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Héctor Timerman, in memoriam.

Nicolás Lynch

Ha muerto en Buenos Aires, hace pocos días, Héctor Timerman, que fuera Canciller de la Argentina en los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Timerman, un peronista de izquierda de larga data, puso junto con Jorge Taiana, su antecesor, a su país en el escenario latinoamericano y mundial con una posición soberana, promotora de la integración regional, e independiente de los grandes poderes mundiales.

Sin embargo, esta posición soberana, de Timerman y del gobierno que formaba parte, no les salió gratis. Han tenido que recibir luego un aluvión de calumnias, por parte del actual gobierno de Mauricio Macri, a través de sucesivas causas judiciales, y de, en este caso centradas en la persona de Timerman, las dirigencias derechistas de las asociaciones judías en ese país, la AMIA y la DAIA. Cuestión esta última que afectó especialmente al ex Canciller por su condición de judío.

Esta posición de demócrata consecuente le venía a Timerman de sangre. Era hijo de Jacobo Timerman, ese gran periodista argentino que se atrevió, cuando muy pocos los hacían, a denunciar los crímenes de la dictadura militar de los años setenta y principios de los ochenta, desde las páginas del diario en inglés Buenos Aires Herald. Por ello, sufriría tortura y cárcel que relataría con detalle en su testimonio “Preso sin nombre, celda sin número”.

Conocí a Héctor Timerman en octubre de 2011 cuando llegué a Buenos Aires como Embajador del Perú en la República Argentina. Me recibió a los pocos días de haber llegado, cosa rara con los embajadores del Perú, y resumió a los pocos minutos de empezar la reunión el nuevo estado de la relación: “Con su llegada tenemos ahora una nueva situación política en la relación entre nuestros dos países”. Fue la primera de varias veces en que tuve oportunidad de tratarlo y pude calar su integridad y sus convicciones. Una cosa extraña en él, que a diferencia de la mayoría de los diplomáticos de carrera, hablaba claro sin importarle los grandes poderes a los que se enfrentaba, el foro de las Naciones Unidas fue testigo repetido de esta actitud.

Recuerdo en este sentido una anécdota, más bien modesta, que ocurrió a mediados del 2012, con motivo de una visita de Timerman a Lima en una reunión en Palacio de Gobierno. Estábamos presentes diplomáticos peruanos y argentinos, junto con el entonces Presidente Ollanta Humala y, cosa extraña, el Ministro de Comercio Exterior del Perú de la época. La agenda era más bien protocolar, relativa al estrechamiento de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, el ministro señalado tomó la palabra y se lanzó una filípica desde el dictum neoliberal, llena de falsedades, sobre la relación comercial entre ambos países. Timerman ni se inmutó, lamentó su intromisión en la reunión y refutó cada uno de sus dichos, saliendo airoso de la peculiar emboscada, para vergüenza, sobre todo, del Presidente Humala, que había permitido tal fiasco.

Pero la calumnia última de la cual lo acusaban sus enemigos políticos y judiciales, quizás ejemplifica mejor que nada los odios que su integridad y su consecuencia han suscitado. Lo enjuiciaron por “traición a la patria” con motivo del Memorándum que Argentina firmó con Irán para poder interrogar en un tercer país a los sospechosos iraníes de haber participado en el atentado contra el local de la AMIA. Se trataba de destrabar un proceso que tenía más de veinte años congelado. Sin embargo, a pesar de que tal Memorándum tuvo la aprobación de las dos cámaras del Congreso argentino no pudo llevarse a cabo porque el parlamento iraní lo rechazó. Ello no ha sido óbice para que sectores de la derecha argentina, al servicio del lobby norteamericano/israelí, desesperado por convertir a Irán en culpable del crimen señalado, promovieran esta acusación calumniosa contra Timerman.

Para corolario basta con la actitud de los Estados Unidos, que supo castigar a quien se había opuesto a su arrogancia y a sus intereses en América Latina. Estando ya enfermo de cáncer Timerman quiso viajar al país del norte, donde había residido durante muchos años, para continuar un tratamiento experimental en New York. Pues los Estados Unidos le negaron la visa, concediéndosela después de muchas gestiones y cuando ya era inútil ese tratamiento.

¡Descansa en paz Héctor Timerman! Que tu ejemplo de argentino y latinoamericano consecuente con la Patria Grande sirva para las siguientes generaciones, sobre todo hoy que nuestra región se llena de gobiernos lacayos y diplomáticos que no dudan en arrodillarse ante el primer gesto del imperio.

