Escena internacional
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El otro en el espejo
Sobre la paz en Colombia,
la pacificación en el Perú y algunos otros reflejos

 

 

 

Anahí Durand[*]

 

 

 
 


El pasado 24 de agosto los delegados del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) llegaron a un Acuerdo final, integral y definitivo, poniendo prácticamente fin a más de cincuenta años de conflicto armado. Si bien queda pendiente refrendar los acuerdos en un plebiscito nacional y la negociación con el Ejército Nacional de Liberación (ELN), el paso dado marca un hito en la ruta de la paz. En el Perú la noticia trajo gestos de respaldo pero sonaron también voces críticas a lo ocurrido en Colombia repitiendo frases como “con terroristas no se negocia”, o “aquí eliminamos al terrorismo”. Y es que este suceso en el vecino país nos devuelve a uno de los temas que marcan aún el debate nacional: el conflicto armado, la “pacificación”, las disputas por la memoria y sus repercusiones en el ámbito político. De ahí que en la última campaña electoral el calificativo más repetido por el fujimorismo y buena parte de la derecha para desvirtuar al Frente Amplio fue el de “terroristas”. Vale entonces la coyuntura histórica regional para analizar nuestras violencias –la de Colombia y la nuestra, las memorias que se disputan y, principalmente, los desafíos para articular proyectos políticos de izquierda en contextos signados por largos períodos de violencia interna.

Sobre nuestras violencias
Cien años de soledad, el libro con el cual escolares del mundo nos acercamos por primera vez a Colombia, retrata vívidamente un tema que atraviesa toda su historia: las guerras civiles y los largos períodos de violencia. Ahí está el Coronel Aureliano Buendía, solo con sus pescaditos de oro afirmando que es más fácil iniciar una guerra que terminarla. Hablamos de un país que no consiguió deshacerse del “fardo del latifundio colonial” dominada por una élite que aún hoy, amparada en derechos de propiedad, concentra grandes extensiones de tierra en desmedro de campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas, y que no ha dudado en aniquilar opositores políticos con tal de mantener sus privilegios. En ese contexto de despojo y en medio de La Violencia[1], surgieron las FARC a mediados de los 60, agrupando una base principalmente campesina y peones rurales. Años después surge el ELN, vinculado a las luchas estudiantiles y comunidades cristianas de las cuales Camilo Torres es el personaje más representativo. En general, podría afirmarse que el siglo XX colombiano y lo que va del actual, la guerra interna ha sido protagonista de la política, complejizando el problema la presencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Más allá de los vaivenes y escaladas del conflicto, las guerrillas han mantenido base social y control territorial, debilitando las salidas guerristas al estilo Álvaro Uribe, contrarrestadas además por organizaciones populares que insistieron siempre en el diálogo como salida para finalizar la guerra.

En el Perú también la historia reciente está surcada por procesos de violencia. En las primeras décadas del s. XX ocurrieron diversas insurrecciones populares, y en la década del 60 al calor del triunfo de la revolución cubana, surgieron las guerrillas del MIR y del ELN ambas duramente reprimidas. Un eje central en estos enfrentamientos fue el rechazo a la desigual estructura de tenencia de la tierra, que avalaba a su vez la exclusión política y social de buena parte de la población peruana. El Gobierno militar de Velasco Alvarado transformó esta anquilosada estructura de poder, llevando a cabo la reforma agraria más radical de América Latina. No obstante los cambios ocurridos, en 1980 el grupo maoísta Partido Comunista del Perú, más conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL) le declaró la guerra al Estado, desatando una vorágine de violencia que se expandió rápidamente por todo el país. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se sumaría años después, intentando sin éxito operar como una guerrilla clásica cuando ya no había espacio para ello. La respuesta de las Fuerzas Armadas y Policiales fue tan o más brutal, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, principalmente en los andes y la amazonía. Como detalla la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), además de las víctimas civiles y el ataque a la institucionalidad, también las organizaciones sociales y los proyectos de izquierda fueron duramente golpeados, tanto por el intransigente accionar terrorista de Sendero cuanto por la represión estatal. Fue decisivo el accionar de la población organizada en rondas y autodefensas para aislar y derrotar a Sendero. Sin embargo, luego del autogolpe de 1992, Alberto Fujimori se hizo del poder necesario para imponer una memoria en la que destaca como el único pacificador del país.

La memoria… la resistencia, los “vencidos”
Tanto en Colombia como en el Perú, los procesos de violencia, muy genéricamente aquí relatados, dan lugar a “memorias” colectivas, entendidas como tramas de recuerdos y olvidos que enarbolan los distintos grupos, enunciando una lectura del pasado a la par que pugnan por hegemonía en el presente . Memorias como narrativas que inciden en la lucha política y expresan en gran medida las correlaciones de poder vigentes.

