Tema central
Mas allá de los gobiernos progresistas
en América Latina

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Argentina:
La voluntad de normalización como signo de época

 

 

Verónica Gago[*]

 

 

 
 


Después del triunfo del candidato de derecha Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de segunda vuelta en noviembre de 2015, la política de la última década y media en Argentina se ha visto una y otra vez reinterpretada. Para decirlo rápido: el triunfo del empresario representante del poder de los grupos financieros transnacionales y de las patronales agrarias dispara preguntas para todos lados. ¿Cómo se explica su triunfo? ¿Es un coronamiento coherente tras años de Gobiernos que se reconocían como nacionales y populares? ¿Por qué lo han votado no sólo los sectores ricos? Y aún más reciente: ¿cómo se entiende que esté logrando llevar adelante de manera más o menos exitosa una agenda en la cual cada una de sus medidas parece ir en contra del poder del salario y de los ingresos de las economías populares no asalariadas, de modo tal de afectar directamente la calidad de vida de las mayorías? ¿De dónde extrae su fuerza y legitimidad? ¿Estamos ante una vuelta pura y dura del neoliberalismo? Y ya en otra secuencia: ¿cuáles son las fuerzas de resistencia que se han visto en acción? ¿Cuáles las que colaboran en construir gobernabilidad? ¿Cómo se organiza una hegemonía que se arraiga rápidamente en sectores diversos?

Por supuesto, los diagnósticos son varios y cada cual revela posiciones de enunciación y balances divergentes.

Desde espacios que fueron adherentes y activos militantes del proyecto que comenzó con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y siguió con los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011/2011-2015), se argumenta –de manera muy esquemática– que hay una reposición de un núcleo duro de derecha, que coincide con un giro conservador en la región y que ha contado con la fuerza sostenida de los grandes medios de comunicación. Si bien cada uno de los elementos tiene su parte innegable de verdad, no alcanzan para dar una explicación de fondo en la medida que “exteriorizan” todas las causas de la derrota. Queda eludido un problema anterior, que a nivel del sistema político se expresó de manera muy obvia: ¿por qué todos los candidatos electorales que se presentaron con chances de ganar se embanderaron en una agenda que podría caracterizarse sin muchas dudas como de derecha? ¿Qué tipo de lectura del escenario y de las subjetividades a conquistar se hacía para aceptar una programática que proponía a la seguridad y al consumo como sus banderas principales?

Tal vez hay que ir todavía más atrás. Al modo en que se anudaron, desde ciertas militancias, una expectativa en el sistema político y en ciertos liderazgos con una descalificación a las prácticas autónomas desde abajo. Haría falta hacer una genealogía compleja y sinuosa de la relación entre el Gobierno y los movimientos sociales y organizaciones populares que, tras haber protagonizado la crisis de 2001, quedan como fuerzas en los territorios, capaces de lidiar con sus veloces economías, y con elementos de un saber-hacer de la crisis que permite innovaciones concretas. Esa relación no puede reducirse al par cooptación vs. conflictividad. La noción de cooptación es demasiado unilineal y unilateral porque: primero: pasiviza a los movimientos como meros “receptores” de recursos, sin capacidad de elaborar, impugnar y/o modificar su sentido; segundo; evita pensar más a fondo la genealogía política de esos recursos como una cierta modalidad de conquista y/o reconocimiento del Estado frente a la capacidad de hacer de las experiencias territoriales. Sin embargo, esto tampoco puede llevarnos a una teoría simplista del Estado: en sus formas de reconocimiento nunca cesan los intentos de subordinación, domesticación y obediencia. La dinámica de esa relación tensa, con altos y bajos, en un tira y afloja permanente, es fundamental para pensar una teoría institucional actual.

Luego, para ir al segundo término: ¿con qué imágenes del conflicto contamos? Aquí es importante remapear conflictividades sociales que van asumiendo escalas, intensidades y componiéndose con actores distintos, en una especie de mutación de los paisajes territoriales, muy evidente en los últimos años. No fue lo mismo la confrontación entre organizaciones barriales frente al Estado local o nacional para conseguir alimentos o servicios básicos que la confrontación de organizaciones barriales con dinámicas alimentadas por el narco y redes políticas ilegales.