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Perú post Referéndum: ruptura o continuismo

Luis Rodríguez Salcedo

En las democracias o gobiernos populares es señor el pueblo;
y por el contrario, en las oligarquías son los pocos,
y decimos que el gobierno de éstos es diferente del gobierno popular.
Aristóteles, Política

Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente,
como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua
José María Arguedas


En enero de 1978, el dictador Morales Bermúdez condensaba quizás en una frase el carácter de la transición: “la transferencia es de gobierno, pero no de poder”. El ala conservadora del ejército, luego de derrocar a Velasco y habiendo desplazado a los sectores progresistas y reformistas de la cúpula militar y del gobierno, establecieron pactos con la burguesía industrial y financiera, resucitando, después de 12 años de hibernación, al APRA y PPC. Así, Morales Bermúdez revirtió las reformas del velasquismo, reprimió brutalmente al movimiento popular y la izquierda, derrotándoles en calles y urnas (en la Constituyente del 78 la izquierda, en conjunto, obtuvo 33% de los votos y 32 de 100 asambleístas, mientras el APRA y PPC, sumados, el 59% de los votos y 62 asambleístas; en las presidenciales del 80, la izquierda obtuvo 16.8% de votos, mientras que AP, APRA y PPC, sumados, el 81%). Con lo cual, si bien los militares conservadores dejaron el gobierno, seguían teniendo el poder que compartían, ahora en democracia, con el gran empresariado. En términos de Nicolás Lynch la transición fue conservadora.

En 12 años se había reconfigurado dramáticamente la estructura de poder en nuestro país. La otrora poderosa Sociedad Nacional Agraria (SNA) que agrupaba a los barones del azúcar y algodón no existía más. Los hacendados y terratenientes que la conformaban habían sido barridos por la Reforma Agraria, de las más radicales de América Latina. No obstante si bien, como dijo Velasco, “se le quebró el espinazo a la oligarquía” de viejo cuño, en la segunda mitad de los 70 se habían sentado las bases para el nacimiento de una nueva: la neoliberal.

En medio de severa crisis económica se fueron introduciendo políticas de libre mercado. El gobierno negoció programas de ajuste, con monitoreo de la banca privada y el FMI, que elevaron los precios de bienes y alimentos afectando poder de compra real de los salarios. A la par se aplicó férrea “disciplina laboral”, se despidieron miles trabajadores, entre ellos muchos dirigentes sindicales.

En Mayo del 78, a un mes de la Constituyente, asumió el MEF Silva Ruete (que ya desde entonces tuviera fuerte vínculo con Dionisio Romero, quien ese año se había hecho de la presidencia del BCP). Inmediatamente se aplicó plan de estabilización (precio de gasolina se elevó 60% y subieron productos básicos; se redujo gasto público y se eliminó mayoría de subsidios). Sin embargo, el empleo y subempleo crecieron en un contexto de migración sin industrialización. En noviembre del 78 se promulgó Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales, que se mantiene hasta hoy como mecanismo perverso de contratación laboral pulverizando la organización sindical en el sector textil. En suma, en un contexto de crisis las medidas adoptadas por Silva Ruete fortalecieron al gran capital (particularmente exportación no tradicional y banca) fortaleciendo monopolios y oligopolios de quienes en los 80 se constituirían en los “12 apóstoles” del primer García.

En pocos años se había producido una “recomposición burguesa del bloque en el poder…para la burguesía nativa (Morales Bermúdez) tiene el mérito de haber excluido a los radicalizados generales progresistas y reestructurado la cúpula castrense de modo que sus lealtades solo puedan orientarse al renovado Estado burgués, por ahora respetuoso de las formalidades republicanas” (Henry Pease, 1980). Esto no sería posible sin una especie de Pacto de Punto Fijo (acuerdo entre partidos de la derecha venezolana de 1958, por medio del cual se marginaba del gobierno a la izquierda) a la peruana. El acuerdo militares-gran capital incluía la imperiosa necesidad de dejar fuera de juego (derrotar) a la izquierda: “lo esencial de la transferencia era llegar a las elecciones generales de 1980 de modo que lo sustancial se definiera dentro de los tres partidos del orden (Acción Popular, APRA y PPC)”. (Henry Pease, 1980).

