su apuesta por una salida conservadora y autoritaria) dependerá de lo que hagamos nosotros este año.


[1] Investigador y miembro del Comité Editorial de Ojo Zurdo. El artículo fue entregado el 27 febrero, antes de la vacancia del PPK.