17 de abril de 2019

 

La política peruana y las reformas:
¿hacia cuál democracia?

 

 

  Alonso Marañón[1]
 

 
 


1.            La reforma en el extraño escenario actual
El Perú atraviesa por una situación anormal. Después de años de estabilidad política y económica, inesperados eventos suceden unos tras otros: la inclusión en la agenda pública de una compleja trama de corrupción en torno a la empresa Odebrecht, la acelerada deslegitimación de todos los actores y grupos políticos que ocuparon y ocupan el Estado, la vacancia de un presidente por el congreso y la sucesión constitucional por el vicepresidente, un referéndum de reformas institucionales ampliamente respaldado por la ciudadanía, una economía que no puede recuperar los índices de crecimiento de la década pasada.

En un escenario donde las élites han sido protagonistas de una lucha por la supervivencia política, el nuevo gobierno busca legitimarse ahora a través de un paquete de reformas. Entre ellas, está la referente al sistema político, presentada como una solución a la corrupción del contexto actual. Para ello, se convoco desde el Estado a un grupo de especialistas de la disciplina de la Ciencia Política, quienes conformaron una comisión y presentaron sus propuestas en un documento titulado “Hacia la democracia del bicentenario”. El presidente Vizcarra ha presentado al congreso casi todos los proyectos de ley propuestos por la comisión. Considero que varios de dichos proyectos permiten ampliar el cerrado sistema político que nos rige, pero sobretodo su potencialidad radica en poder crear un debate público sobre la democracia en nuestro país, algo necesario pues desde ya hay poderosos grupos que mueven sus fichas para que lo fundamental del modelo actual no cambie.

2.            Las posibilidades de la reforma y la lucha en torno a ella
La comisión encargada de la reforma política demarca su fin de la siguiente manera: “aspiramos a que las elecciones generales de 2021, las elecciones del Bicentenario de nuestra Patria, marquen el inicio de una nueva dinámica en la que nuestras instituciones políticas se reencuentren con las expectativas ciudadanas” (p.7). Los proyectos de ley presentados tienen hasta fin de año para ser aprobados, o de lo contrario las reformas no tendrán efecto en las siguientes elecciones. Dichas reformas aspiran a cambiar las reglas del gobierno, de los partidos y de las elecciones. La comisión detecta que los cuatro ejes de problemas a reformar son: “la existencia de partidos políticos y movimientos regionales precarios y poco representativos; de una política altamente vulnerable a prácticas de corrupción, con escasa rendición de cuentas; de una democracia con problemas de gobernabilidad y de control político; y de problemas referidos a diversas limitaciones a la participación electoral y política de los ciudadanos” (p.9).

La comisión realiza su diagnostico desde el sentido común de la Ciencia Política: vivimos en una democracia de escasa legitimidad, instituciones débiles y altos niveles de desafección política. La ciudadanía percibe que la política es un mundo cerrado regido por el dinero y por las redes de confianza. De ahí que la gente prefiera distanciarse de unas instituciones políticas que considera ajenas y corruptas. La solución general consiste en reformar las instituciones (partidos, Estado y reglas de acceso al poder) para así fortalecer el vínculo entre representantes y representados. En suma, apuntar a mejorar la representación política para que el sistema se renueve.

La comisión propone una serie de medidas específicas, entre las cuales quisiera destacar las siguientes:

A. Apertura del sistema político: la inscripción de un partido no dependerá más de la presentación de firmas, sino de la cantidad de militantes en una cifra no menor al 0,075% de votantes en las últimas elecciones al congreso.[2]   El padrón de militancia será público y de libre acceso en internet. Asimismo, los partidos estarán obligados a realizar elecciones internas, simultáneas y abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a cargos públicos. La lista elegida será definitiva y vinculante, y deberá contar con los criterios de paridad y alternancia. Las elecciones deberán superar el 1.5% del número de electores de la última elección para ser válidas. Por último, hay que resaltar la propuesta de renovación de la mitad del congreso a la mitad del periodo presidencial y la creación de dos escaños parlamentarios especiales para peruanos en el extranjero y uno para un representante indígena.

B. Fortalecimiento del Estado: La comisión propone ampliar las capacidades y el financiamiento de los organismos electorales, en especial de la ONPE, para mejorar las elecciones. En ese sentido, se encuentra tanto la propuesta de que la ONPE organice las elecciones internas de los partidos, como la idea de que tenga facultades coactivas para controlar el financiamiento privado en la política (aunque no está especificado el tope de recaudación máxima), denuncie actos ilegales e imponga sanciones efectivas (administrativas, penales y políticas). Asimismo, se propone ampliar y distribuir más equitativamente el financiamiento público indirecto (franja electoral) durante la campaña electoral.