La oligarquía de “nuevo” cuño vinculaba así su agenda de clase con la idea procedimental de democracia. Y ataba el logro de sus intereses con el avance generalizado de la sociedad peruana. Es decir, se volvió hegemónica. Esto pudo conseguirlo ya en la primera mitad de los 80. El otro Sendero de Hernando de Soto da cuenta de esto. El libro en resumen es un proyecto político dirigido a las clases trabajadoras empobrecidas de las ciudades (desempleadas, subempleadas y autoempleadas en un contexto de incipiente industrialización) cuyo número se incrementó en los 60 y 70 a consecuencia de migraciones producto de crisis en el campo y posterior reforma agraria y en los 80 por el conflicto armado interno.

El poder acumulado por la nueva oligarquía se evidenció muy pronto en dos momentos claves: 1) cuando derrotaron a García y su proyecto estatizador de la banca, enriqueciéndose en el camino tras aprovechar ladinamente beneficios gubernamentales para invertir y reinvertir capital y utilidades; 2) cuando encuadraron, de la mano del FMI, a Fujimori y desplegaron las reformas neoliberales más agresivas de la región. Su poder llegó a tal punto que en la práctica terminaron por redactar el capítulo económico de la constitución del 93.

Desde entonces la oligarquía de nuevo cuño gobierna, sin ser elegida y sin siquiera presentarse a elecciones. En ciencias políticas esto tiene nombre: dictadura. Los viejos y nuevos partidos del orden son su punta de lanza y guardia pretoriana: PP, APRA, PNP, PPK. Y como la lealtad no les caracteriza los dejan de sostener cuando comprometen o amenazan su poder. La salida de PPK, en una lectura posible, buscaba en el fondo salvar el sistema político puesto en cuestión. La alternancia, la presidencia de Vizcarra, les permitió seguir manteniendo el poder. Algo similar ocurre con KF y García. Su procesamiento (que pone fin a sus aspiraciones políticas) supone en el fondo un desplazamiento de la crisis del sistema político a responsabilidades individuales (que seguramente las tienen y la justicia deberá establecer). Pero el meollo del asunto, para las oligarquías, es que el sistema político y económico no cambie. Sin embargo, se han dado cuenta que no pueden decir, o dar la impresión, que nada cambie sino que todo cambie para que nada cambie.

Allí se encuadra el Referéndum. Para evitar confusiones, debe quedar claro que era un error hacer campaña por voto nulo o viciado, como impulsaba un sector de la izquierda; el financiamiento de los partidos y los cambios en el nombramiento de jueces no son temas menores. Pero es un error también, y quizás mayor, perderse en discusiones legalistas como propone la izquierda institucionalista. Siendo importantes, los temas de fondo no son la “cuota en la representación”, la “cuestión de confianza”, “la bicameralidad” o el “problema institucional”.

El tema de fondo, lo que está puesto en cuestión en el país, hace más de 15 años, es la estructura de poder que se fue construyendo desde la segunda mitad de los 70 y que hoy tiembla y se agrieta.  La oligarquía de nuevo cuño se ha convertido ya en un obstáculo para el avance generalizado de la sociedad peruana.

Se requiere que las distintas expresiones de descontento se articulen alrededor de una nueva voluntad colectiva nacional-popular. Se requiere transitar de las movilizaciones gremiales y ciudadanas dispersas (agricultores por un lado, docentes por otro, etc.) a la construcción de un nuevo proyecto de país. Si sigue primando la dispersión del descontento actual, las clases dominantes seguirán controlando el país. Se requiere convertir la crisis política en una crisis orgánica en el seno del bloque histórico neoliberal (en una fractura definitiva entre las oligarquías -y su proyecto de país- y el resto de los grupos y clases sociales que tienen rol subordinado). Esta tarea le corresponde a los partidos del cambio no a las organizaciones sociales.

Corresponde abrir un proceso constituyente que no tiene que ver en primera instancia con nueva constitución o Asamblea Constituyente sino que tiene que ver con cambiar la configuración del poder con construir una nueva mayoría y cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad. Es decir, que no siga mandando más en este país la oligarquía sino el pueblo, que en momentos como estos debe suspender y, como decía Karl Schmitt, “cambiar y quebrantar leyes”.

Entonces, porque es un momento plebeyo es el momento genuino de la democracia en el que definimos nuestro destino político. Aristóteles en su Política, señala que la oligarquía es el régimen en provecho de los ricos y poderosos y la democracia el régimen en provecho de “los más necesitados y gente popular” de ahí que Solón fuera recordado “porque deshizo la oligarquía… e hizo que el pueblo no estuviese más tiempo esclavizado, introduciendo la democracia en la patria”. Hoy esta es la tarea que nos corresponde.

