Coyuntura

___________________________________

 

Notas sobre la coyuntura política

 

 

Eduardo Ballón[*]

 

 

 
 


A semanas de iniciado su Gobierno, PPK registra una aprobación de 70.4% y una desaprobación de 18.6%[1], superando los porcentajes que evidenciaron en trance similar Toledo y Humala. Los resultados reflejan el entusiasmo relativo generado por la composición del nuevo Gabinete y por la presentación inaugural del presidente ante el Congreso de la República, pero también el deseo mayoritario de que le vaya bien al país.

El universo de los pepecuyes
El anuncio de los ministros del nuevo Gobierno, aunque despertó interés en los medios de comunicación, fue criticado desde distintos puntos de vista por los voceros de las principales agrupaciones partidarias. Se señala su fuerte carácter tecnocrático, su falta de manejo político y su vinculación con el empresariado, criticándose, con variados argumentos, la trayectoria personal de muchos de sus integrantes. Aceptemos que no hubo mayores sorpresas. Técnicos y profesionales con hojas de vida frondosas y reconocidos socialmente como exitosos en muchos casos; varios con pasado en el Estado en las épocas de Fujimori (Zavala, Aljovín), Toledo (Romero, Basombrío, Zavala), García (Galarza) y el mismo Humala (Saavedra, Gonzales), además de algunos hasta entonces desconocidos (Trujillo), que evidencian el proceso de negociación interno entre los distintos sectores del
mundo PPK.

Se trata de un Gabinete que muestra el control pragmático de PPK sobre una agrupación de ocasión, Peruanos por el Kambio, que tendrá, en el mejor de los casos, una duración de cinco años. Un Gabinete sin estrellas[2], con algunos con más luz que otros, que responderá a las decisiones y la mirada del presidente. Un Gabinete que no parte del diseño de políticas propias, más allá de la continuidad en Educación y de un discurso para el manejo del sector Interior. Así, en sus primeras declaraciones repitió como mantra tres lugares comunes de los últimos años: reactivar la inversión simplificando la tramitología e incentivando alianzas públicas privadas; una gestión eficiente basada en la gerencia moderna; acercar los servicios al ciudadano. En otras palabras, una oferta de continuidad en las líneas maestras del modelo, en un contexto distinto.

Recordemos que PPK y los tecnócratas que lo acompañan son parte de una tendencia que viene desde el fujimorismo, que supone el imperio de los técnicos sobre los políticos: su poder se acrecentó por la incapacidad de los segundos, a quienes desplazaron de las decisiones hasta llegar al predominio total. No se trata de un coro estrictamente uniforme, porque hay ministros con una historia liberal en relación a derechos civiles y humanos, como Pérez Tello, Basombrío, Vizcarra y Nieto, pero también es verdad que todos comparten, con más o menos intensidad, la necesidad de acordar con el fujimorismo, superando las heridas abiertas en la campaña. Comparten también una mirada desdeñosa sobre la izquierda y sus propuestas, si no abierta y explícitamente anticomunista (Aljovín, Giuffra). Por encima de ello, tienen el beneplácito relativo de la CONFIEP, que se siente representada con ministros como Zavala, Aljovín, Giuffra, Galarza y Grados.

El candor puede ser el sello de varios de ellos, a juzgar por sus declaraciones iniciales. Basombrío, aun antes de juramentar, advirtió que reduciría drásticamente el número de generales de la Policía Nacional, mientras Giuffra, ya ministro, declaró eufórico que “la diversificación productiva la hacen los empresarios….”[3], desconociendo los limitados avances del país en la materia, previamente destacados por diversos voceros de su agrupación. Esa ingenuidad seguramente les pasará factura una vez instalados en el Estado.

¿Significa esto que el mismo PPK decidió no hacer política hasta su presentación en el Congreso? A su manera, y tras leer las tensiones internas de su aparato partidario durante la campaña, más aún en la conformación de los equipos de transferencia y del propio Gabinete, hizo un par de gestos relativamente importantes. Su reunión con los gobernadores regionales y un número significativo de alcaldes el 25 de junio, en Cusco, así como su visita a La Oroya, desde donde anunció una eventual marcha al Congreso, fueron mensajes políticos buscando presionar al fujimorismo y a su propia gente en el Congreso (Bruce, Sheput), que ya estaba en guiños y negociaciones particulares con esa fuerza. En la práctica, el mandatario buscaba evidenciar que el Ejecutivo tiene poder y no es un simple rehén del Congreso, buscando pautar formas de convivencia más blandas con ese sector, que tiene claro que el PPKuismo es un fenómeno de mecha corta (2021), sin estación intermedia (2018). Por lo demás, su compromiso con las autoridades descentralizadas no le supone mayor costo en el corto plazo al Gobierno, dadas las debilidades y limitaciones de aquellos: mayores recursos para inversión (que se resuelven vía APP y el “empaquetado” de proyectos en los distintos territorios), así como la anulación de la norma que prohíbe su reelección, que es responsabilidad del Congreso.

