31 de mayo de 2019

 

Continuidad neoliberal y salidas democratizadoras

 

 

 

Anahí Durand Guevara

 

 
 


Una crisis y varios episodios
A inicios de los 90, el Perú vivía una profunda crisis signada por la hiperinflación y el conflicto armado interno. Ante tal situación, las fuerzas políticas de la época -incluida una izquierda ahogada en sus propios problemas- fueron incapaces de brindar una salida democrática. El auto golpe Fujimorista, decantó la crisis de régimen de ese entonces por la vía autoritaria, teniendo como soporte legal a la Constitución de 1993. El modelo neoliberal se impuso a sangre y fuego como forma de administrar la economía favoreciendo al mercado, como gestión del Estado a favor de los privados y también como régimen de convivencia que exalta el emprendedurismo, el exitismo y el sálvese quien pueda. El 2001, la caída del Fuji montesinismo pudo abrir un nuevo ciclo político pero las elites gobernantes optaron por continuar el modelo con renovados aires. El intento de transición democrática no contó con la fuerza social ni política para plantear reformas sustanciales. Exitosamente, la continuidad del neoliberalismo fujimorista fue presentada como la única forma de estabilidad democrática posible y deseable.

El 2016, los hechos de corrupción vinculados al caso Lava Jato asestaron un duro golpe al régimen instalado en 1992 y renovado el 2001. Quedó al descubierto que las principales fuerzas políticas que se turnaron el poder los últimos 27 años, gobernaron en base a un afinado engranaje de coimas, sobornos, contratos arreglados, adendas y millonarios financiamientos de campañas. Se reveló así una articulación de los tres poderes del Estado, para delinquir y garantizar la impunidad de los delitos cometidos. Todos los ex presidentes desde Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el finado Alan García y Pedro Pablo Kucinszky, ex candidatos presidenciales como Keiko Fujimori, la  ex alcaldesa de Lima Susana Villaran, gobernadores regionales y una serie de ex ministros y altos funcionarios asumieron este entramado corrupto y mafioso como la forma de gobernar, en complicidad con empresarios como ya el conocido “Club de la construcción”.

El caso Lavajato en Perú, abrió un nuevo ciclo de crisis política ante al cual el establishment se abocó a salvaguardar la continuidad del modelo. La apurada juramentación de Vizcarra como reemplazo de PPK fue una salida temporal que instaló un presidente sin bancada y acorralado por una mayoría parlamentaria fujiaprista decidida a someterlo. La crisis no se resolvió, por el contrario, se agudizó con la revelación de audios que comprometían a jueces y fiscales en graves casos de corrupción conectados con políticos y empresarios. Ante esta grave situación que indignó y movilizó a la ciudadanía, Vizcarra tuvo el reflejo de convocar a un referéndum que permitió a la población expresarse para reformar cuatro capítulos de la Constitución básicamente referidos al sistema de justicia. En el referéndum, la gente voto masivamente en la línea presidencial, sancionando además mayoritariamente al legislativo al votar para impedir la reelección parlamentaria. El régimen en decadencia ganó nuevamente algo de aire, aunque no era difícil prever que sería un aire era de corto plazo.

Efectivamente, un nuevo episodio de la crisis no tardó en estallar. Condicionado por su propia apuesta de mantener la gobernabilidad neoliberal, Vizcarra y su gabinete priorizaron empujar políticas favorables a las elites privilegiadas mostrándose incapaces de resolver demandas concretas de la gente como derechos laborales, seguridad ciudadana o detener los feminicidios. Frente a la crisis política, el ejecutivo encargó a una Comisión de notables la formulación de una propuesta que culminó en la entrega de 12 proyectos de Ley bastante tímidos en cuanto a asegurar cambios favorables a mayor democracia y menos corrupción en la política. Por supuesto el Fujimorismo ignoró esas reformas y rápidamente pasó a la ofensiva descartando el proyecto contra la inmunidad (impunidad) parlamentaria y “blindando” al cuestionado fiscal Chavarry, dejándolo apto para volver a ser fiscal supremo. Con un nuevo escenario de ofensiva Fuji aprista Vizcarrra optó por apelar a la “cuestión de confianza” presentando cuatro proyectos de Ley que deberán ser aprobados por el Congreso. De no otorgarse la confianza, el presidente está facultado para cerrar el Parlamento, medida que además es un clamor de la ciudadanía.