Y corresponde porque la oligarquía ha puesto en riesgo la patria. Se requiere, por tanto, ir a la (re)fundación democrática del Perú. Algo que quedó trunco en los 70. Está planteada la necesidad de una ruptura que ponga fin a la continuidad neoliberal que se construyera desde tiempos de Morales Bermúdez. De tal modo, se inaugure un tiempo nuevo.

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SI y NO, NO y SI Referendum, corrupción, el…

Alberto Gálvez Olaechea

Desde que la izquierda incursionó en la política electoral a fines de la década de 1970, se ha venido discutiendo el asunto del voto, su sentido, su utilidad táctica y estratégica.

Ha sido un factor muy polarizante y tema de ásperas discusiones. Sendero llegó a tal punto que su eje estratégico era impedir las elecciones donde podían, y para ello no vacilaron en cortar el dedo a los eventuales infractores de sus disposiciones, asesinar candidatos y, recurrentente, autoridades electas. Para ellos hasta el voto viciado era revisionista, por lo tanto lo que correspondía era no votar, pues el solo hecho de hacerlo legitimaba el sistema. El MRTA fue en este aspecto más bien pragmático y a veces bipolar, como en 1990, cuando Néstor Cerpa salía en la TV llamando al voto viciado en las elecciones generales, mientras por otro lado procuraban insertar gente cercana en las listas de la IU. Hubo también, como no, quienes menos furibundos, pero más retóricos, como Patria Roja (1977–78) decían: “La lucha es el camino y no las elecciones”, equiparando “lucha” con acciones reivindicativas de los sectores sociales, pretendiendo contraponerla a la participación electoral.

Tres formas de vanguardismo, de una comprensión elitista de la acción política, que pretendía reemplazar la experiencia concreta de los ciudadanos, por las iluminadas ocurrencias de individuos convencidos de la certeza de sus propuestas y que pontificaban contra esas masas poco perspicaces.

Hoy nadie, felizmente, se aventura en alguna de las dos primeras opciones, pero la tercera pareciera querer resucitar, aupada en cierta desilusión de los sectores más radicales respecto al desempeño de la izquierda parlamentaria.

En este referéndum ha sido derrotada no solo la mayoría parlamentaria aprofujimorista, sino también quienes desde cierta izquierda apostaron por el “voto viciado”, cuestionado la insuficiencia de la consulta y rechazando lo que se ha llamado la tesis del “mal menor”.

Vale la pena recordar que fue en las elecciones de 1990 que aparece la llamada táctica del “mal menor”. Cuando en la disyuntiva Vargas Llosa-Fujimori (generada por la ruptura de la IU que así, por “mérito” propio, salió del juego y permitió el ascenso de Fujimori) la izquierda llamó a votar por el “Chino”, con las consecuencias conocidas, inaugurando lo que desde entonces ha sido una constante. De ahí en adelante, la izquierda, colocada en los márgenes y la irrelevancia por sus propio esfuerzo, estuvo yendo de tumbo en tumbo, de mal menor en mal menor.

Y es que mientras no se sea factor determinante, la agenda y las encrucijadas las pondrán otros y habrá que optar. Claro que siempre hay la posibilidad del refugio en el orden moral de los purismos. Hay momentos en los que esto no importa, pues los predicadores del abstencionismo suelen ser irrelevantes y hablan para sí mismos. Pero hay otros momentos en los que se juega demasiado para permitir el principismo gane protagonismo. En el actual referéndum el voto viciado era una opción quizá legítima, aunque ineficaz. Útil para mostrar disconformidad, pero poco relevante en términos de política práctica. Era evidente que el si, si, si, no, propuesto por Vizcarra y otros sectores democráticos y de izquierda se impondría claramente, por lo tanto viciar el voto era un gesto autoreferencial, destinado a la auto-satisfacción del gesto aguerrido.

Pero hay situaciones como la elección ajustada del 2016, en la que Verónika Mendoza se la jugó impidiendo un triunfo fujimorista, creando con ello el contexto que permite que hoy Keiko esté donde está. El problema no residía en que PPK fuera el facineroso neoliberal que todos sabían que era. Lo evidente (y la vida lo ratificó) era que el suyo sería un gobierno precario. El triunfo fujimorista por el contrario, hubiera consolidado a lo peor del autoritarismo y la corrupción, entronizándo en el poder a un partido que habría tenido todos los resortes para manejar el país a su antojo y cohesionar su proyecto a partir del control de los recursos del estado. Puede alguien en su sano juicio pensar que un triunfo fujimorista el 2016 hubiera sido lo mismo que el de PPK?

