Noviembre de 2018  

Rumbo al Bicentenario,
Rally Dakar, negocio y corrupción con el patrimonio cultural peruano.

Diego Sotelo Mamani – Cusco (Perú)

 
 


El caso del Rally Dakar y las denuncias de corrupción contra el Ministerio de Cultura y específicamente en contra del Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, nos hace reflexionar sobre la dinámica política económica del Estado peruano, sus políticas culturales y la protección del patrimonio cultural.

Es irónico pensar que la institución y el principal responsable de velar por la protección del patrimonio cultural son los que facilitan su destrucción y en este proceso éticamente invertido aprovechándose de sus cargos llenan sus bolsillos. Una actividad de gran impacto comercial como el Rally Dakar que ha sido denunciada en el Perú y en varios países (ej. Chile, Ecuador)[1]  por las graves afectaciones y destrucciones al patrimonio cultural, está siendo viabilizada sin contratiempos por el Ministerio de Cultura, específicamente por el Viceministerio de Patrimonio Cultural. El titular de esta cartera a través de su empresa iba a realizar los “estudios técnicos” para liberar el área donde se realizará este mega evento, beneficiándose -como señalan las denuncias- con un tercio de un millón de soles.

 

Fósil de ballena en Ica destruido en el Rally Dakar Perú 2012
(Fuente: alexguerraterra.blogspot.com)


Las políticas culturales en relación al Patrimonio Cultural surgen con el inicio mismo del Estado peruano. Con el Decreto del 2 de abril de 1822 se declaró que las reliquias y monumentos que quedaban de la antiguedad, debían ser protegidos por el Estado, como también se proponía la creación de un Museo Nacional, un museo que albergaría los vestigios de los grandes desarrollos culturales prehispánicos, que forjaría una identidad nacional y fortalecería la conciencia independentista frente a la corona española. Sin embargo, estas políticas criollas anticoloniales terminarían a la larga fortaleciendo la discriminación de los pueblos originarios dentro de una lógica “incas sí, indios no”. De esta manera se buscaba proteger los vestigios de un pasado glorioso enajenándolo de su pueblo creador, poniéndolo en vitrina bajo el ideal de proteger el tesoro, el patrimonio del Estado. Se rompía así una dinámica viva entre los lugares y objetos de memoria con sus comunidades. Estas políticas culturales 200 años después siguen en esencia siendo la misma.

En este transcurrir histórico el carácter del Estado como protector del Patrimonio Cultural se fue formalizando sobre todo desde los años 60, del siglo pasado, con las actividades que desarrollaban las primeras promociones de arqueólogos. Sin embargo, este proceso de formalización se desvirtúa principalmente con la implementación del modelo neoliberal a inicios de la década de los 90 con el gobierno de Fujimori, en el que este rol del Estado comienza a ser una piedra en el zapato, debido a que la normativa vigente en aquel momento ejercía un nivel de protección sobre el patrimonio. Esto dificultaba por un lado la privatización de monumentos arqueológicos “vendibles” y por otro retrasaba la realización de grandes obras de “interés público” debido a la existencia de una inmensa cantidad de evidencias arqueológicas en el territorio peruano. Por estas dificultades, el gobierno de Fujimori impulsó un paquete de normas legales que limitaban en gran medida la protección al patrimonio -por ejemplo la Ley 26961 de junio 1998-, facilitando su privatización y acelerando la implementación de grandes obras extractivas y de infraestructura.

En este proceso es que surgen con intensidad los Proyectos de Evaluación y Rescate Arqueológico. La propia formación arqueológica en el Perú va trastocando sus objetivos, dentro de un proceso de racionalización capitalista. Ya no se forman científicos sociales sino que se comienzan a formar técnicos especialistas en “liberar terrenos” para la realización de estas obras. La dimensión ética/moral es dejada de lado, y la propia regulación de estas actividades técnicas se deja a la deriva, una tarea pendiente hasta la fecha para el Colegio Profesional de Arqueólogos.

En este contexto muchos arqueólogos forman empresas consultoras para desarrollar servicios a las grandes empresas mineras, constructoras, petroleras, inmobiliarias, etc., que los contratan para desarrollar estudios técnicos que en corto plazo les “liberen el terreno” para efectuar las obras. Sin embargo, ya que necesariamente estos estudios técnicos tienen que ser revisados y aprobados formalmente por el ente rector -años atrás el Instituto Nacional de Cultura y ahora el Ministerio de Cultura-, estas empresas realizaban y realizan “lobbies” al interior de la institución para que se viabilice con rapidez sus expedientes, así como para que los favorezcan en sus dictámenes.

Desde la década de los 90, del siglo pasado, la búsqueda de profesionales recomendados para los puestos claves dentro del Ministerio de Cultura -antes Instituto Nacional de Cultura- se ha centrado en un perfil de personas que puedan manejarse en estas situaciones, un perfil de “arqueólogos empresarios”. Varios viceministros y directores guardan este perfil. Estos profesionales provienen principalmente de universidades privadas elitistas que mantienen vínculos con los grupos de poder político y económico. En este proceso dentro del Ministerio de Cultura paso a ser un objetivo secundario el cuidado y la protección del patrimonio como un recurso estratégico de la nación. Ahora el objetivo principal es preparar el terreno para su privatización y  ser eficientes en la viabilización de las obras de las grandes empresas.