Más exigente le está resultando su juego posterior. Su afán por aparecer distendido, su espíritu “deportivo” y franqueza “gringa” ya lo han obligado a tener “intérpretes” que apaguen los incendios con los que amenazan distintos medios de comunicación y analistas que van recuperando paulatinamente su original tono naranja. Así las cosas, la presentación del Gabinete en el Congreso y su solicitud de facultades legislativas, marcarán un nuevo hito que habrá que observar con atención.

Qué difícil es perder
El fujimorismo, por su lado, no las tiene todas consigo. Le costó más trabajo que el esperado recuperarse de una derrota que no entraba en sus cálculos. Sin embargo, se ordenó rápidamente: se resistieron a saludar a PPK; cerraron con el manejo del Congreso y sus comisiones; aseguraron el control de la mesa directiva donde APP cambió el Gabinete por el Congreso, para garantizar la sucesión interna a Ríchard Acuña mientras el APRA se mantuvo como su soporte. Buscan mantenerse ante la opinión pública como la “oposición popular” al Gobierno, acusándolo de proempresarial y lograron mantener una imagen “monolítica” un mes después de las elecciones, resolviendo el liderazgo en el Congreso con una presidenta con habilidad innegable, que expresa al viejo fujimorismo, una vicepresidenta del “interior del país” y tres voceros, que son “contrataciones” que vienen del PPC (Galarreta y Alcorta) y el APRA (Salaverry).

Ello le alcanzó a Keiko para mantener una aprobación de 38.3%, por debajo del 38.7% que obtuvo en la primera vuelta, pero no le permite esconder su entraña real: sigue protegiendo a Ramírez y Clímper, su vicepresidenta del Congreso justifica el autogolpe y Luz Salgado acusa al movimiento No a Keiko de refugio de senderistas, mientras Becerril “denuncia” a Verónika Mendoza de terrorista. En esa lógica, llegaron a preocupar a sectores empresariales y a varios medios de comunicación que les “airearon” algunas de sus debilidades: tres congresistas denunciados por medios que los apoyaron en las elecciones (Cuarto Poder, Panorama) de falsear sus hojas de vida[4]; otros denunciaron la existencia de un almacén sospechoso, vinculado a las empresas de los Fujimori en Villa el Salvador.

El sector “albertista” mantiene su bandera máxima de la libertad del exmandatario, mientras los “modernos” negociarán más adelante los temas y las posiciones de baja intensidad que le den sentido a su vigilia hacia el 2021. Saben bien que una arremetida desde el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y determinados medios de comunicación pueden desnudar sus pecados. Por tanto, desde este sector del fujimorismo se trata de pechar y controlar al Gobierno, en un juego que todavía tienen que aprender.

En cualquier caso, evidenciaron que su imagen “democrática” se limita a llevar como furgones de cola al APRA y a APP, resistiéndose a negociar con PPK, más allá de acuerdos puntuales. Por lo demás, FP entiende claramente que el contendor a aislar y de ser posible liquidar, es el FA, visto como su principal competidor en 2018 y 2021. En este esfuerzo coinciden con la mayoría empresarial y con buena parte de los medios de comunicación, especialmente la prensa concentrada.

Los altos costos del aprendizaje
El FA, por su parte, enfrenta distintos dilemas para su posicionamiento. En la primera vuelta, FP era la derecha autoritaria e informal, PPK aparecía como la derecha liberal y tecnocrática y el FA ocupaba el espacio de la izquierda, con ventaja sobre Democracia Directa y Santos; en la segunda vuelta, FP se ubicó en un espacio “popular” e informal, PPK apareció a la derecha del espectro y, tras su apoyo a aquél, el FA fue ubicado en el centro. Hoy, ante la opinión pública, el fujimorismo busca mantenerse en la misma posición, acusando al Gobierno de representante de la gran empresa, manteniendo al FA en su incómoda posición. La juramentación de sus congresistas le permitió, por un instante, posicionarse frente al fujimorismo y de cara a su electorado, dando la impresión que pasaba a la ofensiva, ratificando su opción antineoliberal, antiautoritaria y democrática, desde la diversidad. Ese gesto, por cierto, no resuelve su desafío de fondo en esta materia, que se puede caricaturizar en términos de cómo combina la acción electoral e institucional con la “lucha de clases” y la calle.