Pero regresemos al referéndum. Ya el resultado está, ha sido contundente y sabemos claramente quienes son los derrotados. Pero no es la misma situación en el caso de los vencedores. Este es y será un terreno de disputa, pues otros actores políticos jugaron un papel destacado y están en condiciones de reivindicarlo.

Sin duda Vizcarra como autor de la iniciativa tiene los mayores réditos, pero no posee el monopolio. Habrá la disputa por el sentido y los alcances del referéndum. Desde el gobierno pretenderán dar legitimidad a sus políticas, entre ellas seguramente su reforma laboral neoliberal, pero desde la izquierda en particular se puede y se debe levantar un plan político que apunte a la Asamblea Constituyente y a la reforma política democrática, al mismo tiempo que prepara la resistencia a las eventuales medidas anti-populares. Habría sido un craso error que el grueso de la izquierda, y en particular su principal figura Verónika Mendoza, se hubiesen puesto de perfil o peor que hubiesen planteado el voto viciado. Ahora, con la autoridad de haber contribuido a este resultado, le toca emplazar y empujar por la profundización de la reforma.

En el terreno político, el referéndum ha dado un golpe demoledor a la mafia corrupta que maneja el parlamento y otras instituciones, y eso es crucial. Dejar que sean los jueces y fiscales quienes asuman el protagonismo de la lucha anti-corrupción es una abdicación. No se puede decir “Y ahora quién podrá defendernos?”, esperando que aparezca Chapulín para sacar las castañas del fuego. La corrupción es un tema penal, sin duda, pero es ante todo un asunto político. El pueblo lo ha entendido así y en buena hora. Corresponde profundizar la politización del tema y a partir de eso, ir al cuestionamiento del sistema. Hacer que el pueblo participe en las decisiones siempre será saludable.

Hay quienes objetan que se haya aceptado tal cual el esquema de Vizcarra. Olvidan que el objetivo político del referéndum fue enfrentar al parlamento controlado por el fujiaprismo y que hasta el 28 de julio de este año se sentía todopoderoso y que en su afán de boicotear un referéndum, que sabían los ponía contra las cuerdas, intentaron aumentar los temas de consulta y hasta distorsionaron la cuarta pregunta, lo que llevó a que se la castigará con el no. Había pues que poner candados frente a los afanes saboteadores. Aunque sea más que evidente, no perdamos de vista que llegamos a este resultado político no por un auge de las masas movilizadas, sino por el golpe de timón dado por Vizcarra el 28 de julio, y que sorprendió a tirios y troyanos.

Ahora bien, la historia recién comienza. Se cierra una etapa y se abre otra. Está por verse el rumbo del gobierno tras el referéndum. Si el curso es el que se vislumbra, de una ofensiva anti-laboral, los que tienen que prepararse para resistir y derrotar estas reformas que se anuncian son los propios trabajadores, y a la izquierda con ellos. Y eso será en las calles o no será. Hay cosas que el voto ciudadano posibilita, otras que no, por lo menos en cierto momento de la historia.

Hay quienes se preguntan en qué ayudó el referéndum a hacer avanzar el proyecto de la constituyente y en politizar a la gente. Podemos enumerar algunos logros: 1) se han producido los mayores cambios a la Constitución del 93 en sus 25 años, lo cual la perfora y prueba que se puede, y se debe, cambiarla por completo; 2) los ciudadanos han sido consultados y han sabido orientarse en medio de una situación algo confusa, definiendo con claridad a quien quieren golpear; 3) ha despejado el camino, reflejando en el plano político lo que se está produciendo en el plano judicial, de modo que aprismo y fujimorismo son dos bestias heridas y, con alguna ayuda, podrían ser cadáveres. No es una revolución, pero despeja el panorama de lo más sucio de la política peruana. Es antes que culminación, apenas el inicio, pero un buen inicio.

Tenemos que añadir, para ir cerrando, que es detestable el “mal menor”, pero más detestable aún es aquello que lleva a tal disparadero. Si la IU no se hubiera dividido en 1990, no se habría iniciado este ciclo fatal. Si en las elecciones del 2016 Gregorio Santos hubiera retirado su candidatura y llamado a votar por Verónika Mendoza, esta habría pasado a la segunda vuelta y el “mal menor” no habría aparecido en el horizonte.