En el Perú el fujimorismo articuló con éxito una memoria “oficial y salvadora” sostenida desde el Estado, y ampliamente compartida por el empresariado, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos de centro derecha y los grandes medios de comunicación. Según esta memoria, que ha acabado siendo hegemónica, el conflicto armado se inició por la acción deliberada de la subversión, ignorando toda causa estructural. Esta memoria a su vez resalta la labor de las fuerzas de seguridad y minimiza sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos, a las que solo considera errores individuales o excesos. Además, menosprecia a quienes se le oponen, descalificándolos como “terrucos”, mientras que a quienes fueron afectados por la violencia les asigna la categoría de “víctima del terrorismo” solamente si pueden probar su inocencia (es decir, que no tengan ninguna vinculación con los grupos subversivos). Tras la caída de Fujimori,los sucesivos gobiernos continuaron sosteniendo este relato. El ex presidente Toledo publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) pero ignoró sus recomendaciones más importantes. Alan García reafirmó la memoria oficial fujimorista vinculándola a la criminalización de la protesta y Ollanta Humala utilizó el mismo discurso para descalificar la lucha socio ambiental. La memoria oficiosa se constituye así como hegemónica; una visión dominante del pasado, con capacidad de generar consensos, reprimir disensos y poner la pauta de lo públicamente aceptado.

Tal hegemonía de la memoria oficial en el Perú puede tener que ver con el hecho de que quienes “perdieron” el conflicto armado no fueron exclusivamente los grupos subversivos, sino que en esta derrota fue arrastrado el sentido común que había construido por décadas el proyecto de izquierda popular y democrática reivindicado por los actores políticos y sociales las décadas de 1970 y 1980. Una derrota bien orquestada por un bloque político, económico y militar que sobre este vacío pudo implementar las reformas neoliberales con altas dosis de corrupción y criminalidad. Movimientos como el urbano-popular, el de trabajadores o el de mujeres, que formaron parte de este proyecto no tuvieron capacidad de formular otras memorias de la violencia y los “los cuadros” de los partidos políticos de izquierda desaparecieron, se replegaron, no dieron explicaciones de lo que vivieron ni pudieron dar cuenta de lo que ahora ocurría.

Hoy, en medio de una sociedad fuertemente despolitizada, con organizaciones sociales y fuerzas de izquierda precarias, es difícil disputar una memoria distinta a la fujimorista, que reivindique las conquistas sociales en las que líderes como Saúl Cantoral, María Elena Moyano o Pedro Huilca dejaron sus vidas. En la última campaña electoral, diversos militantes del Frente Amplio fueron constantemente tildados de “terroristas” equiparando tendenciosamente la izquierda legal a Sendero Luminoso y estigmatizando a familiares de integrantes del MRTA como Abel Gilvonio, que postulaba al Congreso. Ante los ataques de la derecha, las respuestas sonaron débiles, sin fuerza para posicionar una nueva memoria y más aún sin consenso dentro del mismo campo popular que se aspira representar.

En Colombia, la capacidad de respuesta de las fuerzas políticas y sociales organizadas han frenado los intentos de los grupos de poder por imponer una memoria hegemónica y desvirtuar las luchas sociales al vincularlas a la guerrilla. Asimismo, no es extraña la apertura a la negociación de los grupos alzados en armas y la disposición al diálogo de un sector de la élite colombiana, logrando anteriormente acuerdos de paz, como ocurrió a inicios de los 90 con el M19 y la guerrilla indígena Quintin Lame. Estos factores limitan el éxito de los sectores más reaccionarios por encasillar a las FARC o el ELN como grupos terroristas, pese a sus esfuerzos y al apoyo de los Estados Unidos, país que tuvo periodos de vergonzosa intervención directa como ocurrió con el Plan Colombia durante el gobierno de J.W Bush. No encontramos aquí con claridad un campo de “los vencidos”, pues la memoria aquí sigue en disputa y se vincula directamente a la lucha política. Así, en pleno proceso de paz, los sectores más conservadores presionan y utilizan la legalidad para sus fines, es el caso del uribista procurador Alejandro Ordoñez, impulsor de la inhabilitación de la senadora Piedad Córdova y la prisión del profesor Miguel Ángel Beltran, ambos acusados sin mayores pruebas de vínculos con las FARC. Desde el campo popular, las organizaciones no han dejado de resistir estas ofensivas, afirmando una narrativa propia que exige paz con justicia social y ensaya articulaciones que amplían su margen de acción, como es el caso del Frente Amplio por la Paz, esfuerzo de concertación política contra quienes promueven un desenlace del conflicto guerrerista.

El tiempo de la paz: ¿tiempo de la política?
Asistimos a otro tiempo para la construcción de la izquierda en nuestros países, con las armas fuera de la política y nuevas generaciones que han vivido menos intensamente la confrontación armada pueden venir años propicios para afirmar proyectos emancipadores que reivindiquen una memoria de luchas populares que a su vez oriente su accionar presente.