La política “más allá” del Estado que se discutía a principios del nuevo siglo, en medio de la crisis y como modo de atravesarla, motivó experimentos y debates sobre las formas concretas de la autonomía: se difundió entre movimientos de desocupados, fábricas recuperadas por sus trabajadorxs, asambleas, clubes de trueque. La tesis más conocida circuló bajo la consigna “cambiar el mundo sin tomar el poder”, pero revelaba algo más denso y duradero: el efecto que el zapatismo había desparramado más allá de sus fronteras para volver a pensar la transformación y el cambio revolucionario.

Hoy ese “más allá del Estado” no puede dejar de verse efectuado bajo ciertas modalidades reaccionarias: abriendo un espacio donde los principios de autoridad y organización sobre los territorios son impuestos por formas nuevas de violencia, que se asientan en la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres en particular, como señala Rita Segato (es asombrosa la escalada de violencia doméstica) y en la gestión empresarial para-legal de recursos (del narco a la policía, de la precarización generalizada a la falta de infraestructura básica). Sobre esa efectuación “contra-revolucionaria” (si podríamos llamarla así) se montan hoy la reposición del sistema político como sistema de governance: seguridad y empresa para gestionar incluso al Estado más allá de sí mismo.

La Argentina de la última década y media puede leerse desde ese prisma que toma en cuenta a la vez la dinámica de los movimientos, como una forma de hacer que, desde abajo, es capaz de redeterminar instituciones y también debilitarse por la acción del Estado que una y otra vez disputa obediencia y subsume autonomía, por un lado. Y por otro, una dinámica institucional que ha sido celebrada y desproblematizada por militancias y teorías que elevaron la acción del Estado al estatus de única posibilidad de “política” propiamente dicha, que aceptó también acríticamente un festejo de una retórica neodesarrollista sustentada en el agrobusiness y el extrativismo, y a la ideología del populismo como retórica capaz de reducir las luchas sociales a “demandas” que debían ser codificadas desde arriba. Fueron estas posiciones las que encorsetaron el debate pero que hoy vuelven, como un impensado, en los balances que exteriorizan en un “enemigo” puro como causante del fin del progresismo. La paradoja hoy también se revela al desnudo: la mayoría de las medidas anti-populares (en particular el pago a los fondos buitre y eliminación de las retenciones al sector agroexportador y a la minería) cuenta con el apoyo de legisladores de integrantes del partido kirchnerista del anterior Gobierno (FpV- Frente para la Victoria) que son parte fundamental –junto a los gobernadores e intendentes de misma orientación– para sostener la gobernabilidad actual.

Pero entonces, ¿cuál es otra perspectiva posible para hacer un balance? A los tres meses del nuevo Gobierno, en un intento de reaccionar en velocidad, editamos un material colectivo llamado Macri es la cultura, allí sosteníamos que más que pensar solo en las discontinuidades obvias del calendario electoral, había que enfocar una serie de continuidades subterráneas que permitían leer el cambio de Gobierno en base a otras coordenadas. Por supuesto la novedad no puede subestimarse: con Macri, por primera vez gana las elecciones por medios democráticos un partido de derecha sin mediación militar y sin apoyo del peronismo; y lo hace explicitando su programa de acción desde el inicio: no hay sorpresa o engaño. Pero por continuidades nos referimos allí a otras dinámicas: un deseo de orden generalizado, una voluntad de normalización y una conjura de la crisis como momento infernal que organizó un pasaje que hizo de la actual restauración conservadora una coronación coherente de una criminalización en los barrios que se venía profundizando, de una inflación que ya recortaba ingresos y del consumo como clave de un consenso inclusivo y de producción de ciudadanía.