C. Filtros en la representación: La comisión propone precisar los alcances de la inmunidad parlamentaria de los congresistas y que la Corte Suprema de Justicia pueda evaluar la ausencia de persecución política ante denuncias penales. Luego, se considera que en la información de los candidatos presentada a los organismos públicos aparezcan los procesos penales en trámite y la declaración de intereses. Finalmente, se propone que no puedan postular personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos de penas mayores a 4 años.

Las medidas anteriormente detalladas son importantes porque recogen muchas demandas por igualdad y justicia. En el contexto de una mayoría fujimorista en el congreso y de los hechos cada vez más públicos en torno a Odebrecht, han sido muy explícitas las estrategias de los grupos políticos tradicionales por sobrevivir y/o acumular poder apelando a cualquier tipo de acción y justificación. Algunas de las protestas de los últimos años (por el cierre del congreso, contra el indulto o por la restitución de los fiscales lavajato) han formado un ánimo ciudadano que puede ser orientado hacia la renovación de las dirigencias políticas, a la lucha contra la impunidad y a salvaguardar y fortalecer el interés público. La reforma política, si bien subalterniza las protestas al colocarlas bajo la estrategia del gobierno, recoge demandas democráticas formadas en los conflictos y por ello no puede ser interpretada como una simple dádiva de las élites.

Específicamente, las medidas relacionadas a cambiar el sistema de partidos son cruciales para cambiar nuestro actual esquema donde las inscripciones electorales se consiguen con dinero y contactos en las instituciones. En ese sentido, la eliminación de las firmas es una buena noticia, aunque aún merece ser debatido con mayor detalle la cifra mínima de militantes para la inscripción de un partido. Además, es positiva la incorporación de las elecciones internas abiertas (medida implementada exitosamente por el Frente Amplio en el 2015), la inclusión de la alternancia y la paridad (demanda feminista de cada vez mayor alcance) y la creación de escaños especiales para poblaciones históricamente dominadas como los pueblos indígenas.

Los cambios propuestos, como todo tema de la política, configuran un campo de lucha. Por un lado, la reforma canaliza algunas demandas ciudadanas para convertirse en una herramienta de del gobierno, como ya sucedió con el referéndum. El objetivo principal del presidente es sobrevivir este año, pues el siguiente la atención comenzará a centrarse en las candidaturas del 2021. El plan oficialista es impulsar una agenda de reformas que son presentadas como soluciones a la crisis de corrupción. En lo relacionado a la reforma política, algunos aspectos de ella promueven un cambio de reglas de juego que es positivo para el país, pero en lo relacionado a la reforma económica, con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentado por el gobierno en Diciembre del 2018, más bien se intenta profundizar la vieja receta de la desregulación vinculada directamente a nuestros problemas nacionales.[3] Por otro lado, al ser presentados los proyectos de ley de la reforma política ante el congreso, el fujimorismo tiene un rol clave en el proceso. En un reciente evento de discusión sobre la reforma en la PUCP, Luz Salgado manifestó su intención por extender lo más posible el debate y por centrarlo en detalles mínimos como la aprobación del voto postal. En suma, si el escenario permanece tal como hasta ahora (algo inseguro dada la anormalidad vigente), la reforma será solo una negociación entre las élites donde no se apruebe ningún cambio sustancial o incluso todo pueda llegar a agravarse.

3. La ampliación del debate sobre la democracia: neoliberalismo y participación
La reforma política puede ser una oportunidad para: 1) continuar planteando públicamente la necesidad de tener nuevas reglas de juego que alteren la actual correlación de fuerzas y 2) iniciar un debate en torno al significado de la democracia en nuestro país. En relación a lo primero, debe quedar un mensaje muy claro de que en las próximas elecciones y en el futuro del país la articulación de redes políticas y grandes empresas para el enriquecimiento debe acabar. La renovación política y la restauración del poder público aún tienen que ser asociadas con las reglas de juego (políticas, económicas, culturales, etc.) que nos rigen como país, así como a los grupos más beneficiados y excluidos por ellas. La invocación a una asamblea constituyente podría conectarse con la reforma política como un primer punto de inicio para cambiar el modelo fundado en los noventas.

En relación a la democracia en el Perú, si bien el informe de la comisión puede dar pie a un debate público, sus aportes están orientados a una discusión muy estrecha. No solo por el tiempo y el marco que el contexto político dio para la elaboración del informe, sino también y principalmente por las concepciones liberales de los especialistas de la Ciencia Política: la democracia como un ámbito abstracto de disenso entre las élites políticas. Los supuestos y afirmaciones del diagnóstico de la comisión merecen ser cuestionados por las fuerzas políticas y sociales en aras de delinear un nuevo proyecto de democracia en el país. Aquí señalare brevemente un par de aspectos que me parecen importantes para abordar la cuestión democrática en nuestro contexto actual y futuro:

