15 de diciembre de 2018  

Perú post Referéndum: ruptura o continuismo

Luis Rodríguez Salcedo

 
En las democracias o gobiernos populares es señor el pueblo;
y por el contrario, en las oligarquías son los pocos,
y decimos que el gobierno de éstos es diferente del gobierno popular.
Aristóteles, Política

Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente,
como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua
José María Arguedas

 


En enero de 1978, el dictador Morales Bermúdez condensaba quizás en una frase el carácter de la transición: “la transferencia es de gobierno, pero no de poder”. El ala conservadora del ejército, luego de derrocar a Velasco y habiendo desplazado a los sectores progresistas y reformistas de la cúpula militar y del gobierno, establecieron pactos con la burguesía industrial y financiera, resucitando, después de 12 años de hibernación, al APRA y PPC. Así, Morales Bermúdez revirtió las reformas del velasquismo, reprimió brutalmente al movimiento popular y la izquierda, derrotándoles en calles y urnas (en la Constituyente del 78 la izquierda, en conjunto, obtuvo 33% de los votos y 32 de 100 asambleístas, mientras el APRA y PPC, sumados, el 59% de los votos y 62 asambleístas; en las presidenciales del 80, la izquierda obtuvo 16.8% de votos, mientras que AP, APRA y PPC, sumados, el 81%). Con lo cual, si bien los militares conservadores dejaron el gobierno, seguían teniendo el poder que compartían, ahora en democracia, con el gran empresariado. En términos de Nicolás Lynch la transición fue conservadora.

En 12 años se había reconfigurado dramáticamente la estructura de poder en nuestro país. La otrora poderosa Sociedad Nacional Agraria (SNA) que agrupaba a los barones del azúcar y algodón no existía más. Los hacendados y terratenientes que la conformaban habían sido barridos por la Reforma Agraria, de las más radicales de América Latina. No obstante si bien, como dijo Velasco, “se le quebró el espinazo a la oligarquía” de viejo cuño, en la segunda mitad de los 70 se habían sentado las bases para el nacimiento de una nueva: la neoliberal.

En medio de severa crisis económica se fueron introduciendo políticas de libre mercado. El gobierno negoció programas de ajuste, con monitoreo de la banca privada y el FMI, que elevaron los precios de bienes y alimentos afectando poder de compra real de los salarios. A la par se aplicó férrea “disciplina laboral”, se despidieron miles trabajadores, entre ellos muchos dirigentes sindicales.

En Mayo del 78, a un mes de la Constituyente, asumió el MEF Silva Ruete (que ya desde entonces tuviera fuerte vínculo con Dionisio Romero, quien ese año se había hecho de la presidencia del BCP). Inmediatamente se aplicó plan de estabilización (precio de gasolina se elevó 60% y subieron productos básicos; se redujo gasto público y se eliminó mayoría de subsidios). Sin embargo, el empleo y subempleo crecieron en un contexto de migración sin industrialización. En noviembre del 78 se promulgó Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales, que se mantiene hasta hoy como mecanismo perverso de contratación laboral pulverizando la organización sindical en el sector textil. En suma, en un contexto de crisis las medidas adoptadas por Silva Ruete fortalecieron al gran capital (particularmente exportación no tradicional y banca) fortaleciendo monopolios y oligopolios de quienes en los 80 se constituirían en los “12 apóstoles” del primer García.

En pocos años se había producido una “recomposición burguesa del bloque en el poder…para la burguesía nativa (Morales Bermúdez) tiene el mérito de haber excluido a los radicalizados generales progresistas y reestructurado la cúpula castrense de modo que sus lealtades solo puedan orientarse al renovado Estado burgués, por ahora respetuoso de las formalidades republicanas” (Henry Pease, 1980). Esto no sería posible sin una especie de Pacto de Punto Fijo (acuerdo entre partidos de la derecha venezolana de 1958, por medio del cual se marginaba del gobierno a la izquierda) a la peruana. El acuerdo militares-gran capital incluía la imperiosa necesidad de dejar fuera de juego (derrotar) a la izquierda: “lo esencial de la transferencia era llegar a las elecciones generales de 1980 de modo que lo sustancial se definiera dentro de los tres partidos del orden (Acción Popular, APRA y PPC)”. (Henry Pease, 1980).

La oligarquía de “nuevo” cuño vinculaba así su agenda de clase con la idea procedimental de democracia. Y ataba el logro de sus intereses con el avance generalizado de la sociedad peruana. Es decir, se volvió hegemónica. Esto pudo conseguirlo ya en la primera mitad de los 80. El otro Sendero de Hernando de Soto da cuenta de esto. El libro en resumen es un proyecto político dirigido a las clases trabajadoras empobrecidas de las ciudades (desempleadas, subempleadas y autoempleadas en un contexto de incipiente industrialización) cuyo número se incrementó en los 60 y 70 a consecuencia de migraciones producto de crisis en el campo y posterior reforma agraria y en los 80 por el conflicto armado interno.