Corresponde pues, en lugar de discursos grandilocuentes y del lanzamiento de agravios que envenenan las relaciones entre compañeros, de trabajar de manera tenaz, generosa y eficiente, en construir la fuerza capaz de afrontar las batallas de hoy y la que deberá darse el 2021.

El voto es también un arma de lucha, y hay que usarla con inteligencia y eficacia. Como suele ocurrir en todo enfrentamiento prolongado, si no estás en condiciones de ganar, por lo menos impide que se consolide tu enemigo principal, aíslalo, rompe sus alianzas. Esto lo recomendaba, hace ya 2000 años, ese formidable estratega chino llamado Sun Tsu.

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La cuestión andaluza

Diego Lazo Herrera
Pantalla con los resultados de las elecciones andaluzas en el cuartel general de Vox en un hotel de Sevilla.  EFE/RAFA ALCAIDE

Andalucía es la parte de España por la cual identificamos a todo el país, de allí vienen la paella, el flamenco y la tauromaquia. Así como en lo cultural, en lo político, también ha sido la ventana por la que uno puede otear la parte por el todo. Lo que acaba de suceder en las elecciones autonómicas andaluzas del domingo es terrible, el fascismo se ha abierto paso en España, la ultraderecha (o nacionalpopulismo como recomienda llamarle Fundeu) ha conseguido doce diputados en el parlamento local, tomando por sorpresa el escenario político ibérico.

Ninguna encuesta vaticinó más de un par de diputados para Vox, sin embargo, no han quedado lejos de la alianza de Podemos e Izquierda Unida, llamada Adelante Andalucía, que solo consiguió 17 diputados en un parlamento de 109 curules. Unas sumas de yerros de todas las otras fuerzas políticas, han permitido que se cole en la política española una fuerza fascistoide, como ya ha pasado en Austria, Alemania o Francia.

La gran responsabilidad corresponde al PSOE y en específico a su lideresa en esta región, Susana Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía. Después de una agria disputa por el liderazgo nacional de su partido con el actual Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz regresó a Andalucía, comunidad que ha sido gobernada ininterrumpidamente desde 1982 por la formación socialdemócrata. Pero algo se había quebrado. Había perdido contacto con sus coterráneos, se confió en el férreo control que tiene sobre el partido en su región y decidió convocar a unas elecciones anticipadas que debían de realizarse en marzo, confiando que conseguiría una victoria fácil, fue el primer error monumental. La primera clarinada de alerta fue el nivel de abstencionismo que se esperaba, por debajo del 60% de participación, pero el PSOE calculó que eso le ayudaría a conseguir una mayor cantidad de escaños, fue el segundo error. Con menos participación de votantes, fue más fácil para Vox superar la valla que se le exige a los partidos para conseguir representación. Si el votante socialista, que decidió quedarse en casa, hubiese salido a las urnas, VOX no se hubiese beneficiado del ausentismo. Al haber menos votos en las ánforas les ha tocado una porción mayor en la cifra repartidora.

Aunque es un partido todavía muy pequeño, VOX ha conseguido construir una base militante eficiente y con mística. La ultraderecha ha movilizado en fervientes mítines a miles, mientras el PSOE hacía una campaña aburridísima durmiéndose en sus laureles. ¿Cómo es posible que la extrema derecha gane espacio en el bastión socialista? Pues hay muchas explicaciones. Todo apunta a que provincias como Almería, puerta de entrada a los migrantes africanos, se han echado a los brazos del discurso xenófobo que ha sido la punta de lanza de Vox. También ha estado la cuestión de la “españolidad” vapuleada hasta el extremo por los sucesos en Cataluña. De un tiempo a esta parte, enarbolar la bandera española, ser aficionado a los toros, apostar por la unidad del país en contraposición al secesionismo catalán, todo lo que normalmente significa ser un patriota en cualquier otro país, en la España de estos días equivalía a ser un totalitario, un franquista. El pobre manejo de Pedro Sánchez sobre la cuestión catalana, que ha incluido hasta expulsiones y escupitajos en el Congreso español, ha pasado factura. Han sido los andaluces los más resentidos por este tema, en esa parte del país el andalucismo, es precisamente izar la rojigualda y sostener que España se inicia en los Pirineos y acaba en Gibraltar. Vox ha dado un espacio a la españolidad, donde más espacio necesita, mientras las otras derechas, por temor a Podemos, lanzaban un discurso europeísta, tan europeísta que parecía pretender diluir la identidad nacional en una nueva nacionalidad continental.