La posibilidad de salidas democratizadoras
Llegado a este punto, vale preguntarse si ante esta crisis de tantos episodios era, y es posible aún, plantear una salida democrática alternativa a la asumida por la clase político empresarial que aun gobierna. En efecto, luego de la renuncia de PPK pudieron abrirse otros escenarios democráticos. Por ejemplo, pudo convocarse a una Asamblea Constituyente, pero debe reconocerse que no existía una correlación política favorable en tal sentido ni tampoco una mayoría social que lo demandara. Pero pudo haberse configurado otro escenario mucho más realista, como que Vizcarra asumiera un gobierno de transición, abocado principalmente a asegurar medidas contra la corrupción y reformas políticas mínimas indispensables para convocar a nuevas elecciones generales adelantadas. Así lo plantearon fuerzas críticas al sistema como el Nuevo Perú, pero el establishment se encargó de presentar esta salida como catastrófica para las inversiones y fatal para la (su) estabilidad… Prefirieron forzar una precaria continuidad, como si adelantar el calendario electoral no fuera una practica democrática aceptada en múltiples países ante escenarios de crisis.

Así las cosas, todo indica que la cuestión de confianza tiene como principal objetivo darle otro aire, otrito más, a un régimen neoliberal agotado que no termina de colapsar por decisión deliberada de quienes se benefician de este. Es probable que la mayoría parlamentaria fujimorista, temerosa de perder inmunidad y dos años de remuneraciones, otorgue la confianza y apruebe los cuatro proyectos de reforma política. Asistiríamos así a un nuevo período de tensa calma, donde el Fuji aprismo seguirá apertrechado en el Congreso como espacio de recomposición, mientras Vizcarra intentará gobernar centrándose en medidas económicas lesivas para las mayorías, pero favorables a los grupos de poder. De fondo, tendremos una reforma política inconclusa, con medidas poco sustanciales para democratizar el sistema político cerrado, que mantendrá por ejemplo la corrupta valla de firmas y permitirá la permanencia de agrupaciones que trafican con su inscripción. Será difícil también avanzar en cerrar ciclo de corrupción, pues el Parlamento seguiría siendo el espacio privilegiado para blindar corruptos.

Si el ejecutivo no tuviera como propósito principal llegar al 2021, apelaría a la confianza para cerrar el parlamento y convocar a nuevas elecciones generales adelantadas. Ante la creciente perdida de legitimidad de las autoridades y las instituciones lo más democrático que corresponde es devolver al soberano el poder de revocar o renovar esa legitimidad dañada. Así lo han entendido agrupaciones de izquierda que han manifestado su rechazo a la confianza y su opción por el cierre de este Congreso, pues lo que está en juego es mucho más que cuatro proyectos de ley; es la permanencia de un Parlamento dominado por una mayoría parlamentaria cuyo único objetivo es mantener su impunidad y asegurar clientelas, y es también en segunda instancia permitir dos años más de un gobierno supeditado a un parlamento adverso e hipotecado a una agenda neoliberal y entreguista. Todavía está por ver que ocurrirá el martes cuando se discuta la confianza y siempre pueden existir sorpresas, pero los poderes gobernantes -incluyendo la CONFIEP y la embajada norteamericana- son conscientes que está en juego la permanencia misma del régimen y es mejor no generar zozobras que afecten sus privilegios… el desenlace de la crisis esperaría así hasta las elecciones del 2021.

Pero alargar la crisis puede terminar abonando a salidas autoritarias, como las que ya se vienen configurando en las coincidencias entre (ex) fujimoristas, fundamentalistas evangélicos (y su plataforma Con Mis Hijos No te metas) y otros que buscan sintonizar con una ciudadanía cada vez más angustiada por la inseguridad, el crimen organizado y la constante precarización de la vida. Ante ello, las fuerzas críticas al sistema, de izquierda y progresistas tienen la responsabilidad de empujar una salida democratizadora a la crisis, que abra el sistema político y ponga al Estado al servicio de la gente. Ello requiere de la articulación de una mayoría política y social capaz de atender las demandas de la población,  expresadas en los vecinos que se movilizan contra de los peajes abusivos, en los trabajadores que exigen derechos y se oponen a la política de competitividad, los agricultores que exigen mejores precios o las mujeres que reclaman por una vida libre de violencia. El segundo encuentro Voces Cambio en Cusco, puede ser un paso clave en la construcción de esa mayoría capaz de cerrar el ciclo de corrupción y constituirse en opción de poder y gobierno. Todavía esta abierta la posibilidad de llegar al bicentenario con un país más democrático y emancipado, sostenido en un nuevo pacto constitucional que garantice bienestar y justicia social a todos los peruanos y peruanas.


 
     

 

 

Revista Ojo Zurdo