El poder acumulado por la nueva oligarquía se evidenció muy pronto en dos momentos claves: 1) cuando derrotaron a García y su proyecto estatizador de la banca, enriqueciéndose en el camino tras aprovechar ladinamente beneficios gubernamentales para invertir y reinvertir capital y utilidades; 2) cuando encuadraron, de la mano del FMI, a Fujimori y desplegaron las reformas neoliberales más agresivas de la región. Su poder llegó a tal punto que en la práctica terminaron por redactar el capítulo económico de la constitución del 93.

Desde entonces la oligarquía de nuevo cuño gobierna, sin ser elegida y sin siquiera presentarse a elecciones. En ciencias políticas esto tiene nombre: dictadura. Los viejos y nuevos partidos del orden son su punta de lanza y guardia pretoriana: PP, APRA, PNP, PPK. Y como la lealtad no les caracteriza los dejan de sostener cuando comprometen o amenazan su poder. La salida de PPK, en una lectura posible, buscaba en el fondo salvar el sistema político puesto en cuestión. La alternancia, la presidencia de Vizcarra, les permitió seguir manteniendo el poder. Algo similar ocurre con KF y García. Su procesamiento (que pone fin a sus aspiraciones políticas) supone en el fondo un desplazamiento de la crisis del sistema político a responsabilidades individuales (que seguramente las tienen y la justicia deberá establecer). Pero el meollo del asunto, para las oligarquías, es que el sistema político y económico no cambie. Sin embargo, se han dado cuenta que no pueden decir, o dar la impresión, que nada cambie sino que todo cambie para que nada cambie.

Allí se encuadra el Referéndum. Para evitar confusiones, debe quedar claro que era un error hacer campaña por voto nulo o viciado, como impulsaba un sector de la izquierda; el financiamiento de los partidos y los cambios en el nombramiento de jueces no son temas menores. Pero es un error también, y quizás mayor, perderse en discusiones legalistas como propone la izquierda institucionalista. Siendo importantes, los temas de fondo no son la “cuota en la representación”, la “cuestión de confianza”, “la bicameralidad” o el “problema institucional”.

El tema de fondo, lo que está puesto en cuestión en el país, hace más de 15 años, es la estructura de poder que se fue construyendo desde la segunda mitad de los 70 y que hoy tiembla y se agrieta.  La oligarquía de nuevo cuño se ha convertido ya en un obstáculo para el avance generalizado de la sociedad peruana.

Se requiere que las distintas expresiones de descontento se articulen alrededor de una nueva voluntad colectiva nacional-popular. Se requiere transitar de las movilizaciones gremiales y ciudadanas dispersas (agricultores por un lado, docentes por otro, etc.) a la construcción de un nuevo proyecto de país. Si sigue primando la dispersión del descontento actual, las clases dominantes seguirán controlando el país. Se requiere convertir la crisis política en una crisis orgánica en el seno del bloque histórico neoliberal (en una fractura definitiva entre las oligarquías -y su proyecto de país- y el resto de los grupos y clases sociales que tienen rol subordinado). Esta tarea le corresponde a los partidos del cambio no a las organizaciones sociales.

Corresponde abrir un proceso constituyente que no tiene que ver en primera instancia con nueva constitución o Asamblea Constituyente sino que tiene que ver con cambiar la configuración del poder con construir una nueva mayoría y cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad. Es decir, que no siga mandando más en este país la oligarquía sino el pueblo, que en momentos como estos debe suspender y, como decía Karl Schmitt, “cambiar y quebrantar leyes”.

Entonces, porque es un momento plebeyo es el momento genuino de la democracia en el que definimos nuestro destino político. Aristóteles en su Política, señala que la oligarquía es el régimen en provecho de los ricos y poderosos y la democracia el régimen en provecho de “los más necesitados y gente popular” de ahí que Solón fuera recordado “porque deshizo la oligarquía… e hizo que el pueblo no estuviese más tiempo esclavizado, introduciendo la democracia en la patria”. Hoy esta es la tarea que nos corresponde.

Y corresponde porque la oligarquía ha puesto en riesgo la patria. Se requiere, por tanto, ir a la (re)fundación democrática del Perú. Algo que quedó trunco en los 70. Está planteada la necesidad de una ruptura que ponga fin a la continuidad neoliberal que se construyera desde tiempos de Morales Bermúdez. De tal modo, se inaugure un tiempo nuevo.