Hasta ahora, Podemos había sido el dique de contención de la insatisfacción española, había logrado canalizar el descontento popular producto de la crisis, pero tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, hasta intelectuales fetiches de España como Vargas Llosa o Fernando Savater, se ensañaron con el partido morado. Durante meses insultaron a diario a sus líderes tratando de demolerlos, todo gracias al pánico que generaba romper el bipartidismo PSOE/PP, ya lo ha dicho Hildebrandt, un liberal asustado se convierte en un fascista. Incluso llegaron a fabricar un partido como Ciudadanos, creado como una marca joven para combatir a Podemos, hecho a punta de retazos de los otros viejos partidos, tan es así, que el líder del partido en Andalucía, Juan Marín, es un exmilitante del PP.

Podemos, un partido que se caracteriza por definir en forma diáfana sus posturas, no pudo construir un discurso contundente con respecto al separatismo catalán, lo que ha quedado demostrado por la distancia que ha marcado la lideresa andaluza Teresa Rodríguez de la dirección madrileña. Pablo Iglesias y Alberto Garzón han tenido que lanzar una alerta antifascista desde Madrid, bastante lejos de Sevilla. Garzón, en una carta abierta, ha hecho una autocrítica por la desmovilización de Izquierda Unida, que aliada a Podemos, han obtenido siete escaños menos de lo que obtuvieron en las elecciones de 2015, cuando participaron por separado.

A pesar de haber obtenido una mayoría, Susana Díaz sigue evaluando su amarga victoria pírrica, porque esa mayoría no es suficiente para conseguir el voto de investidura. Solo las tres derechas juntas consiguen superar los 55 votos necesarios para elegir nuevo Presidente. Díaz no podrá repetir el acuerdo con Ciudadanos para investirse, primero porque le faltaría un voto para los 55, en segundo lugar, porque ese acuerdo se quebró no mucho después de juramentar en 2015. PSOE vendió su alma al diablo al aliarse a Ciudadanos en Andalucía, despreció a sus aliados naturales como Podemos e Izquierda Unida, ahora el diablo se ha aparecido para cobrar deudas y el demonio tiene nombre y apellido: Santiago Abascal.

Santiago Abascal Conde, es el líder de Vox, al igual que Marín, ha sido militante del Partido Popular, pero viene de una familia vasca y nacionalista española, lo que les valió salir casi exiliados de una región donde proclamarse español es un oprobio. Abascal fundó Vox para llenar el vacío a la derecha del Partido Popular, que no pudo deshacer las reformas que legalizaron el aborto y el matrimonio igualitario o la prohibición de los toros en Cataluña, apuestan por recentralizar España y proscribir la enseñanza del Islam, además de la promoción de la “cultura de la vida y familia”. Nada de esto pueden conseguir desde Andalucía, lo que hace evidente que usarán los escaños como caja de resonancia para sus proclamas nacionalpopulistas.

Susana Díaz todavía es Presidenta, pero no por mucho, ya se ha reabierto el conflicto con Pedro Sánchez, quien ha insinuado que debe dejar el cargo. Las primeras deflagraciones en un conflicto no cicatrizado están estallando. Para Díaz el responsable de la derrota está en Madrid y apellida Sánchez, la razón es su manejo de la cuestión catalana. Mientras el PSOE carga de pólvora sus mosquetas para una nueva guerra intestina, el nacionalpopulismo o fascismo o extrema derecha descorcha champanes y espera la invitación para una coalición, que ni el Partido Popular ni Ciudadanos descartan. Extraños tiempos son estos que estamos viviendo, donde las camisas pardas y negras vuelven a estar de moda.

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Dos empresarios

Ramón Pajuelo Teves

Roque Benavides, empresario y presidente de la CONFIEP, acaba de levantar mucha polvareda por sus declaraciones en CADE 2018 y entrevistas en medios. En su opinión, en Perú existiría una situación de persecución contra los empresarios, quienes serían objeto de una campaña de destrucción contra el sector privado. Muestra de ello sería el caso de su antecesor Ricardo Briceño, quien es investigado por una campaña en defensa de la economía de mercado realizada por la CONFIEP durante las elecciones de 2011, la cual contó con fondos aportados por Odebrecht (US$200,000) y otras empresas.