La posterior presentación de una lista propia a la mesa directiva, que fue otro gesto, terminó con su aislamiento, lejos del resultado buscado. Sus incomprensibles dificultades para pronunciarse sobre la situación venezolana y condenar al Gobierno de Maduro profundizaron su soledad y sirvieron, una vez más, para que la derecha y sus medios los asocien a un doble discurso sobre democracia y derechos humanos. Presumiblemente, antes que como bancada cohesionada, por lo menos hasta fin de año, la representación FA operará como una coalición y pagará los costos iniciales de sus evidentes debilidades de coordinación y del aprendizaje que inevitablemente supone la gestión parlamentaria.

¿Una visión del país?
Aunque la presentación de PPK ante el Congreso fue ordenada, con la dosis de “emotividad” y de buenas intenciones necesaria, sorprende el entusiasmo que generó, porque fue antes anodina que altisonante, con abundantes lugares comunes y con “titulares” para mantener las limitadas expectativas que generó. ¿Alcanza como visión del país? Definitivamente no, así hiciera mención al Perú “moderno” que espera entregar en el Bicentenario. Ninguna mención al contexto económico internacional que enfrentamos, nada sobre la reducción del impuesto a la renta establecida por Segura, a pesar de sus reiteradas menciones a la necesidad de cerrar brechas, medio ambiente y cambio climático brillando por su ausencia, ni palabra sobre la conflictividad social, la descentralización ausente… ¿Cómo y cuándo se cumplirán los compromisos suscritos a lo largo de la campaña? ¿Cómo se evitará el riesgo del lavado de activos en los recursos que pretende expatriar? ¿Qué ocurrirá con la institucionalidad ambiental? ¿Cuál será la política frente al agua, más allá del saneamiento? ¿Cuál la estrategia en política exterior y en la relación con los países vecinos? ¿Cuál la materialidad de la diversificación productiva?

La vida continúa
La liberación de Goyo Santos abre un nuevo frente y un competidor directo al FA; previsiblemente, aquél se colocará a su izquierda, articulándose con distintas protestas y conflictos sociales sin resolver. En el corto plazo, Cotabambas, más ampliamente Apurímac, amenaza con estallar por la falta de respeto a los acuerdos de la mesa de diálogo al modificarse los estudios de impacto ambiental del proyecto minero. En Vinchos (Ayacucho), el Frente de Desarrollo Comunal exige a las empresas transportadoras de gas la renegociación de los contratos de servidumbre, denunciando el incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales; en Puno, le demandan a ProInversión la construcción de plantas de tratamiento y la limpieza del lago Titicaca, con plazo vencido para el inicio del proceso. Las presiones de Southern por iniciar el proyecto Tía María han endurecido la posición de las autoridades locales y de la Junta de Regantes de Tambo, que exigen un pronunciamiento claro del presidente en su visita del 15 de agosto….

Estos y otros conflictos previsibles –el reporte de julio de la Defensoría del Pueblo registra 154 conflictos activos, de los cuales 88 estaban en proceso de diálogo–, advierten de una geografía clara, concentrada en Apurímac, Áncash, Puno, Cusco. Cajamarca y Loreto, siendo la mayoría de ellos (85.2%), socio ambientales. En el corto plazo, la capacidad de respuesta del Gobierno a buena parte de ellos será mínima y los riesgos de enfrentamiento muy altos. La sorpresiva paralización de Urubamba (3-4 de agosto), con el bloqueo del acceso a Machu Picchu –tarifas eléctricas, monopolio del transporte y usurpación de tierras comunales por un complejo hotelero– es un aviso.

En un escenario de tensión, en el que las izquierdas más radicales se sumarán a la conflictividad social y la hegemonía neoliberal, que ya ha sido amagada electoralmente por el FA, busca ser recompuesta por PPK, el Frente deberá mostrar cuán electoral es y como tratará de orientar la lucha de clases. Resolver su presencia y el perfil de esta en la movilización y la conflictividad social, atendiendo a su construcción organizativa y territorial, no podrá verse desarticuladamente de su presencia y acción en la escena oficial.

______________________________

[*]Antropólogo, analista político y especialista en descentralización.
[1] CPI: Encuesta realizada entre el 30 de julio y el 3 de agosto.
[2] Lauer, Mirko: “La hora del fajín”, La República, 18 de julio 2016; p.4.
[3] Gestión, 8 de agosto 2016.
[4] Betty Anaculí (Ica), Lízbeth Robles (Lima Provincias), Moisés Mamani (Puno).


 
     

 

 

Revista Ojo Zurdo