A. Neoliberalismo, constitución y democracia: La comisión plantea que la política peruana es vulnerable a la corrupción y la mercantilización por la falta de partidos, de capacidad estatal y de contrapesos entre los poderes estatales. La predominancia de intereses particulares y de actos ilegales se filtrarían así fácilmente en el Estado a través de las inscripciones electorales y las redes de confianzas. Ello debe ser puesto en perspectiva histórica para atender todas sus dimensiones. Desde los años noventa con Fujimori, y con ciertos cambios realizados en la “transición democrática” del 2001, el consenso neoliberal se instaló con fuerza: la acumulación privada es la concepción que rige toda la vida nacional. Lo que sea positivo para una economía desregulada orientada a la exportación de materias primas siempre debía ser directamente positivo para la vida en común de la gente peruana. La constitución de 1993 condensa todas estas ideas, estructurando lo que es posible y no posible hacer, y sellando así una particular relación entre el Estado y la sociedad civil. La forma política que acompaño este consenso fue un acuerdo cerrado entre élites políticas, económicas y militares, legitimado bajo elecciones fraudulentas y represión en los tiempos fujimoristas. Desde el 2001 en adelante, el proceso electoral se tornó transparente y fueron restaurados los derechos civiles, pero a la luz de los hechos en torno a Odebrecht conocemos explícitamente que las grandes decisiones se siguieron tomando a puertas cerradas y a cambio de varios millones de dólares. La arquitectura fujimorista del poder se mantuvo estable y la voluntad popular fue permanentemente diezmada.

B. Participación, conflicto y democracia: Considero que este es el punto menos desarrollado del informe sobre la reforma. La comisión plantea que primero es necesario fortalecer la democracia representativa y luego la participativa. La experiencia de los años ochentas, cuando por una década contamos con un orden más estable de las identidades políticas, se nos ofrece como ejemplo histórico de la forma en que debería funcionar la democracia. En líneas generales, considero que hay que analizar con mayor detalle las transformaciones de la política democrática en el presente siglo. A nivel mundial existe un ánimo crítico, expresado en diversas protestas, que concibe a las democracias vigentes como espacios oligárquicos para la concentración del poder y la riqueza. En América Latina, durante los noventas e inicios del siglo XXI, las demandas críticas por mayor democratización se canalizaron en experimentos participativos de diverso tipo, tanto en países neoliberales como progresistas: asambleas constituyentes, presupuestos participativos, asambleas comunales-territoriales, etc. Más allá de sus resultados, y de los usos particulares que los gobiernos hicieron de ellos, las innovaciones democráticas advirtieron de la existencia de sentidos de la política en donde la democracia excedía el ejercicio del voto en las elecciones.

En el Perú del siglo XXI, a la par de la escasa legitimidad institucional, asistimos al desarrollo de un ámbito contencioso, constante pero irregular y explosivo, expresado en las manifestaciones. Nos hemos acostumbrado a que importantes momentos de la vida política del país estén acompañados de marchas y otro tipo de acciones. El rechazo a la política registrado en muchas encuestas no necesariamente implica la separación definitiva y permanente de toda la ciudadanía de todos los asuntos públicos. En ciertas coyunturas críticas y en períodos normales se producen brotes de activismo y participación. Sobre ello pueden proponerse dos ideas. En primer lugar, incluso aunque volvamos a tener partidos fuertes y duraderos, hay dinámicas participativas que coexisten con la representación y no dejarán de existir. El establecimiento de una linealidad de reformas entre democracia representativa y participativa evade la cuestión de la transformación de la política y trata a la sociedad como si fuera una máquina que hay que arreglar por partes. En segundo lugar, muchos actores que recurren a las manifestaciones, especialmente si son críticos del modelo neoliberal, son reprimidos y hasta perseguidos por el Estado, los grandes medios y otros grupos. En muchos casos, esto bloquea trayectorias políticas y la formación de nuevas agrupaciones. Una reforma que pugne por mayor democracia debe colocar en el debate el restablecimiento pleno del derecho a la protesta.

El debate sobre la reforma recién comienza. Espero que estos comentarios puedan servir de apoyo para impulsar lo más positivo del informe de la comisión, corregir lo necesario y abrir un debate que amplié las posibilidades de la democracia.

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[1] Magister en Ciencias Políticas por FLACSO Ecuador. Docente Universitario. Militante del Nuevo Perú.
[2] De aprobarse este cambio para el 2021, la cifra mínima de militantes para inscribir un partido seria aproximadamente de 14 062.
[3] Para una mayor información de los planes económicos del gobierno de Vizcarra, puede revisarse: “La Política Nacional de Vizcarra: Nuevo gobierno, las mismas viejas recetas” (Catherine Eyzaguirre, Revista Ojo Zurdo N° 7) y “Trabajadores y trabajadoras hacia la Derogatoria: Insumos para cuestionar la Política Nacional de Competitividad y Productividad" (Comité técnico del Comité de Lucha Sindical y Popular: https://bit.ly/2HOzfgj)

 
     

 

 

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