Podríamos sintetizar también así las razones que permitieron este cambio a nivel “electoral” y que revelan cuestiones más de fondo que el slogan del “fin de ciclo progresista” de la región: 1. la inserción de tipo neo-extractiva en el mercado mundial; 2. unas micropolíticas organizadas en torno a las condiciones neoliberales del lazo social; y 3. una hegemonía nunca del todo revertida y especialmente relanzada del sector financiero en el modo de acumulación. Como señala Diego Sztulwark, lo que permite la gobernabilidad de la actual fuerza en el poder (PRO) junto a sectores políticos que responden o respondieron al kirchnerismo se basa en tres puntos programáticos: la gobernabilidad, la docilidad ante el programa de ajuste que surge del mercado mundial en crisis, la aniquilación de cualquier pulsión autónoma en el movimiento social. En tal sentido, comparten un diagnóstico completamente negativo no solo del protagonismo social del movimiento destituyente de 2001, sino también de los momentos ya idos en que los Gobiernos progresistas de Argentina y la región representaron un mínimo defensivo para la protección de ingresos populares (salarios, más subsidios, más políticas sociales).

En estos meses, el Gobierno avanzó fuerte: los aumentos en los servicios básicos (conocido como “tarifazo”), el aumento de precios en los productos básicos y los despidos en sectores público y privado marcaron una pérdida abrupta del poder del salario, mientras que se aumentaron algunos de los ingresos básicos de asistencia social y se pautaron acuerdos con sindicatos (especialmente a través de la transferencia de fondos para las obras sociales). De modo tal que a pesar de las masivas marchas y actos que se sucedieron durante este primer periodo, el escenario se sostiene estable. La negociación con organizaciones que mantienen fuerte inscripción territorial es otro pilar sobre el que se apoya el Gobierno, a la vez que criminaliza y desaloja otras.

En muchos aspectos su accionar es el abc neoliberal: intento de conversión de los derechos humanos en ideología de ONGs, garantías legislativas a las patronales más poderosas, opción por los grupos financieros transnacionales, etcétera). Sin embargo, es notable también que la movilización social por ahora se mantiene espasmódica y sin reacciones que logren envergadura. La detención ilegal de una dirigente social reconocida, Milagro Sala, acusada de corrupción por el manejo de fondos provenientes de subsidios públicos pero aún sin pruebas, es otro de los escándalos políticos del Gobierno y que, sin embargo, no logra generar la reacción que se hubiera esperado. Como sí lo logró, por el contrario, el intento de detención de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La articulación de una agenda popular tiene hoy una fuerte influencia del “programa” lanzado por el papa Francisco (“Tierra, techo y trabajo”) ya que la impronta anti-liberal de la iglesia logra combinarse con reclamos históricos de muchas organizaciones barriales. Aun así no termina de avizorarse un escenario de crisis tal como lo vivimos en 2001. El paisaje es demasiado diferente. Lxs actores de abajo capaces de politizar la crisis son otrxs y las formas de organización se han mixturado con lógicas diversas, de modo tal que no es posible hablar de movimientos sociales tal como existían entonces.

Queda la pregunta abierta por lo que vendrá. El desafío que queda abierto, desde diversas iniciativas, es sostener una práctica cartográfica activa, un mapeo de los conflictos y las tensiones que no pretenda simplificar ni escamotear los lenguajes y problemas que surgen en las propias luchas, tanto desde el punto de vista de la crítica que despliegan, como del modo en que se piensa un más allá de la situación actual. Sin embargo, esa cartografía tendrá fuerza en la medida en que problematice los modos de vida sin convertirse en una crítica moral o un idealismo nostálgico. Esto implica exponer el funcionamiento concreto de una infraestructura de bienestar popular: es decir, las capacidades de una producción y reproducción de lo social que sabe por momentos antagonizar y producir disputa por la decisión política, y por momentos replegarse frente a violencias que no tiene cómo enfrentar.

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[*] Integrante de la editorial independiente Tinta Limón. Trabaja como periodista e investigadora. Es parte de diversas iniciativas de investigación-militante.


 
     

 

 

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