En el Perú, agrupaciones como el Frente Amplio tienen el reto de consolidar un proyecto político capaz de movilizar lo ganado en el terreno electoral, configurando un horizonte de futuro arraigado en una memoria que reivindica las luchas de nuestro pueblo por vida digna interpelando el discurso oficial. Ello implica confrontar permanentemente la estigmatización y el señalamiento, desarrollando acciones concretas que enuncien ya una voz propia. En esa línea es sumamente relevante lo hecho por Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, dirigente sindical asesinado por el fujimorismo y congresista del Frente Amplio por Lima. En medio del Parlamento Nacional, Indira juramentó “Por la memoria de Pedro Huilca, de los estudiantes asesinados en la Universidad La Cantuta y de todas las víctimas de la dictadura fujimorista que aún buscan justicia”, hablando fuerte ante el presidente del Congreso, Kenji Fujimori, y el griterío de la mayoría parlamentaria derechista. Con esta acción Indira desnudaba las tensiones de una transición democrática plagada de impunidad, evidenciando a la vez la fuerza de una generación que mira el pasado sin cargar culpas ajenas, desmarcándose del violentismo senderista pero recuperando la radicalidad de una izquierda por buen tiempo adormecida.

De otro lado, no debe perderse de vista que estamos en un momento político donde el proyecto neoliberal se reconfigura para avanzar y continuar expandiéndose. Los procesos de paz y pacificación son parte constitutiva de este momento de acumulación y expansión del capital, que requiere territorios liberados de conflictividad para extraer recursos y asegurar la rentabilidad de sus negocios. En tal sentido, no es la bondad y desprendimiento de las élites colombianas lo que las ha llevado sentarse a negociar, es también la necesidad de continuar aplicando el modelo con menores costos, sin enfrentar las amenazas de la guerrilla. Después de firmada la paz en Colombia lo mismo que en el Perú continuarán presentes las amenazas contra comunidades campesinas, afros y pueblos indígenas, las cuales ven amenazados sus recursos y formas de vida por el avance de la industria extractiva y el agronegocio. Pero ya sin guerra las organizaciones del campo popular podrán asumir mejor la defensa de sus derechos enfrentando, en otras condiciones, la criminalización de la protesta, la represión a la lucha social y el ataque del crimen organizado que, coludido con el poder empresarial, asesinan líderes sociales opuestos a sus fines, como ocurrió con Bertha Cáceres en Honduras; Edwin Chota en Perú o el dirigente magisterial Carlos Alberto Pedraza en Colombia.

Se trata entonces de un escenario de múltiples desafíos, donde la construcción política de la izquierda implica enfrentar nuestros pasados (y presentes) de violencia interna, sin azuzar odios pero denunciando la impunidad. En tal sentido, es clave lo avanzado por el lado de la cultura, el arte y el activismo donde resuenan fuerte voces divergentes que cuestionan la memoria oficial exigiendo justicia y reconocimiento. Es el caso de colectivos como HIJOS, que apela a rescatar las memorias militantes de sus padres, integrantes en su mayoría del MRTA y las guerrillas colombianas, no para justificar sus acciones, sino para recuperar la dimensión política de sus vidas y evitar que sigan siendo solamente estereotipos del terror. Este ejercicio, complejo éticamente, tiene el potencial de interpelar la versión oficial pues extiende el campo de lo que puede ser públicamente recordado. Algo similar ocurre con los ensayos de José Carlos Agüero o Lurgio Gavilán, o con los documentales de María José Pizarro, todos contribuyendo a complejizar visiones maniqueas de la historia. Es clave también la acción de organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los movimientos estudiantiles, de mujeres, de defensa del medio ambiente, que denuncian los límites del modelo desarrollista y patriarcal al tiempo que ensayan pistas de transformación. Son estas y otras iniciativas las que anuncian un tiempo propicio en el cual afirmar una izquierda que reivindica la diversidad y la autonomía, que construye una propuesta de representación y ejercicio de poder para las mayorías excluidas, mirando autocríticamente su pasado sin perder la memoria combativa. Ese puede ser entonces el tiempo de la paz, una oportunidad para insistir en caminos de liberación donde podamos encontrarnos más justos, más iguales, más emancipados.


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[*] Socióloga e investigadora. Candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Comité Editorial de Ojo Zurdo.
[1] La Violencia -con mayúsculas- es como en Colombia se denomina a la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores librada entre 1940 e inicios de 1960 que dejó entre 200.000 y 300.000 víctimas, desplazando además a casi un cuarto de la población colombiana.
Para una explicación integral del conflicto armado colombiano puede leerse ¡Basta Ya!: Colombia. memorias de guerra y dignidad. En:
http://www.centrodememoria
historica.gov.co/micrositios/
informeGeneral/


 
     

 

 

Revista Ojo Zurdo