Ante ello, no han sido pocas las voces de quienes -desde distintas orillas políticas e institucionales- han rechazado la idea de una caza de brujas anti empresarial. El propio presidente Martín Vizcarra señaló enfáticamente en su exposición en CADE, que en el país no existe ningún tipo de persecución política o empresarial. Lo que era solapadamente un espaldarazo a la solicitud de asilo político de Alan García, terminó rechazado incluso por empresarios que, luego de la denegación de dicha solicitud por el gobierno uruguayo, no han tardado en señalar que, efectivamente, en el Perú no hay un clima de persecución política.

ANDINA/Norman Córdova

Pero la opinión de Roque Benavides no debe ser vista como simple exabrupto, como pataleta en defensa del libre mercado o bien como guiño pre electoral a sus amigos del APRA. Fundamentalmente, representa una escandalosa declaración de impunidad que pinta de cuerpo entero a buena parte de la clase empresarial peruana. Es una pincelada que retrata el tipo de empresarios que se han beneficiado de casi tres décadas de hegemonía neoliberal, sin la capacidad de desarrollar una auténtica noción de pertenencia al país. Se trata de empresarios que no han desarrollado la capacidad de ver al país por encima de sus propios intereses particulares. Por el contrario, siguen supeditando todo a su propia ganancia personal y de grupo. Así, resulta ahora que la CONFIEP no habría realizado una campaña publicitaria en respaldo a Keiko Fujimori, sino a favor del libre mercado y el modelo económico, amenazados por candidaturas como la de Ollanta Humala.

Refresquemos la memoria de Benavides y sus amigotes de la CONFIEP. En las elecciones del 2011 sus spots, que inundaron prácticamente todos los medios de comunicación, fueron una desvergonzada campaña de terror mediático, la cual, pretextando una inocua defensa del libre mercado, en realidad buscaba arrastrar el voto hacia Keiko Fujimori. Perdieron estrepitosamente. A pesar de su plata y sus publicistas, Ollanta Humala ganó las elecciones. Otra historia es que, felizmente para ellos, Humala no tardó en metamorfosearse, primero como candidato de la “hoja de ruta” del continuismo neoliberal y, después, asumiendo el rol de presidente que los empresarios y la derecha necesitaban. La “gran transformación” del nacionalismo pasó a la historia como una verdadera infamia: la de una pareja que traicionó los anhelos de cambio de millones de peruanos, mediante un gobierno que simplemente aseguró de la hegemonía neoliberal heredada desde los 90s.

Mientras Roque Benavides revelaba en CADE la estrechez de miras y en realidad toda la podredumbre que caracteriza al empresariado peruano neoliberal, en Colombia se realizaba la reunión de lanzamiento de la Comisión de la Verdad constituida como resultado de los acuerdos de La Habana, con el mandato de esclarecer durante tres años de labor los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurrido como parte de la infausta guerra civil que asoló por décadas a dicho país. Entre los testimonios presentados en dicha ceremonia, por parte de víctimas y victimarios que expresaron la voz de los distintos actores de la violencia colombiana, se encontró la de Henri Éder, empresario vallecaucano cuyo padre fue el primer secuestrado por la FARC con fines de extorsión en 1965. Con voz serena a pesar del dolor de los recuerdos, este empresario contó la tragedia que le tocó vivir junto a su familia, debido al secuestro y asesinato de su padre, Harold Éder, por parte de las FARC. Relató también que a pesar de todo, como empresarios colombianos decidieron quedarse en su país, resistiendo el vendaval de violencia y apostando desde su rol empresarial a contribuir con el desarrollo y futuro de la sociedad colombiana.

La distancia entre Benavides y Éder pinta de cuerpo entero a dos tipos de empresarios. El primero de ellos, colgado a las prebendas y beneficios de la hegemonía neoliberal, así como al continuismo de un libre mercado salvaje que supedita todo al afán de lucro privado, es propio de Benavides y sus amigotes de la CONFIEP. Por eso, en el fondo, no pasan de ser algo parecido a una mafia, antes que una clase empresarial en el preciso sentido del término. El segundo tipo de empresarios se refleja muy bien en una sociedad como la colombiana de hoy, que, a pesar de todas sus tragedias, exhibe un claro avance hacia la expansión de lo público y lo ciudadano, como base de convivencia y construcción de país. En gran medida, porque pudieron contar con familias de empresarios como las de Henri Éder, cuyo testimonio en la Comisión de la Verdad, junto a las de representantes de la sociedad civil, de las fuerzas armadas, de las FARC e incluso de las autodefensas, entre otros, nos han mostrado la promesa de un destino nacional realmente democrático para Colombia.