Las denuncias sobre lo actuado por el viceministro Villacorta, pondrían en evidencia uno de los muchos casos de corrupción en la dinámica de la “salvaguarda” del Patrimonio Cultural por parte del Estado. Corrupción que con seguridad se ha intensificado desde el gobierno fujimorista con la aplicación del modelo neoliberal y que ha continuado con los diferentes gobiernos hasta la actualidad, en el que se ha venido recortando y anulando las facultades del Estado como ente rector y regulador, para beneficiar a las grandes empresas (por ejemplo R.S. 536-2001-EF, Ley 28296, Ley 29164). Estas en su lógica de acumulación de ganancia pasan, cada vez más, “por encima” del patrimonio cultural. Este matrimonio entre un Estado servil y las grandes empresas es la madre de las corrupciones.


Geoglifos del Cerro Tentación, el Tamagural en Chile afectados por el Rally Dakar.
(Fuente: http://www.elindependiente.cl/2016/01/los-cerros-de-el-tamarugal-lloran-a-sus-geoglifos/ )


Corrupciones que siempre son difundidas como problemas éticos de personas o instituciones específicas, pero poco dejan ver el contexto global en que se manifiestan, siempre el problema es del ámbito nacional, sin embargo, al agente dinamizador, al capital extranjero de las grandes empresas se les deja de lado en esta problemática. La empresa del Rally Dakar, que mueve millones de dólares en cada evento, se “marketea” presentando una cara deportiva que genera un elevado consentimiento de la sociedad civil, no obstante, las múltiples denuncias lo pintan de cuerpo entero[2] , inclusive algunos de los científicos ambientalistas que se han pronunciado en contra de este evento denuncian persecución[3] .  

En este sentido, en el caso en mención hay que señalar como corruptos a la gran empresa del Rally Dakar, al propio Ministerio de Cultura que lo permite y al Viceministro de Patrimonio Cultural que como funcionario o “técnico de planta” lo viabiliza -tal como señalan las denuncias- a través de su empresa para beneficiarse.

Las medidas correctivas para cambiar esta triste historia, deberían comenzar en primera instancia cambiando las reglas de juego entre el Estado y las grandes empresas cuyo poder económico y político en una lógica “unidireccional” de acumulación de ganancia, son a nuestro parecer, el problema medular de la corrupción en nuestro país.

Así mismo, creemos que las políticas culturales en relación a la salvaguarda del patrimonio cultural ya tuvieron 200 años de prueba y a estas alturas al evaluarlas podemos decir que no cumplen con su objetivo, no logran revertir la tendencia creciente de afectaciones a la que es proclive. Las maneras “más sofisticadas" de resolver la gestión de este patrimonio siguen en un callejón sin salida. Las más recientes tentativas que desde el Ministerio de Cultura se propusieron, como el decreto legislativo 1198 -el cual fue derogado por la protesta popular en el Cusco-, buscaban entregar este patrimonio cultural en concesión privada a las grandes empresas.

La mayor cantidad del patrimonio arqueológico se encuentra en el área Andina, y gran parte de este se localiza en territorio de comunidades campesinas originarias, ¿por qué no cambiamos el núcleo de las políticas culturales que desde la independencia hasta la actualidad han enajenado territorios, lugares de memoria (llámese “patrimonio cultural”, “sitios arqueológicos”), objetos de memoria, convirtiendo materia viva en objetos inertes, dejando de lado su valor de uso y privilegiando sólo su valor de cambio?.

¿Por qué como propuesta no pensamos primero en respetar/nos, tal vez co-desarrollando una propuesta de gestión compartida de este “patrimonio” desde la cooperación y el consenso entre las comunidades y el Estado, desde una perspectiva intercultural que privilegie la vida en el territorio? Hay varios referentes que pueden ser tomados en cuenta y que muestran que es una propuesta viable. Revitalicemos nuestro “patrimonio” en el lugar que tiene dentro del tejido social - cósmico en el que cobra sentido.

Cusco, Noviembre 2018.



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[1] El Rally Dakar realizado en el Perú el 2013 fue motivo de graves afectaciones y destrucción del patrimonio cultural y paleontológico sobre todo en la zona de Pozo Santo, donde se instaló el campamento del Rally, pero también en Ocucaje, Palpa y el Tablazo de Ica por donde pasaban los coches y pisaban múltiples fósiles de tiburones, ballenas y otras especies. Ver: https://alexguerraterra.blogspot.com/2013/11/rally-dakar-y-la-destruccion-del.html?m=1&fbclid=IwAR2Tl0idLLrWcVU4_5aBiSCP5rx2gOwqCrTVrF781JPowAhppsvbwOWMPVo